TTA abren polémica sobre reducción de personal

El pasado 6 de noviembre, llegó hasta las comisiones de Constitución y de Hacienda del Senado, y la Hacienda de la Cámara de Diputados una declaración de cinco puntos, rubricada por la Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Tributarios y Aduaneros.

El objetivo de la misiva era advertir y dejar constancia ante los parlamentarios, del tajante rechazo de la organización al proyecto ingresado a fines de octubre, en el cual -entre otras materias- el gobierno propone una drástica reingeniería de la planta de funcionarios de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), reduciendo en 37 funcionarios la planta de la entidad, que pasa desde 117 profesionales a 80, considerando en el recorte tanto a las salas ya instaladas como aquellas por instalar, incluyendo a los cuatro tribunales en la Región Metropolitana, que debutan en febrero de 2013. Esto, entre otras modificaciones.

Es que los argumentos del gobierno en el proyecto, que ingresó por el Senado con suma urgencia y está en la comisión de Hacienda, apuntan a que si bien ha sido exitosa la implementación de la nueva judicatura “se ha detectado una sobre estimación del número de causas proyectada para los Tribunales Tributarios y Aduaneros, lo que determinó que las dotaciones de planta fueran mayores a las estrictamente necesarias”.

El texto agrega que incluso en aquellos tribunales aún pendientes de instalación, “nuevas estimaciones hechas en 2012 indican que serán sustancialmente menos las causas que ingresarán” y ejemplifica con las cuatro salas de la Región Metropolitana.

“Se estimó que el número de causas que ingresarían al nuevo sistema (en la RM) serían alrededor de 10.000 (sin considerar los juicios por reavalúos de bienes raíces de la serie no agrícola), cifra que contrasta con las nuevas estimaciones, las cuales indican que para el año 2013, las causas a ingresar en definitiva serían como máximo unas 1.500”, explica el proyecto.

En esa línea, también se propone reemplazar las salas exclusivas creadas en las Cortes de Apelaciones de San Miguel, Concepción y Valparaíso, por salas preferentes para causas tributarias, y la posibilidad de que quienes actualmente tramiten causas tributarias y aduaneras ante el SII, o autoridades aduaneras puedan optar a que éstas sean tramitadas por los TTA de su jurisdicción, iniciándose nuevamente, pero sin interrumpir ni suspender reajustes e intereses.

El objetivo es, afirma el texto, “evitar que el Fisco incurra en costos innecesarios” (ver recuadro).

EL RECHAZO
La misiva que hizo llegar la Asociación de Magistrados de los TTA a los parlamentarios, refuta los argumentos planteados por el gobierno. Según el presidente de la entidad, juez del TTA de Coquimbo, César Verdugo, ya han tomado contacto con los legisladores y pedirán ser invitados a fin de exponer sus planteamientos.

Verdugo asegura que la disminución de la planta de los TTA, especialmente en Santiago y Valparaíso, “hace temer una desastrosa puesta en marcha de la reforma” en estas regiones. Agrega que la Asociación considera que “no parece prudente evaluar la carga de trabajo del nuevo sistema, cuando no se ha terminado de implementar”.

También rechaza el argumento de que existan pocas causas para la dotación que hoy existe, porque “aumentará significativamente con el reavalúo y en la medida que el SII aumente su labor fiscalizadora”, por lo mismo, califica como “un dato erróneo en cuanto a que se estimó cerca de diez mil causas para Santiago, sin incluir reavalúo. Nunca ha existido tal número de reclamaciones tributarias y aduaneras en Santiago”. Con todo, asegura que los jueces tributarios y aduaneros “están plenamente disponibles” para que se aumenten las tareas asignadas.

Otro punto que abordó la Asociación, tiene que ver con la relación del SII con los contribuyentes y la baja tasa de reclamos. Verdugo sostiene que “existen trabas para que los pequeños contribuyentes reclamen en contra de las actuaciones de la administración tributaria; por ejemplo, si reclama una denuncia, no se le otorgan condonaciones”, a lo que se suman los costos, ya que los contribuyentes de menores recursos no cuentan con asesoría gratuita.

Ante esto, la Asociación llama a respetar la planta vigente, denunciando que “la administradora de los TTA (Hacienda) no ha llenado los cargos que se pretende eliminar. De esta forma, si el Congreso no presta su aprobación a este proyecto, de todas formas los nuevos Tribunales no estarán en funciones con toda su planta el primero de febrero, afectando con ello su normal funcionamiento”.

Por el contrario, Verdugo apunta a que “las modificaciones que sea necesario efectuar, debieran apuntar a profundizar la independencia de los Tribunales, por ejemplo, incorporándolos al Poder Judicial y terminar con la relación existente con el ejecutivo a través de la administradora de los tribunales tributarios y aduaneros”.

En ese escenario, el llamado que la entidad realizó al Congreso es que “no se puede aplicar una mirada monetaria a la justicia (…) es especialmente peligroso pedir que los Tribunales sean económicamente rentables”.

Revista Pulso 14 de noviembre de 2012

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