Transparencia en el Sector Público

Quizás los buenos resultados en las evaluaciones sobre corrupción impidieron aquilatar la amenaza para el país que, con toda claridad, anunciaban los problemas de falta de transparencia.

JUAN ENRIQUE VARGAS VIANCOS
Director Ejecutivo
Centro de Estudios de Justicia de las Américas

Mejorar la transparencia en el funcionamiento del Estado es el eje en torno al cual giran las medidas anunciadas por la Presidenta de la República para abordar los problemas de corrupción. Enfatizar ese factor parece lo correcto.

Hace ya tiempo, Klitgaard formalizó una ecuación que permite comprender y dimensionar los problemas de corrupción en una sociedad o una institución: el grado de corrupción es función del carácter monopólico de determinada tarea, más el nivel de arbitrio existente para ejercerla, menos el grado de responsabilidad. Así, mientras menor sea la competencia, mayores los niveles de discrecionalidad y menos eficientes los sistemas de control, habrá niveles de corrupción más altos. Esta fórmula evidencia que el diseño institucional concreto es muy relevante para detener la corrupción. Sin embargo, algunos cambios en este nivel son muy complejos de abordar e, incluso, hay áreas que no parece posible evitar del todo, como el carácter monopólico de una función pública. Incluso cuando se logran las transformaciones legales requeridas, su implementación es un desafío mayor.

Pero, al mismo tiempo, hay un factor transversal que, cualquiera sea el diseño institucional que se adopte, asegura una reducción importante de los niveles de corrupción: el acceso a la información. Él constituye un requisito necesario para lograr mayores grados de competencia, disminuir el arbitrio y desarrollar mejores niveles de control. Ésas son las ventajas de la transparencia.

El caso chileno es sintomático. Todos los indicadores internacionales existentes muestran que los problemas de corrupción, en términos relativos, no han sido tradicionalmente significativos. Eso muestra el Índice de Transparencia Internacional, que este año sitúa a Chile entre los 20 países menos corruptos del mundo. En este índice Chile ha oscilado entre el puesto 14 (1995) y el 23 en su peor año, que no fue éste sino 1997. El Índice de Control de la Corrupción, que elabora el Banco Mundial, o el del Informe de Competitividad Mundial, del “World Economic Forum”, persistentemente han ubicado a Chile en una posición de privilegio en la región.

Pero mientras estos resultados nos enorgullecían, los estudios indicaban en forma sistemática una situación diametralmente distinta en términos de transparencia. El informe más conocido es el elaborado en 2005 por la Corporación Participa con el Open Society Institute. Ese estudio cubrió 10 países de América, África y Europa, y analizó las respuestas a 140 pedidos de información pública. De todos los países, Chile fue el peor evaluado, con 69% de peticiones sin respuesta. Un estudio más reciente, de la misma Corporación Participa, evidenció los múltiples obstáculos para acceder a las declaraciones financieras que obligatoriamente deben hacer ciertas autoridades nacionales. Consecuentemente con todo lo anterior, hace no mucho el Estado chileno fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara, por restricciones a la libertad de expresión que perseguían, precisamente, mantener en la opacidad ciertas áreas del quehacer público.

Quizás los buenos resultados en las evaluaciones sobre corrupción impidieron aquilatar la amenaza para el país que, con toda claridad, anunciaban los problemas de falta de transparencia. Era completamente predecible -crónica de una muerte anunciada- que, sin mejorar el acceso a la información, tarde o temprano surgirían problemas de corrupción. No cabía mantenerse, al mismo tiempo, en la cúspide de los países menos corruptos y en la de los menos transparentes.

El aspecto positivo de esta situación es que impulsa a terminar con el secretismo, lo que, desde el punto de vista de las políticas públicas, es bastante más sencillo que eliminar focos de corrupción ya declarados. Aquí sólo se requiere voluntad política -mucha, eso sí-, que debiera traducirse en algunas normas legales -básicamente, para evitar que sigan siendo letra muerta disposiciones ya dictadas, pero que dejaron a criterio de cada institución pública determinar qué era secreto-, y esfuerzos de implementación no muy complejos ni costosos -como la obligatoriedad para el sector público de publicar toda su información relevante a través de internet, y de responder mediante procedimientos expeditos a las solicitudes de los interesados-. Si así se hace, habremos sabido aprovechar la actual crisis, poniendo atajo a los problemas que están en la base de la corrupción.
EL Mercurio,
Sábado 25 de noviembre de 2006

Corrupción versus transparencia

Juan Enrique Vargas Viancos, Director Ejecutivo Centro de Estudios de Justicia de las Américas

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