¿A quién favorecen los beneficios tributarios en Chile?

Institucionalidad económica y la maldición de los recursos naturales

En general, países abundantes en recursos naturales tienen tasas de crecimiento más bajas que el resto. Por ejemplo, Angola, Nigeria, Sierra Leona, Venezuela y Zambia, que tienen muy bajas tasas de crecimiento, son todos ricos en recursos naturales. Mientras que Corea, Hong Kong, Taiwán y Singapur han crecido a tasas altas por muchos años y tienen pocos recursos naturales. Es tentador concluir, como varios lo han hecho, que tener muchos recursos naturales es una maldición. Sin embargo, esa es una conclusión fácil sin una buena explicación detrás. Una explicación posible es la llamada “enfermedad Holandesa”, donde la abundancia de recursos naturales afecta el tipo de cambio y se reduce el grado de industrialización y competitividad del país. Si bien es una buena teoría, no permite explicar la experiencia de países como Australia, Canadá y Noruega, ricos en recursos naturales y con un rápido crecimiento económico por años. El caso más emblemático es Bostwana, cuyo Producto Interno Bruto proviene en un 40% de la producción de diamantes y es el país con la tasa de crecimiento promedio más alta del mundo entre 1965-2005. La explicación debe ser otra entonces y la respuesta entregada sistemáticamente por distintos estudios en los últimos años es que la institucionalidad juega un rol clave. De hecho, si se separan los países con abundantes recursos naturales en dos grupos, uno con institucionalidad económica fuerte y estable y otro grupo con institucionalidad débil, y se comparan sus tasas de crecimiento, la maldición de los recursos naturales se mantiene sólo para los países con malas instituciones y desaparece completamente para los otros. En este sentido, la institucionalidad de un país se pone a prueba si hay abundancia de recursos naturales y pasa a jugar un rol fundamental en determinar cómo dicha abundancia afecta el crecimiento económico.
La pregunta relevante es entonces qué significa tener una buena institucionalidad. En general, la institucionalidad económica se refiere a las reglas del juego, y en particular, a la existencia de derechos de propiedad y de mercados competitivos, ya que ello genera incentivos para invertir y permite asignar en forma eficiente los recursos escasos en una sociedad. En este sentido, la corrupción, la burocracia y un sistema judicial lento y débil reflejan una mala institucionalidad, mientras que buenos marcos regulatorios, un gobierno eficiente y transparente en su gestión y la existencia de una sólida política de defensa de la libre competencia constituyen una buena institucionalidad. Sin embargo, en el caso de países con abundantes recursos naturales, hay otros elementos que pasan a ser relevantes y que tienen que ver con impedir la captura del estado y el lobby de los grupos de interés para obtener rentas a partir de políticas públicas que los favorecen. La evidencia es que países que tienen instituciones que favorecen o son incapaces de impedir estas prácticas, tienden a tener gobiernos más autoritarios y corruptos y los empresarios ponen más esfuerzo en hacer lobby que en producir eficientemente y se especializan en ser rentistas. Por eso crecen más lento y la desigualdad aumenta. Congo y Libia son un buen ejemplo. Si bien Chile tiene mejor institucionalidad que estos países, el lobby de muchos grupos de interés, algunos asociados precisamente a recursos naturales como la pesca y la minería, permite la aprobación de subsidios y exenciones tributarias que los favorecen o impone regulaciones que disminuyen la competencia. Para impedirlo se requiere mayor transparencia en quién financia las campañas políticas de cada parlamentario y en quién hace lobby, de tal forma de explicitar los conflictos de interés. Las directivas de las organizaciones gremiales, a pesar de que hacen lobby defendiendo sus propios intereses que a veces se contraponen con los intereses de la gran mayoría de los chilenos, quedaron fuera de la regulación establecida para el lobby y habría que incluirlas. Chile necesita también una institución independiente del Congreso y del gobierno, como el Congressional Budget Office en Estados Unidos, que entregue información objetiva y técnicamente bien calculada sobre quiénes se favorecen con cada medida económica, subsidio o beneficio tributario que se discute en el Congreso y cuál es su costo. ¿Qué opinarán sobre esto los candidatos presidenciales que quedan en competencia?
Clauduio Agostini
Diario Financiero, Opinión, 17.12.2009.

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