Congreso estudiará Proyectos Tributarios Clave

1 Contribuciones. La aplicación de la ley de Rentas Municipales II y el polémico reavalúo fiscal de las propiedades no agrícolas serán prioridad en la agenda legislativa de la Cámara Alta durante el transcurso de esta semana.

Entre hoy y mañana, las comisiones de Vivienda y Urbanismo y de Hacienda recibirán al ministro Nicolás Eyzaguirre y al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Toro, quienes tendrán que explicar los criterios que se utilizaron para calcular el alza de las contribuciones y si se respetó el espíritu de la ley.

Sin embargo, parlamentarios de distintas bancadas han planteado la necesidad de aumentar el plazo de reclamos de los contribuyentes -fijado únicamente para marzo- y, eventualmente, aplicar modificaciones legales para proteger a los sectores más afectados.

2 Proyecto de responsabilidad fiscal. Establecer por ley el compromiso de las futuras administraciones de gobierno de explicitar su política fiscal dentro de los primeros 90 días de mandato así como la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones y un Programa de Contingencia contra el Desempleo serán los temas que analizará a contar de mañana la Comisión de Hacienda del Senado, cuando comience el estudio del proyecto sobre responsabilidad fiscal que está en segundo trámite legislativo.

La iniciativa del Ejecutivo no define qué tendrán que hacer los gobiernos en materia fiscal, ni tampoco que se mantenga la regla de superávit estructural del 1%, meta que ha abierto un debate entre economistas. Sólo se pide que las propias administraciones, al inicio de su mandato, establezcan los parámetros de la política fiscal que van a mantener durante el período de gobierno.

3 MK2. La segunda reforma al mercado de capitales (MK2) y el proyecto de gobiernos corporativos en empresas públicas y privadas también estarán en la agenda, sobre todo considerando que su tramitación está bastante avanzada.

MK2 ingresó al Congreso en 2003 y, literalmente, ha pasado de “prioridad” a “olvido” en reiteradas oportunidades, descansando en la Comisión de Hacienda del Senado. En la misma instancia está el proyecto de gobiernos corporativos, cuya tramitación se entrampó el año pasado con la disputa entre el Ejecutivo y el Senado por la permanencia de los ministros en los directorios de las empresas públicas, que era la idea original del Gobierno, pero que despertó un fuerte rechazo en las bancadas.

Sin embargo, su discusión también está muy avanzada respecto de la incorporación de más directores independientes en las empresas privadas.

4 Ley aclaratoria del Royalty II. A estas prioridades hay que sumar el “espinudo” proyecto de ley que pretende aclarar la interpretación del Royalty II a la minería, para asegurar el aporte de Escondida frente a la negativa de la entidad a pagar este tributo. La intención del Gobierno es que este tema quede zanjado en la primera semana de marzo, antes del cambio de administración.

El conflicto entre la minera y el Gobierno se origina en la diferente interpretación que hacen ambas partes de la Ley 20.026 de impuesto específico a la minería. Ésta, en su artículo segundo transitorio, dice que si un inversionista extranjero está exento de pagar royalty, por estar acogido a la invariabilidad tributaria del DL 600, la empresa receptora del capital también queda exenta. Eso, según Escondida, beneficia a los otros socios, aunque no estén acogidos al DL 600. Pero el Gobierno señala que el espíritu de la ley es otro.

5 Tribunales Tributarios. Este proyecto lleva tres años en trámite, y en diciembre de 2005 llegó al Senado. Plantea la creación de tres instancias en que los contribuyentes podrán reclamar si entran en conflicto con el SII, las que cuentan con atribuciones y plazos acotados. Habrá una vía administrativa, un camino judicial y una tercera instancia con recursos que pueden llegar a la Corte de Apelaciones.

La iniciativa es un viejo anhelo de abogados tributarios y contribuyentes con juicios pendientes, ya que pone término al actual sistema donde el SII es “juez y parte”. Además, el modelo de juicios que opera hasta hoy está colapsado porque los jueces que llevan las causas no son tales, sino profesionales nombrados por los directores regionales del SII, que han sido declarados inhabilitados por la Corte de Apelaciones, por lo que no pueden fallar, y por eso son miles los casos que se acumulan.

Legislación económica: Senado “vuelve a clases” con 5 tareas

El Mercurio, Martes 7 de marzo de 2006. Daniel García

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