Error en Ley de Royalty: la obra y sus actores.

Un articulo separa a Escondida, la mayor minera privada del país, y al Ministerio de Hacienda. El artículo 2 transitorio de ley que impuso en 2005 un royalty de 4% a las grandes mineras, establece que ese impuesto no será cobrado a los inversionistas y las empresas receptoras que cumplan determinadas condiciones. Escondida -cuyos socios son la australiana BHP Billiton, la angloaustraliana Rio Tinto y la nipona Jeco- dice que cumple las exigencias para acogerse a esa exención. Hacienda cree lo contrario. La diferencia será dirimida probablemente en tribunales y ambas partes confían en hacer valer su posición.

La cartera que dirige Nicolás Eyzaguirre dio un ultimátum esta semana y anunció que no enviará ninguna ley aclaratoria, porque, a su juicio, la interpretación es una sola: Escondida debe pagar el royalty y el accionista japonés, Jeco, dueño del 10%, que no renunció a la invariabilidad tributaria que fija una tasa tope de 42%, será respetado en sus derechos por vía administrativa.

Escondida cree que aquí se está intentando torcer la letra de la ley, que dejó abierta la opción para que un inversionista no renuncie a la invariabilidad y ello extienda por sí solo la exención del royalty a Escondida.

La divergencia es relevante: Cochilco estimó que si Escondida se exime, el fondo para innovación y desarrollo que se creó para utilizar los dineros del royalty se verá mermado en más de US$ 200 millones hasta el 2010.

Hacienda admite que la ley presenta algunas ambigüedades en la redacción, pero aduce que Escondida intenta romper el espíritu de la norma mediante interpretaciones artificiosas.

La cartera dirigida por Nicolás Eyzaguirre quiere resolver el “caso Escondida” antes del 11 de marzo y evitar traspasar esta herencia a Michelle Bachelet.

Días intensos

Hasta el jueves 19 de enero Escondida y Hacienda mantenían un canal de contacto por este tema. Ese nexo se cortó abruptamente cuando la cartera que comanda Eyzaguirre le informó que no iba a haber un cambio en la ley, sino que el royalty se cobraría por vía administrativa, a través del SII. Un cercano a la cartera admite que la redacción de la ley no es del todo precisa, pero agrega que es inaceptable que esa ambigüedad se resuelva a favor de Escondida. “El sentido de la ley es que los que no están con invariabilidad paguen el royalty . Y aquí sólo un pequeño accionista tiene ese derecho”, dice.

Escondida, informó Hacienda, deberá efectuar un Pago Provisional Mensual (PPM) antes del 13 de febrero.

Aunque desde hace nueve días no hay nexos con los custodios del erario fiscal, la comunicación se mantuvo con el ministro de Minería, Alfonso Dulanto, que ha hablado varias veces con el presidente de Escondida y máximo ejecutivo en Chile de BHP Billiton, Diego Hernández. A él recurrió la multinacional cuando se destapó el problema e incluso Hernández se juntó con Dulanto el pasado 5 de enero. Desde Hacienda los interlocutores han sido el asesor Marcelo Tokman y el abogado externo Andrés Jana.

La opción de Escondida frente a un cobro del SII es reclamarlo en tribunales. Y mientras el caso se discute, puede abstenerse de pagar o consignar el monto reclamado y evitar que un fallo adverso los obligue a pagar un interés de 1,5% mensual.

En Hacienda creen que Escondida está entrampada. Si pierde en tribunales -y como no se acogió al royalty antes del plazo del 30 de noviembre-, la firma deberá pagar un 5% y no un 4% como las otras empresas y no tendrá la invariabilidad de 15 años que garantiza la nueva ley.

Según fuentes mineras, el grupo está preparado y tiene estudios en derecho que avalan su interpretación. BHP Billiton y Escondida cuentan con un equipo interno de abogados -encabezado por el propio Mauro Valdés, vicepresidente de asuntos corporativos- que pueden reforzar con distintos bufetes. Abogados de la plaza dicen que Alberto Orrego, de Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr, está a cargo de los temas tributarios y del caso royalty por parte de Escondida. Orrego admitió que es asesor de la minera, pero declinó decir más. El grupo minero ha sido asesorado antes por Philippi, Yrarrázabal, Pulido & Brunner por temas vinculados a sus contratos de inversión extranjera.

Hacienda consultó esta semana al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre el caso y en privado se dice que la entidad avala su interpretación. El SII respondería en estos días, aunque su director Juan Toro comentó a La Tercera que “aquí no se trata de calificar de correcto o no correcto (…) La labor de una administración tributaria es fiscalizar que el cumplimiento tributario ocurra”. Hacienda también pidió respaldo al Comité de Inversiones Extranjeras, a cargo de Karen Poniachik. La entidad se lo negó, aduciendo que no tiene competencia para interpretar leyes.

La divergencia es relevante y si escala, el caso podría llegar a los tribunales internacionales.

El peligro del Ciadi

En el Ejecutivo temen que Escondida y sus socios opten por un arbitraje en tribunales internacionales. “Sería un problema mayor para el gobierno que una empresa como BHP Billiton nos demandara ante un tribunal internacional”, dice una autoridad del gobierno laguista.

BHP, dueña del 57,5% de la minera, puede acudir al Ciadi (Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversión) del Banco Mundial. Pero debe negociar con el gobierno al menos seis meses antes de hacerlo.

Cercanos a Hacienda dicen no temer esta opción: Jeco es la única que mantiene los derechos del DL 600 que regula la inversión extranjera y esos derechos no serán conculcados, dicen. En todo caso, este camino será seguido ya durante la administración de Bachelet y Escondida confía en que este gobierno respete lo que dice la ley y tenga un criterio menos confrontacional.

Los vínculos con gremios y embajadas

Las últimas semanas han sido intensas para Escondida y BHP Billiton. El lunes 16 de enero ambos enfrentaron al Consejo Minero. En esa sesión de directorio se habló de su opción de no pagar el royalty y los representantes del grupo minero -Diego Hernández por BHP Billiton y Bert Nacken por Escondida- respondieron las consultas de los integrantes de la mesa.

La evaluación de la sesión es contradictoria. En una minera dijeron que allí se le pidió explicaciones a Escondida por su postura, haciéndole ver el daño colateral para el resto de las firmas del sector. Otros acotan que se respetó la decisión de la firma considerando que se apega a la ley, una versión que comparten otros ejecutivos mineros consultados.

Pero a nivel oficial Escondida no ha pedido apoyo ni al Consejo Minero ni a la Sonami. “Es un tema entre la empresa y el gobierno y tanto los gremios como la propia compañía han actuado en consecuencia, separando los planos”, señaló un dirigente del rubro. “A estas alturas, el caso Escondida estaba conversado e internalizado. En su momento molestó, porque salió en una coyuntura complicada (previo a las elecciones) y revivió el royalty , que la industria ya lo daba por superado”, dijo un minero.

El asunto también se ha visto a nivel diplomático. Por ejemplo, este jueves unos 30 ejecutivos de BHP Billiton concurrieron por la tarde a la casa del embajador de Australia en Chile, Crispin Conroy, quien daba una recepción en su casa de Vitacura auspiciada por el grupo minero.

Diego Hernández departió junto a su mano derecha, Mauro Valdés, con gran parte de la comunidad australiana y con el presidente de la Sonami, Alfredo Ovalle, hablaron de los candidatos para la cartera de Minería. El embajador Crispin Conroy tuvo elogiosas palabras para BHP y la Fundación Escondida, en especial sobre su contribución a Chile en términos de responsabilidad social, comentaron varios asistentes al evento. El gesto cayó muy bien a Escondida, cuyos máximos ejecutivos habían sido llamados en las primeras semanas de enero por el diplomático, que quería conocer qué pasaba con el royalty. “Se nota que al gobierno australiano le preocupa el tema”, comentó un ejecutivo que asistió a la cena en casa de Conroy.

Cuál es la realidad de las otras mineras

Las empresas más grandes, aquellas que son parte del Consejo Minero, optaron por pagar la regalía. En este caso está Candelaria, donde Phelps Dodge tiene un 80% y Suminotomo un 20% de la propiedad y antes del 1 de diciembre de 2005 tanto la firma como sus socios cancelaban 42% de impuesto a la renta y optaron por pagar un 35% de tributo más el royalty.

Otras firmas con socios extranjeros, como Los Pelambres y Collahuasi, también pagaban un impuesto de 42% y optaron por cambiarse a 35% más el impuesto específico a la minería, confirmaron las propias empresas.

De los 21 proyectos mineros que tienen contratos de inversión extranjera y están amparados al 11 bis del DL 600, un total de 13 renunciaron a la invariabilidad tributaria, pagan un impuesto de 35% de su renta y están afectas al royalty , dijeron fuentes del sector.

Según un ejecutivo minero, las ocho empresas que no renunciaron a la invariabilidad “probablemente son empresas que por su tamaño están exentas del royalty” .

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Los ultimátum entre Hacienda y Minera Escondida por el royalty

La cartera suspendió los contactos con la firma hace una semana y anunció que cobrará el impuesto. La empresa insiste, basada en sus propios estudios legales, que la ley la exime del polémico pago y reclamará ese derecho en tribunales locales y hasta internacionales.

Valeria Ibarra y Victor Cofré

La tercera: 29-01-2006

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Fuente: La tercera

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