FISCALÍA INDAGA LISTAS CON APORTES DE EMPRESAS PESQUERAS A POLITICOS

FISCALÍA INDAGA LISTAS CON APORTES DE EMPRESAS PESQUERAS A POLITICOS

El 14 de septiembre de 2016, a las 10.40 horas, efectivos de la PDI acudieron hasta las oficinas de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) en Concepción para incautar desde la oficina del presidente de la entidad, Luis Felipe Moncada, y de otras dependencias de la entidad gremial, información relativa a la causa que indaga presunto cohecho entre las pesqueras y políticos, una arista del denominado caso Corpesca.

Tras hurgar durante casi 12 horas -la diligencia culminó a las 22.05 horas de ese día-, los policías se llevaron archivadores con egresos e ingresos del gremio y 129 carpetas de color azul, todas con un timbre de agua que dice “Asipes” y que, según el acta de incautación contenida en la investigación, correspondía a “diversa documentación e impresión de correos electrónicos”.

Entre el material contenido en esas carpetas, la PDI incautó un documento que podría resultar clave para el futuro de la investigación, dado que su contenido hace presumir la existencia de posibles aportes de las pesqueras a dirigentes políticos de partidos oficialistas y de oposición. El documento es una hoja que combina apellidos de supuestos dirigentes políticos, nombres de las pesqueras asociadas a Asipes y montos de dinero que, en total, se acercan a los $ 100 millones. El documento no tiene membrete ni firma, pero está en la misma carpeta que contiene un acta de directorio de Asipes realizada el 8 de octubre de 2012, poco antes de aprobarse la Ley de Pesca y a días de las elecciones municipales de ese año. La información hace suponer a los investigadores que las cifras corresponden a aportes políticos y que la asociación distribuía, como gremio, dineros a dirigentes de todos los sectores. El Ministerio Público coteja la información encontrada con los aportes realizados vía legal a través del Servicio Electoral (Servel).

La fiscalía investiga, además, el rol de Luis Felipe Moncada, quien en 2012 era gerente de Asipes y luego presidente de la asociación hasta el 30 de noviembre de 2016 (ver página 4). La mayor parte de las carpetas incautadas estaban en la oficina de Moncada y la fiscalía cree que la plantilla habría sido elaborada por el dirigente gremial.

Ese documento, a cuyo contenido accedió La Tercera, es parte de las 129 carpetas que hoy son analizadas por peritos de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef). Es una planilla confeccionada en archivo Excel, que contiene 18 apellidos de supuestos personeros políticos asociados a montos de dinero y a pesqueras vinculadas a Asipes (ver infografía). El texto contiene los nombres de las siguientes empresas: Blumar, Alimar, Biobío, Camanchaca, Food Corp, Landes, Bahía Coronel y Mar Pacífico. Los nombres incluidos en el documento son: Sabag, Melero, Ortiz, García Huidobro, Campos, Ulloa, Sauerbaum, Tomás Fuentes, Sergio Ruiz, Anabalón, Von Vander, Pavez, Armstrong, Gabriel Torres, Norambuena, Hugo Arancibia, Bobadilla y Gastón Saavedra. Los montos van desde los $ 500 mil a los $ 8 millones.

La investigación de la Fiscalía trabaja con la hipótesis de que en este caso, según documentos ya expuestos ante el Cuarto Juzgado de Garantía, existen pagos realizados por las pesqueras a políticos.

Los fiscales Julio Contardo y Ximena Chong, a cargo de la investigación, solicitaron al tribunal el 10 de octubre de 2016 autorización para levantar el secreto de los aportes reservados al Servel. En esa solicitud describieron al juzgado la tesis sostenida por el Ministerio Público tras la incautación a Moncada. “Que conforme al mérito de la investigación llevada a cabo por la fiscalía”, dice el texto, “las personas jurídicas individualizadas más adelante (las pesqueras) habrían presumiblemente efectuado aportes de campañas políticas en el marco de la ley N° 19.884 para las elecciones de los años 2009 y 2013, cuyos montos y destinatarios se requiere determinar con la finalidad de pesquisar el origen y destino final de los mismos, en la medida en que podría relacionarse con aportes indebidos de dineros de origen delictual que conforman el sustrato fáctico materia de investigación”, dicen los fiscales.

Y más adelante agregan: “Según dada la evidencia incautada con fecha 14 de septiembre desde las oficinas de Asipes A.G. (…), dentro del marco de la diligencia se tuvo acceso a diversa información documental que resulta ser coherente con los hechos investigados, en tanto dan cuenta de existencia de sumas de dineros que provendrían de las empresas ya indicadas y cuyos destinatarios serían algunos parlamentarios y/o candidatos a escaños del Congreso de nuestro país”.

En ese sentido, según fuentes consultadas por este medio, el Ministerio Público apunta a que en la lista estarían mencionados los siguientes parlamentarios: Hosaín Sabag (ex senador DC del Biobío), Patricio Melero (diputado UDI por Pudahuel), Alvaro Ortiz (alcalde DC de Concepción), Alejandro García Huidobro (senador UDI por la Región de O’Higgins), Cristián Campos (diputado PPD por el Biobío), Jorge Ulloa (diputado UDI por Talcahuano), Frank Sauerbaum (ex diputado RN en Biobío), Cristián Monckeberg (diputado RN Las Condes), Tomás Fuentes (ex concejal RN en Las Condes), Sergio Ruíz (candidato a concejal independiente pro RN en San Carlos), Rodrigo Anabalón (alcalde RN en Chiguayante), Carlos Larraín (ex senador RN), Felipe von Unger (concejal UDI por San Miguel), Máximo Pavez (concejal UDI en Conchalí), Emilio Armstrong (ex candidato UDI a alcalde de Concepción), Gabriel Torres (ex concejal RN en Hualpén), Iván Norambuena (diputado UDI por el Biobío), Hugo Arancibia (ex candidato PS a concejal en Talcahuano), Sergio Bobadilla (ex diputado UDI por el Biobío) y Gastón Saavedra (alcalde PS de Talcahuano).

Tras la solicitud de Contardo y Chong al tribunal, se autorizó al Servel a entregar la información requerida y, en forma inédita, el organismo detalló a la fiscalía los montos que cada empresa entregó a cada candidato. Esa información está bajo reserva en la investigación del Ministerio Público.

Un correo con una lista de concejales

En la misma incautación, la PDI también tuvo acceso a fotocopias de algunos correos electrónicos. Entre ellos figura uno enviado desde la casilla asipes@asipes.cl a la casilla asipes@asipes.cl y que está firmado con las iniciales LFMA (Luis Felipe Moncada Arroyo), enviado el 11 de octubre de 2012. En su interior dice “Renato: Listado definitivo aportes. Total $ 16.620.154”.

Más abajo se extiende una lista de personas que fueron candidatos a concejales, junto a un monto señalado en cifras y letras (“1mm” por ejemplo) y algunos RUT.

El listado luego está escrito así: “Karla Méndez Arriagada, Til Til, 0.5 mm. Julio Arnado, Til Til 0.5 mm. Daniel Escobar, Quinta Normal, 2 m. Antonio Neme, Maipú, 1.5 m. Julio Pauvif, Cerro Navia, 0.5 m. Oscar Ordenes, Cabrero, 1m. Sergio Ruiz, San Carlos, 1m. Jaqueline Pacheco, Cobquecura, 1m. Henry Campos, Talcahuano, 5.220.154. Felipe von Unger, San Miguel, 0.5 mm. Máximo Pavez, Conchalí, 0.5 mm. Rodrigo Anabalón, Chiguayante $ 2.400.000”. En los tres últimos casos aparece la palabra “listo” junto a sus cifras.

El monto total de estos aportes coincide exactamente con las cifras que, en la planilla que contiene 18 políticos y ocho empresas, suman los dineros atribuidos a la empresa Alimar. Los montos señalados en el correo corresponderían al detalle de los aportes asignados en la planilla a parlamentarios vinculados a esos candidatos.

Desde Asipes, puestos al tanto de esta información, prefirieron no hacer comentarios, a recomendación de sus abogados.

Sin embargo, dirigentes ligados a la Asociación negaron que el gremio haya tenido como práctica discutir y diseñar aportes transversales a diversos políticos en sus reuniones. Otro directivo, sin embargo, admite que en algunas sesiones hablaban de peticiones de dineros de parte de algunos candidatos, pero coincide en que las empresas no coordinaban el detalle de sus aportes políticos en el seno de la asociación.

Varios de los políticos contactados por La Tercera prefirieron no hacer declaraciones. Solo Hosaín Sabag señaló que “nunca he solicitado dinero ni para mí ni para otros. Recibí entre $ 40 millones y $ 50 millones por la vía del Servel y no sé hasta el día de hoy quiénes aportaron”, indicó.

La otra lista que alude a candidatos en 2013

En otra de las 129 carpetas, la PDI encontró otra lista, también construida en Excel, en cuyo contenido había una nómina de siete candidatos ligados a la actual oposición y que compitieron en 2013 por escaños parlamentarios.

Esta nómina posee el título “Camanchaca”, y se lee una cifra en pesos inicial que se expone como: “Total: $ 33.898.132”.

Más abajo aparecen los nombres , montos, RUT y lugar de campaña. El contenido íntegro de ese correo es el que sigue a continuación:

“Luis Santibáñez, core, $ 898.132.

Jacqueline van Rysselberghe, Senado VIII Región Costa, cicunscripción 12, $ 5.000.000. Sergio Bobadilla, diputado distrito 45, Biobío, $ 4.000.000. Frank Sauerbaum, diputado distrito 16 RM (sic), $ 5.000.000. Patricio Melero, diputado distrito 16, RM, $ 9.000.000. Daniel Contesse, Senado VIII Región Costa, circunscripción 12, $ 5.000.000. Iván Norambuena, distrito 46, Biobío, $ 5.000.000”.

Quienes conocen detalles de la pesquisa aseguran que estos montos están vinculados a aportes vía Servicio Electoral.

Fuente: LA TERCERA

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