METLIFE PODRÁ DIFERIR EL PAGO DE IMPUESTOS POR U$ 260 MILLONES

METLIFE PODRÁ DIFERIR EL PAGO DE IMPUESTOS POR U$ 260 MILLONES

Luego de un laborioso proceso de recopilación y entrega de información a las superintendencias de Valores y la de Pensiones, MetLife sorteó ayer su último escollo para concretar la fusión entre la recién creada AFP Acquisition y Provida. El regulador de pensiones autorizó la fusión entre las compañías y con ello se concluyó el último proceso administrativo para materializar la operación, cuyo principal beneficio radica en un gasto diferido tributario amortizable en 10 años por $179 mil millones (unos US$260 millones) que obtendrá Provida, y con ello su controlador MetLife.

El proceso iniciado el 29 de diciembre de 2014 luego de la aprobación de la junta de accionistas, pretendía aprovechar el goodwill tributario que se otorga por fusiones cuando el valor por el cual se compra una sociedad es mayor al valor de los activos de la empresa adquirida. En este sentido, AFP Acquisition fue originada con el propósito de ser fusionada con AFP Provida y capitalizar esta normativa.

Si bien la reforma tributaria vino a eliminar este beneficio, la ley contempló una ventana hasta el 31 de diciembre del año pasado para que cualquier fusión se acogiera a dicha norma, siempre y cuando la solicitud se hiciera al regulador antes del 1 de enero de 2015. MetLife lo hizo dos días antes del plazo.

Así, la operación contempla que la recién creada AFP Acquisition adquiera todos los activos y pasivos de Provida, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose a la sociedad la totalidad de los accionistas y patrimonio, la que como consecuencia terminará por dejar de existir.

De esta forma, y según se aprobó por la junta de accionistas el 29 de diciembre de 2014, se realizará un aumento de capital de $998.168.026.454, dividido en 331.316.623 acciones ordinarias, mediante la emisión de 22.387.807 nuevas acciones. Estas se destinarán íntegramente a los accionistas de Provida.

En tanto que el lunes, AFP Acquisition había hecho efectiva la inscripción de un total 308.928.816 acciones suscritas y pagadas. Ese mismo día se inscribió en la Bolsa de Santiago y ahora resta que la plaza anuncie el conocimiento respecto a la venia del regulador para que la recién creada administradora se encuentre en condiciones de cotizar. Pese a que AFP Acquisition absorberá a AFP Provida, cuando la compañía comience a participar del mercado de valores continuará utilizando el nemotécnico Provida.

En términos administrativos, la operación considera que tanto la plana ejecutiva como el directorio de AFP Provida se mantenga sin alteraciones, conservando la estructura de la firma absorbida. Así, Víctor Hassi seguirá presidiendo la entidad, mientras que Ricardo Rodríguez permanecerá en la gerencia general.

MetLife ha reiterado que la operación no ha tenido, ni tendrá efecto alguno sobre los fondos de pensiones de sus afiliados.

Por otro lado, el regulador informó por medio de un oficio a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, de la aprobación a la fusión. Ello luego que la ministra manifestara sus aprensiones a la autorización de la Superintendencia de Pensiones a AFP Cuprum en una operación similar. En su momento, incluso la secretaria de Estado solicitó a la superintendenta Tamara Agnic que se “abstuviera de autorizar operaciones de la misma índole”. Así, Agnic no consideró lo manifestado por la ministra del Trabajo y aprobó la iniciativa.

Sorteados los obstáculos administrativos, MetLife podría enfrentar un nuevo escollo en la operación, producto de que por un proceso similar realizado por Principal – fusión de AFP Cuprum y Argentum – la Cámara de Diputados constituyó una comisión investigadora, mientras que los diputados DC llevaron la operación a la Contraloría para que se pronunciara respecto al rol de la Superintendencia de Pensiones. En tanto, el Ministerio Público investiga la operación a cargo de la fiscal Tania Sironvalle. Sin embargo, según entendidos en el tema prácticamente no existen probabilidades de reversar la operación, ya que ello conllevaría recurrir a la Corte de Apelaciones lo que generaría un detrimento de la institucionalidad autónoma con la que cuentan las superintendencias.

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Fuente: Pulso. 02 de septiembre de 2015. Por Nicolás Vivanco.

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