Cobros de SAG serían inconstitucionales

Son 126 empresas, entre las que están Copefrut, Del Monte y Dole:
Exportadores demandan al fisco y al SAG por más de US$ 108 millones

Los asesoran tres de los más destacados abogados de la plaza: Enrique Barros, Francisco González y Miguel Schweitzer.

B. Serrano y B. Aguirre
Las 810 toneladas de frutas que se exportaron la temporada pasada a Estados Unidos debieron pasar por una fiscalización especial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) antes de llegar a su país de destino. El trámite no es gratis, pues los exportadores deben pagarle al SAG, único organismo autorizado, para certificar que su fruta no tiene plagas ni pesticidas.

Sin embargo, esto podría terminar. Más de 100 exportadores se unieron para demandar al fisco y a este servicio por unos US$ 108 millones, porque consideran que estos cobros no corresponden. Por un lado, porque los consideran inconstitucionales y, por otro, porque son excesivos según un dictamen de la Contraloría.

Para hacer valer sus demandas acudieron a tres de los más destacados abogados de la plaza: Enrique Barros, Francisco González y Miguel Schweitzer.

Esta no es la primera vez que el SAG se enfrenta con los agricultores. Ya había tenido problemas con los viveristas por un cobro que había establecido por decreto si es que éstos no hacían una descripción de sus variedades. Finalmente, éste se quitó tras una investigación iniciada por la Contraloría.

Historia de una disputa

En 1990, un decreto fijó el monto que los exportadores deben pagar por la inspección y certificación de su fruta, pero desde hace más de diez años que ellos han discutido estos cobros al SAG. Hasta ahora, sólo han conseguido rebajas en los valores, pero consideran que lo pagado no corresponde al servicio prestado.

La discusión llevó a Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores (Asoex), a la Contraloría a principios de 2007, reclamando que para calcular la tarifa que les cobran el SAG debe incluir sólo los costos directos del servicio prestado y no otros costos de la institución como los administrativos. Algo así como que no les pueden incluir en la tarifa los gastos de sueldo del personal, papelería o cuentas.

El ente contralor les dio la razón y pidió al Ministerio de Agricultura que rebajara el cobro. “La Contraloría dijo que corresponde una tarifa construida en función de elementos ligados directamente al servicio prestado y que no se cobren dentro de esa tarifa conceptos que no corresponden”, aclara Ronald Bown.

La rebaja de tarifas se aplicó en 2008, pero ésta no dejó satisfechos a los exportadores, que corroboraron que por años les habían cobrado de más. “El argumento de la Contraloría es bueno porque el fisco acató el dictamen y redujo las tarifas. Pero ahora los demandantes quieren que les restituyan lo que les cobraron en exceso en el pasado”, dice el abogado Francisco González, de Barros, Letelier & Compañía.

Entre las 126 empresas que se sumaron a la demanda destacan Dole Chile, Unifruti Traders, Del Monte Fresh, David del Curto y Copefrut. Y la suma no es menor, reclaman un total de $26 mil millones (US$ 48 millones) por cobros excesivos entre 2004 y 2008. En la misma demanda piden la devolución del monto total que pagaron entre esos años: $59 mil millones (US$ 108 millones), pero por otra razón: el cobro sería inconstitucional, ya que éste fue fijado por un decreto y no por una ley como corresponde.

El abogado Miguel Schweitzer, de Schweitzer & Compañía, llevó el caso al Tribunal Constitucional, que a principios de noviembre decidirá. “Después del dictamen de la Contraloría, nosotros entendemos que el SAG no está autorizado para fijar arbitrariamente las tarifas como ellos estimen pertinente, sino que eso es un tributo y al ser un tributo es inconstitucional”, explica el abogado y agrega que el Consejo de Defensa del Estado ya fue notificado de la demanda.

En el SAG no quisieron referirse a la demanda, pero fuentes del servicio confirmaron que el Consejo está llevando el caso y están a la espera del fallo de los tribunales para ver qué deberán hacer con los cobros, que hasta el día de hoy siguen vigentes.

Qué y cuánto cobra el SAG

Lo que está claro es que el SAG está autorizado por decreto para cobrar por las labores de inspección que se realicen a solicitud de terceros. Este es el caso de las certificaciones fitosanitarias exigidas para exportaciones que van a Estados Unidos respecto de la presencia de alguna peste, bicho o pesticida.

Sin embargo, no puede cobrar por las funciones y atribuciones propias del servicio a las que está obligado por ley, como podría ser la erradicación de plagas o los controles fronterizos que se hacen en aeropuertos o aduanas de pasos internacionales terrestres, labores que son financiadas con los fondos que le asigna la Ley de Presupuestos.

Hasta ahora, la tarifa de inspección y certificación para frutas, flores, hortalizas y productos de chacarería de exportación ha sido fijada y modificada por decreto, y no por ley. De acuerdo con la última modificación, de 2008, las tarifas que se aplican por las cajas de hasta 5 kilos son $27; por las de 5 a 10 kilos, $28, y por las sobre 10 kilos, $30.

Ésta es una labor diaria, de rutina. Por ejemplo, todos los lotes que van a Estados Unidos deben ser certificados por el SAG. Sólo una de las compañías exportadoras pagó entre 2004 y 2008 un total de $2.139 millones (US$ 3.910.768) por inspección y certificación.

Según los cálculos de los exportadores, del total pagado casi la mitad se habría cobrado en exceso. “Por ejemplo, la tarifa para certificar los duraznos de exportación: el costo es 50 y el fisco cobraba 100 porque incluía otros costos que no tienen nada que ver, como los sueldos del personal, una campaña de erradicación de una peste, que no correspondía porque los fruteros pagan sus impuestos”, explica el abogado Francisco González, de Barros, Letelier & Compañía.

El Mercurio, 18 de octubre de 2009.

Nota: La defensa del Fisco se encuentra a cargo de la abogada externa del Consejo de Defensa del Estado y socia del Estudio Jurídico “Endress, Israel & Olguín, abogados y asesores tributarios”, Ruth Israel, egresada y profesora de la Facultad de Derecho de la U. de Chile.

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