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___________2005__

Asociación de Bancos propone eliminar impuesto de timbres

Exención de Impuesto de Timbres a Exportadores: fiscalización y discusión

Nulidad de Derecho Público plantean Harasic y Tavolari contra el SII en información de Bancos

Tribunal acoge suspensión de obligación tributaria impuesta por el SII a los bancos

Venta y servicio en el IVA: Alcances de la exención a la confección de moneda por la Casa de Moneda Chilena.

Otras secciones Franquicias y Delitos Tributarios

Bancos se opondrán a obligaciones de información impuestas por el SII

Controversia en exención a los excedentes de libre disposición.

Aprovechamiento del crédito fiscal en IVA por importaciones

Las contradicciones del FUT

Director de Impuestos Internos habla de la contingencia

El Sistema Tributario: propuestas para el cuadrienio

Bancos recurrirían contra obligación de informar operaciones en el exterior.

Rodrigo Valenzuela socio de Ernst and Young abordó desafíos de la Tributación Minera

Seminario Royalti II

Seminario Precios de Transferencia

La factura como título ejecutivo

Tributación de la Hípica: Charla

País plataforma: CPC plantea modificaciones laborales y tributarias.

Efecto económico del Impuesto a los Combustibles

Lagos quiere terminar con privilegios tributarios: Nueva sección Franquicias Tributarias.

Devolución de impuestos 2005

La propuesta tributaria de J. Lavín

Nuevo Impuesto a Gas Combustible

Radicales Cambios Tributarios en Impuesto a la Renta propone M. Bachelet

Impuesto Territorial Urbano

Normas de Precios de Transferencia en Royalti II: CPC y Consejo Minero las rechazan

Impuesto a los combustibles y otros vinculados.

Tribunales tributarios: una larga espera.

Delitos Tributarios: historia y discusión.

$ 2.100 millones en posibles Gastos Rechazados en relación Hidrosán-Essbio

30 años del Impuestos al Valor Agregado

Tributación Internacional: el caso de Chile_

Efecto Tributario de los Gastos Rechazados: Pérdidas tributarias asociadas a Ingresos No Renta_

Rechazo a las pérdidas tributarias por enajenación de inversión de Luchetti en Perú.

__________________________________________________________2004__

Tributación de intangibles

Tema Tributario: la prescripción de la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos

La reforma del Impuesto a la Renta: Eduardo Engel

Factura es ahora título ejecutivo

Tema Tributario: la reforma del impuesto a la renta

Tema tributario: imposición del programa informático

Calificacion aduanera y tributación de bebida-alimento

Temas tributarios: inversiones, adicional y elusión

Tributación de Intereses en sociedad en renta presunta

Fondo de UtilidadesTributarias

Rebaja intereses en adquisición de vivienda y corrección monetaria negativa

Tributación del Franchising

Devolución de impuestos: causas y estadísticas

Prensa SII: Vínculo a la página de noticias del SII

 


Siete meses demoró Director en terminar con delegación tributaria

Siete meses después de asumir como Director, el abogado R. Escobar se decidió a terminar con el unanimemente criticado sistema de delegación tributaria, por medio de la Resolucion Nº 118 de 4.10.2006.

Más conveniencia que convicción se aprecia en una medida largamente esperada por contribuyentes, académicos y la comunidad jurídica en general.

Que la delegacion era inconstitucional fue declarado en el año 2002 por la Corte Suprema, de manera que éste no era un dato ignorado por el SII. Que recién ahora, el SII tome cartas en el asunto, derogando las delegaciones que operaban al interior del SII desde 1998, parece ser un efecto de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional y no del deber de apego de todo organo público a la constitución.

En tal sentido la medida es tardía y no se hace cargo de las desastrosas consecuencias que han sufrido los contribuyentes en éste periodo. Juicios anulados hasta tres veces y el incremento desmedido de los recargos por intereses, son lo más notorio del sistema que hoy se extingue. Nada dice la resolución Nº 118, sobre estos importantes temas.

Al final, la delegación no era tan mala. Sin duda es más aberrante la parcialidad del juzgador, que aún se mantiene rampante. La subordinación interpretativa de los jueces delegados al Director, privó a la idea de Bernardo Lara, ex Subdirector Jurídico, de producir sus saludables efectos: mayor certeza y seguridad jurídica. Ni la mejor calidad de los fallos ni la indudable capacidad de algunos jueces delegados, bastó para superar el pecado original: la delegación de facultades jurisdiccionales era inconstitucional.

La capacidad para llevar adelante las convicciones con la celeridad que impone la protección de los derechos del contribuyente, aparece aqui como una tarea pendiente de la Administración Tributaria. Ojalá no tengamos que esperar siete meses más para verla en acción.

Sergio Endress G.

 

 

Abogado de Consultora a puesto clave del SII
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El Servicio de Impuestos Internos (SII) no es desconocido para Pablo González, quien ocupará a partir del próximo 8 de septiembre la subdirección jurídica de la entidad, puesto que dejó vacante hace algunos días el emblemático Bernardo Lara.

 

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González -cuyo nombramiento adelantó ayer "El Mercurio"- es abogado de la Universidad de Chile y su primer trabajo fue como procurador del SII, organismo en el que se desempeñó entre 1987 y 1992.

En agosto de 1995 ingresó a la división legal y tributaria de Ernst&Young, especializándose en planificación tributaria e impuestos internacionales.

Posteriormente, entre 2000 y 2001 realizó el International Tax Program en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

El nuevo hombre del SII cumple con el perfil que buscaba su director, Ricardo Escobar; esto es, un reconocido jurista que por su amplia experiencia en el sector privado conoce la lógica de la actividad empresarial.

De hecho, ésta fue una de las principales críticas que recibió Bernardo Lara.

Lo que ha dicho

"Discutir sobre 18 o 19% (de IVA) me parece bizantino. En cambio, debieran rebajarse o eliminarse otros impuestos arcaicos, como el de la renta o el de timbres y estampillas", dijo a "El Mercurio" en abril de este año, justo en momentos en que arreciaba la discusión por la mantención del IVA en 19%.

"El impuesto de timbres es bastante confuso y no siempre es claro si se aplica. Debiera simplificarse", dijo en junio pasado.

Escobar ha "levantado" a reconocidos profesionales del sector privado para mandos medios. Ello, con el fin de consolidar una nueva etapa en la entidad, enfocada en la fiscalización selectiva.

González reforzará la defensa legal en los casos que el Servicio de Impuestos Internos emprenda contra contribuyentes, y también deberá descartar aquellos con menos argumentos.

Ello, sobre todo con la estructura que impondrán los tribunales tributarios que se está legislando.

Los cambios

Cuatro de los nueve subdirectores del SII que estaban con el director Juan Toro han salido de la entidad, por distintas razones. En fiscalización, Benjamín Schultz dejó su puesto para emprender proyectos personales y hoy está Jorge Trujillo, quien estaba a cargo de grandes contribuyentes. En la subdirección de Recursos Humanos, Johnny Heiss dejó su lugar a Christan Hansen. Y en administración quedó subrogando Guido Villar.

Pablo González, subdirector jurídico:
El perfil del nuevo segundo hombre del SII.
El primer trabajo de Pablo González fue de procurador del SII.

 


Bernardo Lara, Jefe de la Subdirección Jurídica del SII abandona el cargo

Uno de los funcionarios más importante del SII, deja su cargo a petición de nuevo Director.

Condonación, rebajas en timbres y software en el paquete tributario Velasco.

El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, anunció hoy quince medidas que el gobierno impulsará en miras a estimular la competividad de la economía local. Entre ellas se reactivar la discusión del proyecto de Mercado de Capitales II (MK2) a partir de agosto de este año.

Bajo el nombre Plan Chile Compite, el Ejecutivo agrupó la batería de iniciativas que se basan en cuatro pilares: emprendimiento, tecnología y competitividad, mercado de capitales e institucionalidad para el crecimiento.

Entre las propuestas está otorgar facilidades para el cumplimiento tributario , para ello se dictará este mes una resolución que facilita el pago de deudas tributarias, facultando a la Tesorería para reducir hasta en un 80% las multas e intereses a quienes salden sus compromisos.

Además, se establece el perfeccionamiento y reducción del impuesto de timbres y Estampillas , a través de un proyecto de ley, que ingresará al Congreso en agosto de este año, que evita el pago del mencionado gravamen a las reprogramaciones.. Junto con ello reduce la tasa hasta un 1,2% para las nuevas operaciones.

La tercera medida considera el fortalecimiento del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape). Con el envío de un proyecto de Ley al Congreso este mes se pretende perfeccionar su operación y aumentar su patrimonio, permitiendo un incremento de 46% en las operaciones.

En cuarto lugar se propone una simplificación tributaria para micro y pequeños contribuyentes . Al respecto, el Ejecutivo indicó que calificará con suma urgencia esta iniciativa, que reduce los costos asociados al cumplimiento tributario pasa ese sector.

En lo que respecta al emprendimiento, las propuestas concluyen con el reconocimiento expedito del financiamiento de obras viales de uso público . Para lograr esto, en agosto se espera que el Servicio de Impuestos Internos (SII) dicte una norma de carácter general que permita de manera expedita el reconocimiento como gasto para fines del impuesto a la renta a los aportes efectuados por empresas para financiar infraestructura vial en beneficio público.

En otro ámbito se proponen las reformas al mercado de capitales , para lo cual en agosto se reactivará el trámite del proyecto MK II, centrado en tres áreas: financiamiento de nuevos proyectos, seguridad en el mercado de valores y desarrollo de mercado de capitales.

Además, se propone la internacionalización del peso . En miras a esto, se implementarán normas que permiten a extranjeros emitir bonos en pesos en Chile con el objetivo de desarrollar un mercado internacional para instrumentos financieros en pesos.

También se espera promover la integración financiera a través del impulso a iniciativas, durante el segundo semestre de 2006, que profundicen el mercado de derivados y que permitan a extranjeros transar sus valores en Chile.

Junto con esto, se espera renovar durante los últimos seis meses de 2006 el trabajo del comité de mercado de capitales , que está integrado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la Superintendencia de AFP (SAFP), el Banco central y el Ministerio de Hacienda. Lo que se buscará en esa instancia será diseñar políticas de desarrollo de mercados financieros y llevar a cabo consultas con el sector privado sobre estas materias.



Tecnología y crecimiento

Uno de los pilares de la propuesta entregada hoy por el gobierno es el uso de la tecnología para incrementar la competitividad, para ello se proponen tres medidas: Incentivar la adopción de nuevas tecnologías . En miras a esto se enviará al Congreso el proyecto de ley que uniforma en 15% el impuesto a la importación de software, patentes y asesorías tecnológicas.

Subsidio a la inversión privada en Investigación y Desarrollo . En Septiembre el Ejecutivo enviará un proyecto de Ley que subsidia en 35% la inversión en I+D realizada por empresas en conjunto con universidades y centros de investigación acreditados.

Institucionalidad para la innovación , este mes se calificará con urgencia simple el proyecto de ley el Fondo y el Consejo Nacional de Innovación.


Institucionalidad para el crecimiento

En cuanto a los incentivos para el crecimiento la propuesta presentada por el ministerio de Hacienda, hace referencia a la aprobación del proyecto de ley de responsabilidad fiscal que permitirá la puesta en marcha de los nuevos Fondos de Estabilización Económica y Social y de Reservas de Pensiones.

También se considera incentivar la libre competencia para lo cual se calificara de urgencia simple el proyecto de ley que fortalece el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Fiscalia Nacional Económica.

Finalmente, en septiembre se espera reactivar el trámite legislativo del proyecto de ley que crea Tribunales Tributarios , con indicaciones que garanticen tanto la defensa de los derechos para los contribuyentes como la recaudación fiscal.

Velasco anuncia medidas para incrementar competitividad y reactiva discusión del MK II. Diario Financiero, 19 de julio de 2006, en internet.

 

 

Ernst and Young propone modificar Sociedad Plataforma

Es tiempo para dar un nuevo impulso a Chile país plataforma. Nadie duda que Chile posee las cualidades para ser considerado uno de los países más atractivos para que empresas multinacionales lo utilicen como centro o plataforma de sus inversiones y servicios para la región.

Ya el gobierno saliente se dio perfecta cuenta de ello en sus inicios y dio algunos pasos que permitieron formarse la idea que la intención era perfeccionar el ambiente tributario para afianzarlo aún más. Así surgió el tan famoso régimen de plataforma para invertir en el exterior. Básicamente, este régimen creó una institucionalidad impositiva que libera de tributación a la renta a empresas foráneas que optaran por centralizar en Chile sus inversiones en terceros países.

No obstante, han pasado ya varios años desde su entrada en vigencia y la realidad muestra que muy pocos han optado por acogerse al mismo. Esto se debe, a mi juicio, a que las normas regulatorias del régimen, sus requisitos y controles, lo hacen, a pesar de sus beneficios, -liberación tributaria a la renta- muy poco atractivo.

Me gustaría proponer aquellos cambios que posibiliten su utilización y -lo más importante- permitan el logro de los verdaderos objetivos -claramente no impositivos- que se persiguen con este régimen, tales como, aumento de inversión extranjera; mayor contratación de mano de obra; mayor capacitación de nuestros profesionales y aumento importante de co ntratación de servicios de diversa índole, como por ejemplo financieros, de telecomunicaciones, inmobiliarios, de transporte, etc.

El régimen permite que la Sociedad Plataforma invierta en el extranjero, pero también en Chile. Esto debería mantenerse, pero el tratamiento impositivo generado por las inversiones locales debería corregirse, de tal manera que no sea -como ocurre ahora- más desfavorable al que resulta de invertir en Chile a través del régimen general.

La Plataforma, en su régimen actual, impide que sus excedentes de caja sean invertidos de cualquier manera en el sistema financiero, ya sea en el país o en el extranjero, lo que claramente es una limitación de difícil solución en la práctica. Resulta aconsejable, entonces, introducir una norma que permita invertir sus excedentes de caja en el sistema financiero, independientemente que las ganancias que puedan obtener de tales inversiones queden alcanzadas o no con la liberación tributaria.

Si bien, la Plataforma actual puede prestar servicios al exterior, sólo puede hacerlo de manera residual, en el sentido que las beneficiarias de los servicios necesariamente deben ser filiales o coligadas de ella. Esta limitación no tiene sentido y obliga a que si se la quiere utilizar como plataforma de servicios, también lo sea de inversiones. Debería, entonces, otorgarse a la sociedad beneficiada la posibilidad de prestar servicios a cualquier otra extranjera. Si aún se la quiere limitar en este aspecto, la limitación debería ser más restringida que la actual. Así, por ejemplo, podría establecerse que pueden prestar servicios a sociedades del exterior, salvo que estas sociedades no pertenezcan al mismo grupo empresarial de la Plataforma. Destaco que este aspecto es clave. Los verdaderos objetivos del régimen se lograrán por la vía de la centralización de servicios y no por la vía de centralizar inversiones, que es en donde, al parecer, el actual régimen pone el énfasis.

Deberían además introducirse correcciones que no dejen lugar a dudas que la Plataforma es beneficiaria de los tratados para evitar la doble tributación, aspecto crucial cuando se trata de cobrar servicios al exterior. Bastaría para ello, por ejemplo, establecer que los intereses que pueda obtener la firma producto de la inversión de sus excedentes en el sistema financiero extranjero, se encuentran afectos a imposición a la renta en Chile.

Finalmente, debería flexibilizarse el tipo jurídico (hoy debe ser una sociedad anónima sujeta al control de la Superintendencia de Valores y Seguros) que debe asumir la Plataforma. Muchas veces, el hecho que esta deba necesariamente constituirse como sociedad anónima es una limitación insalvable para algunas multinacionales, cuyos países de origen establecen regulaciones impositivas distintas según el tipo jurídico que asumen sus inversiones en el exterior. Por su parte, el control debería ser asumido directamente por el Servicio de Impuestos Internos, a través de los departamentos ya existentes o de un grupo especial que se cree para estos efectos.

Existen otros aspectos que creo también deberían abordarse en una eventual reforma (en especial relacionados con el Impuesto al Valor Agregado). Pero la sola incorporación de los cambios señalados, de seguro, permitirían convertir a éste en un régimen real y efectivamente atractivo para empresas multinacionales que necesiten centralizar en algún país sus inversiones y, principalmente, sus servicios.

Obviamente, la viabilidad de los cambios deberá analizarse en función de los principios tributarios generales establecidos por nuestra legislación y también por aquellos que rijan en el ámbito internacional.

Nuevo impulso a “Chile País Plataforma”. Sergio Sapag. Socio Tributación Internacional Ernst & Young. Diario Financiero, 7/7/2006

 

 

Convenio de Tributación Minera: Pascua Lama/Barrick

Compañía minera espera iniciar la construcción del proyecto a comienzos del próximo año y ponerlo en funcionamiento durante 2009.

Pese a que todavía no se ha comenzado con su construcción, el proyecto Pascua Lama avanza muy rápidamente.

Así lo manifestó ayer el director adjunto de Barrick en Chile, José Antonio Urrutia, al afirmar que la compañía minera ya está afinando los detalles en términos de construcción y pago de impuestos.

En este último tema, el ejecutivo precisó que como se explica en el tratado minero entre ambos países, los impuestos a la renta se pagarán en proporción a la cantidad de mineral que se extraiga de cada lado.

Teniendo en cuenta lo anterior, sostuvo que el 70% de estos impuestos se pagará en Chile, ya que es esa la cantidad de minerales que se extraerán en el territorio nacional.

“El tema grueso ya está definido, en términos de que los impuestos se pagan de acuerdo a donde se extraiga el mineral sin importar donde se procese. Hay una serie de otros aspectos técnicos relacionados con el IVA y la imputación de gastos, dado que existen servicios transfronterizos, que son indivisibles, que se prestan a ambos lados de la frontera, hay que ponerse de acuerdo donde se paga cada uno de ellos”, acotó.

 

Permisos
Respecto a obras de avance en el yacimiento, Urrutia manifestó que a la fecha sólo estaban preparando los permisos sectoriales que es necesario conseguir luego de la aprobación ambiental, entre ellos a entidades como el Sernageomin, la Dirección General de Aguas y Vialidad.

El ejecutivo precisó que las obras de construcción no se iniciarán mientras no se obtengan los permisos ambientales del lado argentino, los que esperan obtener durante este año para iniciar la construcción durante 2007 y entrar en producción en el año 2009, con una inversión inicial estimada en alrededor de US$ 1.500 millones.

Sobre otros temas de la compañía minera como el proyecto Cerro Casale, heredado de la compra de Placer Dome, el ejecutivo puntualizó que ya entregó esos derechos -51% de la propiedad- a los accionistas minoritarios Bema Gold y Arizona Star, tal como estaba contemplado en el acuerdo que Placer tenía con ellos.

Urrutia manifestó que ahora está en manos de estos accionistas buscar un socio para materializar el proyecto.

Diario Financiero, 22 de junio de 2006.Firma avanza en permisos antes de iniciar construcción de yacimiento

Barrick pagará más del 70% de impuestos por Pascua Lama

Poniachik conversa con mineros

La ministra de Minería, Karen Poniachik, se reunió ayer con socios y dirigentes de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), para abordar las principales inquietudes del gremio. En una conversación abierta y distendida, que consistió básicamente en responder a las preguntas de un auditorio cercano a las 200 personas, Poniachik se refirió a varios temas de la contingencia.
Entre ellos profundizó en el plan de seguridad energética seguido por el gobierno y detalló avances de la planta de GNL, además de mencionar otros aspectos como la idea de agilizar la tramitación ambiental de proyectos de inversión; la idea de crear una línea de crédito especial de Corfo para proyectos de energía no convencionales; y dar solución a la especulación en temas referidos a las concesiones mineras.
Precisó que la mesa público privada de discusión de temas mineros retomada hace algunos días, se profundizará con iniciativas paralelas en regiones para abordar los temas propios de cada una. También recalcó el trabajo que está desarrollando Sernageomin en lo relativo a fortalecer las exploraciones mineras.

 

Medidas Tributarias para PYME 2

Ayer ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el proyecto que simplifica el proceso tributario de los micro y pequeños empresarios (mypesLa iniciativa -que había sido anunciada la semana pasada por la presidenta Michelle Bachelet- crea un régimen optativo de contabilidad para contribuyentes particulares y empresas individuales de responsabilidad limitada, que tengan ventas anuales de hasta UTM 3.000 ($95 millones).

Si bien el ingreso es voluntario, cuando el contribuyente se haya incorporado deberá permanecer al menos tres ejercicios comerciales, salvo que deje de cumplir las condiciones de permanencia. Similar plazo rige cuando abandonen voluntaria u obligatoriamente el sistema.

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Medidas Tributarias para PYME

Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anuncio que, buscando aumentar el financiamiento hacia el sector, se disminuirá el costo de reprogramación de créditos que implica el impuesto de timbres y estampillas.
En el marco del encuentro anual de la Micro y Pequeña Empresa (Enamype), la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dio a conocer hoy el plan de Gobierno de apoyo a este sector de la economía, que incluye –entre sus principales anuncios el aumento del patrimonio del fondo de garantía para pequeños empresarios (Fogape) en US$ 10 millones durante 2006.

Este plan del Gobierno tiene como principal objetivo extender la red de fomento a un tercio de los 676 mil pequeños empresarios “formales” que existen en Chile y contribuir a la formalización de buena parte de las 500 mil unidades informales.

Además la Presidenta anuncio que, buscando aumentar el financiamiento hacia el sector, se disminuirá el costo de reprogramación de créditos que implica el impuesto de timbres y estampillas.

Entre las demás medidas anunciadas, destacan:
- Aumentar en 80% los pequeños empresarios que atiende BancoEstado, llegando a los 300 mil clientes en 2008.
- Duplicar micro créditose entregados con recursos Corfo, pasando de los 20 mil actuales a 40 mil en 2008.
- Aumentar en 50% los recursos destinados a capital semilla a partir de 2007 y que se capacitarán a 1.400 emprendedores en los próximos 2 años.
- Envío de proyecto de ley para facilitar el proceso tributario a 291 mil empresas con ventas menores a 3.000 UTM anuales.
- Simplificar cálculos de los pagos provisionales mensuales fijándose en 0,25% de las ventas brutas mensuales.
La Segunda, Jueves 15 de junio de 2006.


 

 

Extienden devolución de impuesto para transportistas

El Gobierno decidió extender por un año el reintegro que reciben los transportistas camioneros del pago de un 25% de un crédito por el impuesto específico al diésel y del 20% de los peajes para el caso de los dueños de buses , lo fue interpretado por sectores de oposición como un modo de frenar movilizaciones.

Pese a todo, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, descartó que la incorporación de este tema sea para calmar al gremio de los camioneros que ha anunciado posibles movilizaciones si el Gobierno no responde a sus demandas para bajar el valor de los combustibles y reducir el impuesto específico al diésel.

El ministro sostuvo que este es un compromiso asumido hace muchos meses, ya que estaba vinculado a un sistema de peajes automáticos, que las concesionarias no tienen listo.

Sin embargo, para el diputado (UDI) Julio Dittborn, la incorporación de la indicación "denota una improvisación del Gobierno, ya que lo pudo hacer ayer durante la decisión en comisiones". Y apunta que los camioneros pudieron haber sido "los 'pingüinos 2' (escolares en paro) y el Gobierno con la indicación se los quiso ahorrar".

El ministro Velasco también descartó que el efecto total del impuesto específico de los combustibles sumado a otros impuestos beneficie al fisco.

Ejemplificó esta situación añadiendo que en el año 2000, cuando el precio del crudo era del orden de los US$28 el barril, la recaudación total del impuestos específico era 1,3% del PIB y que hoy esa recaudación es de alrededor de 1% del PIB.

"La suma total no beneficia al fisco, porque el mayor precio de los combustibles incide en la actividad económica. Los impuestos dependen de la actividad económica y todo aquello que incide en ella y que la tienda a reducir, tiende también a reducir la recaudación fiscal", dijo.

La sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para renovar el Fondo de Estabilización por 52 votos a favor, 6 en contra y 37 abstenciones. Pero ahora viene la discusión en el Senado, la que promete centrar el debate en el impuesto específico, ya que senadores de distintas bancadas han mostrado intenciones de cambiar la estructura del tributo.

El Mercurio, Viernes 16 de junio de 2006

Fondo de los combustibles:
En un año extienden devolución de impuestos a transportistas

Karin Niklander Regirá por doce meses más reintegro de 25% de un crédito por tributo al diésel a camioneros y de 20% de los peajes a buses.

 

Síndrome Disputada cobra nueva víctima

La venta de Transelec en Chile por inversionista extranjeros, reaviva el apetito fiscal sobre la tributación del mayor valor.

Crítica a la ley Disputada

Los 150 millones de dólares aproximadamente que reportará al fisco el impuesto a la ganancia del capital en la venta de Transelec, la principal compañía de transmisión eléctrica chilena, serán otra contribución más a la bonanza con que se perfila el presupuesto fiscal para el 2007. Aunque la transacción se realizó entre actores extranjeros – Transelec está siendo vendida por la empresa canadiense Hydro-Québec a la firma también canadiense Brookfield Asset Management – con la decisión de hacer la operación en Chile se quisieron evitar los problemas que rodearon la venta de la mina Disputada Las Condes, cuyo traspaso tuvo lugar fuera de Chile. A raíz del episodio se efectuaron algunos ajustes tributarios en el marco de la Ley sobre Plataforma de Inversiones (que se popularizó en ese aspecto como “la ley Disputada”), la cual calificó como renta de fuente chilena, afecta a impuestos en Chile, la venta de acciones o derechos representativos de capital e una persona jurídica constituida en el extranjero, efectuada a una persona domiciliada o constituida en el país. Ese cuerpo legal, no obstante, habría seguido dejando una ventana respecto de operaciones de traspaso en el exterior, entre sociedades extranjeras, respecto de activos en Chile, que pudo haber sido el caso de Transelec de no mediar la delicadeza de efectuar la venta en el país.
AL margen del buen desenlace de esta operación, quedan flotando como en una nube algunas interrogantes. ¿Hubo “mensajes” para que así se hiciera? ¿Hay regulaciones invisibles en esta materia que habrían inducido a los equipos jurídicos a recomendar a sus clientes realizar la operación aquí, pagar el impuesto correspondiente y ahorrarse los malos ratos asociados a una relación tensa con la autoridad y a los reproches de orden ético del a opinión pública? El problema es que en este ámbito podrían seguir quedando vacíos de orden normativo que convendría ir cerrando, entre otras cosas para prevenir la distinción perversa respecto de inversionistas extranjeros de sociedades que tienen activos radicados en Chile entre hacer sus operaciones en exterior o hacerla acá.
Las reglas deben ser iguales para todos.

Transelec: mensajes, delicadezas y vacíos. Revista Capital Nº 183, página 24.

 

 

Operación Renta 2006 1

EL 2005 fue un buen año para el sector privado y eso se tradujo en un alza de 11,9% en el pago del impuesto de primera categoría, aquel que grava con el 17% a las utilidades de las empresas. Se trata de US$ 3.859 milIones ($ 2.033.638 millones) que en su mayoria entraron al Fisco en 2005 a través de los pagos provisionales mensuales (PPM) hechos a cuenta de los impuestos anuales y que fueron contabilizados en la Operación Renta 2006.

El balance del Servicio de Impuestos Internos (SIl) arrojó que en 2005 los contribuyentes personas y empresas declararon en impuestos a la Renta US$ 4.911 millones ($ 2.588.136 millones), un 16,5% más que el año anterior. Sin embargo, el Fisco recibió en tributos US$ 5.724 millones ($ 3.016.583 millones) como resultado de los PPM de los contribuyentes, la retención de 10% por honorarios y franquicias aplicables a ese gravamen (crédito tributario), por lo que tendrá que desembolsar US$ 830 millones ($ 437.422 millones) para devolverlo, según la reciente Operación Renta. Esto es 76,54% más que lo que tuvo que devolver en la liquidación del 2005.

El director del SIl, Ricardo Escobar, dijo que el desembolso de recursos fiscales se debe a que los contribuyentes cumplieron con sus PPM por arriba de lo proyectado, principalmente impulsados por las mayores ganancias del crecimiento.

Devoluciones

En la Operación Renta 2006 declararon 2.131.926contribuyentes, 3,46% más que en 2005, de los cuales 1.691.661 pidieron devolución de impuestos, por un total de US$ 2.244 millones ($ 1.182.566 millones),

Sin embargo, el SIl objetó 126.576 solicitudes de devolución y retuvo en forma parcial otras 38.816. Esto, tras detectar inconsistencia en la información entregada por agentes económicos y contribuyentes. Ambos suponen el estancamiento de recursos por unos US$ 562 millones ($ 296.156 millones). En esta situación el SII seguirá verificando los datos y luego, si corresponde, reconsiderará las devoluciones pendientes.

Escobar agregó que el 97,04% de las declaraciones se realizó por internet y que en el 37,8% de los casos los contribuyentes utilizaron la propuesta elaborada por el SIl. A su vez, US$ 1.111 millones en impuestos se pagaron vía electrónica, un 77,5% del total.

Diario La Tercera (30-05-2006)
Sector privado tributó más de US$ 3.800 millones por utilidades logradas durante el año pasado
Empresas pagaron 11,9% más de impuestos en 2005

 

Operación Renta 2006 2

Un positivo balance de la Operación Renta 2006 realizaron ayer el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar, y el tesorero general de la República, Gianni Lambertini.

La mayor actividad económica hace que la cantidad total de impuestos sea mayor (...) El país el año pasado tuvo mayores rentas que el anterior y, por lo tanto, también lo es la cantidad de impuestos, explicó Escobar.

Así, los tributos declarados llegaron a $2.588.136 millones, lo que representa un incremento de 16,5% en comparación al año pasado, equivalentes a $366.993 millones adicionales.

Los tributos más relevantes en la recaudación fueron el de Primera Categoría, con $2.033.638 millones y un crecimiento 11,9% anual, mientras que el Global Complementario sumó $211.329 millones y un avance 11,1%. Asimismo, el impuesto adicional que se cobra a las remesas enviadas al exterior totalizó $208.086 millones, con un fuerte aumento de 174,7% en relación al año anterior, explicado principalmente por la minería.

Por otra parte, los créditos imputados crecieron 22,5% respecto a 2005, sumando $3.016.583 millones, que corresponden a $553.689 millones más que en el ejercicio pasado.

Con lo anterior, el balance neto de la Operación Renta 2006 arrojó un resultado negativo de $437.422 millones, que se compara con el saldo negativo de $247.773 millones de 2005.

Fiscalización

De un total de 2.131.926 declaraciones de contribuyentes, los cruces informáticos que realiza el SII en su proceso de fiscalización determinaron 203.450 objetadas por inconsistencias.

Los contribuyentes que solicitaron devolución ascendieron a 1.691.661, por un monto equivalente a $1.182.566 millones.

De ello, se autorizaron 1.565.085 declaraciones, por $886.410 millones, que corresponden a 75% del total excedentes reclamados.

Por el contrario, el SII objetó de forma total o parcial la devolución de impuestos solicitada por 165.392 personas, por un monto de $296.156 millones, que corresponden al 25% del total pedido.

Escobar destacó, sin embargo, que esto representa 6.533 declaraciones menos que el año pasado, cuando las devoluciones objetadas fueron 171.925, por un monto de $382.080 millones.

Las declaraciones cuestionadas estarán sujetas a un proceso de fiscalización durante los meses siguientes, y el SII dispondrá en su página web, desde el 1 de junio, de una propuesta de rectificación para el caso de las personas que tributan en el Global Complementario.

Asimismo, los contribuyentes serán citados a las oficinas del organismo a partir de la primera semana de julio, donde deberán entregar los antecedentes que se les solicitan.

Diario Estrategia (30-05-2006)
OPERACION RENTA 2006
SII objetó 25% de montos de devoluciones solicitadas
El organismo estatal no autorizó la devolución de $296.156 millones, reclamados por 165.392 contribuyentes

 

 

Presidenta propone eximir de impuesto reprogramaciones

Una vieja aspiración del sector privado y de la clase media fue ratificada como aspecto a concretar por la jefa de Estado: “Perfeccionaremos el Impuesto de Timbre y Estampilla, para así tener más competencia y un menor costo del financiamiento”, indicó.

Aunque no entregó detalles, en su programa de gobierno se señala que dicho mejoramiento apunta a eximir del pago de este impuesto a las reprogramaciones de cualquier tipo de crédito, independiente de que el deudor reprograme con otro banco o institución financiera.

Y es que de acuerdo a los contribuyentes este impuesto encarece los costos de transacción.

También anunció cambios en el Conservador de Bienes Raíces y las notarías para no encarecer los procesos.

La mandataria también tocó otra de las preocupaciones de la clase media: la vivienda. Dijo que instruyó a la ministra de Vivienda para que perfeccione el subsidio habitacional dirigido a quienes, estando sobre la línea de la pobreza, no pueden obtener el crédito hipotecario.

Además, dijo que incentivará la adquisición de viviendas usadas, como una manera de diversificar la oferta inmobiliaria hacia la clase media y la recuperación de barrios consolidados y patrimoniales.Para lo que destinará, los subsidios de renovación urbana y de recuperación patrimonial.

Entre las preocupaciones de este segmento, la mandataria también mencionó la inestabilidad y las alzas en el precio de los combustibles. Sobre este punto, ratificó la renovación del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y el envío de un proyecto de ley para crear un nuevo fondo, similar en objetivo y operatoria al anterior, pero con algunas mejoras técnicas.

 

Diario Financiero (22-05-2006)
Beneficios a la clase media
Cambia impuesto a timbres y estampillas

Se mantiene A

La Sala del Senado aprobó la idea de legislar del proyecto en primer trámite que modifica el Código Tributario, con el objetivo de resguardar a los contribuyentes en su relación con el Estado.

Se trata de una moción del senador Baldo Prokurica (RN), que reconoce como normas elementales el derecho a la información cabal sobre la situación tributaria de las personas y la mantención en secreto de estos antecedentes; el acceso a todo dato referido a los procedimientos tributarios que las afecten, y el derecho a ser notificado, al inicio de cualquier acto de fiscalización, sobre su naturaleza y alcance.

También considera el que los contribuyentes sean atendidos en forma adecuada, equitativa y oportuna, y que las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos que requieran su intervención, se lleven a cabo en forma expedita, evitando esperas y reiteraciones innecesarias.

Asimismo, el derecho a no aportar aquellos documentos no exigidos por las leyes y a sí entregar otros que deban ser tenidos en cuenta por el Servicio, en los asuntos en que tengan interés o que afecten a las personas, además de la formulación de alegaciones

El texto fue remitido al estudio de comisiones, donde serán estudiadas las indicaciones que los parlamentarios pueden presentar hasta el próximo 5 de junio.

 

 

Diario Estrategia (11-05-2005)

Senado dio luz verde a ley sobre derechos de contribuyentes
Moción garantiza el ser informado de cualquier acto de fiscalización del SII

Se mantiene Apelación del SII


Justicia permite al SIl apelar contra recurso de bancos
Acción de la entidad fiscalizadora busca que la banca informe de las transacciones por sobre US$10 mil que hagan sus clientes al exterior.
El Servicio de Impuestos Internos, SIl,podrá continuar su apelación contra el recurso levantado por los bancos. Esto porque la Primera Sala de la Corte de Apelaciones rechazó ayer el recurso de las empresas financieras, que buscaba desestimar la posibilidad de apelación de la entidad fiscalizadora. Así, continúa el caso sobre la entrada en vigencia del decreto número 120, el cual busca que los bancos informen de los movimientos por sobre US$10.000 para transacciones al exterior, con el fin de pesquisar posibles operaciones vinculadas a lavado de dinero.

Según explicó una fuente ligada al proceso, "el fallo rechaza un recurso presentado por los bancos, que pretendía evitar que la Corte de Apelaciones conociese del recurso de apelación presentado por el SIl, en contra de la resolución del juez civil (primera instancia) que ve la demanda de los bancos contra la Resolución número 120, en la que no dio a lugar la petición de nulidad de la notificación".

Cabe destacar que el SIl solicitó en su oportunidad que se decretase la nulidad mencionada, fundado en que debió demandarse y notificarse al Fisco de Chile, pero la justicia rechazó esto, lo que fue apelado posteriormente porla entidad fiscalizadora.

Así, el tribunal de alzada compuesto por los ministros Juan Cristóbal Mera y Amanda Valdovinos, además del abogado integrante Benito Mauriz- no acogieron la impugnación que se le había hecho por parte de los bancos al recurso que había presentado la entidad fiscalizadora con el fin de pesquisar operaciones vinculadas a lavado de dinero.

Se espera que en las próximas semanas la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva si es procedente la suspensión del decreto120, que exige a los bancos que entreguen la información sobre todas las transacciones superiores a US$ 10.000.

Diario Estrategia, 20.04.2006.

 

 

Ernst and Young contra el Impuesto de Timbres

Es un claro ejemplo de un impuesto arcaico, confuso y del que se escuchan sólo críticas. Es el impuesto de timbres y estampillas, un tributo con una recaudación importante, de fácil fiscalización, que se resiste a desaparecer a pesar de sus inconveniencias, aun cuando presenta una franca retirada en importantes legislaciones del Derecho Comparado. Durante largo tiempo se ha argumentado por distintos sectores la necesidad de eliminar este tributo. Sin embargo, en 2002 se adoptó una posición en sentido contrario, al entrar en vigencia el aumento de las tasas del impuesto, en compensación a la rebaja de los aranceles dispuesta en 1998 por la Ley N° 19.589.

Existen sólidos argumentos que llevan a concluir que este tributo debe ser eliminado, o, a lo menos, reformulado. En primer lugar, es un impuesto regresivo, puesto que afecta principalmente a las pequeñas empresas, que son las que tienden a tomar préstamos de plazos relativamente cortos. Así es como, tratándose de un préstamo de un año, el efecto del impuesto corresponde al 25% del costo del crédito.

Este carácter regresivo conlleva la necesidad de eliminar el tributo si se quiere fomentar el proceso de "bancarización" (proceso en el que los estratos de la población de menores recursos empiezan a acceder a medios de pago).

En segundo lugar, es un impuesto que carece de fundamento económico, puesto que rigidiza la intermediación financiera, al limitar la capacidad de los deudores para renegociar sus créditos, puesto que tienen que pagar nuevamente el impuesto. Esto hace necesario que el deudor de corto plazo quede amarrado al banco acreedor.

En tercer lugar, y que me parece de vital importancia, es un impuesto que, producto de sus modificaciones de fondo durante el tiempo, se ha transformado en un elemento de incertidumbre al momento de implementar operaciones comerciales.

No es efectivo que exista consenso respecto del tratamiento en operaciones de securitización, de factoring o de confirming. Así también, graves confusiones y discusiones con la autoridad tributaria ha presentado la aplicación de ciertas exenciones legales, o la aplicación del impuesto sustitutivo del artículo 3° de la ley del ramo (impuesto único a los documentos necesarios para una importación).

Cabe señalar que, durante el último proceso eleccionario, se planteó por uno de los candidatos la eliminación paulatina del impuesto, y por la candidata finalmente vencedora la exención del tributo de todas las reprogramaciones de créditos, sean éstas efectuadas en el mismo banco o con un banco competidor.

En definitiva, se aproxima una modificación sustancial de la ley del ramo, momento que debe ser aprovechado para perfeccionar técnicamente la ley, eliminando todas aquellas normas y hechos gravados que han quedado en desuso, corregir normas de dudosa aplicación, establecer normas sancionatorias razonables, etc., y de tal manera, otorgándoles la certidumbre a los agentes del mercado en lo que a su aplicación se refiere.

Juan Pablo Cabello P.
Abogado Ernst & Young Chile Diario

El Mercurio, Miércoles 12.04.2006.

Impuesto de timbres: Momento de reformulación

 

Se modifica sanción a pérdida de documentos

En condiciones de ser votado mañana en segundo trámite por la Sala del Senado. quedó el proyecto que modifica el Código Tributario, en relación a las sanciones por pérdida o inutilización de los libros o documentos de recaudación.

La comisión de Hacienda despachó por unanimidad la iniciativa, que disminuye las sanciones por las pérdidas involuntarijas de este tipo de documentos.

La indicación del Gobierno propone eliminar la asociación al "capital efectivo" de los contribuyentes, de la base de cálculo de la multa por la pérdida o inutilización no fortuita de documentación tributaria o libros contables.

PROYECTO

En su reemplazo, dispone una multa que oscila entre un mínimo de una Unidad Tributaria Mensual y un máximo de treinta Unidades Tributarías.

La sanción específica que deba aplicarse se determinara de esta documentación.se derteminará por el juez competente. argumenta el proyecto.

Este modifica la base de cálculo de la multa aplicable a los contribuyentes que pierden o inutilizan los libros de contabilidad o documentos que acrediten anotaciones contables o relacionados con anotaciones relativas a cualquier impuesto, siempre que dicha pérdida no sea calificada de fortuita por el director de Impuestos Internos respectivo. para que la base de cálculo considere el capital propio en lugar del capital efectivo

AVANCES

Este avance es considerado altamente positivo. pues la iniciativa, en segundo trámite, que llega a la Sala con el informe favorable de la comisión de Hacienda será votado mañana en el Congreso.

La iniciativa tiene su origen en una moción de los actuales senadores José García y Baldo Prokurica que presentaron cuando se desempeñaban como diputados de la República.

En los últimos días se ha acelerado el debate de esta propuesta legislativa que logra consenso entre distintos sectores ya que entregará una opción a los contribuyentes que tienen este tipo de problemas.

 

 

El mundo reconoce logros en Convenios Tributarios

Protagonista de primera línea en el proceso que ha vivido Chile en la última década y media, de activa inserción en la economía global, ha sido la abogada, Magíster en Derecho del London School of Economics, Liselott Kana.

A comienzos de los '90 trabajó en el Comité de Inversiones Extranjeras, luego participó en la negociación de los TLC con Canadá. México y Estados U nidos, y hoy es la negociadora jefe en materia de convenios bilaterales tendientes a evitar la doble tributación.

"Hay pocos países en el mundo que han logrado lo que ha conseguido Chile", asevera Kana, refiriéndose a los tratados en el área comercial. "Por eso hay un reconocimiento muy grande de las contrapartes. En todo el mundo, incluyendo a los países desarrollados, existe mucho interés en conocer el caso de Chile", asegura, basándose en lo que percibe en las constantes negociaciones internacionales en que participa.

-¿Qué fue lo más difícil dentro de la labor que cumplió en el marco de los TLC?

-Cuando comienzan las peticiones. Al negociar, por ejemplo, qué tratamiento recibirán ciertos productos. Se genera tensión en losdistintos equipos de acuerdo a los temas en que cada uno quiere avanzar. En esos casos cada cual tiene que transar, pero el proceso genera tensiones.

-¿Y de qué depende la eficacia de los equipos?

-Lo importante es estar bien preparados, saber muy bien lo que uno quiere, tener buenos argumentos y muy bien fundamentados. Me ha sorprendido alguna vez alguna contraparte que tiene una idea, pero no está muy bien desarrollada.

-¿Entre las distintas nacionalidades se perciben diferencias en la forma de negociar?

-Sí, claro. Por ejemplo algunos asiáticos no dicen directamente no, sino que expresan una forma de sí que significa una negativa, y eso es difícil de entender.

-¿ Con cuántos países Chile tiene convenios sobre doble tributación?

-Vigentes, con 14 países, y hay otros que se están negociando.

-¿Cuál es la utilidad de estos convenios?

-La idea es que los impuestos pagados en Chile se devengan de los que se deben pagar en el país de origen de una compañía y hacia el cual se remesan utilidades. Normalmente ese es el mecanismo a través del cual se evita la doble tributación. Lo pagado en un país se devenga en el otro, dependiendo de la tasa que rija en esa nación. Si la tasa es más alta, paga el marginal, la diferencia entre ambos. Si es menor, no paga nada.

El pago de royalties por tecnología es otro tema muy importante en los tratados de doble tributación. Cuando hay un convenio, no sólo se devenga en el otro país lo pagado por royalty, sino que además se reduce la tasa que se aplica por este concepto. Esto tiene un enorme beneficio para el país, ya que facilita la transferencia tecnológica a la vez que aumenta el atractivo de Chile para invertir acá.

-¿Existe un ranking de países con mayor número de convenios de doble tributación?

-Inglaterra tiene cerca de 100.

-¿Y Estados Unidos?

-Tiene cerca de 45. Hay países que son más exigentes en términos de 10 que requieren que entregue la contraparte. Y Estados Unidos es uno de ellos.-

¿Cuál es el convenio más antiguo que tiene Chile?

-Con Argentina. En el último tiempo, los más importantes que hemos firmado son con España e Inglaterra.

-¿Existen críticas u opositores a estos acuerdos?

-Al sector privado le parece bastante bien nuestro modelo. Ahora, si hay alguien a quien no le parece, me gustaría escucharlo. Sería interesante como in-put

-¿Se ban medido los efectos de estos convenios?

-Esa es una evaluación que el Ministerio de Hacienda quiere hacer. Por un lado se reduce la tributación de ciertos pagos, lo que implica recaudar menos, pero por otro se puede generar más flujos. y lo más importante, es que el país mejora su competencia porque se hace menos caro comprar tecnología nueva. ¿Y cómo se evalúa esto? Es complejo. Los efectos de un aumento de la productividad por esta razón pueden demorar años en convertirse en algo mesurable.

-¿Qué característica del sistema tributario chileno destacaría?

Una de sus ventajas es que evita la doble tributación. Me explico: en otros países los dueños de una empresa pagan impuestos como persona natural y a la vez, paga impuestos la empresa por las utilidades. Dudo que haya otro país en el mundo, además de Chile, con este sistema que evita la doble tributación a la renta.


Liselott Kana, Jefa Departamento Normas Internacionales del SII
Con 14 países Chile tiene convenios vigentes para evitar la doble tributación
También están suscritos y a la espera de aprobación convenios con siete naciones, mientras que con otros 13 países, incluido Estados Unidos, se están negociando.

Diario Estrategia, martes 18.04.2006.

SII autoriza pagos en moneda extranjera 1

 

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó ayer que permitió el pago de impuestos en moneda extranjera, a aquellos contribuyentes que están autorizados a llevar su contabilidad en dólares, para efecto de lo cual emitió la Resolución 44 y la Circular 24, ambas de 2006, con instrucciones al respecto.

La disposición busca facilitar la tributación de las empresas autorizadas a llevar sus movimientos contables en moneda extranjera, al evitarles los riesgos cambiarios que conlleva liquidar dólares u otras divisas en el mercado para posteriormente hacer sus pagos de impuestos en pesos chilenos.

También es una medida concreta que apoya los esfuerzos gubernamentales a favor de estabilizar el tipo de cambio.

“Queremos hacer un aporte que puede facilitar la tributación a muchas empresas que hoy llevan su contabilidad en moneda extranjera y por esa vía cooperar también en el esfuerzo gubernamental para fortalecer el tipo de cambio. Buscamos reducir la presión adicional a la baja en el tipo de cambio que ocurre en las fechas de vencimiento de pago de impuestos, cuando muchas empresas liquidan posiciones en dólares para obtener pesos chilenos para cumplir sus obligaciones tributarias”, afirmó el director del SII, Ricardo Escobar.

De acuerdo al director “estos impuestos pagados en dólares serán administrados por el Ministerio de Hacienda en forma similar a lo que ocurre con otros recursos en moneda extranjera que obtiene el Estado”.

Actualmente hay siete empresas autorizadas por el SII a concretar sus pagos de impuestos en dólares, pero existen varias decenas de otras empresas que realizan su contabilidad en moneda extranjera y que ahora podrán optar por pagar sus impuestos en dólares en lugar de pesos.

“Se trata generalmente de contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría, con una importante actividad económica y cuyo volumen principal de negocios es en divisas y, por lo tanto, permitirles el pago de sus tributos en moneda extranjera les otorga una facilidad adicional”, señaló Escobar.


Para firmas que tienen contabilidad en moneda extranjera
SII autoriza pago de impuestos en dólares

Diario Financiero (21-04-2006)

SII autoriza pagos en moneda extranjera 2

SII rechaza petición de exportadores para pagar impuestos en dólares
"Medida se puede estudiar, pero no es factible hacerla este año", respondió

La autorización que dio la semana pasada el Servicio de Impuestos Internos (SII) a unas doscientas empresas que llevan sus contabilidades en dólares para que realicen el pago de tributos en esa moneda, le abrió el apetito al sector exportador que pidió que la medida, que busca equilibrar el tipo de cambio, se extienda a todas las compañías del sector.

Solicitud que fue desestimada por el director del SII, Ricardo Escobar, quien aseguró a Diario Siete que "es una petición que se puede estudiar, pero no es factible hacerlo este año".

Imposibilidad que se da porque el pago de impuestos en la divisa estadounidense sólo podrían hacerlo aquellas empresas que durante este año han llevado sus libros contables en dicha moneda y que, además "han sido facultadas especialmente por el SII Y obviamente que se otorga a las que l1evan el grueso de sus movimientos contables en dólares", agregó. Formalismo que sólo 200 empresas ligadas al comercio internacional cumplieron. "Se trata de un grupo de empresas importantes, que el año pasado declararon por concepto de impuesto a la renta más de mil millones de dólares", aseguró Escobar, quien agregó que esta cifra se tradujo en "el pago de cerca de US$ 300 millones al momento de hacer la declaración en abril".

Consultado por el impacto real que tendría el pago de este impuesto en dólares sobre el tipo de cambio, que ha sido minimizado por economistas y analistas financieros. Escobar recordó que el año pasado "hubo impuestos a la renta por cerca de US$ 6.000 millones, de los cuales US$ 1.000 millones correspondieron al pago realizado por las empresas que llevan su contabilidad en dólares".

Para este año, agregó, la proporción debería ser muy similar, "pero esperamos una mayor recaudación producto de los mejores precios que tuvieron los metales, especialmente el cobre y el molibdeno".

Operación renta

En otro plano, el director del Servicio de Impuestos Internos recordó a los contribuyentes que queda solo una semana de plazo para concretar la operación renta 2006, por lo que les pidió no esperar a último minuto para efectuar la declaración tributaria para evitar los atochamientos que suelen provocar los rezagados.

Según Escobar, hasta ahora este procesos se ha estado realizando de modo normal y hasta e! fin de semana "teníamos un millón 17 mil declaraciones efectuadas, cerca del 50% de las que se esperan".

Como en años anteriores, el mayor porcentaje de declaraciones se están realizando vía Internet y sólo alrededor de 400 se han presentado en papel.

El director del servicio recordó que los contribuyentes que soliciten devolución de renta pueden hacerlo a través de sus teléfonos móviles, enviando un mensaje de texto (SMS) al número 7444, para lo cual el usuario debe utilizar su clave secreta.

Diario Siete (24-04-2006)

Coca Cola contra tributo específico que le afecta

Un tercio de lo que se paga en Chile por una bebida carbonatada corresponde a impuestos: 19% del IVA y 13% del impuesto específico que se aplica a estos productos desde hace más de 30 años. Algo considerado por Coca Cola Chile como insensato y con fuertes repercusiones en la industria. "Es una de las limitantes al crecimiento que vemos en este minuto, es serio y nos preocupa", señaló el gerente general de Coca Cola Chile, Rodolfo Echeverría.

Sólo por este impuesto, que es cobrado básicamente a 4 compañías - Coca Cola Polar, Embonor, Andina y CCU-, el Gobierno obtiene ingresos adicionales por US$ 80 millones. Si bien Chile no es el único país que cobra este gravamen, en los otros está en retirada.

"El alcohol está gravado, los cigarrillos están gravados, pero nuestros productos no tienen ninguna externalidad para ello, no hay una razón", enfatizó Echeverría.

Los esfuerzos por suprimirlo con el gobierno pasado no prosperaron, y esperan volver a retomar las conversaciones con Michelle Bachelet. "No perdemos las esperanzas, tenemos los argumentos para demostrar que es recesivo, que si se libera se puede generar más consumo, producción y empleo", explicó.

La industria de bebidas mueve en Chile US$ 1.200 millones al año. En el sistema, Coca Cola -que incluye las ventas de sus tres embotelladoras; esto es, Andina, Polar y Embonor- tiene el 60% de participación.

Para Echeverría, este año claramente el gran crecimiento se verá en el segmento de jugos y aguas, donde Coca Cola no tiene el liderazgo. "En jugos y aguas el mercado está disperso, pero queremos tener más del 50%. Estamos determinados a que antes del 2010 estemos liderando las tres categorías en forma fuerte", señaló.

Algo ya se hizo el año pasado con la unificación del negocio de las aguas en Vital Aguas S.A. (Vasa) y con la reestructuración de los contratos de jugos.

Pero recién este año se verán los efectos: de hecho, en el primer trimestre las tasas de crecimiento fueron de dos dígitos.

Este 2006, el crecimiento también se verá por la innovación: en los tres primeros meses, Coca Cola lanzó al mercado cinco nuevos productos, destacando su ingreso al segmento de los jugos isotónicos, especiales para deportistas, en donde sólo estaba CCU con las importaciones de Gatorade.

"Nos interesó porque era un mercado en el que no estábamos compitiendo y que va en la tendencia de las bebidas que satisfacen necesidades específicas", señaló, agregando que la idea es tener el 30% del mercado en los dos primeros años de operación.


Bebidas carbonatadas
Coca Cola se lanza "en picada" contra impuesto
Acusa que limita el crecimiento de la industria

Diario El Mercurio (24-04-2006)

Secreto Bancario impide Convenio con EEUU

Dos años de vigencia lleva el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Estados Unidos y aunque el intercambio comercial subió 36,6% el año pasado, no existe el mismo impacto en materia de inversión, donde las cifras acusan una caída de 35% en 2005 en comparación con el ejercicio anterior y una tendencia a la baja desde comienzos de la presente década.

A la hora de buscar las razones los dardos apuntan a la demora que ha existido entre ambas naciones para firmar el acuerdo que evita la doble tributación tanto de las empresas nacionales como de las extranjeras.

Las autoridades atribuyen este retraso al tratamiento de temas sensibles, pero el hecho es que la principal piedra de tope está dada por la figura del secreto bancario que existe en el país, y que va en contra de la tendencia internacional de una mayor apertura en el ámbito financiero.

“Posiblemente, los cambios en el sistema bancario que se están realizando en Chile, faciliten la suscripción de un Acuerdo de Doble Tributación, lo cual incentivaría el comercio de servicios y las inversiones”, acotaba un documento de evaluación del Tratado de Libre Comercio Chile- EE.UU. de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería (Direcon), elaborado en marzo de 2006.

Punto muerto

Pero tras casi siete años de negociación el convenio todavía no ve la luz. Y tampoco hay esperanzas en lo inmediato.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Craig Kelly afirmó ayer, al ser consultado respecto de si el secreto bancario estaría entrabando la negociación del acuerdo para evitar la doble tributación, que: “Estamos hablando con el gobierno y con el sector privado para impulsar esta negociación. Es una prioridad, nuestras empresas también nos hablan cada día sobre este tema”.

Agregó que “estamos trabajando, no quiero decir que estamos avanzando actualmente, pero hay algunos temas sensibles en los que estamos trabajando”.

Es que lo que está claro es que Estados Unidos está pidiendo que se revise el concepto de secreto bancario, lo que ha provocado que las tratativas estén en un punto muerto.

Sobre esto mismo advirtió, a mediados de 2005, Edgardo Boeninger, en ese entonces senador e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta y quien hoy, además, asesora al ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley.

“Es indispensable (eliminar el secreto bancario) no sólo por el tratado de doble tributación con Estados Unidos, sino porque somos parte del mundo donde existe un enorme flujo financiero y está latente el riesgo de lavado de dinero producto de narcotráfico o la circulación de activos que puedan financiar terrorismo u otro ilícitos”, sostuvo.

Manifestó que los americanos tienen toda la razón en poner como condición para firmar un acuerdo tributario la eliminación del secreto bancario, “porque en la mayor parte de los países desarrollados no existe o existe en forma muy limitada”.

Modelo

En el estado actual de las negociaciones del Acuerdo, Chile “tiene la pelota”. Por lo mismo, la nación norteamericana no se ha manifestado sobre hasta qué punto quiere que el país revise el concepto de secreto bancario.

Pero se puede suponer que si es que ambos países se sientan a negociar la materia, las opciones serían la de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la del acuerdo que Estados Unidos tiene con Suiza.

Esta última alternativa, comentan expertos, sería “más exigente” para Chile, mientras que la primera “más benigna”. Es que, aunque Chile no es miembro de la OCDE, en su legislación sobre paraísos fiscales ha adscrito básicamente los mismos principios establecidos por el organismo. Pero en el país persisten vacíos que complican descubrir el camino que siguen los capitales y sancionar a los responsables.

¿Quién gana?

Otra de las razones que se mencionan para explicar el empantanamiento de las tratativas está el hecho que todavía nadie sabe realmente quién gana con la concreción del acuerdo.

Incluso, comentan que si algún estudio concluye que Chile “sale perdiendo” con el acuerdo en vigencia, sería más complicado avanzar en las negociaciones. “Sería difícil venderlo como concepto como para tener apoyo”, sostienen.

Resolución 120

Si el secreto bancario se ha transformado en un dolor de cabeza para los negociadores de ambas partes, a nivel local también encuentra cortapisas. La última de ellas corresponde a la Resolución 120 del Servicio de Impuestos Internos (SII), que obliga a la banca a informar todas las operaciones sobre US$ 10.000 millones al organismo fiscalizador.

Si bien hasta ahora los tribunales de justicia han acogido las presentaciones de la banca, expertos tributarios advierten que el proceso podría tener un vuelco si se observa la segunda parte del artículo 154 de la Ley General de Bancos, que habla sobre la “reserva bancaria”, figura que establece que la banca puede dar a conocer operaciones que quedan sujetas a reserva, a quienes demuestren un interés legítimo. Situación en la que estaría el SII.

En entrevista con Diario Financiero, el director del SII, Ricardo Escobar dijo a fines de marzo que a nivel internacional todos los países desarrollados van hacia una mayor transparencia en lo que son movimientos bancarios y Chile no puede y no debe quedarse fuera, si quiere ser recibido como un par entre las naciones más desarrolladas. “La tendencia va hacia allá: cada vez se han hecho más estrictas las normas y existe mayor presión contra los países que tienen normas que amparan el lavado de dinero, los paraísos fiscales y similares. Creo que en Chile tendrá que haber una evolución legislativa en ese sentido, las relaciones internacionales así lo exigen”, acotó.

Si bien no se pronunció directamente sobre la eliminación del secreto bancario precisó que “probablemente es una de las áreas que habrá que revisar, del mismo modo como lo están haciendo todos los países desarrollados”.

Unidad de Análisis Financiero

A la resolución 120 se suman además los pasos del gobierno para hacer viable el proyecto de ley que permite superar el reparo constitucional para levantar el secreto bancario, que fue cuestionado en la ley que creó la Unidad de Análisis Financiero.

A estas alturas la Comisión de Constitución de la Cámara Alta aprobó en general la iniciativa que se encuentra en segundo trámite constitucional, luego de escuchar la exposición del profesor y ex ministro de Justicia, Francisco Cumplido, donde se establecía cuáles serían los mecanismos para superar las inconstitucionalidades que determinó el Tribunal Constitucional.

Tales mecanismos apuntan a fijar mayores exigencias en cuanto a las razones que fundamentan el pedir antecedentes secretos, tanto a la Unidad de Análisis Financiero, como al ministro de Corte, para que cuando se trate de documentos secretos tenga que autorizar esta decisión.

La Comisión de Constitución tenía como objetivo realizar una serie de ajustes al proyecto para superar los reparos del Tribunal Constitucional, que objetó las normas que facultaban a la Unidad de Análisis Financiero –entidad encargada de luchar contra el lavado de dinero y delitos económicos- para pedir el informe de la situación financiera de cualquier persona.

País en riesgo

Chile corre el riesgo de ser peor evaluado que en 2003 por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en materia de lavado de dinero.

Así lo aseguró ayer a La Segunda el jefe de la Unidad de Lavados de Activos, Crimen Organizado y Delitos Económicos del Ministerio Público, Mauricio Fernández.

“Estamos atrasados como país en materia de secreto bancario: se modificó la Ley de Drogas en 2005, con normas que facilitan levantar el secreto bancario para investigaciones de lavados de activos, pero fueron rechazadas por el Tribunal Constitucional. Eso dejó la situación que existió en Chile antes de 1995”, advirtió. Calificó este hecho como un retroceso importante.

Secreto bancario es la principal traba en acuerdo de doble tributación con EE.UU.
“Es indispensable (eliminar el secreto bancario)”, advirtió Edgardo Boeninger el año pasado.

Diario Financiero (27-04-2006)

Derechos del Contribuyente

Derechos de los contribuyentes

Un decálogo de los derechos de los contribuyentes chilenos consagra un proyecto de ley que acaba de aprobar por unanimidad la comisión de Hacienda del Senado. Baldo Prokurica, autor del proyecto y Hosain Sabag, integrante de la comisión, coincidieron en la importancia de que una ley establezca no sólo las obligaciones, sino los derechos que asisten a los contribuyentes.

Diario El Sur de Concepción (04-05-2006)

Banchile en contra de Impuesto de Timbres

En medio de la polémica discusión sobre las barreras que implica para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) el Impuesto de Timbres y Estampillas, aparece una nueva arista que deja en evidencia las consecuencias negativas de este tributo: su impacto en los créditos en moneda extranjera.

Un informe elaborado por Banchile revela que si una pequeña empresa desea financiarse con un crédito externo a un año plazo, debe pagar dos veces este impuesto -que llega hasta el 1,608% del monto al año-, por lo que podría terminar pagando hasta 3,2%.

"Dado que las pymes no tienen acceso directo al mercado internacional, deben solicitar el crédito a una institución establecida en Chile. Ésta, a su vez, debe solicitar los recursos al mercado internacional, generando un segundo pago de impuesto, que ciertamente es traspasado al deudor final", dice el gerente general de Banchile, Francisco Armanet.

El ejecutivo agrega que el impuesto total que debe pagar la pyme al final de la operación -esto es 3,2%- sobre una tasa libor sin spread, que actualmente se ubica en 5%, equivale a un arancel implícito cercano a 60%.

Armanet explica que producto de esta doble tributación, las pymes no participan de este tipo de financiamiento, lo que, su juicio, no sólo produce "una distorsión en la asignación de recursos de economía, sino que también produce una sustancial desventaja competitiva de estas pequeñas empresas respecto de las grandes corporaciones, que por tener acceso directo a los mercados internacionales y filiales constituidas en el exterior evitan esta distorsión".

El ejecutivo comenta que lo que recauda el Estado por tributación de créditos externos es cercano a cero, por lo que su eliminación no afectaría la recaudación del fisco chileno.

Para Armanet, Chile se encuentra en el momento preciso para realizar las reformas necesarias en esta materia, siendo, a su juicio, el proyecto de Mercado de Capitales 2 que se discute en el Parlamento la instancia para hacerlo.

Beneficios

El informe de Banchile sostiene que la eliminación del impuesto de timbres y estampillas a los créditos externos tendría dos beneficios adicionales para el mercado de capitales: primero, ayudaría al país a transformarse en un centro financiero regional y, segundo, generaría mayor profundidad y liquidez, pues incorporaría fuentes internacionales de financiamiento de manera efectiva.

"Esto de convertir a Santiago en un centro financiero de la región es impensable con un arancel de 60%, porque para ser centro financiero de algo uno requiere que haya libre movilidad del bien en cuestión, requiere movilidad de los capitales", comentó Armanet, agregando que en el mercado de bienes actualmente nadie discute que los aranceles deben ser bajos y parejos; sin embargo, "se permite que el arancel a la importación de crédito para una pyme llegue hasta un 60%".


Timbres y estampillas:
Impuesto frena financiamiento de pymes chilenas en exterior
Banchile revela que empresas que quieren levantar recursos en el extranjero sufren "arancel" de casi 60% del costo del capital

Diario El Mercurio (04-05-2006)

Clausuran Estadio por no emitir boleta

El lunes reciente y ayer hubo personas vinculadas al deporte que se encontraron con una desagradable sorpresa al no poder ingresar a las dependencias del estadio del club Internacional Atlético Comercio, evento que milita en la Asociación de la Villa San Agustín de Talca, porque las puertas del recinto denominado "Gilberto Tapia Novoa" estaban herméticamente cerradas.

Lo anterior, no fue una determinación adoptada por la regencia de la progresista institución, sino por resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) que de paso cursó una multa que bordea los 60 mil pesos.

El vicepresidente de la entidad, Rolien Gómez, comentó que la infracción obedece a que en el mes dé febrero "pasó un inspector de impuestos internos que nos controló las boletas de la piscina. Así que por eso nos pasaron un parte y ahora salió (el lunes) la resolución de que teníamos que estar dos días de clausura en el complejo", que se ubica en pleno corazón del sector Galilea.

¿JUSTICIA?

El segundo hombre de abordo del club que encabeza Waldo Larrocou comentó que "me parece que no es justa". Esto, según Gómez, "porque somos una institución deportiva sin fines de lucro. No sé por qué nos controlarían", precisó el directivo.

En todo caso, frente al tema de las boletas, el vicepresidente apuntó que "no sabemos si tenemos o no que dar boletas, pero el presidente y el tesorero (Gonzalo Villar) ya están viendo esa parte" .

Por otro lado, Gómez dijo que, aparte de la falta cursada, "nos encontramos con otra sorpresa. Impuestos Internos nos está colocando algunas cláusulas y veremos qué hacer", remató.

SORPRESAS

Según Rolien Gómez hay temas pendientes con el SII, "porque tenemos que entrar a boletear todo. O sea, todo lo que ingrese al club tiene que ser por intermedio de boletas", explicó.

Por este concepto, aparte de la piscina, entran dineros a la institución correspondientes al arriendo de la cancha de fútbol y del gimnasio que se encuentra ubicado en calle 6 Oriente, entre Uno Sur y Uno Norte.

En tanto, anoche se reunió el directorio de los comerciantes con la finalidad de buscarle una salida a un tema que también podría recaer en otras instituciones que presentan escenarios deportivos y que también son arrendados; así como también ofrecen algunos servicios.

Diario El Centro de la Séptima Región (26-04-2006)
Deportistas "castigados"
¡Impuestos Internos clausuró estadio de Comercio!
Por una boleta del servicio de la piscina, no emitida en el mes de febrero último, el ente fiscalizador decidió sellar las puertas del recinto deportivo y. de paso cobrar una multa al club talquino que bordea los 60 mil pesos

Ernst and Young niega exención en acciones

Si se cumplen las condiciones aquí descritas se puede aludir a la siguiente franquicia al momento de diseñar su declaración de la renta.

LUIS FELIPE OCAMPO

En el curso de la presente Operación Renta es importante considerar que al invertir en acciones no siempre paga impuestos.

Hay tres preguntas clave para entender esta franquicia.

¿Cuál es el origen del beneficio?

La Ley 19.768 hizo adecuaciones tributarias al Mercado de Capitales, las cuales tenían como objetivo lograr la introducción de incentivos para dar más profundidad, liquidez y competitividad al mercado accionario.

El mecanismo elegido fue liberar de impuesto a la renta las ganancias obtenidas en ventas de acciones hechas en condiciones específicas.

Para eso se incorporó en el D.L. 824 el artículo 18 ter, cuyo alcance fue precisado a poco andar por la Ley 19.801, corrigiendo un defecto de redacción que, de hecho, limitaba la franquicia.

Por su parte y respecto de este mismo punto, el SII emitió la Circular N° 33/2002 referida a la materia.

¿En qué consiste la exención?

El inciso primero del artículo 18 ter de la Ley de la Renta dispone que no se gravará con ese impuesto el mayor valor obtenido en la enajenación de acciones de sociedades anónimas, con presencia bursátil, adquiridas en las siguientes condiciones: Una Bolsa de Valores autorizada; en un proceso de oferta pública de adquisición de acciones; en una colocación de acciones de primera emisión con motivo de la constitución de la sociedad; de un aumento de capital posterior, o con ocasión del canje de bonos convertibles en acciones, cuando la enajenación, a su vez, es efectuada en una Bolsa de Valores o en oferta pública de adquisición.

Esta liberación significa que el mayor valor en referencia no se gravará con los impuestos de Primera Categoría, Global Complementario ni Adicional en su caso e, incluso, ni siquiera existe obligación de declarar esas rentas, con lo cual se le otorga tratamiento de ingreso no constitutivo de renta.

El beneficio no opera si hay habitualidad: de la complicada relación entre los artículos 18 ter, 17 N° 8 y 18 bis de la Ley de la Renta, se concluye que si existe habitualidad en la enajenación de acciones, no opera la liberación de impuesto establecida en el artículo 18 ter por la ganancia que generen esas operaciones.

¿Y qué pasa si hay pérdidas y no ganancias en la operación?

Si en esas transacciones se obtiene resultado negativo, se ha interpretado que, por aplicación del artículo 33 N°1 de la Ley de la Renta, no se aceptan como gasto tributario los costos, gastos o desembolsos imputables a ingresos no constitutivos de renta -como ocurre con las ganancias de capital señaladas- de manera que aquella pérdida debe agregarse a la renta líquida determinada para el cálculo del impuesto de primera categoría, y por tanto hacen que la carga tributaria sea mayor.

La Ley 19.768 hizo adecuaciones tributarias al mercado de capitales las que tenían como objetivo lograr mayores incentivos para dar más liquidez y competitividad al mercado accionario.

Utilidades en ventas de acciones liberadas de impuesto.Luis Felipe Ocampo, Gerente y Abogado de Ernst&Young

El Mercurio, Lunes 17 de abril de 2006

 

IVA y carga tributaria actual


Discusión no resuelta en el país, el nivel de los tributos definitivamente es un tema que no deja indiferente a nadie. Menos, cuando fue la propia Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien confirmó la mantención del IVA en 19% a partir de 2007. Durante la campaña lo había anticipado, pero esta semana se convirtió en un hecho, puesto que esos recursos serán parte del financiamiento requerido para dar sustentabilidad en el tiempo al aumento de las personas mínimas y asistenciales.

Otra vez -como se enfatiza desde los partidos de oposición-, quedó en el olvido el compromiso de reducir la citada tasa, en este caso al 18% que se estableció desde comienzos de los noventa y que, luego de eludir los acuerdos anunciados, no experimentó cambios hasta octubre de 2003.

Buenas noticias para los pensionados, pero no para la generalidad de los chilenos, cuyo consumo seguirá afecto a un gravamen de 19%. Esto, en un contexto donde además se habrá constatado un incremento en el reavalúo de los bienes raíces y, por ende, en la magnitud de los ingresos que genera el pago de impuestos al fisco.

De hecho, proyecciones de septiembre de la dirección de Presupuestos del ministerio de Hacienda, daban por sentado que en 2007 los ingresos del gobierno central acusarían una caída de 5,6%, equivalente a casi US$ 1.600 millones. Esto consideraba la baja de un punto en el IVA, la plena aplicación de un tratado de libre comercio con China y la caída en el precio del cobre de US$ 1,25 a US$ 1,1 la libra.

Ahora, el tema será diferente. Dependiendo del contexto, el economista del Centro de Investigación en Economía y Finanzas (CIEF) de la Universidad Andrés Bello, Jorge Fallas, explica que el punto de IVA puede llegar a representar hasta en 0,4 punto del PIB más de recaudación.

Unos US$ 550 millones a US$ 600 millones, precisa la investigadora de Libertad y Desarrollo, Rosanna Costa.

La duda, precisa Fallas, es quién pagará ese adicional: las personas o las empresas. Y, por ende, el correlato efectivamente puede ser un aumento de la recaudación en el Producto Interno Bruto (PIB), es decir, en la carga tributaria del país.

Las últimas cifras del Servicio de Impuestos Internos (SII) apuntan a que la carga tributaria del gobierno general neta -es decir, sin considerar la seguridad social- saltó sobre 18,8% en 2005, el nivel más alto desde 1987.

Meses en juego

Pero más allá de si puede subir más o no el citado porcentaje, las cifras actuales ya son decidoras respecto al peso que tiene el pago de impuestos en el diario vivir de los chilenos. Un análisis realizado por el economista de la Universidad del Desarrollo, William Díaz, da cuenta que para el caso de un trabajador cuya remuneración mensual fluctúa entre $ 300 mil y $ 500 mil, la carga tributaria fluctúa entre 17% y 18%.

En el mencionado caso, los días destinados al pago de impuestos suman algo más de dos meses, 64 y 67 días, respectivamente.

Esta situación se acentúa en la medida que aumenta la remuneración. Para una persona con un ingreso de
$ 5 millones, el plazo destinado al pago de impuestos llega a 145 días.

A este cuadro se añade un ingrediente clave: la principal fuente de financiamiento del Estado corresponde a la recaudación fiscal. Esta aporta del orden de 77%, según antecedentes de la Dipres a 2003, de los recursos que luego destina a proyectos de inversión social, infraestructura y seguridad nacional, entre otros.

¿Qué se paga? Los impuestos se dividen entre directos, que recaen en la persona, empresa o sociedad; e indirectos, que se aplican a la compra de bienes y venta de bienes y servicios.

Entre los primeros, los más importantes corresponden al Impuesto a la Renta de Primera Categoría, que grava a la empresas; y el Impuesto Unico de Segunda Categoría, que se aplica a las rentas del trabajo dependiente.

Entre los tributos definidos como indirectos, el peso del IVA se impone. Este tributo no sólo explica el 50% de la recaudación tributaria sino que, además, el 8% del PIB local.

Diario Financiero:Impuestos, la polémica tajada
7 de abril de 2006.

Las contradicciones del SII

Estoy pensando en publicar un aviso invitando, a quien se sienta identificado, a sumarse a mi cruzada. Le cuento: En los últimos días, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha dado una serie de señales –en distintas direcciones- respecto de los plazos y causales para impugnar el nuevo avalúo fiscal, vigente desde el 1de enero pasado.
Entre declaraciones varias, el Servicio primero dijo que aceptaría como causal de reclamo antecedentes que demuestren que la tasación fiscal es mayor que el avalúo comercial. Después dicen queso bien no puede ser causal de reclamo, porque no está en la ley, este será un argumento que definitivamente tomarían en cuenta, lo que en el fondo, viene a ser lo mismo pero con otro nombre. Respecto de la ampliación del plazo, se aclaró que es sólo para una instancia administrativa, porque el plazo jurisdiccional, que permite llegar a los tribunales, no se ha “ampliado”.
No puedo más que simpatizar con los afectados por los nuevos avalúos, y reconozco que todo lo anterior no tendría nada de malo, si no fuera porque, en más de una ocasión, el SII ha desconocido el imperio de la Ley asumiendo facultades que no tiene ningún funcionario público. Ni siquiera el mismísimo Presidente de la República.
Recordemos que hace un par de semanas, funcionarios de esa repartición señalaron que no podían hacer nada respecto de los plazos para reclamar del avalúo, ni respecto de las causales para impugnarlo, ya que carecían de facultades para modificar lo que dice la ley. Después dicen que sí se puede, o mejor dicho, que de una u otra forma, “se va a tener que poder no más”.
Esto me recuerda otras situaciones en las que el SII aplica eso de “se va a tener que poder no más”. Por ejemplo, los fallos dictados por los llamados “tribunales tributarios” (instituciones creadas al margen de la ley por la anterior administración del SII, y mantenidas por la actual), han sido anulados cada vez que la Corte Suprema se ha pronunciado sobre ellos, y siempre por el mismo motivo: son tribunales que carecen de jurisdicción, creados contra la ley, por lo cual sus resoluciones son nulas y de ningún valor. Es decir, la Corte Suprema ha señalado en repetidas ocasiones que el SII no tiene facultades para “crear” estos “tribunales”, pero la autoridad administrativa ha hecho caso omiso de dichos fallos, y estas entidades siguen resolviendo causas tributarias. Supongo que alguien le habrá dicho al Director del Servicio que no se podía hacer lo que se esta(ba) haciendo. Imagino que la respuesta debe haber sido la misma de ahora… “se va a tener que poder no más”.
Lo mismo pasa con la circular del SII que obligaría a los bancos a informar sobre asuntos de sus clientes, lo que en la práctica era violar el secreto bancario. Se trató de convencer al Servicio que los bancos no podían obedecer, porque para ello se requería una ley. Pero la respuesta fue que “se tendrá que poder no más” (hoy el tema se discute en tribunales y la aplicación de la Circular tuvo que ser suspendida, a lo menos por un año).
En los dos últimos casos, todos los entendidos opinaron que el SII estaba pasando a llevar la ley y la Constitución. Sin embargo, es curioso ver que entre esos mismos detractores, ahora hay quienes opinan que está bien que el SII amplíe los plazos y agregue causales de reclamos.
En el fondo, pareciera que a nadie le interesa que realmente se cumplan las leyes y las normas, sino que no se toquen los intereses particulares de cada cual. Y, como se ve en este asunto de los avalúos fiscales, cuando se juntan muchas personas con intereses comprometidos, les da lo mismo a todos –autoridades incluidas- pasar a llevar normas y leyes, con tal de satisfacer sus reclamos de reparación.
Vuelvo al inicio. Soy un contribuyente igual que todos. Pero como no me basta con lidiar con el SII sólo por mi, además –producto de mi profesión- represento a otros contribuyentes en la misma tarea (si, ya sé que suena un poco masoquista). Por lo anterior, necesito juntar un grupo de personas para que me ayuden a formar una masa crítica suficiente para hacer que… se respete la ley, o las normas que el propio SII se ha dado. Aunque sea en contra de los intereses de los mismos contribuyentes.
Si me animo a publicar un aviso para hacer una campaña que exija el respeto a la ley, y usted está de acuerdo conmigo, por favor responda, porque al parecer necesitaremos de un gran ruido mediático.

Campaña para respetar la ley
Alvaro Mecklenburg, socio Deloitte.

La Tercera 13 de marzo de 2006.


Secreto Bancario: los obligados a informar.

Inquietud existe entre las casas de cambio del país por la denominada circular 120 del SII, que comenzará a regir este mes. Según el presidente de la Asociación de Empresas Cambiarias y de Remesas de Dinero (Ecare), Carlos Grossman, “tiene que existir una normativa que sea igual para todos”, en alusión a que si los bancos quedan fuera de esta resolución, lo “más justo” sería que ellos también.

“Estamos estudiando las acciones a seguir”, dijo frente a la citada circular que obliga a las instituciones bancarias, agencias o representaciones de bancos extranjeros, casas de cambio, instituciones financieras y demás entidades con domicilio o residencia en Chile, que realicen por encargo de terceros, operaciones correspondientes a remesas, pagos o traslados de fondos al exterior a informar al Servicio de Impuestos Internos (SSI) de todas las operaciones a nombres de terceros que superen los US$ 10 mil.

Explicó que no se sumaron a la demanda que entabló la banca en contra del SII como mecanismo para frenar la aprobación de la circular debido a la imposibilidad de apoyarse en el beneficio del secreto bancario.

Sin embargo, para el directivo -quien también es gerente general de la casa de cambios Inter- además del secreto bancario existen otros argumentos al cual atenerse, como es la eventual desventaja competitiva que las casas de cambios tendrían frente a la banca y que los lleva estar en contra de esta reforma legal. “Lo que pasa es que aquellos que no son bancos y que tengan que informar van a ser muy perjudicados, porque los clientes en un momento determinado van a preferir ir a los bancos dado que ellos no tendrán la obligación de informar, lo cual conllevará a una situación muy negativa desde el punto de vista del mercado”, precisó.

Casa de brujas

El titular de Ecare especificó que no está en contra de reglamentar en virtud de evitar el lavado de dinero y la utilización de dólares provenientes del narcotráfico o el terrorismo. Sin embargo, sostuvo que el camino ideal no se encuentra en informar todas las operaciones tal como dispone la circular, sino que la respuesta está en dar a conocer sólo de las operaciones sospechosas, es decir, de aquellas que no tienen un claro origen, no son comprobables y otros factores largos de mencionar. Lo relevante es conocer al cliente.

“Aquí no se trata de hacer una casa de brujas (...) no voy a ir a informar una operación de un cliente que yo tengo toda su estructura, todas sus antecedentes, porque no me parece sospechoso”, expresó.

En esa línea, afirmó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), encargada de recibir este tipo de información ha tenido un difícil trabajo ya que la ley 19.203 que rige al respecto no impone sanción alguna a ningún agente obligado según la ley dentro de las que se encuentran las casas de cambios.

Lo fundamental de este cambio para el representante, es que si “no existe sanción para aquel que no informa, se incentiva actividades paralelas, ya que cualquiera puede desarrollar el negocio de remesas o cambios”.

Esta situación podría cambiar elpróximo 7 de marzo, cuando en el Congreso se traten las indicaciones que modifican la UAF y le otorgan la atribución de sancionar a quienes no informen.
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Diario Financiero (03-03-2006)
Piden mismo trato que los bancos
Inquietud en casas de cambio por circular 120

 

Operación Renta 2006.

Cinco nuevas declaraciones juradas, ocho modificaciones e inserciones adicionales en la circular 22 son las principales reformas que presentará la Operación Renta 2006. Estos cambios, según la consultora tributaria Ernst & Young, son sólo un paso más de la seguidilla de requisitos que viene pidiendo el Servicio de Impuestos Internos (SII) desde 2001. ¿La razón? Mayor fiscalización para evitar la evasión y elusión de impuestos. ¿Los efectos? La creciente complejidad de la Operación Renta, exigiendo mayor rigor a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Con estos cambios, el proceso de Operación Renta 2006 contempla la presentación de 52 declaraciones juradas en contraste con las 20 que se exigían en 2002, de acuerdo con el socio de auditorías tributarias de la consultora Ernst & Young, Juan Morales.

Según el profesional, dentro de las prioridades del SII para 2006 está la simplificación de las operaciones para las pymes, lo que se logra en parte gracias al portal Internet. Postura paradójica, a juicio de Morales, debido a que finalmente, con todos los apartados que se agregan, la Operación Renta tiene cada vez más declaraciones juradas y modificaciones, lo que complica su realización.

Este hecho afecta a la totalidad de los empresarios, pero principalmente a los pequeños y medianos porque para presentar una buena declaración hay que tener acceso a un cúmulo de información cada vez mayor, lo que deriva en la necesidad de contar con expertos en el tema.

Pero esta percepción de mayor complejidad no sólo está en las grandes firmas consultoras. El auditor de Quillota, Manuel Saldaña, asesor tributario para pequeños y medianos empresarios de la ciudad, comenta que el SII ha ido aumentando la fiscalización y exige cada año mayor atención en lo que se declara, lo que a su juicio resulta difícil pero puede ser positivo: “nos obliga a trabajar bien, con cuidado, y esto nos evita problemas en el futuro”

. Cambios

Las cinco nuevas declaraciones juradas que se exigirán a partir de 2006 son: La 1.828 que se refiere al uso de las donaciones con fines deportivos. Quien reciba donaciones superiores a $ 100 mil deberá informar sobre el uso de éstas: identificación del donante y el detalle del gasto. La 1.862 y 1.870. La primera afirma que todas las instituciones financieras y los administradores de fondos de terceros, a excepción de los bancos, deben informar todos los movimientos de fondos con el exterior por cuenta de terceros sobre US$ 10 mil. La 1870 es sobre el mismo tema, pero especial para las casas de cambio, las cuales no están sujetas al beneficio bancario. La 1.866 y 1.867: Se refieren al petróleo, al diesel y a informar el detalle de su utilización. Además menciona la recuperación del impuesto al combustible por el uso de telepeajes de las carreteras. También se han modificado declaraciones ya existentes –como la 1.885, 1.886, 1.887 entre otras-. De todas éstas, Morales explica que la principal es la 1.887, sobre el pago de remuneraciones: ahora las empresas deben informar con mayor detalle sobre todos los salarios y beneficios que entregan a sus empleados, separando cuáles son tributables y cuáles no.

Por último, están las novedades respecto del Formulario 22, el cual se utiliza para hacer la declaración de renta anual. Los cambios están orientados a abrir la información para aumentar la fiscalización y cruce de datos y entre sus nuevos aspectos está el mayor control de los fondos de utilidades no tributables, asegura Morales .

Los temas clave para el Servicio

Según el SII, dentro de la estrategia fundamental impulsada por el director de la entidad Juan Toro, las pymes han sido una preocupación esencial de su administración, para lo cual se les han dado herramientas tecnológicas como el Portal de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (a través de www.sii.cl) y la modalidad de facturación electrónica gratuita para empresas que venden hasta $ 300 millones anuales. Además una de las metas en las que el servicio está trabajando es capacitar gratuitamente a 10 mil pymes en 2006 en el uso de la factura electrónica.

Esto, según la institución, en el entendido que el ciclo de negocios es armonioso respecto del ciclo de vida tributario. La segunda finalidad, asegura la entidad, ha sido el énfasis en una fuerte fiscalización del correcto pago de impuestos, entendiendo que un agente económico que evade, está realizando un ejercicio de competencia desleal contra quienes sí cumplen con sus responsabilidades tributarias.

 

Diario Financiero (13-03-2006)
Este año se añaden cinco declaraciones juradas y ocho modificaciones en la circular 22
Operación Renta 2006: SII aumenta exigencias y control de información


Corte de Apelaciones 1


Bancos logran aplazar por un año norma que obliga a informar transacciones de clientes
Impuestos Internos no pudo levantar una medida judicial que en diciembre paralizó la aplicación de su nueva normativa. A través de la Circular 120, el servicio busca obtener más información para combatir espacios de evasión tributaria.

Una victoria transitoria se adjudicaron ayer los bancos frente al Servicio de Impuestos Internos (SII) al postergar por un año la entrada en vigencia de la Circular 120, mediante la cual la autoridad tributaria obliga al sistema financiero a informarle sobre todas las transacciones superiores a US$ 10 mil (unos $ 5,3 millones) realizadas por sus clientes desde o hacia el exterior.

El revés sufrido por el SII se produjo luego de que la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejara pendiente la vista de una apelación presentada por la entidad tributaria contra una medida precautoria dictada en diciembre por el 21° Juzgado Civil de Santiago y que suspendió la vigencia de la circular.

La Circular 120 indica que los bancos deben proporcionar al SII, antes del 15 de marzo, toda la información referida a las transacciones realizadas el año pasado por sus clientes con el exterior. De esta forma, el SII intentaba obtener más información para incorporarla a la base de datos de la Operación Renta 2006, de manera de verificar la información tributaria entregada por algunos contribuyentes y disminuir así la evasión.

Sin embargo, en su intento la autoridad tributaria se topó con el tenaz rechazo de la banca, que consideró que esta medida administrativa atropellaba el secreto bancario contemplado en las leyes del sector.

Pendiente hasta 2007

El abogado de los bancos, Raúl Tavolari, explicó ayer que al ser postergada la vista de la apelación del SII, este organismo ya no logró revertir para este año la orden de paralización que existía sobre la Circular 120, considerando que exigía que la información fuese entregada al SII hasta el día de ayer. De esta forma, agregó el jurista, en el peor de los casos la circular podría regir recién a contar del próximo año.

La noticia fue recibida con satisfacción por la Asociación de Bancos, señalaron fuentes del sector, entidad en la que sostienen que la información que pretende obtener el Servicio de Impuestos Internos sólo puede ser proporcionada a través de un cambio legal y no mediante un mero trámite administrativo, como lo es una circular.

De hecho, Tavolari sostuvo que la defensa de los bancos confía en que finalmente se anule la controvertida circular, por cuanto el SII no tendría atribuciones para sobrepasar, a través de una circular, el artículo 154 de la Ley de Bancos que otorga carácter secreto a los depósitos bancarios (salvo que la justicia dicte lo contrario en casos específicos) y artículo primero de la Ley de Cuentas Corrientes, que determina que los movimientos de estas cuentas son "estrictamente reservados".

Consultados sobre la decisión en tribunales, en el SII no quisieron referirse a la situación judicial que enfrenta la Circular 120. Sin embargo, en tribunales se indicó que los abogados de esta entidad intentaron hasta última hora que la Novena Sala viera la apelación, ante la inminente postergación de la medida hasta el próximo año.

La circular 120 fue dictada el 31 de diciembre de 2004 por el SII en la administración liderada por Juan Toro. Actualmente, la entidad está a la espera de que el nuevo gobierno anuncie en los próximos días quién asumirá la dirección de la entidad.
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Diario La Tercera (15-03-2006)
SII exige al sistema financiero informar todas las operaciones desde y hacia el exterior por más de US$ 10 mil

 

Corte de Apelaciones 2

Nadie en el mercado preveía que BancoEstado terminaría enfrentándose al Servicio de Impuestos Internos (SII) por la circular 120. Porque cuando se cumplió el plazo que tenían para informar las operaciones de sus clientes superiores a los US$ 10 mil, que era la medianoche del martes, nada llegó a las dependencias del organismo fiscalizador.

De esta forma, BancoEstado finalmente se unió a la posición de los otros bancos de la plaza, los que sostenían que entregar esa información podría implicar una violación al secreto bancario.

La diferencia es que el resto de las instituciones financieras presentó a fines de 2005 una demanda contra el SII, la que derivó en una medida precautoria que les eximió de cumplir con la circular 120. Eso sí, como BancoEstado fue el único que no firmó la demanda, no era beneficiario de la precautoria por lo que la obligación para ellos se mantenía.

Según explicaron fuentes de la institución financiera, la razón por la que no se cumplió con la norma administrativa del Servicio de Impuestos Internos está en que al existir una medida precautoria, se da cuenta de que aún no existe certeza jurídica de que la circular en cuestión no viola el secreto, que está regulado por el artículo 154 de la Ley General de Bancos.

De modo que si hubieran informado y finalmente se confirma que contraviene ese cuerpo legal, BancoEstado se podría haber visto expuesto a que sus clientes lo demandaran en tribunales.

¿A qué se exponen? A no mucho en lo que se refiere a posibles multas. Porque según estipulaba la circular 120, el no cumplimiento implicaba ser sancionados con el pago de entre el 20% y el 100% de una Unidad Tributaria Anual (UTA) . ¿A cuánto asciende eso? Como máximo, $ 376.956, teniendo en consideración la UTA a abril.

En qué está todo

La historia de la demanda de los bancos contra el SII ha sido de sólo éxitos para las instituciones financieras. La última la tuvieron la semana pasada, luego de que la Corte de Apelaciones no acogiera la apelación que presentó la defensa del SII buscando levantar la precautoria.

Lo que perseguía la defensa con este recurso era que por la urgencia que significaba tener la fecha de aplicación encima, la corte diera una orden de no innovar, y así eliminar la precautoria.

De esta forma, la obligación de informar las operaciones superiores a US$ 10 mil se aplazó hasta marzo del próximo año.

En cuanto al fondo de la demanda, sobre si la norma es contraria o no al secreto bancario, todavía queda mucho camino por recorrer. La causa volvió al 21 juzgado civil de Santiago, donde se espera que durante los próximos días el tribunal vuelva a ver la causa.

Los que sí informaron

Casas de cambio, corredoras de bolsa, entre otras, sí debieron enviar el formulario electrónico al SII para cumplir con la circular de la polémica. La razón es que ellos no están contemplados en el artículo del secreto bancario.

En el formulario llamado “Declaración jurada anual sobre transferencias y disposiciones de fondos desde y hacia el exterior realizadas a través de instituciones bancarias y otras entidades por encargo de terceros”, dieron a conocer al organismo las operaciones que realicen por encargo de sus clientes iguales o superiores a los US$ 10.000 en transferencias y disposiciones de fondos desde y hacia el exterior, tales como remesas, pagos o traslados de dineros realizados en el extranjero.

Diario Financiero (16-03-2006)
Entidad financiera estatal no se acogió a circular 120
BancoEstado se enfrenta al SII por información de operaciones en dólares

 

Congreso estudiará Proyectos Tributarios Clave

1 Contribuciones. La aplicación de la ley de Rentas Municipales II y el polémico reavalúo fiscal de las propiedades no agrícolas serán prioridad en la agenda legislativa de la Cámara Alta durante el transcurso de esta semana.

Entre hoy y mañana, las comisiones de Vivienda y Urbanismo y de Hacienda recibirán al ministro Nicolás Eyzaguirre y al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Toro, quienes tendrán que explicar los criterios que se utilizaron para calcular el alza de las contribuciones y si se respetó el espíritu de la ley.

Sin embargo, parlamentarios de distintas bancadas han planteado la necesidad de aumentar el plazo de reclamos de los contribuyentes -fijado únicamente para marzo- y, eventualmente, aplicar modificaciones legales para proteger a los sectores más afectados.

2 Proyecto de responsabilidad fiscal. Establecer por ley el compromiso de las futuras administraciones de gobierno de explicitar su política fiscal dentro de los primeros 90 días de mandato así como la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones y un Programa de Contingencia contra el Desempleo serán los temas que analizará a contar de mañana la Comisión de Hacienda del Senado, cuando comience el estudio del proyecto sobre responsabilidad fiscal que está en segundo trámite legislativo.

La iniciativa del Ejecutivo no define qué tendrán que hacer los gobiernos en materia fiscal, ni tampoco que se mantenga la regla de superávit estructural del 1%, meta que ha abierto un debate entre economistas. Sólo se pide que las propias administraciones, al inicio de su mandato, establezcan los parámetros de la política fiscal que van a mantener durante el período de gobierno.

3 MK2. La segunda reforma al mercado de capitales (MK2) y el proyecto de gobiernos corporativos en empresas públicas y privadas también estarán en la agenda, sobre todo considerando que su tramitación está bastante avanzada.

MK2 ingresó al Congreso en 2003 y, literalmente, ha pasado de "prioridad" a "olvido" en reiteradas oportunidades, descansando en la Comisión de Hacienda del Senado. En la misma instancia está el proyecto de gobiernos corporativos, cuya tramitación se entrampó el año pasado con la disputa entre el Ejecutivo y el Senado por la permanencia de los ministros en los directorios de las empresas públicas, que era la idea original del Gobierno, pero que despertó un fuerte rechazo en las bancadas.

Sin embargo, su discusión también está muy avanzada respecto de la incorporación de más directores independientes en las empresas privadas.

4 Ley aclaratoria del Royalty II. A estas prioridades hay que sumar el "espinudo" proyecto de ley que pretende aclarar la interpretación del Royalty II a la minería, para asegurar el aporte de Escondida frente a la negativa de la entidad a pagar este tributo. La intención del Gobierno es que este tema quede zanjado en la primera semana de marzo, antes del cambio de administración.

El conflicto entre la minera y el Gobierno se origina en la diferente interpretación que hacen ambas partes de la Ley 20.026 de impuesto específico a la minería. Ésta, en su artículo segundo transitorio, dice que si un inversionista extranjero está exento de pagar royalty, por estar acogido a la invariabilidad tributaria del DL 600, la empresa receptora del capital también queda exenta. Eso, según Escondida, beneficia a los otros socios, aunque no estén acogidos al DL 600. Pero el Gobierno señala que el espíritu de la ley es otro.

5 Tribunales Tributarios. Este proyecto lleva tres años en trámite, y en diciembre de 2005 llegó al Senado. Plantea la creación de tres instancias en que los contribuyentes podrán reclamar si entran en conflicto con el SII, las que cuentan con atribuciones y plazos acotados. Habrá una vía administrativa, un camino judicial y una tercera instancia con recursos que pueden llegar a la Corte de Apelaciones.

La iniciativa es un viejo anhelo de abogados tributarios y contribuyentes con juicios pendientes, ya que pone término al actual sistema donde el SII es "juez y parte". Además, el modelo de juicios que opera hasta hoy está colapsado porque los jueces que llevan las causas no son tales, sino profesionales nombrados por los directores regionales del SII, que han sido declarados inhabilitados por la Corte de Apelaciones, por lo que no pueden fallar, y por eso son miles los casos que se acumulan.

Legislación económica: Senado "vuelve a clases" con 5 tareas

El Mercurio, Martes 7 de marzo de 2006. Daniel García

 

 

Gobierno propone derogar impuesto a la renta de los bonos

 

El asesor Luis Felipe Jiménez cree que es una alternativa para integrar el mercado local y externo
Hacienda recomienda fin de impuesto a ganancias de capital para bonos
Sin embargo, Jiménez -quien ayer realizó una conferencia ante inversionistas en Miami- dijo que aquello era una decisión del próximo gobierno.
El asesor de Finanzas Internacionales del Ministerio de Hacienda, Luis Felipe Jiménez, se mostró ayer partidario de eliminar el impuesto a las ganancias de capital de 35% para las transacciones de compra y venta de bonos de alta presencia.

"Esto sería necesario si uno quiere integrar el mercado financiero local y externo", dijo Jiménez, luedo de exponer en una conferencia para inversionistas en Miami, Estados Unidos.

A su juicio, una eventual eliminación no tiene gran impacto fiscal, pero aclaró que aquella decisión quedará en manos del nuevo gobierno de Michelle Bachelet. "Es una adecuada estrategia igualar el tratamiento tributario que reciben los bonos y las acciones de alta presencia", dijo el asesor en conversación telefónica con La Tercera.

La primera reforma al mercado de capitales de 2001 había eliminado el gravamen para las ganancias de capital de las acciones de alta presencia bursátil, tanto para inversionistas chilenos como extranjeros. "Para el caso de los bonos debiera ser similar (...), aunque siempre se parte con los bonos del gobierno y el Banco Central, para ampliarse a las empresas", explica.

El funcionario de gobierno buscó precisar informaciones emitidas por agencias, en que se sostenía que el gobierno estaba preparando la eliminación del impuesto de 35% a las ganancias de capital de las inversiones extranjeras.

Las declaraciones de Jiménez fueron hechas justo cuando Brasil aprobó exenciones impositivas para los inversionistas extranjeros que compren bonos del gobierno en el mercado doméstico, en un esfuerzo por atraer más dinero hacia el país.

El decreto exime del pago del Impuesto a la Renta a los inversionistas extranjeros en la compra de títulos públicos.

La medida también libera del pago de un impuesto sobre las transacciones financieras a la compra de acciones en oferta pública "fuera de los recintos o sistemas de negociación de las bolsas de valores", siempre que la compañía tenga registro para negociar en Bolsa.

 

SII inicia fiscalización de Precios de Transferencia Internacionales
El SII aumenta fiscalización a transacciones internacionales de grandes contribuyentes
La medida era esperada por los auditores, pero creen que falta precisar la norma que explica cómo deben las firmas fijar los precios a los que venden productos y servicios a empresas relacionadas en el exterior.

Entre agosto y diciembre pasado unas 250 empresas que exportan o prestan servicios al exterior recibieron una notificación del Servicio de Impuestos Internos (SII). En ella solicitaba información detallada respecto de las sociedades con que se relacionan en el extranjero, su vinculación (si son filiales, matrices o no relacionadas), las operaciones por cliente y la forma en que determinan el precio de venta de los productos o servicios, entre otros temas.

Toda una novedad, porque en años anteriores las notificaciones de este tipo no superaban la decena. Para las empresas quedó claro que esto era la antesala de la arremetida en un área hasta ahora secundaria dentro de la fiscalización del SII: los llamados precios de transferencia.

Y tenían razón. El jefe del departamento de Fiscalización Selectiva e Internacional del SII, Enrique Rojas, admite que desde hace dos años empezaron a revisar sistemáticamente más sectores y en agosto "decidimos notificar a más empresas, ampliamos los sectores".

"Lo que se pretende es que los precios que se cobran entre partes residentes entre distintos países y que están relacionadas, sean los mismos que en transacciones con partes independientes", explica el socio de Ernst&Young, Sergio Sapag. "El objetivo final es evitar que se traspasen utilidades del país de más alta tributación al de más baja, ya sea porque incrementa costos o reduce ingresos por vía de las transacciones", agrega.

"La economía se ha internacionalizado e indudablemente cuando dos empresas relacionadas hacen negocio, el dueño podría elegir, fijando una política de precios que le favorezca, en cuál país deja las utilidades y nosotros tenemos que cuidar que las utilidades que quedan en Chile sean las correctas", resume Enrique Rojas.

Entre los primeros supervisados estuvieron farmacéuticas y mineras, pero luego se amplió a todos los sectores, independientemente de si son firmas chilenas de capitales extranjeros o locales.

El mayor riesgo está en los paraísos tributarios que no entregan información. Con las 250 notificaciones el SII recabó la información necesaria y ahora corresponde avanzar en la fiscalización de "los mejores casos". Eso significa que aquellas empresas cuyas operaciones generen dudas al servicio recibirán después de marzo una citación. "Ya sabemos a cuántos vamos a fiscalizar (se define según presupuesto), pero todavía no sabemos a quiénes", dice Rojas. En cada caso puede ocurrir que el SII quede conforme con la nueva información, que el contribuyente adecue su declaración si acepta las observaciones o que sigan los canales judiciales si no se llega a acuerdo.

Los privados

El tema preocupa en el sector privado. "Muchos de nuestros clientes nos están pidiendo un diagnóstico en materia de precios de transferencia y nadie lo hacía antes", dice Roberto Carlos Rivas, director de PricewaterhouseCoopers.

"Es prudente y correcto que el SII fiscalice los precios de transferencia internos e internacionales, pero para que sea eficiente se requiere una modificación legal tanto del artículo 38 de la Ley de la Renta como del artículo 64 del Código Tributario, que no son suficientemente claros", dice Anthony Cook, socio de Deloitte.

"Nuestro artículo 38 es más resumido que en otras jurisdicciones y vago en algunos aspectos. El riesgo de eso es que en las fiscalizaciones, el SII revise interpretaciones y ajustes que no surgen claramente del propio artículo 38", aclara Rivas. Y agrega que "nos encontramos en algunos momentos ante una falta de certeza respecto de qué métodos aplicar para determinar si una transacción entre partes relacionades fue realizada a valor de mercado o no".

"Una modificación útil sería permitir a los contribuyentes someter sus precios de transferencia al Servicio a objeto de obtener una validación anticipada de ellos", cree Cook. Algo que está en la mente del SII (ver recuadro).

Lo lógico, agrega Sergio Sapag, es que la elusión se combata con mejor legislación y la evasión con fiscalización, que es la fórmula que va a utilizar el SII en la segunda etapa de esta revisión. Rojas precisa que la evasión por esta vía debiera estar en línea con la global, que ronda al 19%. Sobre montos involucrados prefiere no hablar. "El objetivo de la fiscalización no es obtener una mayor recaudación", aclara, "sino disminuir la evasión y que los agentes económicos puedan realizar sus negocios sin competencia desleal".

Enrique Rojas

Los privados creen necesario perfeccionar la norma y precisar qué metodo usar para fijar los precios de transferencia según la transacción...

Para nosotros es suficientemente clara. La legislación está basada en las directrices que ha dado la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) al respecto y es similar a la que se utiliza en países desarrrollados. La legislación no hace trampa en ese sentido. Establece cuáles son los métodos y define los temas generales. Nos consta que entre más tratas de explicar mediante la ley un artículo, más compleja se hace la norma, porque empieza a enredarse en cada una de las situaciones.

Por lo tanto, no tienen en carpeta un perfeccionamiento.

En ese sentido no. Nosotros no hacemos política tributaria, sólo la administramos. Lo que sí es un anhelo para nosotros es agregar otros métodos (de fijación de precios de transferencia) que están entre las directrices de la Ocde y que nuestra legislación actualmente no recoge: métodos de utilidades transaccionales, como el de división de utilidades y el transaccional de márgenes neto, además de mejorar como tenemos establecido el precio comparable no controlado.

¿Algo más que quisieran agregar a esta normativa?

Existe otro tema que nos gustaría tener que son los APA, acuerdos anticipados de precio (permiten a los contribuyentes acordar con la autoridad tributaria previamente el valor al que se contabilizarán las transacciones), que también requieren de una modificación de una ley.


La entidad envió unas 250 notificaciones entre agosto y diciembre sobre precios de transferencia
El SII aumenta fiscalización a transacciones internacionales de grandes contribuyentes.

La Tercera:4.02.2006.

 

Fiscalización de Precios de Transferencias Internacionales 2

Entre los grandes contribuyentes y sus auditores existe una duda latente tras la reciente arremetida del Servicio de Impuestos Internos (SII) en supervisión y fiscalización de los precios a los que las empresas venden productos y servicios a filiales o matrices en el exterior. Todos creen que este mayor control era previsible y lo consideran razonable en vista de la relevancia que toma el comercio internacional. No obstante, se preguntan si acaso después de este proceso el paso que sigue no será una mayor fiscalización del servicio respecto de otro tipo de precios que hoy fijan los privados, como aquellos que se establecen para operaciones entre partes relacionadas, pero dentro de Chile. "Con la normativa actual, en el fondo, el servicio estaría facultado para hacerlo, pero sería una forma indirecta de volver a darle al Estado la facultad de decidir cuál es el precio justo en el mercado", reconoce un auditor.

Si se considera que el SII ha ido ampliando sus áreas de supervisión y fiscalización, la preocupación de los privados tiene alguna base. No obstante, la respuesta de Enrique Rojas, jefe del departamento de Fiscali-zación Selectiva e Internacional del SII, debiera calmar a los privados:.

"No, de ninguna manera" el servicio pretende supervisar también los precios de transferencias in-ternas entre partes relacionadas, asegura. "La problemática de los precios de transferencia ocurre exclusivamente en el ámbito internacional, porque si comercias con un paraíso tributario puedes elegir dejar la utilidad allá en menoscabo de Chile. Y como allá no se cobra impuesto, es negocio redondo. Sin embargo, si acá en Chile la empresa decide pagar los impuestos en la matriz y no en la filial, igual se paga impuesto", resume sin dar espacio para entrar en suspicacias.

 

La señal del SII a grandes contribuyente.

La Tercera:12.02.2006.

 

Corte de Apelaciones "congela" resolución 120.



Una nueva derrota tuvo el SII en su intento por implementar la circular 120 que obliga a los bancos a informar sus operaciones por sobre US$ 10.000. La Corte de Apelaciones rechazó su solicitud de no innovar y que la medida precautoria solicitada por los bancos -y acogida por el 21° Juzgado Civil- no rigiera mientras ese tribunal no revisara la causa.

Resolución 120: SII pierde en C. de Apelaciones.

El Mercurio: 1.02.2006.

 

Auditora Ernst and Young rechaza criminalización del aprovechamiento de pérdidas y defiende a Escondida

 

El royalty y Minera Escondida, y un eventual cambio en materia impositiva del próximo gobierno, son algunos de los temas "tributarios" que rondan en estos momentos preelectorales. Para tener una visión más técnica del debate tributario, entrevistamos a Cristián Lefevre, socio principal de Ernst & Young Chile. A su juicio, se debe cuidar "la honra y el prestigio de los empresarios", evitando criminalizarlos, por ejemplo, por el uso de franquicias.

-¿Qué tanta preocupación ve en sus clientes respecto de lo que pasaría en el tema tributario con un cambio de gobierno?

"La principal preocupación de los empresarios y de la comunidad económica es tener ciertos indicios de estabilidad, que se dan cuando hay claridad en la normativa o en la forma en que se enfrentará el tema de impuesto. Es importante tener un buen rayado de cancha al inicio, porque eso significa que están claras las reglas respecto de dónde y cómo vamos a jugar este partido".

-Y en este clima electoral, ¿ve que los clientes sientan que hay incertidumbre?

"Si se analizan los proyectos, diría que ambos dicen que no va a haber alzas de impuestos, algunos en la medida en que no lo necesiten, y dicen que se van a ir por la vía de la fiscalización o por la vía de eliminar la evasión o la elusión. Entonces, no está definido qué van a hacer con los impuestos o, más bien, no hay claridad al respecto. A veces hay ciertas señales que se dan al mercado y que hay que evitar".

-¿Cómo cuáles?

"Una de las fundamentales que creo que como país debemos cuidar es la honra, el prestigio y la confianza en nuestros empresarios, en el mercado. ¿Y cómo se cuida? No criminalizando a los empresarios, es decir, no plantear que tal gran compañía es un delincuente tributario porque compró una empresa con pérdidas, cuando la adquisición de una sociedad con pérdidas es algo que está en la ley, o cuando tal o cual compañía usa depreciación acelerada y se dice que está usando triquiñuelas para reducir la carga tributaria, siendo que es una franquicia que está en la ley y es legítima...".

"Por ejemplo, en cuanto a Escondida (que es cliente de Ernst & Young) hay que recordar que es la compañía minera que más impuestos ha pagado; en los últimos años ha aportado al fisco más de US$ 1.000 millones en impuestos. Entonces, la situación por la que atraviesa hoy es que ellos, al evaluar un impuesto, que es el royalty, consideran que la ley no dice que tienen que pagarlo. El problema de fondo es arreglar la ley, si está mal hecha, y antes de corregir la ley habría que ir dos pasos más atrás: hay que hacer bien las leyes, para que no se generen discrepancias en relación a la visión que tiene el Gobierno sobre una determinada ley".

-¿Qué le parece que el Gobierno anuncie que mandará un proyecto aclaratorio?

"En general, no hay ningún problema con los proyectos aclaratorios de leyes y siempre van a existir. El único problema que se puede dar es cuando éstos tienen nombre y apellido, porque en un Estado de Derecho hay que legislar para todos, no para algunos".

"Creo que lo más importante para un gobierno es ser súper claro en lo macro tributario, y eso significa si va a haber o no alza de impuestos y, si la hay, cuál va a ser; rayar bien las reglas del juego y además que las modificaciones macro importantes sean definidas el día cero".

-¿Los candidatos deberían haber sido más explícitos para dar tranquilidad?

"Sí. Es un tema tan complejo que es difícil ser más específico en lo micro, pero en lo macro se puede ser más específico. Y siempre podría haber excepciones; no sabemos lo que va a pasar con esta economía en dos o tres años más, y si en algún minuto por una razón específica es necesario modificar algunas de las cargas, a la luz de las circunstancias se hará, pero eso no significa que yo no pueda decir hoy cuáles son mis políticas de impuestos, dado los escenarios actuales".

-Es decir, faltó un rayado de cancha más explícito.

"Faltó un poco para mayor tranquilidad de este mercado y del internacional".

-¿Qué le parece la idea del comando de Bachelet de revisar las exenciones?

"Si el sentido de revisar las exenciones es para que realmente queden las que contribuyan al desarrollo y al crecimiento del país, me parece que está bien. Lo que uno no puede hacer es cambiar las reglas del juego en la mitad del partido. O sea, si hay alguien que tiene una exención y es un derecho ganado y producto de ese derecho invirtió, creó valor, lo que no debiera hacerse es eliminarlo".

- ¿Hay alguna medida en los programas que considere inoportuna?

"No hay mucho detalle. Me preocupa cómo se ha abordado el tema de la evasión y la elusión, porque podemos herir el mercado".

Impuestos: En boca de los candidatos

Sebastián Piñera

"No somos partidarios de incrementar la carga tributaria, porque está en un nivel adecuado a nuestro nivel de desarrollo, y porque no creemos que sea necesario", diciembre.

Sobre alternativas para financiar su proyecto: "Seguir avanzando en la lucha contra la evasión y elusión. Y cuarto, sólo si es estrictamente necesario para cumplir el programa de gobierno, podríamos revisar el tema tributario. Y si revisamos este tema yo le puedo asegurar que lo haremos con el criterio de proteger a la clase media chilena que lo que hoy necesita son más oportunidades", junio.

Michelle Bachelet

"Para los aranceles de China no me parece necesario (alza de impuestos). Para el Plan de Igualdad de Oportunidades creo que tampoco será necesario: tenemos suficientes recursos. Pero sí para más solidaridad, aumentar pensiones; si fuera necesario buscar recursos adicionales, plantearía que cualquier aumento 'eventual' sería para algo específico, que haya consenso y que no sean las capas medias y más pobres las que tuvieran ese peso", noviembre.

¿IVA a 19%?: "Mantenerlo. De lo contrario tendríamos que subir otros impuesto", noviembre.

Sobre los impuestos a empresas y personas: "Es muy alto el de las personas... 40% y las empresas, 17%, y después se les descuenta por el global complementario. No es justo. Si es necesario subir impuestos, buscaré un mecanismo que no haga que sean siempre los mismos los que pagan más", noviembre.

"En general, no hay ningún problema con los proyectos aclaratorios de leyes. El único problema que se puede dar es cuando éstos tienen nombre y apellido".

El Mercurio, miércoles 11 de enero de 2006.

Tributos y elecciones: "Hay que tener un buen rayado de cancha al inicio"

Daniella Zunino

Véase también crítico de Hacienda y el SII:

Rodrigo Valenzuela socio de Ernst and Young abordó desafíos de la Tributación Minera

y el enlace al costado izquierdo ROYALTY

Queda a firme suspensión de resolución 120


El 21° Juzgado Civil de Santiago rechazó ayer la solicitud del Servicio de Impuestos Internos (SII) de anular la notificación de la medida precautoria que paralizó la operatividad de la Resolución 120 -que obliga a los bancos a informar sus operaciones desde y hacia el exterior por sobre $10.000-, dictada por ese tribunal en diciembre pasado.

La defensa del SII argumentaba que el director del organismo, Juan Toro, no tenía facultades para litigar en el juicio, por lo cual la notificación del fallo debía ser nulo. Asimismo, planteaba que era el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el que debía representar al fisco en este caso, lo que no prosperó.

El Mercurio, miércoles 11 de enero de 2006.
Tribunales:
SII suma nueva derrota por Resolución 120

Véase relacionados en esta misma página:

Nulidad de Derecho Público plantean Harasic y Tavolari contra el SII en información de Bancos

Tribunal acoge suspensión de obligación tributaria impuesta por el SII a los bancos


Impuesto de Timbres: continua campaña por su derogación

Piñera propone eliminarlo, comenzando con las pymes, mientras que Bachelet quiere modificarlo sin que deje de existir. Pero todos coinciden en que es urgente hacer algo.

CAROLINA SOZA J.

Ninguna alabanza. Por el contrario, puras críticas se escuchan cuando se habla del impuesto de timbres y estampillas. Que es distorsionador, que es arcaico, que es una mala idea ponerle un impuesto al crédito, que afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas y que desincentiva la competencia bancaria, son algunos de los comentarios.

Aunque todo esto pueda ser cierto, el impuesto ha seguido existiendo por mucho tiempo e incluso ha sido aumentado por el gobierno de Ricardo Lagos. En 2002, el tope de este impuesto pasó de 1,3 a 1,6%, como una forma de compensar las rebajas arancelarias en Chile.

Por muy dañino que sea, este tributo es un aporte importante a las arcas fiscales, ya que cada año aporta entre US$ 700 y 800 millones. Por eso al Estado le "duele" olvidarse tan fácilmente de esos recursos.

Sin embargo, este impuesto podría vivir sus últimos momentos de gloria. Es muy probable que, sea quien fuere el candidato electo, el impuesto sería eliminado o al menos modificado.

Ambas candidaturas reconocen que éste limita directamente la competencia del sector bancario y encarece el costo de los créditos. Y están conscientes de que hay que tomar medidas para evitar las distorsiones que produce actualmente este tributo.

Diferencias

El comando de Michelle Bachelet propone eximir del pago de este impuesto a todas las reprogramaciones de créditos, sean éstas efectuadas en el mismo banco o con un banco competidor. Para evitar posibles abusos, plantea establecer un mecanismo para verificar que el impuesto se pagó en la operación de crédito original.

El economista Andrés Velasco explica que esta propuesta apunta directamente a corregir la principal distorsión que genera este impuesto. Es decir, evitar que se limite la capacidad de las personas y las empresas para renegociar sus créditos con condiciones más favorables con su propio banco u otro.

La propuesta de Sebastián Piñera es más ambiciosa. En vez de modificarlo, plantean eliminarlo en forma gradual, comenzando por las pequeñas y medianas empresas y siguiendo con el resto de las empresas.

La idea es eliminarlo no por el solo hecho de ser un impuesto, sino porque es distorsionador, en la medida en que encarece el costo del crédito, y perjudica especialmente a pequeñas y medianas empresas que son las que más se financian con crédito bancario, explica Felipe Morandé, asesor de Piñera.

Agrega que se haría en forma gradual, comenzando con las pymes, porque hay que esperar que el crecimiento económico agregue recursos al erario nacional, para hacer esta reforma de manera responsable.

Una de las grandes discusiones que se generan es cómo se van a compensar los menores ingresos que recibirá el fisco, en caso de modificar o eliminar este impuesto.

Obviamente, la propuesta de Piñera tiene un mayor impacto en las arcas fiscales.

A juicio de Andrés Velasco, eliminar el impuesto de timbres y estampillas sin compensar de alguna forma la disminución en la recaudación es irresponsable. A su juicio, el programa de Sebastián Piñera no se hace cargo de la forma de compensar esta fuente de financiamiento.

"Nuestra propuesta logra los efectos deseados sin necesidad de incurrir en dicha irresponsabilidad", comenta.

Sin embargo, el comando Piñera tiene claro cómo va a compensar esta reforma en forma responsable. De acuerdo con su programa, se reduciría gradualmente el superávit estructural del 1%, el cual llegaría a 0%. Si eso se hiciera, se liberarían recursos de al menos US$ 1.200 millones por año. Lo que alcanzaría para financiar este compromiso y otros más.

Felipe Morandé explica que una diferencia importante entre una candidatura y otra es el costo de los programas. Claramente, el de Piñera es más caro, lo que revela interés por hacer cosas importantes para el progreso del país, pero en ningún caso viola la prudencia en el manejo fiscal.

Impacto actual

Las consecuencias del impuesto de timbres y estampillas tienen hoy una fuerte distorsión en el mercado, cuando uno quiere cambiarse de un banco a otro.

Pongamos el caso de una empresa pequeña que quiere cambiarse de banco porque las tasas de interés han bajado y quiere mejores condiciones.

Con el nivel actual de tasas, el nuevo banco le tiene que ofrecer una tasa 60% más baja para que valga la pena cambiarse, porque tiene que pagar nuevamente el impuesto. En vez de 5%, la tasa tendría que ser de 3,6% para que convenga.

A juicio de` Álex Galetovic, investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), eso es un regalo para los bancos, que pueden cobrar tasas más altas. Pero los efectos son desastrosos para las empresas pequeñas, que tienen relaciones sólo con uno o dos bancos.

"Uno ve muchas medidas que se discuten para ayudar a las pymes, pero al final el test ácido para el Gobierno si quiere hacer algo por estas empresas es arreglar este impuesto. Si no hace esto, lo demás son cosas por decir", opina Galetovic.

Juan Luis Correa, economista del Instituto Libertad, afirma que el impuesto afecta principalmente a las pequeñas empresas, que son las que tienden a tomar préstamos de plazos relativamente cortos. En el caso de un préstamo a un año, el efecto de este impuesto corresponde al 25% del costo del crédito.

Él es partidario de eliminar completamente este impuesto, no sólo para las pequeñas y medianas empresas, porque la idea no es seguir distorsionando las decisiones de crédito.

Aunque son distintas las propuestas para solucionar este problema, en lo que hay consenso es que este impuesto se debe arreglar. Y de manera urgente.

LA VISIÓN DE LOS COMANDOS

ANDRÉS VELASCO
Asesor económico de Michelle Bachelet

"Es evidente que si el Gobierno renuncia a esta fuente de financiamiento debe recortar gastos equivalentes o reemplazarla con alguna fuente alternativa... El programa de Piñera no se hace cargo de esta disyuntiva. Al revés, plantea grandes nuevas exenciones y mayores gastos sin especificar fuente alguna de financiamiento".

FELIPE MORANDÉ
Asesor económico de Sebastián Piñera

"Nosotros tenemos una diferencia clara con la candidatura de Bachelet y es que nuestro programa, tanto social como productivo, es más caro y revela que hay un interés por hacer cosas importantes para el progreso del país. Todo eso implica más plata, pero en ningún caso vamos a violar la prudencia en el manejo fiscal".

¿QUÉ ES?

EL IMPUESTO de timbres y estampillas grava a todas las operaciones de crédito, incluso cuando se trata de reprogramaciones.

El Mercurio, miércoles 11 de enero de 2006.

El actual impuesto de timbres y estampillas está en jaque

Carolina Soza J.

Véase otros relacionados:

Asociación de Bancos propone eliminar impuesto de timbres

Exención de Impuesto de Timbres a Exportadores: fiscalización y discusión


Error en Ley de Royalty permite a Escondida evitar pago.

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, ratificó ayer que si Escondida no accede a pagar el royalty, el gobierno podría enviar otra ley para hacer cumplir el tributo minero.

De acuerdo al secretario de Estado, “todo el resto de los socios que paga 35% deben pagar royalty. Así se lo hemos expresado a Escondida, ellos quedaron en contestar”.

Por ello, señaló que “si la respuesta que yo espero es afirmativa, se entiende que ellos deben pagar royalty, el problema llega hasta ahí. Si es negativa, nosotros entendemos que la ley es clara respecto de que deben pagar royalty, pero para mayor ahondamiento deberíamos enviar otra ley que lo hiciera aún más claro”.

Eyzaguirre explicó que existe una equivocación en los argumentos que dan los socios de la minera para no pagar el royalty. Y es que uno de sus accionistas, Jeco Corporation, que tiene el 12,5% de la propiedad, no ha querido dejar el sistema de DL 600 y, por tanto, es el único que paga un impuesto de 42%.

Mientras, BHP Billiton y Río Tinto, que poseen el 57,5% y 30% de la propiedad respectivamente, renunciaron a la invariabilidad tributaria, con lo cual deben pagar el royalty.

“Escondida está argumentando algo que nosotros creemos que es incorrecto. Que es que basta que uno de los socios tenga invariabilidad tributaria porque paga 42% para que esta invariabilidad tributaria que lo protege de pagar el royalty se extienda al conjunto de los socios de Escondida”. Comentó que dado que esto no está en el espíritu de la ley, “todo el resto de los socios que paga 35% deben pagar royalty”.

Nuevamente, el ministro explicó que cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de royalty fue rechazado por a oposición. Ante esto, “el gobierno junto con la Concertación conversó y decidimos de común acuerdo enviar una ley sustitutiva”, la cual compatibilizaba el pago del royalty con el Decreto Ley 600 que establece que aquellas empresa que pagan un 42% de impuesto a la renta no pueden ser afectadas con nuevos impuestos en base a renta.

“Por tanto, efectivamente lo podríamos haber hecho compulsivo, obligatorio para todas las empresas, pero nos arriesgábamos evidentemente a que nos llevaran a muchos paneles internacionales por incumplimiento del contrato ley llamado DL 600”, enfatizó.

Eyzaguirre agregó que “estructuramos un complejo proyecto en que lo que hacíamos era poner incentivos para que las empresas mineras renunciaran al 11 bis que es lo que le da la invariabilidad tributaria del 42%” a cambio de pagar el royalty.

“Si usted no ponía, por así decir, un premio, no había ninguna forma de que voluntariamente renunciaran a la protección de la invariabilidad tributaria del 11 bis”.

Consultado respecto de si el fisco está perdiendo ingresos, ya que el royalty comenzó a ser operativo desde enero, el titular de Hacienda enfatizó en que “el año está recién corriendo, llevamos dos días y por tanto aquí no se ha perdido nada”.

Gobierno ratificó que modificará la ley si Escondida insiste en no pagar royalty.

Diario Financiero, 5 de enero de 2005.

 

Efectos de las IFRS en el Impuesto a la Renta

Para muchos de ustedes la sigla IFRS (Internacional Financial Reporting Standard) no les dice mucho, salvo para aquellos que estén dentro del mundo de las normas contables internacionales o de las empresas que deberán implementarlas.

En efecto, desde hace algún tiempo que las antiguas Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) se están transformando paulatinamente en las actuales IFRS.

Este nuevo cuerpo de normas de contabilidad requeridas para preparar los estados financieros de determinadas empresas, son un verdadero conjunto de convenciones respecto de cómo medir los resultados económicos de las empresas y su posición financiera a una fecha determinada.

Al hacer un breve análisis de cómo podrían impactar estas normas en la preparación de los estados financieros (balances, estado de resultados y estado de flujos) se observan aspectos importantes, ya que algunos criterios que traen estas nuevas normas internacionales son la de medir algunos activos o inversiones a lo que se denomina un “valor justo o fair value”.

Bajo este criterio, que ya ha recogido el Colegio de Contadores, por ejemplo en el Boletín Técnico 72, y siguiendo con el ejemplo, lo que las nuevas normas exigen es medir la adquisición de acciones o derechos en alguna sociedad a su “valor justo”, con lo cual hay que hacer un juicio profesional respecto del valor justo de los activos de la sociedad que se pretende adquirir. Otro caso muy relevante que plantean las IFRS es la necesidad de valorizar los activos biológicos (bosques, viñedos, salmones, etc.) también a su valor justo.

Algunos han planteado que estos cambios en las convenciones podrían significar cambios en la tributación de las empresas.

La respuesta categórica es que dichas modificaciones contables no deberán tener impacto en la forma en como se determinan los resultados tributarios para declarar el impuesto de 17% de las empresas chilenas que adopten estas normas o principios de contabilidad.

En efecto, la ley de Impuesto a la Renta y el Código tributario no han sufrido modificación en cuanto a las normas para calcular la renta líquida imponible de una empresa que tributa en base a los resultados de balance. Si bien, el punto de partida práctico para determinar la renta imponible, es naturalmente la contabilidad de una empresa, no hay que olvidar que se deben efectuar un sinnúmero de ajustes para conciliar el resultado contable y llegar a un resultado medido acorde a las normas que la ley ha definido.

Ello es así, ya que las convenciones contables tienen un objetivo distinto que el tributario. Por tanto, a diferentes objetivos, diferentes herramientas.

El criterio de efectuar los ajustes a la contabilidad financiera para construir el resultado tributario ya fue aclarado décadas atrás por el Servicio de Impuestos Internos, por allá por los años 70, en el que claramente señaló que no era posible sostener que con los resultados financieros se cumplían las normas impositivas, los balances y estados de resultados son las establecidas por las normas del Colegio de Contadores y necesariamente se deben ajustar éstos cuando difieran de las normas tributarias establecidas en las leyes.

La aprensión que la autoridad fiscal pudiese verse tentada a utilizar la coyuntura de la aplicación de las nuevas IFRS para modificar la base tributaria no es realista, toda vez que cualquier medida de esta naturaleza sería claramente percibida por todos los actores como una reforma tributaria de fondo (que necesariamente requiere de una ley) y, además, históricamente ya existen bifurcaciones muy significativas entre la contabilidad financiera y la base tributaria que nunca han sido objeto de tentación para cambiar las reglas del juego. Ejemplo de lo anterior es la práctica de reconocer en los estados financieros la participación en las utilidades en empresas filiales y coligadas en base devengada, habiéndose mantenido el criterio tributario de utilizar base percibido. Otro ejemplo de grandes diferencias son los contratos de arriendo financiero con opción de compra (leasing financiero).

Difícilmente alguien podría argumentar la necesidad de tributar sobre el incremento de valor de activos (e.g. ajuste a valor justo de los activos biológicos) que no son representativos de flujos de fondo para el contribuyente, cuando el principio tributario básico es reconocer los activos a su costo directo, y sólo se tributará cuando se venda o enajene dicho activo a otra persona a cambio de un precio.

A título de conclusión, lo que ocurrirá en el ámbito tributario cuando se adopten las normas de IFRS será que el análisis tributario para determinar el resultado impositivo será más complejo, ya que se requerirá personal altamente calificado para diferenciar las normas de IFRS para cada unos de los rubros del activo y pasivo de las empresas, con las respectivas normas tributarias, que podemos denominar a esta altura como verdaderos principios de contabilidad tributaria (PCT) y que afectarán a casi todos los activos de una empresa.

Para muestra algunos ejemplos:

- IFRS entiende que la adquisición de una empresa se mide a valor justo. Tributariamente es a costo directo de la compra de acciones.

- El activo fijo como instalaciones industriales, planta y equipo pueden ser reevaluadas. Para fines tributarios siempre se mantiene el costo histórico directo incurrido en la construcción o compra de esta clase de activos, por lo que cualquier alteración a dicho costo, no tendrá efectos tributarios a nivel del cálculo de la Renta Líquida Imponible de las empresas.

- Provisiones de reestructuración cuando exista un plan detallado y la reestructuración se haya iniciado, IFRS estima que se pueden contabilizar como una obligación. Para efectos tributarios los gastos en reestructuraciones se reconocerán cuando se devenguen o paguen y no anticipadamente.

En consecuencia, el desafío es grande, en cuanto a incrementar la calidad del análisis que deberá hacerse a los estados financieros para efectos de determinar el resultado tributario anual.

IFRS e impuestos, por Germán Campos K.

Diario Financiero, 5 de enero de 2005.

Asociación de Bancos propone eliminar impuesto de timbres

La bancarización es “el” gran objetivo del sector para el próximo año. Por ello es que la agenda de los banqueros para 2006 estará encabezada por lograr implementar las propuestas que fueron elaboradas por el comité de bancarización de la Asociación de Bancos. El organismo, encabezado por el gerente de planificación de Santander Santiago, Raimundo Monge, entregará a más tardar la próxima semana al directorio de la asociación gremial las iniciativas, para luego ser también presentadas a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

¿Las propuestas? Entre aquellas que requieren que la Superintendencia de Bancos introduzca cambios a la regulación están la ampliación del horario de atención bancario –que incluye desde la extensión de horas diarias hasta atender los fines de semana–, la aspiración de flexibilizar la tasa máxima convencional, eliminar el impuesto al crédito y al cheque, entregar incentivos a la transacción electrónica, perfeccionar la ley de cobranzas, entre otras.

“En esta época ya no se justifica el tener que pagar impuestos como el del crédito o por el uso de cheques, por lo que debe haber una reformulación de aspectos como éstos”, señaló una fuente del sistema financiero.

Respecto de la tasa de interés de máximo convencional, a la que los banqueros culpan por no poder acceder a los segmentos más riesgosos de la población, la propuesta contempla darle un nuevo impulso al proyecto de ley que duerme en el Congreso desde 2002 y que incluye la creación de una tasa diferenciada por actividad.

Se debe recordar que el comité de bancarización nació en marzo de este año con dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es convertirse en el interlocutor de la industria frente a las autoridades en el debate de proyectos de ley que tengan relación con la bancarización, además de hacer propuestas como las que serían presentadas próximamente.

Iniciativas privadas
Pero no todo depende de los frutos que se obtengan de las conversaciones con el regulador. “Nosotros también podemos introducir mejoras, logrando un gran acuerdo a nivel de sector”, explicó un ejecutivo bancario, dando como ejemplo el que si por un lado piden una tasa de interés máximo convencional flexible, también están dispuestos a flexibilizar las políticas de riesgo y los requisitos que deben cumplir los clientes para otorgarles un crédito.

Entre las propuestas que serán analizadas por el próximo directorio de la Asociación de Bancos están la ampliación de la oferta de créditos, incrementar las redes de atención –principalmente a través de cajeros automáticos que incorporen nuevas funciones-, análisis y mejoras a las redes de Transbank, mayor funcionalidad de las redes –por ejemplo, la posibilidad de realizar avances en efectivo en comercios asociados, que el cambio en efectivo de una compra sea depositado directamente en la cuenta corriente del cliente-, e incrementar la transaccionalidad del sistema a través de incentivos a los usuarios.



¿Qué es?
La bancarización es el proceso en el que estratos de la población de menores recursos empiezan a acceder a medios de pago. Esto implica realizar depósitos en cuentas, giros o transferencias, uso de tarjetas de crédito y débito, cheques, además de créditos de distinto tipo, entre otros.

Entonces, si se compara el que casi siete millones de personas forman parte de la fuerza laboral, con el número de tarjetas de crédito, que a junio de 2005 llegaba a tres millones -contando las titulares y adicionales-, y el de cuentas corrientes, que apenas supera el 1,7 millón, se desprende que las cifras de bancarización en Chile son bajísimas.

Y a pesar de lo que se podría creer, si América Latina no es la región que más ha avanzado en este aspecto, Chile es uno de los países que más se ha quedado atrás.

Por ejemplo, en el país existen 0,1 cuentas corrientes por habitante, mientras que en México llegan a 0,28 y en Brasil, a 0,45.

Comité de bancarización propone fin del impuesto al cheque y al crédito. Diario Financiero, 27 de diciembre de 2005.

Jimena Catrón


Exención de Impuesto de Timbres a Exportadores: fiscalización y discusión

Este tipo de financiamiento, exento del impuesto de timbres y estampillas, sólo puede otorgarse a exportadores directos.


La firma de Tratados de Libre Comercio por parte de Chile abre la puerta a muchos detinos para la empresa nacional. Gran parte de las exportaciones son financiadas mediante colocaciones de comercio exterior que otorga la banca nacional.

Entre los productos que ofrece el sistema financiero se encuentran lo llamados préstamos a exportadores (PAEs), que consisten en créditos otorgados en moneda nacional o extranjera para los períodos de pre y post embarque. La gran ventaja de éstos, es que están exentos del Impuesto de Timbres y Estampillas.

A juicio subgerente de negocio internacional de Banco Santander Santiago, Alberto Dalmazzo, "esta herramienta es un importante apoyo a las empresas para poder reducir sus riesgos de monedas, pues además de obtener un financiamiento en la misma moneda en que vende sus productos, accede al beneficio tributario".

Si bien técnicamente cualquier cliente puede solicitar este tipo de crédito, la limitante es que debe ser exportador final. Muchos productores que trabajan para la exportación, pero por un tema de volumen no lo hacen directamente y entregan su mercancía a un actor más grande, pierden el beneficio.

Para el ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Andrés Santa Cruz, que los PAEs sean sólo para exportadores finales no es equitativo, ya que "gran parte de los productores en Chile de distintas área son exportadores no siempre en forma directa, y por lo tanto, no pueden acceder a las mismas líneas de crédito que tienen los exportadores directos".

"No es fácil para un productor tener acceso a líneas de créditos en dólares y no pasa lo mismo para un exportador directo. El productor, que lo único que hace es producir bienes de exportación, lo lógico sería que estuviera endeudado en dólares y no en UF porque sus precios principales están influenciados por el valor del tipo de cambio", dijo.

Pymes

La falta de acceso también complica a exportadores pequeños, no obstante, ya se han implementado políticas estatales para apoyar a este segmento.

Roberto Hempel, de la gerencia de intermediación financiera de la CORFO, explica que desde hace cuatro años la entidad estatal ofrece una Cobertura de Préstamos Bancarios a Exportadores (Cobex), que garantiza el riesgo de no pago de los créditos de pequeños y medianos.

"Estamos hablando de exportadores con ventas anuales por un máximo de US$ 20 millones. Otorganos la cobertura hasta por el equivalente de US$ 2 millones para garantizar estos créditos que son de corto plazo, de aproximadamente 180 días renovables", explicó.

El Mercurio, Lunes 12 de diciembre de 2005

Beneficio tributario: Productores se quejan por créditos al exportar.

Nota de derechotributario.cl: el tema esta siendo fiscalizado en Bancos Chilenos existiendo ya reclamos tributarios en curso.

Nulidad de Derecho Público plantean Harasic y Tavolari contra el SII en información de Bancos.


La tensión recrudece en ambos lados. Porque si por una parte los banqueros ingresaron la demanda sectorial en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), por otro el organismo encabezado por Juan Toro se mantiene cuadrado en torno a la legalidad de la resolución que fue dictada el pasado 31 de diciembre pasado, día de feriado bancario.

La resolución cuestionada, la número 120, obliga a los banqueros a informar –a partir de marzo de 2006- todas las operaciones superiores a US$ 10.000 que hayan realizado sus clientes.

“Cada vez vamos en direcciones más contrarias”, afirmó un alto ejecutivo bancario.

La demanda, que representa a las 22 instituciones bancarias que integran la Asociación de Bancos, y que tiene como abogados patrocinantes a Raúl Tavolari y a Davor Harasic, solicita en primer término la nulidad de derecho público de la resolución 120, debido a que, esencialmente, viola el secreto bancario, norma contenida en la Ley General de Bancos.

Se debe recordar que antes de que fuera ingresado el documento a los tribunales, la asociación encabezada por Hernán Somerville ya había encargado tres estudios a distintos abogados para determinar si procedía o no acudir a la justicia para que esta resolviera acerca de la legalidad de la resolución.

La demanda
En uno de los puntos más tajantes del documento que fue ingresado el martes al 21 juzgado civil de Santiago, la defensa de los banqueros afirma que “para acceder a la información de operaciones bancarias el SII se arroga mayores atribuciones que las que las leyes le otorgan a los órganos jurisdiccionales cuando ejercen sus funciones y al Ministerio Público en la investigación de delitos penales: el absurdo del intento ahorra mayores comentarios”.

Por otro lado, la demanda también es concluyente al afirmar que la situación de la banca es insostenible: de un lado, la necesidad y el deseo de cumplir diligentemente los contratos de sus clientes, (...) de otro la presión antijurídica de una resolución del SII que carece de respaldo legal pero que, en tanto no haya sido declarada ilegal por la jurisdicción, puede permitir al SII ejercer sus potestades sancionatorias”.

¿Abusivos?
Otro de los puntos contemplados en la demanda es el de la jerarquía normativa: esto es la Ley General de Bancos versus una resolución administrativa. “El cotejo de estas realidades normativas parece ahorrar toda discusión: no existe forma alguna de interpretación jurídica que pudiere justificar una eventual preeminencia de la simple ‘resolución' por sobre las normas legales”.

Una conclusión tajante que contiene la demanda dice que el SII debe ajustar su comportamiento a la normativa que establece el secreto y reserva bancaria, “lo que explica la curiosa intentona de la resolución 120 que (...) se autodeclara amparada por el artículo 154 de la Ley General de Bancos a través de una singular –y a todas luces- equivocada interpretación”.

“Estos textos denotan, simplemente, que el SII abusa de su situación e invoca las normas legales a su entero amaño: en efecto, basta leer las normas tan curiosamente interpretadas o entendidas por el Servicio”.

Banqueros contra SII: “organismo se arroga más atribuciones que las propias” : Diario Financiero, 1 de diciembre de 2005.

Jimena Catrón S.
jcatron@diariofinanciero.cl

Y Juan Toro, Director Nacional del SII se defiende:

¿Ya fueron notificados de la demanda que interpusieron los bancos en contra del SII?

Nosotros aún no hemos sido notificados. Creemos que esta resolución no transgrede el secreto bancario, por algo la emitimos, y ahora estas diferencias de opinión serán resueltas en tribunales. Entregaremos todos nuestros argumentos, creemos que está apegada completamente a derecho. Las instituciones en nuestro país funcionan y veremos en qué termina el proceso.

¿Es efectivo que en un momento llegaron a un acuerdo con la Asociación de Bancos pero este no llegó a concretarse?

No. Lo que ocurre es que cuando nosotros dictamos resoluciones que piden algún tipo de información, para distintas motivaciones, normalmente tomamos contacto con los agentes involucrados para que tenga un impacto lo más mínimo posible y que esté dentro de la operación normal de las instituciones. En algún momento conversamos la posibilidad de introducirle algunos ajustes, y tuvimos algunas conversaciones. Pero dados los objetivos que persigue esta resolución, consideramos que los ajustes no necesariamente cumplían con los objetivos. Pero esto es parte normal de lo que se hace cuando se requiere información.

¿Pero en términos prácticos qué persigue la resolución?

La resolución tiene bastante claros sus objetivos. Somos una economía que cada vez se abre más al exterior, que cada vez se globaliza más y que se integra al exterior. Hemos suscrito convenios con muchos países, y una de las labores normales es tener un buen control de los flujos que van generando rentas, y si esas rentas están pagando los impuestos que corresponden. Y esa es una labor que vamos a tener que ir perfeccionando como institución y como país.

¿Es efectivo que estaban estudiando modificar la resolución y eliminar el límite de los US$ 10.000 para hacerlo extensivo a todas las operaciones?

Yo lo dejaría hasta ahí. Siempre las resoluciones de este tipo se revisan, pero no voy a entrar en el detalle de qué estamos revisando.

 

Tribunal acoge suspensión de obligación tributaria impuesta por el SII a los bancos

El ambiente en la banca es de victoria. Ahora tienen un año más de plazo para que se comience a aplicar la circular 120 publicada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que a juicio de las instituciones financieras viola el secreto bancario. Esto, luego de que el 21 juzgado civil de Santiago dictara una medida precautoria que implica que la obligación de informar todas aquellas operaciones superiores a US$ 10.000 que realicen sus clientes queda suspendida hasta marzo de 2007, en circunstancias en que el plazo original era el mismo mes, pero de 2006. “La sala dictó la medida sin haber realizado ninguna audiencia, lo que es una señal aplastante de que el fondo de la circular es ilegal”, comentó una fuente, agregando que de esta forma el argumento de la inaplicabilidad de la circular por contravenir una ley general de la República –la Ley General de Bancos-, fue respaldado. El SII, que fue notificado la semana pasada de la demanda que ingresó a tribunales a fines de noviembre, tiene plazo hasta principios de enero para contestar el recurso. La demanda, que representa a las 22 instituciones bancarias que integran la Asociación de Bancos, y que tiene como abogados patrocinantes a Raúl Tavolari y a Davor Harasic, solicita en primer término la nulidad de derecho público de la resolución 120. La demanda En la demanda presentada por los banqueros, se postula que “para acceder a la información de operaciones bancarias el SII se arroga mayores atribuciones que las que las leyes le otorgan a los órganos jurisdiccionales cuando ejercen sus funciones y al Ministerio Público en la investigación de delitos penales: el absurdo del intento ahorra mayores comentarios”. Por otro lado, la demanda también es concluyente al afirmar que la situación de la banca es insostenible: de un lado, la necesidad y el deseo de cumplir diligentemente los contratos de sus clientes, (...) de otro la presión antijurídica de una resolución del SII que carece de respaldo legal pero que, en tanto no haya sido declarada ilegal por la jurisdicción, puede permitir al SII ejercer sus potestades sancionatorias”.

La respuesta de Juan Toro, Director del SII.
¿Qué opina de la medida precautoria dictada ayer por el tribunal? - Es previsible que esto ocurra cuando a nivel judicial se está viendo un tema como éste. Pero debe entenderse que esta medida precautoria no significa ningún prejuzgamiento respecto del asunto de fondo, que es el contenido de la Resolución 120 y la obligación de informar que establece. Nosotros posiblemente apelaremos esa medida precautoria, pero aún si la misma llegase a ser mantenida o incluso revocada, el asunto de fondo continuará pendiente de discusión y resolución, y eso es lo trascendente. - ¿Qué busca el Servicio al emitir la resolución 120? - Específicamente esta resolución tiene que ver con un hecho real: la economía chilena se ha ido internacionalizando cada vez más, de hecho constituye una apuesta país. Por tanto, los flujos de capitales hacia y desde Chile han ido aumentando considerablemente y nuestro sistema tributario establece que hay determinados conceptos de renta que están implícitos en parte de estos flujos. El Servicio cuando se enfrenta a una situación donde carece de información para hacer esos controles sobre posibles rentas, establece mecanismos de declaraciones juradas como ésta o como muchas otras que ha establecido, porque tiene facultades para ello que le confiere el Código Tributario. Ese es el sentido básicamente, es decir, aquí hay ciertas rentas que están implícitas en los flujos de capitales hacia y desde el país que es labor del Servicio controlar su adecuada y correcta tributación, de lo contrario estamos en presencia de evasión que importa una competencia desleal entre los agentes económicos. - ¿Y cómo se explica que los bancos hayan presentado esta demanda? - Aquí básicamente hay un diferencia de criterio respecto de lo que establece esta resolución, en el sentido que la banca plantea que se viola el secreto bancario. En nuestra opinión, ello no ocurre y por eso básicamente esta controversia, la cual hoy está efectivamente radicada en tribunales y, bueno, las instituciones en este país tendrán que funcionar como en general ocurre.

Impuestos Internos deberá aplazar en un año aplicación de circular 120.

Diario Financiero, 23 de diciembre de 2005.

J. Catrón / M. Sánchez

Venta y servicio en el IVA: Alcances de la exención a la confección de moneda por la Casa de Moneda Chilena

El Ministerio Público se encuentra investigando y recabando antecedentes sobre las transacciones comerciales que existen entre la Casa de Moneda y el Banco Central. A la Fiscalía de Delitos Económicos y Financieros -dependiente del Ministerio Público- llegó el mes pasado una denuncia, interpuesta por la ex fiscal de la primera institución, donde se relata la discusión generada entre ambas entidades públicas respecto de si cabe el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando el instituto emisor pide a Casa de Moneda fabricar partidas de monedas o billetes. Los contratos por la fabricación de monedas y billetes que generaron este debate, fueron suscritos entre ambas partes en septiembre de este año, por un monto aproximado de $ 4.000 millones, donde no se incluyó el pago de IVA. Un asunto que a nadie pareció preocupar, pero que la entonces fiscal de la Casa de Moneda, Maritza Castro, abordó a petición del director de Casa de Moneda, quien “posteriormente cambió de parecer”. Las visiones encontradas entre la funcionaria y el director del organismo, terminaron con la desvinculación de ésta y la posterior interposición del recurso judicial. Según consta en la denuncia, con anterioridad a 1998 los contratos entre las dos entidades públicas se calificaban como una “prestación de servicios”, porque el Banco Central proporcionaba el material para la fabricación de sus peticiones a Casa de Moneda. Pero “supuestamente” la relación comercial cambió cuando a partir de 1998 el instituto emisor dejó de proporcionar los insumos. Es decir, pasó de “prestación de servicios a venta”, la que estaría por lo tanto afecta al pago de IVA. Consulta Con estos antecedentes en mano -consta en la denuncia- y en virtud de la propia petición del director de Casa de Moneda, Gregorio Iñiguez, se estimó que todo in dicaba que los contratos que se estaban cerrando con el Banco Central correspondían a “contratos de venta”, por tanto, afectos al pago de IVA. Iñiguez consultó este punto al SII a fines de agosto pasado. Entre algunos puntos pedidos en esta consulta figuran: 1- “Uniforme (el SII) criterios, dado la jurisprudencia del Impuestos Internos e indique que los contratos a suscribirse son de ventas y, por tanto, Casa de Moneda no estaría liberada del IVA”. 2- “Corrija el oficio de Impuestos internos de 1998”, descrito anteriormente. 3- “Haga expresamente aplicable al suministro de billetes que hace Casa de Moneda al Banco Central el criterio de que se trataría de una venta y, por tanto, no estaría exenta de IVA”. Sin embargo, esta consulta sólo logró llegar a la oficina de partes del Servicio, pues fue retirada por el mismo Iñiguez antes de que la entidad fiscalizadora pudiera conocer la materia y pronunciarse al respecto. Es así como en septiembre se suscribieron los mencionados contratos bajo el rótulo “prestación de servicios”. Dada esta situación, la ex fiscal optó por poner los antecedentes en conocimiento del superior jerárquico de Casa de Moneda, o sea el Ministerio de Hacienda, donde –aseguran fuentes ligadas al proceso- aún no se han pronunciado oficialmente por este caso, “probablemente a la espera de la resolución que emanará del Ministerio Público”. Debate Las consultas sobre la materia tenían antecedentes históricos. Fue el propio Banco Central el que preguntó al Servicio de Impuestos Internos (SII) hace siete años si la confección de monedas y billetes que encargaba a Casa de Moneda –suministrando esta última los materiales– se beneficiaría con la exención de IVA establecida en el artículo 13, número 6, letra d) del Decreto de Ley 825 de 1974. Se señala que “hasta ahora el Banco Central era quien aportaba los materiales con tal objeto (fabricación de monedas y billetes) razón por la cual siempre se había hecho efectiva en la especie la invocada franquicia”. El director nacional del SII de ese entonces, Javier Etcheberry, contestó la consulta argumentando que “es menester recordar que el artículo 1996 del Código Civil determina que la confección de una obra material –mueble en este caso- constituye venta si el artífice suministra los materiales y servicio si esos materiales son aportados por quien encarga la obra”. Esta misma norma, agrega que “si la materia principal es proporcionada por el que ha ordenado la obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento de servicios”. Y, a juicio de Etcheberry, “siendo pues, en la especie, el Banco Central de Chile en su carácter de emisor de la moneda de curso legal que encomienda confeccionar, quien siempre ha de suministrar al artífice la materia principal –sea las características o el diseño de una nueva moneda, sea el cuño o matriz de las anteriormente emitidas- de esa confección, ésta siempre constituirá un servicio, aunque el artífice aporte todos los demás materiales”. Por tanto, decretó que “la Casa de Moneda no es vendedora de la moneda sino que se limita a prestar el servicio de confeccionarla y, por ende, resulta plenamente aplicable la exención” de no pagar IVA. En julio de 2002 el tema volvió a ser consultado al SII a propósito de un sumario administrativo instruido por la Casa de Moneda, en el cual se solicitó informar respecto al régimen tributario aplicable a esta institución fiscal en la elaboración de monedas de oro conmemorativas del 50 aniversario del Banco Central de Costa Rica. En esa oportunidad la dirección regional poniente del SII emitió el dictamen donde explicó que “la Casa de Moneda de Chile se encargó de la confección de monedas de oro incluyendo el material y según lo previsto en el Código Civil artículo 1996, en los contratos de confección de obra material si el artífice suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es de venta”. Por consiguiente, concluyó el SII, “la elaboración de dichas monedas constituye una venta y como tal no se encuentra liberada del Impuesto al Valor Agregado, ya que, sólo libera los servicios prestados por la Casa de Moneda”.

Investigan denuncia de ex fiscal de Casa de Moneda por operaciones con el Central. Marta Sanchez, diario financiero 15 de noviembre de 2005.

Nota:

El Director de la Casa de Moneda en carta al Diario del 16 de noviembre señala que es "un simple problema de interpretación jurídica respecto del eventual pago de IVA en la confección de monedas y billetes que el Banco Central de Chile encomienda a la Casa de Moneda de Chile, tema que se encuentra absolutamente zanjado y resuelto por el Dictamen Nª 3380 de fecha 10 de diciembre de 1998, que acompaño a esta presentación, emanado del Director de Servicio de Impuestos Internos única autoridad facultada para interpretar por la vía administrativa, las normas a este respecto, y que a través de su artículo se desconoce al fundar éste en, una interpretación unilateral y antojadiza de la denunciante, que pretende con ello crear un problema artificial entre dos respetables instituciones del Estado..."

Bancos se opondrán a obligaciones de informacion impuestas por el SII

“Como un banco del Estado, lógicamente no iremos a tribunales a consultarles por la contienda con el Servicio de Impuestos Internos, nos mantendremos al margen”. Así resumió Javier Etcheberry, presidente de la institución pública, la postura que mantendrán frente al conflicto que mantiene la banca con el fiscalizador, debido a la aplicación de la circular 120. Ésta exige que las instituciones financieras informen a partir de marzo de 2006 –comprendiendo el año tributario vigente-, todas las operaciones superiores a US$ 10.000.

El problema es que la normativa del SII, según concluyeron tres estudios jurídicos encargados por la Asociación de Bancos, es contraria a la aplicación del artículo 154 de la Ley General de Bancos, que trata acerca del secreto bancario. Ésta estipula que “los depósitos y captaciones de cualquiera naturaleza que reciban los bancos están sujetos a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente”.

Etcheberry, quien fuera anteriormente director del SII, agregó que la institución acatará lo que resuelvan los tribunales, en caso de que se pronuncien, afirmando que “somos respetuosos de las autoridades del Estado, y vamos a tener un rol pasivo en esto”.

Los rentables
José Manuel Mena fue claro: “nuestro gran pecado es ser el banco del Estado que siempre debió haber sido”. Así respondió el gerente general corporativo de la institución respecto de las críticas que hicieron los candidatos presidenciales en el pasado debate, agregando que “quizás a los que pensaban que el banco estaba muerto” les podría molestar que se conozcan los avances de BancoEstado.

En el marco del décimo encuentro con empresarios organizado por la tercera mayor institución financiera, Mena comentó que iniciativas como Cuenta RUT –que permitirá que todos los chilenos que tengan RUT puedan acceder a una chequera electrónica- y Banco Vecino –que está en etapa de prueba y que bancarizará a través de almacenes de alejadas localidades del país-, debieran incentivar a otros bancos a acelerar el ritmo de bancarización. “Estas iniciativas no están asociadas sólo a la rentabilidad, sino que también al crecimiento del país. En esa lógica queremos que otros bancos también entren a esta dinámica”, comentó.

En el mismo sentido Javier Etcheberry afirmó que su administración está enfocada a reforzar el rol social de la institución pública. “Tenemos que reforzar este rol, y por orden del presidente Ricardo Lagos, eso es lo que he estado haciendo desde mi llegada”, dijo.

Diario Financiero, 22 de noviembre de 2005. Jimena Catrón.

BancoEstado se mantendrá al margen de disputa banca-SII

 

Controversia en exención a los excedentes de libre disposición.

La Ley N°19.768 introdujo una serie cambios tributarios al mercado de capitales, entre los cuales se encuentran las disposiciones contenidas en los artículos 18 Ter y 42 Ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Ambas regulaciones tenían como finalidad liberar de todo impuesto a las ganancias de capital obtenidas en ciertas enajenaciones de acciones y los retiros de excedentes de libre disposición.

Sin embargo, la redacción utilizada por el legislador no fue muy afortunada, puesto que en ambas disposiciones emplea la expresión “exenta” como sinónimo de ingreso no renta, lo que para fines tributarios tiene un alcance muy distinto: mientras las rentas “exentas” deben formar parte de la base del Impuesto Global Complementario para efectos de la progresividad del tributo, los ingresos “no renta” simplemente no se declaran.

En el caso del artículo 18 Ter, el Servicio de Impuestos Internos interpretó, en primera instancia, que sus disposiciones hacían referencia a un ingreso exento del Impuesto a la Renta, apegándose fielmente a la redacción que el legislador le dio a dicha norma. Sin embargo, antes que los contribuyentes tuviesen la obligación de presentar las declaraciones de impuestos del año comercial 2001, la Autoridad consiguió que el Congreso aprobase una modificación legal de este artículo, con la finalidad liberar de impuesto esta ganancia de capital y por ende, que no fuese declarada.

No obstante, el legislador se olvidó que el mismo error cometido en la redacción del artículo 18 Ter, afectaba al artículo 42 Ter, con lo cual no se consigue el objetivo de la reforma, que entre otros era incentivar el ahorro provisional a través de la liberación de impuestos de aquellos excedentes de libre disposición hasta montos razonables.

Mediante el Oficio N°2.446, del 4 de julio de 2005, el Servicio de Impuestos Internos ratificó que los retiros de excedentes de libre disposición beneficiados con la franquicia del artículo 42 Ter, incorporado a la Ley sobre Impuesto a la Renta por la Ley N°19.768 del 7 de noviembre de 2001, corresponde a un ingreso exento del Impuesto a la Renta y no a un ingreso no constitutivo de renta. Al respecto, la Autoridad Fiscal especifica que su conclusión no constituye una interpretación de la Ley, sino que es una aplicación textual de lo dispuesto en el artículo 42 Ter.

La redacción del artículo 42 Ter señala que “el monto de los excedentes de libre disposición, calculado de acuerdo a lo establecido en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, determinado al momento en que los afiliados opten por pensionarse, podrá ser retirado libre de impuesto hasta por un máximo anual equivalente a 200 unidades tributarias mensuales, no pudiendo, en todo caso, exceder dicha exención el equivalente a 1.200 unidades tributarias mensuales. Con todo, el contribuyente podrá optar, alternativamente, por acoger sus retiros a una exención máxima de 800 unidades tributarias mensuales durante un año. No se aplicará esta exención a aquella parte del excedente de libre disposición que corresponda a recursos originados en depósitos convenidos…”

Como se puede apreciar la redacción del artículo no refleja literalmente que se trate de un ingreso liberado de impuesto, pues hace mención a que se trata de una exención y por ende podría provocar un eventual cambio de tramo del Impuesto Global Complementario en ciertos contribuyentes.

En estricto rigor técnico, la disposición contenida actualmente en el artículo 42 Ter hace mención a una exención de impuesto y no a un ingreso no constitutivo de renta, como era la intención del legislador, y la interpretación del Servicio de Impuestos Internos y por ende el Oficio N°2446 se ajusta a la actual redacción de la normativa legal.

En nuestra opinión, la solución debe pasar estrictamente por una modificación legal similar a la realizada con el artículo 18 Ter.

Diario Financiero, 14 de noviembre de 2005.

Opinión: Eduardo Vargas, auditor, postitulo en DerechoTributario, Univeresidad de Santiago.

Exencion por excedente de libre disposición

Aprovechamiento del crédito fiscal en IVA por importaciones

Inquietud existe entre los importadores y los agentes de Aduanas por la interpretación que el Servicio de Impuestos Internos (SII) hace restringiendo el plazo que tienen los primeros para recuperar el IVA pagado por sus internaciones (crédito fiscal), lo que en la práctica ha llevado a que algunos de ellos pierdan el beneficio.

Ante la preocupación manifestada por los afectados, la Asociación Nacional de Agentes de Aduana A.G. (Anagena) envió una carta al titular del SII, Juan Toro, a través de la cual pide revisar y reconsiderar los oficios nº 335 y 687, en que la entidad fiscalizadora daba respuesta a las dudas planteadas en esta materia, ya que a juicio de los agentes dicha respuesta es discriminatoria y contraviene los tratados de libre comercio suscritos por el país.

Vamos por parte. Inicialmente los agentes de aduanas habían solicitado al SII homologar los plazos otorgados a los comprobantes de ingreso por importaciones (Declaración de Importación) con las facturas, y aplicarles el mismo plazo que a éstas para realizar ajustes al crédito fiscal, lo que equivale a dos períodos siguientes al establecido en el artículo 23 del DL Nº 825.

En este sentido, el presidente de Anagena, Alan Smith, explicó que la posibilidad de que el plazo para declarar los IVAs cancelados en las importaciones se asimilen a las compras nacionales tiene una justificación operativa inherente al proceso de ingreso de las cargas.

Es habitual que una parte de las internaciones que se efectúan a principios de mes, corresponde a Declaraciones de Importación canceladas al final del mes anterior, y como es este mismo documento el que exige el Servicio Nacional de Aduanas para autorizar el despacho de las mercancías de puerto, resulta a veces muy difícil que el importador pueda disponer a tiempo de la Declaración de Importación para contabilizarla en el mismo período en que se cancelaron los tributos.

Los agentes argumentaron que si bien las facturas por compras dentro del país y los comprobantes de ingreso por importaciones son documentos diferentes, ambos juegan el mismo rol, pues acreditan el derecho a crédito fiscal.

Sin embargo, el SII respondió que en el caso de las importaciones, el crédito fiscal se puede utilizar contra el débito sólo en el mismo período de pago del impuesto, siendo este el mes en que se paga efectivamente el impuesto al valor agregado soportado por la importación.

La entidad precisó que no es posible aplicarles el mismo plazo que a las facturas ya que el artículo 23 restringe dicha posibilidad sólo a las facturas, Notas de Débito y Crédito.

Colisión

Los agentes de aduanas rechazaron la respuesta del Servicio, ya que estiman que la interpretación dada, colisiona con dos normas jurídicas de rango superior, al que tiene el DL 825.

Una de ellas es la Constitución –que en su artículo 19 nº 2 asegura a todas las personas igualdad ante la ley, agregando que ni la ley ni autoridad alguna puede establecer diferencias– y el Acuerdo de Marrakech que garantiza el trato nacional, cláusula que implica dar a los demás, el mismo trato que a los nacionales, principio por lo demás replicado en todos los tratados de libre comercio de última generación suscritos por el país.

Smith informó que están a la espera de una nueva respuesta de la entidad fiscalizadora para definir los pasos a seguir.


¿De qué estamos hablando?

La Declaración de Importación fija su fecha para contabilizarse según el mes de pago y las Facturas según el mes de emisión. La regla general es que si, por ejemplo, la fecha de la Declaración de Importación es de octubre se debe declarar en el Formulario 29 correspondiente al mismo mes, el que se debe presentar a más tardar el 12 de Noviembre.

Mientras que la excepción, que el Servicio de Impuesto Internos, por el texto del Art 24 del DL 825 limita a las Facturas Notas de Débito y Notas de Crédito, tiene dos períodos adicionales, es decir hasta el 12 de Enero 2006 en este ejemplo.

Lo que están pidiendo los agentes de adunas es justamente homologar los plazos de la Declración de Importación al de las Facturas.


¿Qué se espera?

El 4 de octubre pasado Anagena efectuó una presentación al director del SII, Juan Toro en la que solicitaban la revisión y reconsideración de los oficios 335 del 26/01/04 y del 687 del 16/03/05, en el sentido de que en base a las normas de interpretación de la ley, lo estipulado en la Constitución y el acuerdo de Marrakech, “corresponde interpretar que los importadores pueden acceder a las disposiciones del Art. 24 del DL 825, pudiendo efectuar ajustes al crédito fiscal dentro de los dos períodos siguientes al señalado en el artículo 23” del mismo decreto.

De acuerdo a Smith, esperarán una nueva respuesta del Servicio, pero informó que ya pusieron los antecedentes en manos de la Cámara Nacional de Comercio para que evalúe las medidas a seguir.

 

Diario Financiero, 24 de octubre de 2005.

Agentes de aduanas piden al SII corregir interpretación por plazos

Pamela Fierro.

 

Las contradicciones del FUT

Existe una serie de contradicciones entre lo que dice la ley respecto al Fondo de Utilidades Tributables (FUT) y las interpretaciones que hace de este registro el Servicio de Impuestos Internos (SII), a juicio del abogado y Magíster en Derecho de la Universidad de Chile, Sergio Endress.

El FUT, que controla las utilidades tributarias de la empresa, y que fue puesto en el debate por el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, es el principal tema que analiza el profesional en el libro “Tributación del Propietario de Empresa”, que será presentado hoy a las 18:00 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El texto explica los impuestos a la renta que deben pagar los dueños de una empresa en Chile, con un doble enfoque: por un lado, está dirigido a un público no especializado a través de esquemas y ejemplos, y por otro, desarrollando la discusión técnica a través de notas al pie de página de interés para el especialista.

Uno de los temas que trata en el libro es el FUT, cuya importancia jurídica y ubicación sistemática no estaban claros en la tributación del propietario.

“Una de las tesis que asumo es que el FUT debiera ser regulado por ley. La regulación actual es claramente insuficiente y ha sido sobrepasada por las interpretaciones administrativas. Existen, además, contradicciones graves entre la regulación que el SII da al Fondo de Utilidades y lo que la ley señala”.

Ejemplos
De acuerdo a Endress, el SII señala que el FUT de las sociedades anónimas se confecciona en forma distinta según si se trata de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada, pero la ley no recoge esta distinción.

“La ley no consagra diferentes FUT para las sociedades anónimas y para las sociedades de personas”, explica.

El jurista señala otro caso en que el SII regula un orden de imputación (salida) desde el FUT, distinto al establecido en la ley. “El SII dice: hagamos las deducciones en las sociedades anónimas cada vez que haya un dividendo, en cambio la ley dice que deben hacerse a fin de año”, precisa Endress.

En general, afirma el abogado, “entre las interpretaciones del SII, existen algunas sin sustento y otras que son claramente contrarias al texto legal. El libro señala que sólo a la ley le corresponde regular el FUT y a falta de ley, el contribuyente tiene amplia libertad para realizar los agregados y las deducciones al FUT”, acota.

De acuerdo al experto, la incertidumbre que producen estas interpretaciones, incentiva las asimetrías de información entre los contribuyentes y, por otro lado, “presiona a los Tribunales de Justicia no siempre capacitados técnicamente para su resolución, distrayendo al SII de su finalidad esencial que es fiscalizar”.

Elusión
Otro tema que trata el libro es la elusión de impuestos producto de operaciones con el FUT de la empresa.

Por ejemplo, los contribuyentes “venden el FUT” de su empresa a sociedades relacionadas, eludiendo la tributación personal que les afectaría. Otras vías son el “término de giro” de la compañía o la utilización del artículo 38 bis de la Ley de la Renta.

El Servicio de Impuestos Internos ha calificado como “franquicia tributaria”, la tributación sobre base retirada de los propietarios de empresa, señalando que significa US$ 695 millones en menores ingresos para el erario. En consecuencia, tanto el Ministro de Hacienda como el Director de Impuestos Internos, Juan Toro, se han manifestado en contra de estas opciones.

Para el autor del libro, “el principio de libertad para emprender y la legalidad del tributo permiten que el empresario adopte sus decisiones soberanamente, por lo que corresponde al legislador y no al administrador limitar o restringir estas opciones”.

De ahí que según Endress, “si uno cree en un sistema en que las personas son las que deciden y no la autoridad, y las personas deciden dentro de éste marco constitucional, la empresa tiene absoluta independencia para determinar sus decisiones, salvo que la ley diga otra cosa”, por lo que la fiscalización tributaria debe realizarse respetando siempre estos principios.

El texto además contiene una explicación de la tributación de los retiros de utilidad de las empresas, de la distribución de dividendos, entre otras materias.

Diario Financiero, 19 de octubre de 2005.

Las contradicciones del FUT

Abogado Sergio Endress asegura que la regulación de este registro es insuficiente

 

Director de Impuestos Internos habla de la contingencia

Fiscalización

Impuestos Internos afina su participación en la OCDE

La resolución 120: SII versus la banca

Carga tributaria chilena y otras modificaciones

Fiscalización

Movido. En su último año a la cabeza del Servicio de Impuestos Internos (SII) -donde muchos creen que seguirá en un nuevo gobierno-, Juan Toro ha tenido que dar la cara por varios episodios: la querella por delito tributario contra Augusto Pinochet, la polémica con la banca por la resolución 120 que obliga a informar transacciones desde y hacia Chile, juicios con Embotelladora Andina por uso de sociedades con pérdidas y la extinguida disputa con el grupo Penta por discrepancias tributarias.

Toro está tranquilo. Dice que de eso se trata, de evitar faltas a normas que regulan uno de los esquemas tributarios más complejos del mundo. Y lo ha hecho bien, siguiendo la tarea que comenzó Javier Etcheberry: la meta de US$ 1.500 millones de recaudación por menor evasión de impuestos al término de este gobierno ya se cumplió. Al 2004 sumaba US$ 1.800 millones y con este año completarían US$ 2.700 millones. Pero en el sector privado resienten un cierto exceso de celo fiscalizador, lo que ha generado más de un desencuentro.

Hay empresarios que acusan persecución del SII.

No es la impresión que tengo. De hecho, hay grandes empresas que nos han pedido ser incluidas en la nómina de grandes contribuyentes. Ellos lo ven como un servicio. Este tema lo he conversado con muchos empresarios, porque el cumplimiento tributario es algo rutinario: cuando hay transacciones comerciales, hay generación de IVA y cuando se generan utilidades, hay generación de impuesto a la renta. Este es un sistema de autodeclaración de impuestos y por eso tiene que haber una labor de control de cumplimiento tributario, porque puede no respetarse la ley o haber problemas de interpretación y hay que evitarlo. No tiene por qué haber dudas sobre nuestra actuación.

Si es tan claro, ¿por qué con Penta llegaron a un acuerdo y con Andina a una querella?

Usted quiere poner la palabra acuerdo y no es así. El asunto es bien claro: esto puede darse en cualquier caso de fiscalización, donde se van presentando antecedentes de una y otra parte y en algún momento alguien puede llegar a la convicción de decir 'mire, tiene razón usted'. Si no, sigue reclamando en todas las etapas que contempla la ley: hay primera instancia, segunda instancia y está la Corte Suprema. En el caso de Andina, ellos han planteado que el servicio tiene una interpretación que no es la que ellos tienen y, por tanto, no es correcta.

¿Es posible que un contribuyente salga sorteado durante 15 años consecutivos, como acusó Carlos Eugenio Lavín, del grupo Penta?

Cualquier insinuación que se pretenda hacer respecto de que haya alguna fijación especial con algún contribuyente la descarto de plano, absoluta y categóricamente. El servicio es transversal. Así como somos estrictos en el control del comercio clandestino, de las facturas falsas, del comercio detallista, lo somos también con los grandes contribuyentes. Todos tienen que cumplir las leyes tributarias y nadie está exceptuado.

¿Cómo eligen a los contribuyentes que serán fiscalizados?

En la Operación Renta recibimos poco más de dos millones de declaraciones. Este es un proceso innominativo, es decir, cuando sometemos las declaraciones a la fiscalización informática nunca sabemos el RUT de quien participa. El sistema internamente aparea por RUT, pero bajo el criterio de la inconsistencia tributaria. Lo que arroja es que tal declaración, da lo mismo de quien sea, tiene inconsistencias y eso es lo que alimenta la fiscalización en terreno. Esto no es a dedo.

Hay tributaristas que sugieren razones políticas o ideológicas para que el SII esté tan encima de los grandes contribuyentes o personas como Augusto Pinochet.

No. Yo descarto absolutamente cualquier idea de persecución, presunción o actuación del servicio que tenga que ver con aspectos políticos o ideológicos. Aquí lo único que hay es cumplir con nuestra obligación, aquí no se persigue a nadie. Este es un organismo técnico, independiente, que funciona con criterios eminentemente técnicos. Aquí no hay presunciones preestablecidas contra nadie, ni una persona en especial, una empresa o un grupo.

¿El SII está trabajando en recabar más información de Pinochet?

El juez nos ha pedido que sigamos aportando antecedentes en la medida de los méritos que han ido surgiendo en el caso. La etapa del desafuero es sólo para iniciar el procesamiento. Todo esto surge por figuras de incumplimiento que se tipifican claramente en el Código Tributario. Y mientras surjan antecedentes de este tipo de situaciones es deber nuestro seguir investigando.

Otra crítica al SII apunta a las comisiones a los fiscalizadores, lo que estimula la recaudación...

Eso es totalmente inexacto y refleja un grave desconocimiento por parte de quienes lo han afirmado. En el SII, como en toda organización moderna, existen objetivos y metas específicas por áreas de actividad, que se someten a la aprobación del Ministerio de Hacienda. La obtención global de estas metas, y no parcial, supone la obtención de algunos incentivos salariales variables, legalmente aprobados y que son coherentes con un criterio avanzado de gestión de las instituciones públicas y privadas.

Impuestos Internos afina su participación en la OCDE

Las próximas dos semanas serán bastante agitadas para los funcionarios de Impuestos Internos. Durante 15 días el organismo tendrá la visita de sus colegas del viejo continente.

Este fin de semana llega al país una delegación del servicio de impuestos internos de Francia con la idea de explorar y recabar información en terreno sobre el método y las prácticas de fiscalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Chile.

Siete días después, Toro y sus hombres harán un seminario dedicado a analizar y debatir sobre la doble tributación internacional. Al encuentro vendrán también los representantes de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), que reúne a las 30 economías más industrializadas del planeta. Esta, junto al Centro Iberoamericano de Administraciones Tributarias (Ciat), patrocina el evento, pero también viene a evaluar a Chile.

¿Por qué? Porque el SII es invitado excepcional a las reuniones del Grupo de Asuntos Fiscales de la OCDE y el organismo analiza listarlo -en representación de Chile- como país observador permanente en esa instancia. A fines de enero el organismo internacional tomará la decisión final.

La resolución 120: SII versus la banca

Entrará en vigencia en 2006, pero ya los ánimos no andan bien entre Impuestos Internos y la banca a raíz de la resolución 120, que obliga al sistema financiero a informar sobre toda operación hacia y desde el exterior por más de US$ 10.000.

¿La circular está afectando los negocios de la banca privada?

Desconozco el detalle de las operaciones de la banca, pero esta normativa apunta a un objetivo bien claro: cuando apostamos a una economía abierta con movilidad de capitales, que en el mundo electrónico adquieren tremenda agilidad, pueden haber obligaciones tributarias que es deber del SII controlar. Por ejemplo, si se están haciendo a través del sistema financiero remesas de divisas asociadas a distribuciones de utilidades o pagos por asesorías provenientes del exterior o por usos de servicios o marcas.

¿Están en conversaciones con la industria?

Este tipo de normativa la conversamos con los agentes involucrados y este caso no es la excepción. Lo hacemos para facilitar el diseño de los requerimientos de información. Ajustes a la normativa también se analizan permanentemente.

¿Y está dispuesto a modificarla?

Le insisto, siempre estamos analizando de qué manera a los agentes que proporcionan información al servicio, para un propósito de cumplimiento tributario, se les puede facilitar dicho requerimiento.

"Comparada con los países a los que aspiramos, la carga tributaria chilena es muy baja"

Debate sobre la carga tributaria: "No ha subido, sino más bien se ha mantenido relativamente estable en los últimos años, en torno al 16% a 16,5% del PIB. Ahora, si la carga es alta o baja en el vacío no tiene mucho sentido. El punto es otro. Es que la carga tributaria tiene que ver con qué quiere hacer el país con esos recursos. Cuál es la carga tributaria razonable para un país como Chile depende de los objetivos de las políticas públicas, de los bienes públicos que se quiere financiar. Si la sociedad demanda más bienes públicos, hay que tener mayor carga tributaria y eso es así.

Comparada con los países a los que aspiramos parecernos, la carga tributaria chilena es muy baja. Si nos comparamos con países de los que, sin ánimo de ofender, nos hemos querido distinguir, nuestra carga tributaria es alta".

Propuestas tributarias de la oposición, impacto en la recaudación y la evasión: "No me corresponde opinar sobre lo que los candidatos proponen, si es bueno o no para los objetivos del país. Pero sí creo que hay que tener cuidado para no confundir medidas o propuestas que apuntan a simplificar la administración tributaria, el cobro de los impuestos, con medidas que simplemente buscan bajar los impuestos. Hay que distinguir muy bien qué se busca".

Simplificar tramos del Impuesto a la Renta personal: "Toda simplificación en la administración y cobro de un impuesto tiene un límite, que es la complejidad propia del sistema. No creo que los tramos sean mucho problema. El problema radica en la base imponible y en cómo una medida de simplificación pueda terminar afectando a la baja esa base, sobre todo en las rentas más altas".

Idea de los candidatos de profundizar el plan antievasión: "Es positivo que haya consenso en seguir mejorando el cumplimiento tributario, porque cuando hay faltas, espacios en la ley que permiten distorsiones, hay una fuerte competencia desleal entre los agentes económicos y en los negocios".

Rebaja diferenciada del impuesto a las utilidades para premiar la reinversión: "Cada vez que se estudia una modificación de la estructura tributaria, uno de los test que se tiene que evaluar es cuál es el impacto fiscal de la medida. Esta es una práctica sana de finanzas públicas. No sé si esa propuesta lo habrá medido, pero siempre se hace".

Cambios al Fondo de Utilidades Tributarias (FUT): "Esto surge de la reforma del '84 para que las rentas por utilidades en las empresas se mantengan retenidas y así los propietarios de esas rentas no paguen por éstas el impuesto personal. En todos estos años se ha producido una acumulación del FUT muy significativa y, entonces, también se han ido generando incentivos perversos para retirar esas utilidades y evitar por ello la tributación personal que corresponde. Hay toda una serie de incentivos, prácticas, simulaciones por abordar y resolver".

Tributación del IVA en servicios públicos: "Hemos visto alguna complejidad en esto, porque la legislación del IVA establece que algunos servicios están gravados y otros no. Entonces, esto también genera incentivos para separar actividades naturalmente integradas para que unas paguen impuesto y otras no, desnaturalizando algunas prestaciones de servicios. Modificar esto es muy importante".

La Tercera, domingo 16 de octubre de 2005.

Director del SII defiende su celo fiscalizador y dice que no hay persecución a empresas. Juan Toro: "No tiene por qué haber dudas sobre nuestra actuación". En cinco meses dejará su puesto en uno de los organismos públicos mejor evaluados, aunque dicen que es posible que siga en su cargo por otros cuatro años. ¿La razón? Entre otras, acumulará US$ 2.700 millones por menor evasión tributaria.

Pamela Jimeno

 

El Sistema Tributario: propuestas para el cuadrienio


Una ardua tarea deberá enfrentar el próximo gobierno en lo que se refiere al sistema tributario chileno. Y es que según los expertos se requiere de una reforma, ya sea a partir de 2006 –el primer año de la nueva administración- o bien desde 2007, cuando el Impuesto al Valor Agregado (IVA) baja de 19% a 18% y, por lo tanto, el fisco recibirá menores ingresos.

Esta reforma no sólo podría eliminar impuestos que, a juicio de los economistas son distorsionadores como el de timbres y estampillas, sino además se plantean fórmulas tanto para hacer frente a esta menor recaudación por concepto de IVA y para mejorar un sistema que algunos estiman “está mal diseñado y mal distribuido”.

El director de Presupuestos, Mario Marcel, indicó la semana pasada que un punto de IVA son US$ 500 millones que el fisco dejará de percibir cuando se disminuya este impuesto a 18%.

Las proyecciones del Informe de Finanzas Públicas que se presentará a la primera subcomisión de Presupuesto -que fracasó la semana pasada por falta de quórum- son que para el período 2007-2009 habrá “una disminución absoluta en los ingresos fiscales, entonces, los planes de gasto que se hagan o de medidas tributarias, en fin lo que sea, y sea cual sea la administración que asuma en marzo, tendrá que considerar esa situación en las decisiones que vaya tomando y tendrá que tomar una decisión al respecto”, dijo Marcel.

En el segundo trimestre de este año, los ingresos presupuestarios correspondientes a impuestos subieron 21,2% real explicados por la recaudación del impuesto a la renta y por el dinamismo de la recaudación del IVA.

Tasa plana

El senador socialista y presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Ominami, ha propuesto una solución con la que están de acuerdo diferentes sectores políticos y económicos: una sola tasa plana de 20% para las empresas y las personas, y sin exenciones.

Según el parlamentario esto mejoraría la recaudación, al disminuir fuertemente el espacio de la evasión, que significa la diferencia entre la tasa de 17% (de impuestos de las empresas) y la tasa de 40% (marginal de las personas).

En este contexto, Ominami está en absoluto desacuerdo con que se siga aumentando el IVA, ya que está relacionado a la mala distribución de los ingresos

El experto en finanzas públicas de la Universidad de Chile, José Yáñez, se muestra completamente contrario a que no se cumpla la promesa de bajar el IVA en 2007. Por ello, dice que más bien se debe optar por otras soluciones que equilibren la carga tributaria chilena.

“Hay una discusión pendiente en Chile de cuál es el sistema tributario que queremos para el largo plazo. Y alternativas se han dado muchas. La que a mí me atrae más, es una que no le atrae a nadie más, sería eliminar el impuesto a la renta y reemplazarlo por un impuesto al gasto”, enfatiza.

El economista explica que el impuesto a la renta “tiene muchos problemas de malos incentivos hacia el ahorro y la inversión, y en la medida que sea un impuesto que desalienta y castiga a la gente que ahorra y que invierte, es un impuesto que castiga el crecimiento”.

El economista de Gemines, Alejandro Fernández, indica que “la estructura tributaria requiere una modificación profunda. En su momento era bastante bueno el sistema, pero en la medida que se le han ido haciendo ajustes se ha ido desperfilando”.

Su propuesta va por dos carriles. Uno, eliminar el impuesto de timbres y estampillas “que es distorsionador y reduce la competencia en el sector financiero”. Y segundo, modificar el impuesto a la renta “en la línea de lo que ha planteado (Carlos) Ominami de igualar las tasas de primera y segunda categoría y eliminar la progresividad del impuesto, o sea hacer una tasa plana de impuesto a la renta en torno al 20%”.

Para Fernández, sería bueno comenzar a tomar estas medidas desde 2006, sobre todo porque se sabe que en 2007 se baja el IVA. En todo caso, precisa que “si el costo de hacer la modificación del impuesto a la renta es mantener el IVA en 19%, yo estoy dispuesto a pagar ese costo”.

Los candidatos

Para el abanderado de la UDI, Joaquín Lavín, los lineamientos básicos los dan los Talleres Bicentenario que proponen: estimular la reinversión de las utilidades de las empresas, diferenciando la tasa de impuesto a la renta sobre las utilidades distribuidas respecto de aquellas sobre las utilidades reinvertidas; reducir el impuesto de timbres y estampillas; simplificar y aliviar la escala de impuestos a la renta, introduciendo una fórmula opcional de impuesto al gasto; establecer un mecanismo amplio y expedito de reducciones tributarias para las donaciones efectuadas por personas naturales y empresas con fines culturales, deportivos y sociales; y “procuraremos honrar la disposición vigente en cuanto a rebajar el IVA a 18%” desde 2007.

La abanderada de la Concertación, Michelle Bachelet, se muestra partidaria de mantener el Impuesto al Valor Agregado en 19% y, de ser necesario, está dispuesta a aumentar la carga tributaria. Mientras, el candidato de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, indicó que es partidario de revisar las exenciones tributarias e incluso los impuestos que actualmente se cobran.

Diario Financiero, 21.09.2005.

Tasa plana, impuesto al gasto y mantener IVA en 19% son algunas de las propuestas
Reestructuración de la carga tributaria en Chile: el desafío del próximo gobierno

 

 

 

Bancos recurrirían contra obligación de informar operaciones en el exterior.

No uno, sino tres estudios habrían sido encargados por los banqueros para demostrar que no era una medida aplicable. Y todos habrían llegado a la misma conclusión: la circular 120 del Servicio de Impuestos Internos (SII), que obliga a los bancos informar a partir de marzo de 2006 todas aquellas operaciones iguales o superiores a US$ 10.000 que hayan realizado sus clientes, comprendiendo desde enero de 2005, obligaría a los banqueros a infringir la ley general de bancos.

De esta forma, sólo quedaban dos alternativas: enfrentarse en tribunales al organismo encabezado por Juan Toro, o que éste resolviera suspender o modificar el contenido de la circular. Y según fuentes del mercado, se habrían inclinado por ésta última.

¿El plazo para el SII? Octubre.

La razón de haber escogido este mes es, simplemente, que en caso de que el SII decida mantener tal cual la circular, los banqueros todavía tendrían algo de tiempo para defender su postura en tribunales.

Esta no es la primera vez que este sector choca con el SII. Un conflicto similar que vivieron ambas partes en 1998, cuando el organismo estableció que las instituciones financieras debían informar los intereses que se pagan sobre los depósitos. El resultado fue que se tuvo que modificar la ley de impuestos a la renta, debido a que la normativa del fiscalizador violaba, en parte, el secreto bancario.

Antagónicas

Inevitablemente, la aplicación de una implica la violación de la otra. Y es que lo que dispone el artículo 154 de la ley general de bancos acerca del secreto bancario es claro: “los depósitos y captaciones de cualquiera naturaleza que reciban los bancos están sujetos a secreto bancario y no podrán proporcionarse antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente”.

En el otro extremo, la circular 120 también es bastante directa: “las instituciones bancarias, agencias o representaciones de bancos extranjeros, casas de cambio, instituciones financieras (...) que realicen, por encargo de terceros, operaciones correspondientes a: remesas, pagos o traslados de fondos al exterior, ingresos de fondos desde el exterior u operaciones que impliquen disposición de fondos en el exterior, deberán presentar al SII, antes del 15 de marzo de cada año, por las operaciones del año comercial inmediatamente anterior, una declaración jurada anual que contenga el detalle de dichas operaciones que sean iguales o superiores a US$ 10.000 o su equivalente”.

Entre los argumentos que esgrimían los banqueros estaba el hecho de que la propia ley de bancos comprendía la entrega de este tipo de información, pero de forma individual y sólo cuando lo requiriese una causa judicial.

De hecho, en el mismo artículo se establece que la justicia ordinaria y la militar, en las causas que lleven, “podrán ordenar la remisión de aquellos antecedentes relativos a operaciones específicas que tengan relación directa con el proceso, sobre los depósitos, captaciones u otras operaciones de cualquier naturaleza que hayan efectuado quienes tengan carácter de parte o inculpado o reo en esas causas u ordenar su examen, si fuere necesario”.

 

Diario Financiero, 27.09.2005.

Circular 120 obliga a informar transacciones de clientes con el exterior
Bancos golpean la mesa: hasta octubre para que SII suspenda nueva obligación

 

Rodrigo Valenzuela, abordó desafíos de la Tributación Minera

En Seminario de Actualización en Derecho Minero, organizado por la Universidad de Atacama, el 29 de agosto recién pasado, el abogado R. Valenzuela C. señaló cuales son los desafíos de la Tributación Minera para los próximos años. Las siguientes son algunas ideas de dicha exposición, de acuerdo a nuestras fuentes en el evento.

Valenzuela señaló que la discusión sobre el tema no ha sido técnica, sino que más bien emocional e ideológica, por lo que se auguran cambios en el futuro, pues no existe acuerdo político ni técnico consolidado sobre si la actividad minera debe tener un régimen especial favorable o más gravoso.

Precisó que la tributación de la actividad minera había sido alterada en tres ocasiones en los últimos cinco años, en lo referido a la depreciación, al caso disputada y ahora con el impuesto específico, lo que señalaba era un pésimo "record" en esta materia.

Analizó los desafios que, lo que denominó "discrecionalidad administrativa" del Servicio de Impuestos Internos, plantea a los contribuyentes, lo que ejemplificó con la confusión de los términos elusión, evasión, fraude e inmoralidad en que habría incurrido la autoridad.

Otro ejemplo de esta discrecionalidad, esta representado en su opinión, por la que denominó "Ley Disputada", refiriéndose al caso en que un contribuyente decidió enajenar una sociedad en el extranjero, lo cual no era "hecho gravado" y el poder ejecutivo detuvo la negociación, pues tenía los medios para hacerlo y luego, una vez aprobada una ley que estableció esa venta como hecho gravado, "soltó la operación", dejándola afecta a impuestos. Valenzuela recalcó que las leyes son para cumplirlas, nos gusten o no, y por lo tanto no pueden ser modificadas a través de actuaciones administrativas. Ello produce inseguridad en la actividad económica.

En relación a los que denominó, "precios de transferencia", aludió a la discrecionalidad del Director Regional sobre el tema, remarcando que las interrogantes que plantean éstos se refieren a quien y como debe probarse que los precios son de mercado.

Finalmente, señaló que la ley de plataforma, que crea las sociedades de inversión en el exterior, eran poco atractivas para el inversionista extranjero e inútiles para el objetivo declarado en su oportunidad por el legislador.

Finalmente, llamó a la primacía de los criterios técnicos en el análisis de estas materias considerando siempre nuestra inserción y competitividad internacional.

Nota: Rodrigo Valenzuela C. es abogado y socio de Ernst and Young, Auditora internacional.

Seminario Royalti II

Con gran éxito se desarrolló recientemente el Seminario sobre el Impuesto Específico a la Minería organizado por el Instituto Chileno de Derecho Tributario y la Fundación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Mayores informaciones pueden verse en el sitio del Instituto, www.ichdt.cl

Seminario Precios de Transferencia

En la Universidad Gabriela Mistral se realizó con fecha 24 de agosto de 2005, un Seminario sobre Precios de Transferencia organizado por Price Waterhouse y la misma Universidad. Varios expositores abordaron la experiencia comparada sobre el tema, señalando que el Servicio de Impuestos Internos Chileno esta empezando a fiscalizar en esta materia, y que al efecto se había celebrado un convenio de asistencia con la Administración Tributaria Francesa para tal efecto.

La factura como título ejecutivo

En abril entró en vigencia la Ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a una copia de la factura que se crea en dicha Ley. Para esos efectos, en febrero de este año el SII dictó la: Resolución Exenta Nº 14, que regula los aspectos tributarios y dicta nuevas normas de vigencia de la factura; y el pasado 12 de abril se dictó el Reglamento Nº 93 sobre la aplicación del artículo 9 de la ley 19.983.

 

Si bien existen distintas definiciones respecto a lo que es una factura, en definitiva ésta es un instrumento privado, de control tributario, por medio del cual se deja constancia de las mercaderías enajenadas, vendidas o arrendadas y de los servicios prestados, con una descripción de los bienes o servicios, su valor unitario, su valor neto, el IVA si se grava o no la operación y el valor bruto a pagar, con señalamiento o no de su fecha de pago y con expresión de su vigencia.

 

La ley en general no ha definido la factura, sino que se refiere a ella el Código de Comercio, Art. Nº160, y en la Normativa Tributaria , Art. Nº 52 y siguientes del DL 825 y Art. Nº 69 y siguientes del DS Nº 55, Reglamento de DL 825. La Ley 19.983 tampoco la definió y dejó la normativa tributaria existente para precisar sus requisitos tributarios y normó aspectos de forma que veremos a continuación. Por último, digamos que la Factura no es ni se asemeja en nada a un Título de Crédito.

 

Por su parte, la Ley 19.983 crea una Copia de la Factura , con el fin de normar su transferencia, su cobro por un tercero y su posible cobro ejecutivo. Asimismo, determina las formas de vencimiento de ésta para el cobro de su importe, que puede ser de pago al contado o a su recepción o con pago a plazo, y autoriza los siguientes vencimientos: a un plazo desde la recepción de las mercaderías o de la prestación del servicio, o a un día fijo y determinado. En todo caso, si no hay mención expresa de la fecha de pago, la factura es pagadera a 30 días desde su recepción (Art. Nº2).

 

También se norma cuándo la factura queda irrevocablemente aceptada, lo que sucede si ésta no se devuelve ni las guías de despacho al tiempo de su entrega, o si no se reclama de su contenido dentro de los 8 días corridos siguientes a su recepción, o en el plazo que las partes hayan acordado, el que no podrá exceder de 30 días corridos. El reclamo se realiza por medio de carta certificada o por cualquier otro medio fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y las guías de despacho, o junto con la solicitud de la emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entiende hecho en la fecha de envío de la comunicación (Art. Nº 3). Si no se reclama por su contenido, en los plazos y en la forma dicha, la factura queda irrevocablemente aceptada, lo que significa que por fin no se podrá devolver antojadizamente y en cualquier tiempo y ello dará certeza para poder negociar el crédito que representa para su emisor, otro aspecto que abordaremos seguidamente.

 

Además se establece la Libre Cesibilidad del crédito mercantil que lleva envuelta la factura irrevocablemente aceptada. Si se cumplen los requisitos legales contenidos en el Art. Nº 4 de la Ley , la copia de la factura quedará apta para su cesión libremente. Dichos requisitos son: que ésta se haya emitido cumpliendo las exigencias legales, que incluya la mención “cesible” y que conste el recibo de la mercadería o de los servicios en la forma exigida por el legislador. Se señala expresamente en la parte final del Art. Nº4 que: “Toda estipulación que limite, restrinja o prohíba la libre circulación de un crédito que conste en una factura se tendrá por no escrita”.

 

Finalmente, se da mérito ejecutivo a la copia cesible de la factura. El legislador creó un título ejecutivo imperfecto, es decir, debe ser preparado para tener mérito ejecutivo y ser el título de un procedimiento ejecutivo de cobro de pesos.

 

¿PARA EVITAR ENTORPECIMIENTOS?

Los requisitos para que la copia tenga mérito ejecutivo establecen que: a) la factura no haya sido reclamada, es decir que esté irrevocablemente aceptada; b) que las mercaderías y servicios hayan sido entregados o prestados, lo que tiene que constar en la factura; c) que su pago sea actualmente exigible; y d) que la acción de cobro no esté prescrita (Art. Nº5). La Ley en comento reguló en los incisos 3º, 4º, y 5º de este artículo mecanismos para hacer viable el mérito ejecutivo de la copia de la factura, pero no de ésta. Si no se cumple con el conste de la recepción conforme de los servicios o las mercaderías y el comprador de la mercadería o el receptor de los servicios no estampan la constancia de recepción conforme, podrán ser sancionados mediante un mecanismo de denuncia al Juzgado de Policía Local, con una multa a beneficio fiscal de hasta el 50% del monto de la factura, con un máximo de 40 UTA.

 

Para que se complete el título ejecutivo es necesario que sea notificado judicialmente el deudor de la factura, cumpliéndose con los requisitos ya vistos. Si éste, en el acto de notificación o dentro del tercer día no alega la falsificación material de la factura o de las guías de despacho respectivas, o de la constancia o recibo, o no alega la falta de entrega de las mercaderías o de la prestación de los servicios, o bien en el caso que dicha alegación sea desechada por resolución judicial firme, se tendrá por preparada la vía ejecutiva y se podrá seguir adelante un juicio ejecutivo conforme lo ordena el Art. Nº 436 del Código de Procedimiento Civil.

 

Con el objeto de evitar entorpecimiento y falsas alegaciones en la gestión preparatoria de Notificación Judicial del Cobro de la Factura , tales como impugnaciones dolosas o si el deudor es vencido totalmente en el respectivo incidente, será condenado al pago de una indemnización legal de perjuicios ascendente a una suma igual al saldo debido, más el interés máximo convencional que corra entre la fecha de la notificación y el pago efectivo. Sin perjuicio que deberá pagar también el saldo de la factura y las costas procesales y personales, todo lo cual se podrá cobrar ejecutivamente. (Art. Nº5 inciso final).

 

Desafortunadamente, este paso procesal de la preparación de la vía ejecutiva dará lugar a dilatados incidentes que retardarán el inicio del juicio ejecutivo, con el grave peligro que la acción de cobro prescriba. (Art. Nº10 inciso final). Más aún se dio apelación, en el sólo efecto devolutivo, en circunstancias que en el Art. Nº211 del Código de Comercio es inapelable esta misma resolución que desecha las impugnaciones a la carta de porte (Art. Nº 5, letra d, parte final). Por último, si se ha cedido la copia de la factura, ésta tendrá el mérito ejecutivo que la Ley le da, con tal que se cumplan los demás requisitos legales (Art. Nº6).

 

Cabe preguntarse si la copia de factura con mérito ejecutivo puede servir de título para solicitar la quiebra del deudor. Para contextualizar esta pregunta, recordemos que el legislador autoriza en el Art. Nº 43 Nº 1 de la Ley 18.175, recientemente modificada, para que sirva de Título que configura una causal de quiebra, que un deudor del Art. Nº 41, haya cesado en el pago de una obligación mercantil que conste en un Título Ejecutivo con el solicitante. Pues bien, si la obligación consta en una copia de factura emitida bajo las normas de la Ley 19.983, la que da cuenta de una obligación mercantil y que está vencida, esto es que se ha cesado en su pago y el deudor es del Art. Nº 41, aparentemente habría título para que con la copia cesible de la factura se solicite la quiebra, hecho que será materia de amplio debate, puesto que no es una interpretación pacífica.

 

OTRAS FACULTADES

La Ley en comento permite, en primer lugar, la cesión del crédito que emana de una operación mercantil de venta, arrendamiento o prestación de servicios, de la que da cuenta la factura. Para ello se crea una copia especial de ésta, la que ha sido normada también por el SII, en febrero de 2005, y que puede cederse conforme a las siguientes reglas especiales que han venido a modificar las normas de los Arts. Nos. 162 y siguientes del Código de Comercio:

 

• La cesión del crédito es en dominio.

• El cedente debe estampar su firma en el anverso de la copia cesible, agregando el nombre completo, rol único tributario y domicilio del cesionario, y debe entregarla físicamente al cesionario.

• Se debe poner en conocimiento del deudor obligado al pago de la factura, por un Notario Público o por el Oficial del Registro Civil en las comunas donde no haya Notario, personalmente, con exhibición de copia del respectivo título, o mediante el envío de carta certificada, adjuntando copias del mismo certificadas por el ministro de fe.

• La cesión es oponible al deudor cedido al sexto día siguiente a la fecha de envío de la carta certificada, dirigida al domicilio del deudor registrado en la factura.

Lo más importante de estas normas es que se da valor a la notificación de la cesión del crédito, la que se hace por carta certificada remitida por el Notario o por el Oficial del Registro Civil, validándose un procedimiento que en la práctica se ha utilizado por más de diez años, al cual se opusieron tenazmente deudores de facturas cedidas. En relación a si puede prendarse el crédito, es relevante señalar que la ley no lo prohibió expresamente, por lo que no hay inconvenientes para pignorar el crédito, bajo las normas generales.


En segundo lugar, la nueva ley norma la entrega en cobro de la copia de la factura. A través del estampado valor en cobro que se debe poner en el anverso de ésta, bajo la firma del beneficiario que la entrega para su cobranza, se constituye un mandato especial para su cobro. En virtud de éste el portador está facultado para cobrar y percibir su valor insoluto, incluso judicialmente, y tiene todas las atribuciones propias del mandatario judicial, comprendidas aquellas que según la ley requieren de mención especial. Sin embargo, es un error de la ley crear un seudo endoso en cobranza al portador. En efecto, en el Art. Nº 8 se establece que en virtud de este “valor en cobro” bajo la firma del beneficiario, el portador está facultado para cobrar y percibir, incluso judicialmente.

 

El legislador debió exigir que se singularizara al mandatario, requiriendo, al igual que para la cesión (Art. Nº7) agregar su nombre completo y su RUT. Tampoco queda claro si puede ser mandatario para el cobro, con facultades judiciales tanto una persona natural como una persona jurídica, situaciones todas que han quedado sin una solución y que por ser el mandato al portador permite que cualquiera cobre, perciba, transija, etcétera. También es un error establecer este mecanismo de cobro sólo respecto de la copia de la factura negociada y no respecto de la factura misma.

 

La nueva ley también hace aplicables sus normas a las facturas electrónicas y crea un Registro Público de Facturas Electrónicas que se transfieran, el cual será llevado por el SII o terceros a los que éste encargue su administración. Es notable el reconocimiento al comercio electrónico como también la creación del mencionado registro, el que entre sus mayores aciertos cuenta el hecho que la Notificación de la cesión de una factura electrónica puede hacerse además cuando ella aparezca en el Registro y es oponible al deudor cedido al día siguiente hábil de haber sido incorporada a aquel (Art. Nº9). En esta materia el Reglamento Nº93, publicado el día 13 de abril pasado, innova y regula la cesión de créditos electrónicos, exigiendo empero, entre cedente y cesionario, la entrega del archivo electrónico de cesión y la puesta en manos del cesionario del recibo conforme. (arts. 3 y 2 del Reglamento). Por otro lado, la cesión de la factura electrónica es oponible al deudor cedido una vez que se anote en el Registro de Cesiones que se llevará, anotación que debe solicitar el cedente y que pueden corregirse en caso de error. (art. 4 Reglamento). Finalmente la factura electrónica puede imprimirse y por medio de dicha impresión se puede ceder el crédito en ella representado, bajo las normas del art.6 del Reglamento, relacionado con el artículo 7 de la ley para los efectos de la notificación.

 

REDACCIÓN CONFUSA DE LA LEY

Por otra parte, en su Art. Nº 10 la ley hace aplicables a la cesión de facturas las normas de los Códigos Civil y de Comercio, lo que será especialmente importante cuando las facturas no cumplan con los requisitos de la Ley 19.983, en este caso rige la normativa primitiva que no se ha modificado. También hace aplicable a las copias de facturas cedidas las normas sobre extravío de los Arts. 89 y siguientes de la Ley 18.092. Por esta vía, se crea el acceso a un mecanismo que permitirá obtener una resolución judicial que ordene al deudor no pagar la copia de la factura cuyo extravío se está tramitando.

 

Además se establece un plazo de prescripción de la acción de cobro del crédito que consta en la copia de factura regulada por la Ley 19.983. Respecto de la prescripción, el Art. Nº10 inciso final fija un plazo de un año para la prescripción de la acción ejecutiva de cobro de la copia de la factura, contado desde su vencimiento. Es confusa la redacción de esta norma, ya que se sanciona con un año la prescripción de la acción de cobro respecto de la acción que emana a favor del titular o del cesionario, si la copia de la factura ha sido cedida, pero no co mp rende esta prescripción a la acción de cobro propiamente tal de la factura que no puede llegar a tener mérito ejecutivo y que se rige por la norma general del Código de Comercio del Art. Nº 822, esto es cuatro años.

 

La Factura ¿Un Nuevo Título Ejecutivo?

Álvaro Parra V. Abogado

Revista del Colegio de Abogados

 

Tributación de la Hípica: Charla

Lo cierto es que el engorroso problema del IVA en la hípica y de la supuesta transformación de los preparadores, de e mp leados de segunda a primera categoría, no tuvo el eco esperado en la gran asistencia del pasado martes al Restaurante de Criadores, donde más de 350 personas acudieron -todas ávidas de información clarificadora- a la charla que expertos tributarios dieron acerca del candente tema que preocupa tanto a preparadores, propietarios y criadores sobre las nuevas disposiciones que el Servicio de I mp uestos Internos comenzaría a ejercer sobre la Hípica para incrementar los recursos fiscales a través del IVA.

La buena disposición de Feria Criadores por aclarar un tema que muy pocos entienden, explicado por charlistas conocedores de las nuevas leyes que afectarían a dichos gremios del turf, casi se le escapó de las manos cuando el contenido de la temática apuntó de manera general y no puntual a lo que todos habían venido a escuchar, lo que sumado a un mal audio y poca claridad de dos de los tres oradores, primeramente desconcentró a la gran mayoría y segundo, aprovechando la gran convocatoria, dirigentes, propietarios y criadores dieron a conocer la psicosis que se ha producido al respecto, reflejado en los últimos remates de caballos que han sido realmente negativo para los haras, por la inseguridad que reina en el ambiente acerca de cómo se van a ver perjudicadas las personas que adquieran un fina sangre de carrera.

Desafortunadamente, el documento que, en supuesto, traería estos nuevos cambios en la hípica, no fue explicado, ni mucho menos leído el decreto que modificaba la ley de que los preparadores dejaban de ser e mp leado de segunda, pasando a ser de primera categoría, iniciando con ello el tributo del IVA, por lo que tendrían que, en adelante, facturarlo todo, desde la co mp ra de insumos (forraje, etc) hasta el arriendo de corral y cobro de pensiones.

PROBLEMATICA ACTUAL

Al no existir la total certeza en los expositores de esta reforma, que muchos incluso dan por hecho, pero que la gran mayoría de los gremios (allí presentes) consideró que no existe ni siquiera en los planes del SII, de acuerdo a investigaciones que han hecho ante la autoridad fiscal, encontrando cero respuesta al respecto, fueron presentados -y en voz alta- los graves problemas que hoy afectan al 90 por ciento de los preparadores, y por lo cual el martes en el CHS se inscribió a última hora, como presión para ser escuchados por la autoridad hípica. Allí se exigió que el Consejo Superior, presidentes de Hipódromos y todos los gremios hípicos acudan como un solo bloque a dialogar con la máxima autoridad del SII y de la Inspección del Trabajo pidiendo flexibilización a los controles sorpresas que efectúan fiscalizadores a los corrales, exigiendo los libros al día y sancionando en casi todas sus visitas con multas i mp agables, de hasta tres millones de pesos, que han recaído en algunos modestos preparadores, que dicha suma de dinero ni siquiera consiguen en un año de trabajo.

Se señaló que así como toda la hípica se unió cuando el gobierno quiso gravar la actividad con un nuevo 3.0 por ciento para financiar parte del Plan Auge, esta vez debiera hacerse lo mismo, aclarando las cosas, lo que daría la tranquilidad que todos esperan para que la actividad vuelva a caminar con la certeza de que cualquier inversión efectuada con caballos está dentro y no fuera de la ley.

El pesado ambiente que se respira en la actualidad, ha redundado en la escasa venta de F.S. en las últimas subastas, situación que tiene muy deprimido al gremio de criadores, dentro de los cuales varios haras no rematarán el presente año, dejándose toda su producción a la espera de lo que sucederá. Obviamente la situación repercutirá en la actividad al quedar en manos de pocos una gran cantidad de efectivos. Pero también es una realidad, que los criaderos están en su derecho de decidir si venden o no, pues de acuerdo a los magros resultados de las últimas subastas de dos años, los precios alcanzados ni siquiera permiten recuperar el costo de crianza del animal.

DOBLE IVA

Muy escuchada fue también la intervención de Marcial Zegers, Presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera, al señalar que desde hace meses está reunido con autoridades del SII para lograr entender el doble pago del IVA, cuando un caballo en training debe cancelar nuevamente el I mp uesto al Valor Agregado, siendo que ya lo pagó al ser rematado como dos años.

Esta misma loable gestión fue señalada por varios de los presentes un deber de las autoridades hípicas, reiterándose que como un todo debiera analizarse el problema en representación de todos los gremios del turf y no sólo de los propietarios.

Finalmente y en calidad de supuesto, una de las intervenciones que estuvo a punto de caldear el ambiente señalando que todo se trataba de un plan de los criadores para poder recuperar el IVA, hipótesis planteada por René Tabilo, ex propietario de la potranca Villa Francia y conocido dirigente sindical del medio capitalino, la cordura tuvo que volver al recinto, siendo el propio Marcel Zarour, presidente de Criadores y de la entidad que organizaba la conferencia, el encargado de responder que no era esa la idea del llamado a todos los gremios a la charla, ya que es ahora más que nunca donde se necesita de una hípica unida para enfrentar el problema que se avecina como un solo bloque. Respecto a la alusión, Zarour, finalmente manifestó estar contra tales acusaciones, ya que tiene entendido de acuerdo a su experiencia personal, que todos los criadores recuperan la totalidad del IVA, lo que mal pretenderían conseguirlo exigiendo facturas por el pago de pensiones.

NUEVO ENCUENTRO

La publicitada charla del pasado martes, que Criadores F.S de Carrera, en su afán de ser un aporte a la actividad, como lo ha venido haciendo en otras ocasiones, quiso esclarecer una problemática que pocos co mp renden, y que tuvo una convocatoria jamás antes vista en dicho local, permitió, además de tocar situaciones vigentes, que en carne propia sufre la gran mayoría de los preparadores, crear el ambiente para que una vez más la hípica se una en un cuerpo sólido.

 

Diario La Nación (07/07/2005)

EXPERTOS TRIBUTARIOS TERMINARON ESCUCHANDO A GREMIOS
Charla sobre i mp uestos en la hípica finalizó en debate
La excelente idea de Criadores F.S. de organizar un foro para explicar las nuevas disposiciones del SII relacionadas con la hípica, casi se les fue de las manos cuando surgieron opiniones que estuvieron a punto de enfrentar a los gremios allí presentes

 


País plataforma: CPC plantea modificaciones laborales y tributarias

A full trabajan la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (AmCham) y el gobierno para materializar las propuestas que permitirán transformar “realmente” a Chile en un país plataforma.

El 22 de junio pasado, el máximo dirigente de la CPC, Hernán Somerville, entregó al presidente de la República, Ricardo Lagos, el resultado del catastro con la identificación de los problemas y su posible solución.

Para lograr este informe ambas entidades privadas realizaron una encuesta confidencial a las 37 multinacionales que han instalado su plataforma de negocios en Chile y que figuran en el registro del Comité de Inversiones Extranjeras.

De éstas, precisa el documento, 14 contestaron el sondeo; adicionalmente respondieron otras 8 compañías con algún tipo de plataforma, pero que no figuran en la lista mencionada; y, finalmente, hubo 5 empresas que pese a no ser plataforma, contestaron debido a que alguna vez evaluaron tal posibilidad.

Con este documento en mano, el presidente Lagos decidió remitir los antecedentes al Comité de Inversiones Extranjeras para revisar cómo ir despejando aquellas trabas que encontraron los representantes del sector privado.

De ahí que, informaron fuentes ligadas al proceso, ya está agendada para la próxima semana una reunión entre el Ministerio de Economía, el Comité de Inversiones Extranjeras, la CPC y AmCham donde establecerán una agenda de trabajo para que en los próximos dos meses se aborden las propuestas de corto plazo y se dejen establecidos los pasos a seguir para concretar las medidas de mediano y largo plazo.

Algunos de los principales puntos identificados en el documento son los siguientes:

Problemas

1. Mejorar el nivel del inglés, ya que el 59% de las empresas contestó que el bajo nivel de manejo de dicho idioma debiera mejorarse para fortalecer a Chile. De hecho, en el ranking referido al lenguaje, en el Indice de Atractivo para la Ubicación en el Extranjero 2004, dentro de 25 países Chile figura en el lugar 15, debajo de naciones como Canadá, Irlanda, Singapur, India, Costa Rica, Argentina y España.

2. Necesidad de revisar algunos aspectos laborales y previsionales, tales como:

-Jornada de trabajo ya que muchas de las actividades que desarrollan las empresas-plataforma requieren de un esquema de funcionamiento continuo o de jornadas flexibles.

-Costos de despido; permiso y fuero maternal.

-Porcentaje de trabajadores extranjeros. El Código del Trabajo señala que el 85%, a lo menos, de los trabajadores que sirvan a un mismo empleador deberá ser de nacionalidad chilena y para algunas empresas es insuficiente disponer de sólo un 15% de trabajadores extranjeros.

-Cotizaciones previsionales de extranjeros que no pueden ser retiradas del país.

-Pago de licencias médicas, ya que muchos trabajadores extranjeros cotizan en el exterior.

-Lentitud en obtención de visas.

3. Necesidad de más técnicos calificados. Un 23% de las empresas encuestadas señalaron la baja oferta de técnicos calificados como una de las debilidades de Chile como país plataforma. Esto se ve especialmente en el rubro de los técnicos vinculados a la tecnología.

4. Necesidad de revisar algunos aspectos tributarios, tales como:

-Crédito por doble tributación para los contribuyentes domiciliados o residentes en Chile por las rentas obtenidas en el exterior, cuando éstas hayan sido gravadas en el extranjero. El crédito es de hasta 17% cuando no se encuentra en vigencia un convenio parta evitar la doble tributación y de hasta 30%, cuando sí existe este acuerdo.

-Tratados para evitar la doble tributación.

-Exenciones del IVA en las exportaciones de servicios, que deben ser calificadas como tales por el Servicio Nacional de Aduanas. Algunos de los requisitos con que el servicio debe ser efectuado materialmente en Chile; susceptible de verificación en su existencia real y en su valor; que el servicio debe ser utilizado exclusivamente en el extranjero; y que el prestador del servicio debe hacer siempre una declaración de exportación.

-Servicios prestados por empresas relacionadas.

-Tributación al software. El pago de licencias al exterior por el uso de software estándar tiene un impuesto adicional de 30% al sujeto licenciante del exterior.

-Sociedades plataforma de inversiones, establecida en el artículo 41-D de la Ley de la Renta y que si bien es un avance no está lo suficientemente difundida.

Soluciones

1. Mejorar el nivel y estatus de los profesores de inglés; reforzar la preparación de los alumnos de pedagogía en inglés; extender y profundizar la enseñanza de dicho idioma en todos los colegios de Chile; implementar el plan English Talk Towns. Asimismo, impulsar algunas de las ideas insertas en la Agenda Pro Crecimiento II, como el Centro Nacional de Voluntarios Angloparlantes; distribuir agendas bilingües inglés; fomentar en las empresas la racionalización del uso de la franquicia Sence.

2. Permitir mayores posibilidades de adaptabilidad de la jornada laboral.

3. Disminuir el monto de indemnizaciones por años de servicio a pagar en caso de despido. Una posibilidad es aumentar el seguro de cesantía.

4. Revisar la duración del permiso y del fuero maternal.

5. Aumentar el porcentaje de trabajadores de nacionalidad extranjera que puede contratar un empleador.

6. Permitir la portabilidad de los fondos previsionales de los trabajadores extranjeros que se desempeñen en Chile y de los chilenos que laboren en el extranjero. Asimismo, suscribir más convenios internacionales que solucionan este problema en relación a casos específicos.

7. Agilizar el trámite de obtención de visas.

8. Aumentar el número de becas otorgadas a técnicos; reformular el proyecto de ley que crea un sistema nacional de certificación de competencias laborales, otorgándole mayor injerencia al sector privado. En el marco de la Agenda Pro Crecimiento II algunas de las iniciativas son fortalecer la participación de los empresarios, incorporando contenidos curriculares más relacionados con las necesidades del mercado laboral y fortalecer el rol del Consejo Consultivo de la Formación Técnica.

9.En materia tributaria se establece:

-Aumentar la tasa del crédito tributario hasta el monto efectivamente pagado en el exterior y elevar su límite máximo a 35% en todos los casos.

-Permitir que se acrediten los impuestos pagados en el exterior por concepto de intereses, ganancias de capital y prestaciones de servicios, independiente de la vigencia de un tratado para evitar la doble tributación.

-Posibilitar que el contribuyente chileno acceda al beneficio de la deducción del crédito tributario por el impuesto pagado en el exterior en el caso de prestaciones de servicios realizadas materialmente en Chile.

-Permitir al inversor residente o domiciliado en Chile utilizar el crédito tributario por impuestos pagados en una tercera jurisdicción, cuando realiza su inversión en el exterior en forma indirecta.

-Posibilitar al inversor residente o domiciliado en Chile optar por un sistema de exención frente al impuesto a la renta local de las rentas derivadas de actividades empresariales desarrolladas en el exterior.

-Eximir de IVA a los servicios prestados en el exterior, sin la necesidad de una calificación previa y expresa del Servicio Nacional de Aduanas.

-Establecer una exención al impuesto adicional para los servicios prestados por empresa relacionadas, o al menos imponer una tasa de impuesto adicional más reducida.

-Eliminar o reducir el impuesto adicional al software.

10.Que las sociedades plataforma de inversión no se constituyan como sociedades anónimas abiertas o cerradas, con lo cual se evita que los resultados de estas sociedades deban ser consolidados de acuerdo a los principios contables aceptados en Chile que no son los mismos utilizados a nivel internacional; que el cierre del ejercicio contable se deba realizar al 31 de diciembre, fecha que puede diferir de la utilizada en otros países; se plantea que de los cinco directores al menos uno tenga residencia en el país, ya que bastaría con que exista un representante legal residente en Chile; y se evita que la sociedad informe a la SVS de los hechos esenciales de la sociedad plataforma y sus filiales, ya que sólo se justificaría cuando se emiten valores de oferta pública.

M. Sánchez/ C. Contreras
economia@diariofinanciero.cl
Diario Financiero 28 de julio 2005

Efecto económico del Impuesto a los Combustibles

Unos US$ 1.500 millones menos recaudará el Estado durante los próximos 10 años producto de la "dieselización" del parque automotor, fenómeno asociado al crecimiento de autos a diésel en desmedro de los bencineros.

La estimación viene de la Asociación de Gas Natural Licuado, entidad que realizó un extenso informe sobre el impacto que tendrá en la recaudación fiscal el actual sistema tributario que afecta a los combustibles.

En el Ministerio de Hacienda se afirma que no han realizado un análisis exhaustivo, pero reconocen que no es descartable la cifra de los privados.

Según el economista Jorge Quiroz el fisco recaudará menos en los próximos años porque hay un incentivo tributario para que los automovilistas privilegien el diésel por sobre las bencinas.

El gerente general de la AGN, Carlos Cortés, explica que la gasolina tiene un impuesto que es cuatro veces más alto que el diésel. "Esto es un incentivo perverso considerando que ese insumo es más contaminante que la bencina y que el gas vehicular".

Tras los cambios tributarios que aprobó el Congreso este año el gas vehicular quedó más competitivo que la bencina, pero no así con respecto al diésel, que sigue siendo el combustible más barato de todos y que, además, hoy está siendo beneficiado por un subsidio adicional que tiene congelado el precio en $430.

Cortés afirma que de no corregirse las distorsiones el nuevo Gobierno enfrentará un déficit de caja importante.

Agrega que hoy la recaudación tributaria por concepto de impuesto específico a los combustibles presenta un estancamiento a contar del año 2002. El parque vehicular creció a una tasa promedio anual de 1,5% durante el período 2001-2004, lo que contrasta con el alza de 0,7% que registró la recaudación fiscal por concepto de impuesto específico a los combustibles en ese período. Incluso en 2004 cayó en 1,1%.

La economista del Instituto Libertad y Desarrollo, Ana Luisa Covarrubias, también cree que las arcas serán afectadas por la "dieselización" del parque automotor, aunque no tiene clara la magnitud del impacto.

Afirma que Chile debe mejorar su estructura tributaria porque hoy no refleja las externalidades que provoca cada combustible. Estima que en el caso de diésel hay un daño ambiental y también un impacto sobre la infraestructura vial, en vista que son los camiones y buses los que más usan ese combustible. Concluye, que ese mayor costo no lo están asumiendo los usuarios. "Si se quieren realizar subsidios lo más importante es que estos sean claros, directos y no encubiertos".

Christian Viancos. El Mercurio, Miércoles 13 de julio de 2005.
Privados y Gobierno reconocen fuerte impacto en arcas fiscales por el mayor uso que tendrá ese combustible.
Pago de impuestos en próximos 10 años:
Fisco perderá US$ 1.500 mills. por el diésel

Véase tambien: Nuevo Impuesto a Gas combustible

 

Franquicias y Exenciones Tributarias

Hay posturas radicalmente diferentes respecto a estos beneficios, a través de los cuales el Estado deja de percibir más de US$ 3.000 millones cada año.


CAROLINA SOZA J.

Para algunos, el sólo hecho de pronunciar la palabra "franquicia" cuando se habla de impuestos, les produce tirria. Dudan de su efectividad y la condenan a priori porque se presta para la evasión tributaria y para favorecer a un determinado sector.

Otros piensan lo contrario. Que no sólo son necesarias, sino que son el "salvavidas" que genera incentivos económicos, entre otras cosas, porque alientan la inversión y el ahorro de las personas y descentralizan el país.

Hay opiniones para todos los gustos. Lo único que queda claro es que nadie parece estar totalmente conforme con la estructura tributaria actual. Algunos son partidarios de eliminar la mayor cantidad de franquicias posibles -como lo ha planteado el senador Carlos Ominami-, otros de modificar las ya existentes o de crear nuevos beneficios tributarios.

En esta discusión los candidatos presidenciales no han estado al margen. El tema se puso sobre la mesa cuando, en medio de la efervescencia política de los presidenciales, se propuso eliminar el artículo 57 bis de la Ley de Rentas, lo que fue aprobado hace una semana en el Congreso.

Siguiendo la misma línea, el propio Ominami ha tratado de terminar con la franquicia que tienen actualmente las constructoras respecto al 65% del IVA y han emplazado a los candidatos presidenciales a que se suban a este carro.

Distorsiones

El tema de las franquicias no es menor, si se considera que el año pasado el Estado dejó de percibir más de US$ 3.000 millones por gasto tributario. O sea, más del 4% del PIB chileno si se suman todas.

Las más importantes tienen que ver con el impuesto a la renta. Según el Ministerio de Hacienda, éstas alcanzan un monto estimado de 3,3% del PIB en 2005.

Muchas de las franquicias tienen un objetivo claro: más de 30 tienen el propósito de incentivar la inversión y el ahorro. Las regiones cuentan con 13 tipos de beneficios tributarios, con el fin de descentralizar el país.

Según José Yáñez, economista y académico de la Universidad de Chile, las franquicias tributarias generan una erosión en la base de los impuestos o una distorsión de precios relativos, lo que atenta contra el requisito de la equidad que debería cumplir todo impuesto.

En este sentido, cree que sería bueno evaluar estos beneficios para determinar si realmente están cumpliendo el objetivo para el cual fueron creados. Si es que no han generado el efecto buscado, deben eliminarse, dice Yáñez.

Aunque está de acuerdo con la eliminación de algunas franquicias, como la del 57 bis, no le gusta que las decisiones económicas se tomen a partir de una apuesta política.

Una visión más crítica tiene Andrés Sanfuentes, economista y ex presidente del BancoEstado. Para él, lo ideal sería reducir las franquicias, porque son un sistema ineficiente, que se presta para la evasión tributaria. Además, considera que son difíciles de controlar porque están llenas de vericuetos, y son regresivas, ya que favorecen muchas veces a sectores de altos ingresos.

Cree que se debiera revisar el estatuto de capitales extranjeros y eliminar sus franquicias, para dejarlos en igualdad de condiciones con los inversionistas locales.

También plantea terminar con algunos beneficios que se entregan en zonas extremas. Por ejemplo, la ley Navarino, que establece un régimen preferencial aduanero y tributario para las provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena.

Varios expertos cuestionan también el beneficio tributario DFL2, que consiste en que las rentas de arriendo, de viviendas acogidas a esta normativa, no paguen impuesto a la renta.

A juicio de Sanfuentes, esta franquicia es una vergüenza, porque beneficia a sectores medios y altos de la población.

Norberto Rivas, académico de la Universidad de Santiago, también tiene reparos con el DFL2. Considera que uno de los errores es que se puso como tope 140 m2, pero no límite por precio de venta o adquisición y tampoco se puso límite a cuántas viviendas puede tener una persona para acogers e a este sistema.

Hoy se pueden encontrar, comenta, empresas constituidas con este fin y personas naturales que cuentan con muchas viviendas y por todas consiguen el beneficio.

Más que eliminar franquicias, debieran perfeccionarse las que existen, opina Julio Pereira, abogado socio de PriceWaterhouseCoopers. En el caso de las franquicias relacionadas con capacitación, afirma que deberían flexibilizarse, porque hoy es poco atractivo llevarlas a cabo.

En cuanto a los incentivos a las donaciones, sería urgente uniformar los criterios para que realmente incentiven y beneficien a los donantes y donatarios, agrega.

Pese a que se muestra abierta a revisar la efectividad de ciertas franquicias, Rosana Costa, analista del Insituto Libertad y Desarrollo, advierte que éstas son instrumentos que tiene el sistema tributario para corregir o minimizar ciertas distorsiones que se producen.

"Por eso hay que mirarlas con más cuidado y no decir que hay que tender a eliminarlas, porque se trata de evitar distorsiones mayores propias del sistema tributario. Hago presente que muchas de ellas vienen a evitar costos mayores en términos de castigar la inversión", asegura.

Aunque puede discutirse respecto a varias franquicias que se pueden modificar o eliminar, la mayoría concuerda en que es un tema que debe mirarse con calma, analizando los costos y beneficios y no dejarse llevar por la efervescencia de las elecciones.

POSTURAS DE CANDIDATOS Y SUS EQUIPOS

MICHELLE BACHELET

Ha dicho que quiere reducir las franquicias tributarias que no se justifiquen. Apoyó la eliminación del 57 bis. La Fundación Chile 21 propuso eliminar la mayoría de las exenciones, pero los asesores de la candidata han dicho que esta propuesta es una de tantas que se analizan.

SEBASTIÁN PIÑERA

Cree que hay que estudiar las franquicias en el contexto de todo el sistema tributario y hacerlo en forma seria, no para conseguir votos. No está de acuerdo con la iniciativa de modificar el beneficio tributario del IVA a la construcción. Cree que debe ampliarse la franquicia para la capacitación.

JOAQUÍN LAVÍN

Fue él quien desafió al Presidente Lagos a derogar el artículo 57 bis en 24 horas. El equipo de Lavín ha propuesto subir la franquicia Sence para algunas empresas rurales. En regiones plantea rebajar gravámenes a la inversión y analizar fórmulas para asociarlo a una franquicia.


EXENCIONES

SI SE SUMAN las franquicias tributarias, éstas superan el 4% del PIB.

¿Hay que barrer con las franquicias tributarias?

Carolina Soza J.

El Mercurio 22 de junio de 2005

Véase también:

Franquicia Sence: fraude tributario y estadísticas

Para la cuantificación de las franquicias, véase en el sitio www.sii.cl, estudios el Informe de Gasto Tributario 2003-2005.

 

Devolución de impuestos 2005

En la segunda etapa de fiscalización de la Operación Renta 2005 se encuentra por estos días el Servicio de Impuestos Internos (SII). La operación en terreno tiene como objetivo indagar en profundidad respecto de aquellas 241.679 declaraciones a las que se detectaron inconsistencias. Entre éstas se encuentran las solicitudes de los 171.925 contribuyentes a los que se les retuvo la devolución de impuestos por un monto que sobrepasa los US$ 653 millones ($382.080 millones), como se informó el 26 de mayo durante el balance del proceso 2005.

Pero en lo que va corrido de este mes, el Servicio informó que ha autorizado otras 13.095 devoluciones, por un monto de US$ 126 millones ($ 74 mil millones), por lo que las retenciones pendientes suman US$ 527 millones.

Eso significa que, considerando las devoluciones realizadas en mayo, a la fecha van más de 1.460.400 devoluciones efectuadas por un total de $ 678.247 millones. Se supone que la cifra retenida va disminuyendo semana a semana porque “periódicamente se van produciendo liberaciones de declaraciones que están observadas”.

Esto sucede a medida que se aclaran las inconsistencias. Es por eso que, de acuerdo al SII, una manera de conseguir que la declaración finalmente quede aprobada es rectificándola y eso se puede hacer a través de Internet a partir del 1 de junio pasado. De hecho, la entidad ofrece algunas propuestas de rectificación.

Mientras tanto el SII sigue fiscalizando en profundidad en un proceso paulatino durante el resto del año. De esta etapa puede resultar, también, que algunos contribuyentes sean citados a presentarse en las unidades de SII para aclarar las diferencias.

En lo que se refiere a la fiscalización de la Operación Renta 2004, el SII informó que los resultados arrojaron un saldo a su favor de $ 63.576 millones, luego de haber fiscalizado a 299.319 casos de las 355.644 declaraciones que en mayo de 2004 presentaron inconsistencias.

El saldo a favor se produce, porque el total de declaraciones con observaciones, además de estar incorporados aquellos contribuyentes que solicitan devolución, también están las declaraciones con pago y las denominadas “calzadas”, o sea, sin pago y sin devolución.

Historial

El SII ha resaltado que, en comparación con la Operación Renta 2004, esta vez la cifra de contribuyentes a quienes no se les autorizó en forma inmediata la devolución disminuyó en 90.593. Esto lo atribuyen a una “significativa mejora en la calidad de información de los agentes retenedores e informantes que disminuyó considerablemente las inconsistencias detectadas en las declaraciones”.

El Colegio de Contadores, si bien valora esta baja en las impugnaciones por parte del SII, enfatiza en algunas diferencias que mantienen con la entidad.

El consejero coordinador de la Comisión Tributaria de la entidad, Maclovio Moenne-Loccoz, sostiene que a pesar de que existe un número mucho más alto de devoluciones que el año pasado, “hay que hacer la salvedad de que dentro de eso, no siempre la devolución es por el valor total, sino que también a veces queda un saldo retenido”.

Agrega que “a veces las observaciones no tienen relación directa con el monto de los tributos, sino que son información complementaria, por ejemplo del FUT, es decir, datos estadísticos, que no van a afectar el resultado de la declaración”.

Facultad

El consejero de la entidad, Luis Torres, enfatiza en que el SII tiene la obligación de devolver las platas 30 días después de presentada la declaración. “Nosotros conceptualmente estamos en desacuerdo. Siempre el Servicio tiene la facultad de revisarme, pero devuélvame la plata y después revíseme”, sostiene.

De acuerdo al Colegio, el SII debería retener las devoluciones sólo si dispone de antecedentes que le permitan calificar las declaraciones presentadas por los contribuyentes como no fidedignas.

Incluso, a juicio de Torres, el Servicio debiera considerar el historial del contribuyente a la hora de las retenciones. De la misma opinión es el senador Baldo Prokurica, para quien el sistema debiera operar como en todas las democracias modernas, o sea, que a los contribuyentes se les hace efectiva su devolución y, posteriormente, se le aplican multas si es que se comprobó algún error en su devolución. Lo contrario, asegura “es presumir mala fe”.

De hecho, dentro del articulado del proyecto se establece la obligación de devolver en tiempo y forma los impuestos (ver recuadro).

Cruces

Además, el consejero del Colegio, Luis Torres, manifiesta que hay un porcentaje de las retenciones que hace el Servicio que “no compartimos”.

En este sentido, Moenne-Loccoz agrega que “hay bastantes casos que no cuadran y lo peor es que la mayoría de las veces esto no significa diferencias en la realidad, sino simplemente errores en las verificaciones o parámetros de cruce. Hay un sinnúmero de cruces debido a que el contribuyente alimenta la base del Servicio con declaraciones juradas en más de 40 modalidades distintas”.

Diario Financiero, 20 de junio de 2005.
Paola Díaz
pdiaz@diariofinanciero.cl

SII mantiene retenidos US$ 527 millones a 158 mil contribuyentes.

Véase también: Devolución de impuestos: causas y estadísticas

 

 

La propuesta tributaria de J. Lavín

A full está trabajando en los últimos detalles que contendrán las propuestas económicas de los talleres Bicentenarios. Con su experiencia como consultor internacional, Cheyre cree que Chile avanza hacia el 7% de crecimiento.

Bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y subir el tributo de primera categoría de 17% a 20%, son algunas de las propuestas en materia impositiva que contendrá el programa de gobierno del candidato presidencial, Joaquín Lavín. Así lo comentó el economista y asesor en materias económicas del abanderado de la UDI, Hernán Cheyre, quien además llamó a la calma respecto de la seriedad de las proposiciones del presidenciable.

Contestando a la inquietud que manifestó el consejero del Banco Central, Manuel Marfán, respecto de los “ofertones” que estaban entregando los candidatos al sillón presidencial, Cheyre dijo que es perfectamente posible que Chile tenga de aquí al 2011 -e incluso al 2009- un crecimiento potencial de 7%.

- ¿Cómo van los talleres bicentenarios, sobre todo ahora, luego de la irrupción de Sebastián Piñera a la carrera presidencial?

- Todas las comisiones de los talleres bicentenarios están entregando los informes finales, con los cuales se está elaborando un documento resumen que englobe todo esto, se entregará en las próximas dos semanas a Joaquín Lavín y se va a colocar a disposición de los partidos. Nuestra idea es hacia fines del mes de junio poder entregar el resultado final.

- ¿Pero cómo se dividieron estos talleres luego del remezón que vivió la Alianza?

- Salvo un par de excepciones, en general el resto de las personas siguió trabajando. Cuando se produjo la irrupción de Sebastián Piñera como candidato presidencial, a esas alturas el grueso del trabajo estaba casi terminado. Faltaba lo mínimo, que era elaborar los documentos finales, así que no es tanto lo que se ha afectado en ese sentido.

- ¿Cuáles son las principales propuestas de estos talleres?

- Prefiero no adelantar nada. Esperemos a fines de junio. Pero algunas cosas son como el empleo, donde no vamos a descubrir la rueda, el fomento de la inversión y de la productividad. Son títulos bastante obvios. Pero, tenemos que tener un esquema tributario que no discrimine en contra de la inversión, un esquema regulatorio que no desincentive las inversiones, fomentar la creatividad y cambios tecnológicos en las empresas y también la posibilidad de generar mayor empleo en las mujeres.

Bajar el IVA

- Pero por ejemplo en el tema tributario, ¿cuál es la propuesta del programa de Joaquín Lavín?

- Hace un tiempo Joaquín Lavín dijo que a pesar de que al IVA le corresponde bajar el año 2007 a él le parecía realista pensar que no lo iba a poder disminuir. Y el programa que estamos elaborando considera que sí se puede bajar en ese punto, porque al mismo tiempo hay un mejor precio del cobre que permite sustentar ingresos estructurales más altos. Para ponerlo en términos simples, hay condiciones internacionales que creemos que se pueden mantener y que harían posible traspasar ese beneficio a las personas por la vía de un impuesto, IVA, más bajo. Ahora, si por alguna razón el precio del cobre fuera más bajo, no se podría bajar el IVA. Pero no se están buscando cambios en la carga tributaria sino reasignaciones.

-¿En qué casos, por ejemplo?

-Ya se ha anunciado en el caso de las Pyme, considerando que su principal fuente de financiamiento son, precisamente, los flujos que el propio giro genera, nos parece importante ampliar un mecanismo que ya existe que es el artículo 14 Bis de la Ley de la Renta que permite que las empresas con ventas, hasta un cierto monto, no paguen impuestos por las utilidades reinvertidas. Eso existe y queremos ampliarlo, avanzar en esa línea.

- ¿Ampliarlo en qué sentido?

- Aumentar el tope para empresas que venden más, siempre dentro de las empresas relativamente más chicas. Es decir, hacer un esquema para que no paguen impuestos por las utilidades reinvertidas y paguen solamente por las distribuidas. Y en la medida que la disponibilidad de recursos lo permita, la idea es ir avanzando hacia un esquema global en esa línea. Tal vez un primer paso sería establecer una diferencia en la tasa que pagan a la renta todas las empresas por las utilidades reinvertidas o retiradas. Incluso, uno podría pensar en subir la tasa del impuesto que hoy se aplica sobre las utilidades, en caso de que sean retiradas y dejarla más baja si las utilidades son reinvertidas.

- Ahora el impuesto de primera categoría está en 17%, ¿a cuánto se podría subir?

- A 20% por ejemplo, perfectamente podría ocurrir eso.

- ¿Y cuál es la propuesta en el caso de las personas?

- En el caso de las personas, la idea es reagrupar los tramos, hacer tramos más amplios de renta para que no sea tan brusco el aumento en las tasas marginales. Lo ideal es hacer tramos mucho más amplios y, eventualmente, también bajar la tasa marginal. Pero eso está todavía en estudio. Lo que sí es importante es que se mantenga un sistema tributario que no discrimine la inversión. Uno de los elementos importantes que contiene el sistema tributario actual es que las empresas pagan impuesto de primera categoría, 17%, y después cuando se distribuyen los dividendos las personas pueden utilizar el impuesto pagado en la empresa como un crédito al nivel del Global Complementario personal. Y, en ese contexto, está el Fondo de Utilidades Tributables, el FUT. Michelle Bachelet es partidaria de eliminar el FUT. Ella quiere terminar con un mecanismo que ha sido muy importante para evitar dobles tributaciones, integrando el impuesto a las personas con el impuesto a las empresas. La propuesta de Bachelet apunta a romper eso y tenerlo como dos cosas separadas y eso en el fondo es una importante alza en la tributación a las empresas lo que, a mi juicio, sin ninguna duda afectará la inversión.

Los ofertones

- Esta semana, Manuel Marfán dijo que todos los supuestos del Banco Central consideran que la regla de superávit estructural se mantiene, ¿cree que se debiera institucionalizar?

- Haber establecido esta regla fue un paso tremendamente importante y soy partidario de mantenerla. Ahora, uno podrá discutir si la cobertura que tiene la definición del sector público es la adecuada; creo que es válido estudiar cuál debe ser la cobertura que debe tener este concepto de superávit estructural, pero desde ese punto de vista me parece absolutamente razonable dar pasos que signifiquen un compromiso para mantener la regla.

- ¿Y le acomoda un superávit de 1%?

- Sí. No veo problemas en que sea 1%, pero ese número no es mágico. Si se estimara que el número pueda ser un poco más bajo, es perfectamente discutible.

- ¿Pero dentro de las propuestas de Joaquín Lavín se está viendo mantener esta regla?

-Sí. El programa que está elaborando se basa en la mantención de un balance estructural con un superávit de 1%.

- El consejero del Banco Central también llamó a los candidatos a tener seriedad en las propuestas programáticas para sus eventuales gobiernos, ¿cómo recibe esa recomendación, considerando que Joaquín Lavín ha hablado de un crecimiento de 7%?

- Me gustaría tranquilizar a Manuel Marfán. Agradezco que el consejero del Banco Central pida seriedad, pero en este caso la candidatura de Joaquín Lavín está siendo seria. Nuestras estimaciones apuntan a que vamos a converger hacia un crecimiento potencial de 7%, lo cual no se dará el año uno. El horizonte de planeación del programa es de 6 años y si el 2011 uno supone que el crecimiento potencial de la economía será 7% y el precio del cobre US$ 0,95 la libra, desde el punto de vista de los ingresos estructurales ese solo hecho nos generará US$ 8.500 millones más. Si a eso se agrega que parte del gasto se hará vía concesiones y eficiencia en la fiscalización, nos trasladamos a US$ 9.500 millones. Obviamente, como el trayecto hasta llegar al crecimiento potencial de 7% no será inmediato, el aumento en los programas de gasto será gradual, de manera que hacia el final del período todos los gastos nuevos que se hayan acumulado cuadren con esos US$ 9.500 millones.

- Pero usted como economista sabe que el entorno macro puede cambiar violentamente. ¿No le parece peligroso prever un crecimiento de 7% y un cobre de US$ 0,95 considerando que pueden venir ciclos a la baja? Cuando comenzó el gobierno del presidente Lagos también se prometió un crecimiento de 7% y sin embargo la coyuntura dijo otra cosa...

- Efectivamente, cuando empezó el gobierno del presidente Lagos había una promesa implícita de un crecimiento de 7%, pero lo que él ofrecía desde el punto de vista de políticas económicas no era compatible con crecer al 7%. Las propuestas nuestras llevan aparejados cambios en el sistema que son compatibles con poder tener un crecimiento más alto. Mucha gente dice que hablar de un crecimiento de 7% es iluso. Pero en el período 1985-1987 se logró y también se logró crecer durante 13 años a un promedio de 7,2%. O sea, no es una cosa que estamos sacando debajo del sombrero, en algún minuto este país logró ese crecimiento.

- ¿Y qué pasa si se acorta el período presidencial a cuatro años?, ¿tendrían que redefinir sus metas y su programa?

-Si el período presidencial dura cuatro años habrá que irlo graduando de manera de hacerlo compatible con los recursos. Si los recursos adicionales que se generen van a un ritmo más lento, la velocidad con la cual se implemente el programa también será más lenta, pero eso no quita que las cosas no se vayan a hacer, porque son metas que están fijadas para finales del período. Creo que de aquí a 4 años si no estamos en un crecimiento potencial de 7% estaremos bastante cerca.


¿Cómo evalúa la gestión en términos económicos del gobierno del presidente Lagos?

- El gobierno del presidente Lagos va a entregar un país que tiene una estabilidad macroeconómica, lo que es bastante reconocido internacionalmente y va a dejar a un país bien parado, sobre bases sólidas, que ha mejorado la infraestructura general y que tiene huesos que están firmes. Pero al mismo tiempo es un país que ha perdido la musculatura.

- ¿Pero cómo recibe que la actual administración termine con altas cifras de crecimiento e inversión, similares al llamado trienio de oro?
- Lamento parecer aguafiestas, pero eso es más mito que realidad. El gobierno de Lagos va a terminar habiendo mostrado un crecimiento promedio más bajo que el de los gobiernos anteriores, y un promedio bastante similar al resto del mundo, en circunstancias que antes se pudo crecer mucho más. Todo esto a pesar de la estabilidad macroeconómica y de que Chile puede acceder a financiamiento en condiciones inmejorables. Chile es considerado un buen acreedor. Donde no es tan claro es que Chile sea visto como una plaza atractiva para atraer capital. Si uno mira el porcentaje de la inversión extranjera sobre las economías emergentes y compara respecto de lo que era antes de la crisis asiática, Chile hoy recibe un porcentaje más bajo. Por eso, creo que el manejo macro ha sido bueno, pero en la cosa micro, la musculatura, ahí el gobierno de Lagos deja mucho que desear por no haber abordado temas que eran fundamentales.

¿Quién es...?

Hernán Cheyre Valenzuela

Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile y Master en economía de la Universidad de Chicago.

Profesor de economía, microecomonía, y evaluación social de proyectos en la Universidad de Chile y en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (1978 y 1988).

Socio de Econsult desde 1985, con una gran experiencia en el campo de la consultoría participando durante más de veinte años tanto en Chile como en el extranjero.

Hernán Cheyre adelanta propuesta tributaria de Joaquín Lavín Diario Financiero 17 de junio de 2005.

Véase, también

 

 



Impuesto a los combustibles y otros vinculados

Es importante analizar qué gravamen específico a los combustibles es el que resulta más cercano a lo ideal, dadas las distorsiones que hoy provoca.


Luego de la séptima alza consecutiva del precio de los combustibles en el país hace unos días, que hizo empinar el valor de la bencina hasta el equivalente a un dólar por litro, se desató el clamor popular. Desde dirigentes del transporte hasta los más insignes representantes del pueblo abogaron por una reducción de la carga tributaria específica que grava a este sector.

La respuesta del Gobierno, en boca del ministro de Hacienda, no se hizo esperar: primero señaló que el Viejo Pascuero no existe -¿habrán escuchado esto muchos niños?-, y luego que los trucos de Mandrake el Mago no son aplicables a las finanzas públicas. Bueno, casi. Igual se las arregló para sacar un conejo del sombrero en la forma de un subsidio directo de $16.000 por jefe de hogar o equivalente de los sectores más pobres del país. Y después anunció un mecanismo de estabilización "de mercado" para el precio del diésel, aún no especificado. Desde un punto de vista de sana administración fiscal, hace bien el ministro en rechazar cualquier propuesta que huela a subsidio mal focalizado. Por lo demás, los elevados precios del petróleo no hacen que el fisco recaude más por el impuesto específico -por algo es específico y no ad valorem-, y en el caso del IVA, pudiera estar aumentando la recaudación pero más que nada por la reconversión forzada de calderas industriales de gas a petróleo.

Análisis desapasionado

No obstante, creo que el foco del debate debe estar en otros aspectos diferentes a la coyuntura actual de un petróleo caro. Dentro de tales aristas, destaco la necesidad de un análisis desapasionado de la racionalidad del impuesto específico a los combustibles y de su coherencia con el resto de la estructura tributaria y de pagos por servicios públicos. En estas dimensiones, como veremos, tiene más sombras que luces.

En primer lugar, el impuesto específico sólo rige para las gasolinas (6 UTM por metro cúbico, o alrededor de $181 por litro) y para el petróleo usado en el transporte (1,5 UTM por m3, o cerca de $45 por litro), de modo que es una forma de impuesto al uso de vehículos motorizados que utilizan estos combustibles (casi la totalidad del parque).

Como tal, se suele justificar sobre la base de que se trata de un gravamen a bienes cuyo consumo genera externalidades negativas; en este caso, contaminación y congestión. Dicho de otro modo, sin el impuesto, el consumo de estos combustibles sería excesivo respecto de lo que se considera socialmente óptimo. Pero, ¿quién asegura que las 6 UTM para las gasolinas y las 1,5 UTM para el diésel son los números óptimos? Jamás gobierno alguno desde que se instauraron estos impuestos se dio la molestia de hacer un cálculo económico siquiera aproximado. Es más, en el caso de las gasolinas se aumentó el impuesto desde 3,6 UTM a las actuales 6 UTM entre 1999 y 2001, para compensar los recursos fiscales que se fueron perdiendo por la reducción de los aranceles a las importaciones desde 9 a 6% en ese lapso. O sea, nada que ver con las externalidades por el uso de gasolinas.

Claro que lo más paradójico es que el impuesto a las gasolinas es cuatro veces el del diésel, en circunstancias de que este último combustible contamina muchísimo más. La explicación a esto radica en que el diésel influye en el precio de la locomoción colectiva, de mayor uso popular, por lo que la diferenciación del impuesto tiene una connotación redistributiva (igual que mucho otros impuestos en Chile) que termina agravando la externalidad asociada a la contaminación (¿no ha considerado cambiarse a un vehículo petrolero?).

Carga tributaria

Finalmente, el impuesto específico a los combustibles también se justificó en su momento en la necesidad que tenía el Estado de allegar recursos para proveer de infraestructura vial, tanto interurbana como en las ciudades. Pero, ¿sabía usted que los impuestos a los combustibles dan cuenta de unos US$ 1.300 millones por año y que la inversión conjunta en obras de infraestructura vial del MOP, del Ministerio de Vivienda y de los mecanismos diversos de inversión regional apenas rondan los US$ 450 millones anualmente? Es decir, cada chileno (incluidos niños y ancianos) sufraga unos 50 mil pesos al año en impuestos específicos a la gasolina y al diésel y recibe a cambio una inversión en pavimentación, conservación y construcción de vías estructurantes de sólo 18 mil pesos.

Eso sin contar que, si quiere usar su automóvil, un ciudadano debe pagar permiso de circulación (modo de tributo que aporta unos US$ 200 millones a los municipios) y que si el mismo quiere comprar o vender su auto, debe pagar otros impuestos (que agregan casi US$ 500 millones más).

Es cierto que en los últimos años se ha avanzado enormemente en materia de infraestructura vial (particularmente en términos de carreteras urbanas e interurbanas), pero también es cierto que esta nueva infraestructura se pagará con peajes; es decir, una erogación que se agrega a los impuestos que hoy se pagan en los combustibles y a través de los permisos de circulación. Es más, el Ejecutivo ha estado barajando recientemente la idea de imponer un nuevo gravamen, esta vez por cada nuevo edificio o desarrollo inmobiliario, sobre la base de que los mismos afectan la infraestructura vial y, por tanto, sus beneficiarios (quienes compren esas viviendas) deben pagar por ella a través de precios más elevados por los costos que implicaría sufragar esas inversiones.

Que se me entienda bien. Alabo el principio que asocia el pago por la infraestructura al uso de la misma (peajes, aportes por impacto vial, y los mismos impuestos específicos a los combustibles). Lo que creo debe revisarse es la carga tributaria total que soporta el contribuyente medio para financiar esta infraestructura, la que hoy aparece como desmedida.

Estructura impositiva

En síntesis, lo que propongo es que el Gobierno haga un estudio que determine, dentro de un rango razonable de exactitud, qué impuesto específico a los combustibles es el que resulta más cercano a lo ideal, considerando como punto de partida la necesidad de corregir las distorsiones mencionadas anteriormente. Si al final del día el impuesto a los combustibles existe más que nada porque es fácil de recaudar y de ese modo sustituye a otros tributos para poder hacer la caja fiscal, sería bueno entonces ampliar el mencionado estudio de modo de buscar mecanismos alternativos que provean recursos al Estado de una manera menos distorsionadora. Tal vez esto lleve a una revisión completa de la estructura tributaria, pero ¿por qué no? Total, esa infraestructura igual está plagada de distorsiones como ésta y sería bueno adecuarla al siglo 21. La ausencia de Mandrake nos serviría para preservar el sano principio de la austeridad fiscal, aunque el niño en mí se atreve a pedir un regalo al Viejo Pascuero (¿o quizás Vieja Pascuera?): que no aumente la carga tributaria.

"¿Sabía usted que los impuestos a los combustibles dan cuenta de unos US$ 1.300 millones por año?"

Felipe Morande Un impuesto mal puesto

El Mercurio Martes 26 de abril de 2005.



$ 2.100 millones en posibles Gastos Rechazados en relación Hidrosán-Essbio

 

La entidad tributaria está investigando nueve facturas por un total de $2.100 millones pagadas por la consultora Hidrosán a la controladora de Essbio a fines de 2001.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) inició una exhaustiva investigación a una serie de millonarios pagos que recibió la controladora de Essbio -la multinacional Thames Water- de parte de una de las empresas contratistas de la sanitaria chilena, Hidrosán Ingeniería.

La investigación se inició tras la multa por 10.000 UF ($170 millones) que i mp uso la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) al ex gerente general de Essbio, Juan Diéguez, en enero. Esta sanción se debió a que el ejecutivo no informó al directorio de su participación como socio de Hidrosán, e mp resa que realizó varios contratos con Essbio hasta 2003, precisamente cuando Diéguez trabajaba en la firma.

A la luz de esta investigación, en marzo pasado la SVS entregó al SII una carpeta con todos los datos recopilados en el proceso.

Fuentes cercanas al caso revelaron que dentro de estos antecedentes se encuentran nueve facturas por un total de $2.100 millones hechas por Thames Water, a raíz de los pagos realizados por Hidrosán Ingeniería a esta multinacional. Estas operaciones se efectuaron entre noviembre y diciembre de 2001.

Lo que llamó la atención de las autoridades es que Hidrosán es una empresa de asesoría que era habitualmente contratada y pagada por Essbio por sus trabajos. Sin embargo, en esta oportunidad fue ella la que pagó. Y los dineros pasaron directamente a Thames Water.

Las mismas fuentes detallaron que las justificaciones de los pagos que aparecen en estos documentos son variadas, repitiéndose las figuras de asesoría legal, servicios financieros y otras prestaciones vinculadas al negocio sanitario.

En el SII no hubo un pronunciamiento oficial, aunque fuentes internas confirmaron que la investigación existe, declinando adelantar el estado de avance.

En tanto, fuentes allegadas a Thames sostuvieron que frente a la solicitud de información hecha por el SII, la empresa ha entregado todos los datos de los que dispone.

Sin embargo, advirtieron que dado que los ejecutivos que dirigían la firma al momento de realizarse estos pagos ya no siguen en ella, el acceso a los antecedentes se ha visto dificultado.

La investigación del SII a la controladora de Essbio, se une a la que está siguiendo el propio directorio de la co mp añía a la gestión de Diéguez.

La empresa encargó una detallada revisión de todos los contratos realizados por las compañías constructoras de siete plantas de tratamiento de aguas servidas entre 2001 y 2003, para determinar si los gastos declarados por estas firmas se ajustaron a los precios de mercado existentes en Chile.

Esto, en el contexto del proceso de fijación tarifaria que enfrenta la empresa este año.

El tema cobra relevancia por el proceso de venta que realiza la controladora de Essbio, Thames Water, en el mundo, después que su matriz -RWE- decidiera no seguir en el negocio del agua.


Empresas sanitarias:
Millonarios pagos a Thames Water bajo la lupa del SII
Daniel García, Cristián Rodríguez.

El Mercurio Lunes 4 de abril de 2005

30 años del Impuestos al Valor Agregado

Los economistas celebran la eficiencia del Impuesto al Valor Agregado, que cumplió 30 años en Chile y representa más de la mitad de los ingresos tributarios, pero algunos critican mantenerlo en 19%.


¿A usted le gusta pagar impuestos? Casi con certeza cualquiera podría adivinar que su respuesta es no. Un no rotundo. Pero como tantas veces se ha dicho, los impuestos son un "mal necesario". Nos guste o no, el Estado necesita de estos recursos para cumplir sus funciones.

Por lo demás, es algo que hacemos prácticamente todos los días, cada vez que compramos algún producto en el mercado. Esto se debe al famoso Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava todos los bienes y servicios y afecta a todas las personas, quienes deben pagar el 19% en impuestos proporcionalmente por su consumo.

El impuesto acaba de cumplir 30 años de existencia. En marzo de 1975 comenzó a aplicarse con una tasa de 20%, medida que fue adoptada en Chile durante el régimen militar. Hoy es probablemente el impuesto por excelencia en Chile, ya que es la mayor fuente de ingresos tributarios para el fisco (aporta el 52%).

A pesar de que el IVA es un impuesto ingrato, a la hora de evaluar, los economistas no dudan en destacar su efectividad.

Instrumento clave

Según Rolf Lüders, economista de la Universidad Católica, la implanta

ción del IVA fue una de las medidas más importantes tomadas por el régimen militar en materia tributaria.

Asegura que ha sido un instrumento clave para reducir la evasión tributaria. Destaca que los distintos gobiernos, particularmente a partir de 1998, han hecho esfuerzos exitosos para reducir su evasión, tasa que hoy es de 14%, lo que es bastante bajo.

Además, considera que es probablemente el impuesto existente menos distorsionador de la asignación de recursos y seguramente produce en las empresas pequeñas una importante externalidad ordenadora de su administración de ellas.

José Yáñez, académico de la Universidad de Chile, también hace una buena evaluación del IVA. "Es un impuesto sencillo, importante recaudador de fondos para el fisco, difícil pero no imposible de evadir, y que ha ido siendo mejorado a través del tiempo". Explica que el nuestro es un IVA tipo consumo, lo cual significa que no grava el ahorro y la inversión. Es de tasa pareja, por lo que se impide que surjan arbitrariedades en su administración por parte de las autoridades y evita presiones indebidas por parte de los contribuyentes que pueden pedir tasas preferenciales.

El IVA en Chile nació en 1975, estando Jorge Cauas en el Ministerio de Hacienda, como una forma de contribuir a resolver una crisis fiscal de proporciones mayores. Este tributo llegó para reemplazar el impuesto de compraventa.

Según el economista y consultor Andrés Sanfuentes, el impuesto a la compraventa tenía varios problemas desde el punto de vista de la asignación de recursos. Uno era que se daban impuestos en cascadas; es decir, la materia se gravaba en reiteradas oportunidades.

Además, tenía varias tasas distintas sobre diferentes productos y muchas exenciones. Afirma que el IVA fue un gran avance, porque se mejoró la base tributaria y se uniformaron las tasas.

"Aún quedan ciertas exenciones, pero el impuesto tiene la gran ventaja de tasa única, que a mi juicio es la manera más adecuada para la asignación de recursos y para la equidad. Hay que tratar de preservar eso", sostiene.

No hay que caer en la tentación de quitar el IVA a ciertos bienes, como algunos han planteado para el caso de los libros, comenta. Además de ser un cuento de nunca acabar (si le quitamos el impuesto a un bien, ¿por qué no a otro bien básico?), Sanfuentes dice que las exenciones han demostrado históricamente ser una gran fuente de evasión tributaria.

En el caso de Chile, en 1988, Hernán Büchi rebajó la tasa de impuesto del 20 al 16%, con la finalidad de evitar que la holgura fiscal que acompañó el extraordinario auge económico de la época se tradujera en presiones por un mayor gasto público. Para muchos fue una medida populista con fines electorales, ya que se hizo tres meses antes del plebiscito.

En 1990 la Concertación, bajo el liderazgo de Alejandro Foxley, negoció con la oposición un incremento de la tasa del IVA al 18%, para financiar el mayor gasto social que ella se había comprometido durante la campaña.

El nivel de este impuesto se mantuvo hasta 2003, cuando se aumentó transitoriamente un punto adicional, para compensar las menores recaudaciones que se producirían en virtud de los acuerdos de libre comercio.

A pesar de cumplir la no despreciable suma de 30 años, el tema del IVA sigue estando en el tapete. Los candidatos presidenciales han estado discutiendo si debiera o no bajarse el nivel de este impuesto, que para 2007 bajaría a 18% si se cumple lo acordado.

Hasta ahora, todo parece indicar que el alza transitoria de este tributo se transformará en permanente, porque los postulantes a la presidencia se inclinan por mantenerlo como está.

Los economistas están divididos respecto a la conveniencia de mantener o bajar este impuesto. En teoría, mientras menor pueda ser la carga tributaria, mejor. Pero si uno se pone más realista, algunos creen que es necesario que esta alza sea permanente.

Advierten que las holguras fiscales proyectadas para 2007, suponiendo una tasa de crecimiento y un precio del cobre normales, son extremadamente bajas. Tanto así, que el nuevo gobierno verá comprometida la mayor parte de los ingresos y tendrá pocos grados de libertad para desarrollar su propio programa.

José Yáñez piensa que se debería bajar la tasa al 18%, dado el compromiso que tomó la autoridad en el pasado, para que al menos por una vez un aumento transitorio no se vuelva permanente. Sin embargo, aunque sería bueno que disminuyera, los programas de gastos futuros no lo van a permitir.

Andrés Sanfuentes plantea que, aunque los impuestos son ingratos para todo el mundo, la tasa debiera mantenerse en 19%. Cree que es inevitablemente recurrir a mayores ingresos tributarios y que mantener el IVA es una buena opción porque tiene gran capacidad recaudadora.

JOAQUÍN LAVÍN:

Plantea que en las actuales circunstancias no parece realista bajar el IVA. "Se va a mantener tal como está hoy", comentó recientemente. Dijo que en el Chile de hoy no es necesario pensar en cambios en materia de impuestos.

SOLEDAD ALVEAR:

Es partidaria de mantener el IVA en un 19%, así como mejorar la fiscalización tributaria y refocalizar los recursos. Piensa que debido a los acuerdos comerciales, van a bajar los aranceles y no va a haber una compensación adecuada para las arcas fiscales.

MICHELLE BACHELET:

Dice que la vuelta del IVA al 18% en 2007 es un tema que debe analizarse. "Aunque si disminuimos la evasión, quizás con eso nos alcance". La ex ministra no está dispuesta a introducir reformas tributarias en su programa de gobierno.

¿Es alto nuestro impuesto?

Al parecer, la respuesta es sí. El impuesto al valor agregado en Chile tiene una tasa única, que se encuentra en un rango alto, aunque no está entre las mayores del mundo. Por ejemplo, en Europa, Dinamarca tiene una tasa de 25% sin excepciones. En América Latina, Argentina y Uruguay tienen una tasa de 21%, con algunas excepciones a la regla.

Sin embargo, en su mayoría, las tasas generales del IVA en Europa tienden a aglomerarse al centro del rango permitido por la Unión Europea (entre 15 y 25%), con tasas reducidas que están alrededor del 5% para bienes esenciales, medicinas, libros, etc.

En el caso de América Latina, Brasil tiene una tasa diferenciada algo superior al 20%, Colombia y Venezuela tienen una del 16%, Bolivia de aproximadamente 15%, Paraguay y Haití una del 10%, y Panamá una del 5%.

Si miramos hacia Asia, en China existe una tasa del 17%, en cambio en Japón una de sólo 5%.

Estados Unidos no tiene un impuesto federal al valor agregado, pero algunos estados sí tienen, que generalmente es inferior al 10%.

UNIFORMIDAD

EL IVA tiene una tasa única, lo cual es celebrado por los economistas.


¿Feliz cumpleaños IVA?
Carolina Soza J. El Mercurio, miércoles 13 de abril de 2005

 

Tributación Internacional: el caso de Chile 1

Chile atraviesa por momentos importantes debido a su inserción internacional, estabilidad económica y exportación de capitales hacia la región. Asimismo, el país se presenta al e mp resariado internacional como alternativa conveniente para sede o plataforma de inversiones regionales y así potenciar las ventajas antes mencionadas. Esto lleva a plantearnos si Chile podría convertirse en la Holanda de Latinoamérica, tema que trataremos de debatir a continuación, citando, para ello, lo realizado por otros países del mundo en materia tributaria.


I. Antecedentes internacionales

En materia de política tributaria internacional, se distinguen dos teorías: la Neutralidad en la Exportación de Capitales y la Neutralidad en la Imp ortación de Capitales1.

En la Neutralidad en la Exportación de Capitales el impuesto a la renta juega un papel neutral en el país de residencia del inversionista, puesto que la tasa efectiva soportada por sus ciudadanos será la misma independientemente que sus inversiones la realicen en su país de residencia o fuera del mismo. Así, en el caso de Chile, los imp uestos finales pueden llegar hasta la tasa progresiva de 40% sobre sus personas naturales (Imp uesto Global Complementario) o de 35% (Impuesto Adicional sobre sujetos del exterior que centralizan desde Chile sus inversiones fuera del país). Es decir, la carga tributaria efectiva será independiente del origen de los beneficios (dentro o fuera del país).

En la Neutralidad en la Importación de Capitales la imposición a la renta es neutral respecto de la importación de capitales en la jurisdicción de colocación de los mismos, puesto que, en la jurisdicción donde se invierte, tanto inversionistas locales como extranjeros se encontrarán sujetos a la misma tributación efectiva en relación con proyectos similares llevados a cabo en tal jurisdicción. Para lograr esto, será necesario que el sujeto beneficiario de la renta, quien se encuentra realizando actividades fuera de las fronteras de su país de residencia, no deba soportar tributación adicional al momento de repatriar utilidades a su estado de domicilio. En otras palabras, el estado de residencia deberá eximir los beneficios empresariales de fuente extranjera.

Desde el punto de vista tributario, lo antes descrito se relaciona con el criterio de jurisdicción tributaria adoptado por el estado de residencia del inversor, en directa combinación con el mecanismo elegido para evitar la doble imposición internacional (otorgamiento de crédito fiscal por los imp uestos pagados en el exterior -“foreign tax credit”- o, en cambio, eximiendo los beneficios obtenidos fuera del país de residencia –“exemption method”).



Experiencia de países anglosajones

Tanto Estados Unidos (USA) como el Reino Unido han sido los defensores históricos del sistema de la NEC2. Sin embargo, fiscalmente han tratado de no perjudicar a sus inversionistas e incentivado la exportación de capitales, desarrollando para ello los sistemas de “foreign tax credit” más avanzados y sofisticados del mundo. Een USA se acaba de aprobar una reforma fiscal (The American Jobs Creation Act) que, entre otros aspectos, otorga beneficios tributarios a la repatriación de utilidades hacia dicho país. No obstante ello, a nivel doctrinario se está discutiendo en USA si se debiera reemplazar el sistema actual de “foreign tax credit” por el “exemption method” al estilo europeo.

Experiencia de Europa continental

En contraposición, están los países de Europa Continental (Holanda, Francia, en los últimos años España e Italia, etc.). Estos países aplican un criterio de NIC3 permitiendo que sus e mp resarios sólo deban tributar el i mpuesto a la renta vigente en los territorios en los cuales se originan sus beneficios empresariales, a efectos de posibilitar una neutralidad respecto de los co mp etidores locales que desarrollan actividades similares en tales territorios. Esto ha sido posible a través de la exención a la renta de fuente extranjera como mecanismo para evitar la doble imposición internacional, otorgada en forma unilateral.

Bajos ciertos requisitos, estos países eximen de impuesto a la renta las eventuales ganancias de capital generadas por sus empresarios en la enajenación o reestructuración de sus activos localizados fuera de sus fronteras, lo cual otorga flexibilidad a la hora de que los mismos puedan establecer su sedes corporativas en sus respectivos países.


II. El caso de Chile

Los aspectos tributarios que nos ocupan son amplios y complejos. Sólo abordaremos dos posibles situaciones:

a) Grupo empresario local como exportador de capitales

En este caso, un grupo empresario chileno desea internacionalizarse, realizando inversiones fuera de Chile y estableciendo sociedades o agencias en los países destino de las inversiones. Las utilidades allí generadas se encontrarán afectas al impuesto a la renta vigente en tales estados y, eventualmente, a tributación adicional al momento de la repatriación de utilidades hacia Chile.

Aquí, el empresario chileno sufrirá doble imposición por las utilidades generadas en aquellos países con los cuales Chile no ha suscrito un Tratado para Evitar la Doble Imposición Internacional (tax credit limitado al 17%4). De haber un Tratado Tributario entre Chile y el país de la inversión, el problema se reduce pero no se elimina (tax credit limitado al 30%5). El problema tributario se puede agravar si desde este último país se realizan inversiones en un tercer estado. Por último, todo movimiento accionario que se realice desde Chile (sede de las inversiones) generará el eventual pago de impuesto a la renta en nuestro país sobre toda ganancia de capital, lo que otorga mayor rigidez a la estructura e mp resaria.

Todo lo anterior no sucede para un e mp resario español u holandés que posee inversiones en los estados antes señalados, puesto que sus leyes tributarias incentivan la inversión extranjera y eximen las ganancias de capital por movimientos en la estructura empresaria, otorgando total flexibilidad.

El nuevo régimen de Plataforma de Inversiones no soluciona estos costos para el empresario local, puesto que sus beneficios apuntan al empresario del exterior.

Controversias tributarias para Chile como país plataforma (Parte I), por Roberto Carlos Riva

Diario Financiero 15/3/2005

1 Prof. Dr. Klaus Vogel, “Worldwide vs. source taxation of income. A review and re-evaluation of arguments” Part I, II and III, Intertax 1988, pag. 311

2 Neutralidad en la Exportación de Capitales

3 Neutralidad en la I mp ortación de Capitales

4 Artículo 41A de la Ley de la Renta

5 Caso del impuesto final del accionista a una tasa efectiva superior al 30%.

Tributación Internacional: el caso de Chile 2

En la Parte I de este trabajo se mencionaron aspectos controvertidos de Chile como sede de inversiones internacionales, haciendo referencia a la experiencia tributaria internacional sobre la materia. También se abordó, en términos generales, la eventual doble imposición a la que se encuentra expuesto un grupo empresario local al realizar inversiones fuera de Chile. A continuación explicaremos que un grupo empresario extranjero, con presencia en Chile, se encuentra sometido a similares problemas.

II.2. Grupo empresario extranjero con presencia y sede regional en Chile.

En este caso, un importante grupo empresario extranjero, con inversiones en Chile, desea centralizar desde nuestro país sus inversiones en la región. Esto llevará al establecimiento de sociedades o agencias en aquellos países destino de las inversiones, las cuales dependerán de las entidades operativas chilenas. Las utilidades allí generadas se encontrarán afectas al i mp uesto a la renta vigente en tales estados, sin descartar que tales países también apliquen tributación adicional al momento de la repatriación de utilidades hacia Chile.

En términos generales, en esta estructura se repetirían los aspectos tributarios ya mencionados para el caso II.1., los cuales finalmente imp actarán al empresario del exterior en su Impuesto Adicional sobre la remesa de utilidades desde Chile.

Como asesores tributarios, esto lleva a plantearnos si el e mp resario del exterior tomó una buena decisión en centralizar sus inversiones internacionales en Chile vs. haberlo hecho en países como España u Holanda. La respuesta quedará en el lector.

Si nos planteamos las ventajas que para el e mp resario del exterior pudiera significar realizar sus inversiones fuera de Chile a través de una Sociedad de Plataforma de Inversiones (artículo 41-D), hay varios aspectos que mencionar, entre ellos:

- la sociedad holding es de objeto exclusivo, por lo cual hay rigidez respecto de lo que puede y no puede hacer dicho vehículo (necesitará otra entidad para desarrollar su actividad en Chile);

- no puede ser una sociedad de personas, afectando en ciertos casos los aspectos tributarios del inversor extranjero;

- debido a la redacción del artículo 41-D, esta sociedad podría no gozar de los beneficios de los tratados tributarios suscritos por Chile, lo cual también afecta al inversor extranjero;

- el régimen incentiva la prestación de servicios corporativos desde Chile a las filiales del exterior, pero la dificultad en tener un tratamiento exentivo en el IVA (exportación de servicios) opaca tal beneficio.

- falta de flexibilidad del régimen en comparación con los previamente vigentes en países como España y Holanda, entre otros.

III. Reflexiones finales y propuestas

En función de lo expuesto en la Parte I y II, podemos concluir lo siguiente:

- El régimen vigente en Chile para evitar la doble imposición internacional en materia de impuesto a la renta podría generar costos tributarios adicionales para inversionistas locales que exportan capitales y un replanteo respecto de la jurisdicción conveniente para establecer la sede de sus inversiones. Como expusimos, igual situación se plantea para un grupo internacional con operaciones en Chile y desde donde se decide centralizar las inversiones regionales. Para éste último caso, podría proponerse el régimen de Plataforma de Inversiones previsto en el artículo 41-D de la ley del Impuesto a la Renta, pero este presenta rigidez y falencias en comp aración con sus similares europeos.
- La presentación de propuestas alternativas exceden a esta colaboración, sin perjuicio de lo cual los cambios más importantes deberían versar, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

a) El régimen vigente para evitar la doble imposición internacional previsto en los artículos 41-A y 41-C (es decir, tope del 17% vs tope incrementado del 30% en presencia de un tratado tributario) podría flexibilizarse y ampliarse, en la medida que no se quiera perjudicar con mayores costos a la inversión fuera de Chile;

b) Lo anterior podría a su vez alentar la inversión extranjera hacia Chile como sede de inversiones regionales;

b) Debatir si el régimen de exenciones impositivas para beneficios emp resariales generados fuera de la frontera que por décadas han otorgado países exportadores de capital como España, Holanda, y otros, sería conveniente para Chile. Esto, desde ya, deberá ser acompañado de una pertinente modificación del artículo 14 de la Ley de la Renta, a efectos de evitar que el actual mecanismo de registro del Fondo de Utilidades Tributables impacte negativamente en las reformas propuestas (imputación de retiros, remesas y distribuciones);

c) Finalmente, pero no menos importante, flexibilizar el régimen de sociedad holding del artículo 41-D de la Ley de la Renta, basándonos al efecto en la a mplia experiencia internacional de aquellos países que por décadas han sido pioneros y promotores de los mismos.

Controversias tributarias para Chile como país plataforma (Parte II), por Roberto Carlos Rivas Diario Financiero 16/3/2005

Vease en Biblioteca:

Tributación Internacional, diversos artículos y presentaciones.

Procesal Tributario, sentencia sobre el art. 41 D, respecto de Barrick Gold.

 

Efecto Tributario de los Gastos Rechazados: Pérdidas tributarias asociadas a Ingresos No Renta

Como siempre creí que las rentas gravadas con impuestos eran aquellas que constituyen beneficio, utilidad o incremento del patrimonio, podrán imaginar mi sorpresa al enterarme que el I mp uesto a la Renta también puede gravar las pérdidas.

En efecto, según el oficio 3.926 del SII, de agosto de 2004, las pérdidas obtenidas por la venta de acciones acogidas al artículo 18 ter constituirían gastos no aceptados. Es decir, si se trata de una sociedad anónima, la pérdida se grava con el i mp uesto del 35% en calidad de impuesto único (artículo 21); y si se trata de una sociedad de personas, la pérdida debe considerarse como retirada por sus socios. Si éstos además son personas naturales, la pérdida se afectará con el Impuesto Global Co mp lementario (tasa marginal máxima 40%); y si no tienen domicilio o residencia en Chile, con el i mp uesto Adicional (35%).

La interpretación emanaría del DL 824, artículo 33, letra e) del N° 1, que señala que se agregarán a la renta líquida “los costos, gastos y desembolsos que sean i mp utables a ingresos no reputados rentas o rentas exentas, los que deberán rebajarse de los beneficios que dichos ingresos o rentas originan”.

Cuando el ex presidente Frei visitó Wall Street y ofreció a los inversionistas norteamericanos una ley que otorgaría una “franquicia” tributaria a la ganancia de capital (actual artículo 18 ter). ¿Se les habrá advertido entonces que si ellos obtenían pérdidas deberían pagar impuesto a la renta?. Claramente este no es un incentivo a la inversión extranjera ni al desarrollo de nuestro mercado de capitales.

Aún más, el criterio aplicado es de dudosa constitucionalidad, pues gravaría sólo a los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, lo que implica que las personas naturales tendrían un privilegio por sobre las sociedades y otras personas jurídicas.

¿Aplicará el SII el mismo criterio respecto a otras franquicias tributarias?. ¿Deberán pagar i mp uesto aquellos contribuyentes cuya depreciación de sus DFL 2 sea superior a las rentas obtenidas en el período; o las corporaciones cuyos gastos sean mayores a las cuotas de los asociados; o los contribuyentes cuyas pérdidas por ventas de acciones argentinas sea mayor a los ingresos de la misma fuente? ¿El famoso artículo 18 ter es una franquicia o un castigo? ¿Habrá sido ésta la intención del legislador, será que nuestros parlamentarios no redactaron bien la ley, o será un problema de interpretación de la norma legal?

Creo que la interpretación fiscal comentada rompe la armonía del funcionamiento de los negocios -en especial de nuestro mercado de capitales- y resta eficacia a la franquicia tributaria, transformándola en una norma sanción, que sin duda no fue el espíritu de nuestros legisladores. Estoy seguro que, si prospera esta tesis, esta franquicia generará en el mercado de capitales los mismos magros resultados que ha tenido la plataforma de inversiones del artículo 41 D de la ley, norma que nació muerta por el exceso de rigidez.

Pero la solución no está lejos. En mi opinión, sólo se requiere de un cambio interpretativo. En efecto, la misma letra e) del N° 1 del artículo 33 del DL 824, contiene la solución, pues establece un régimen distinto e independiente para los resultados provenientes de ingresos no reputados renta o rentas exentas, a los cuales indudablemente no se puede aplicar una norma del sistema general de tributación de Primera Categoría, como el artículo 21°.

Tal vez esto ya esté insinuado por el SII en el oficio N° 5.445, del 29 de Diciembre de 2004, donde indica que las pérdidas obtenidas por acciones del régimen del i mp uesto de Primera Categoría en carácter de único, se arrastran en el FUNT, para ser deducidos en ejercicios siguientes de ingresos de igual categoría tributaria. Sólo falta que - y creo que el mercado de alguna forma así lo espera-, el Servicio de I mp uestos Internos se exprese en esos términos de forma clara y expresa.

Artículo 18 ter: ¿pagar i mp uestos por pérdidas?

Carlos Muñoz Saravia Diario Financiero : 18/3/2005

Vease También en esta sección:

Rechazo a las pérdidas tributarias por enajenación de inversión de Luchetti en Perú.

 

Impuesto Territorial: modificaciones en Proyecto de Ley de Rentas Municipales

El 19 de marzo de 2002, cuando el subsecretario de Desarrollo Regional era el actual vocero de gobierno, Francisco Vidal, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Rentas Municipales II para adicionar recursos para el Fondo Común Municipal.

El texto primitivo incorporaba cobro de contribuciones a colegios y a clubes deportivos (de colonia o similares), además de los edificios públicos, ministerios.

El "lobby" de los "afectados" se hizo sentir y el proyecto se entra mp ó. Tras muchas modificaciones, el Ejecutivo le puso suma urgencia ayer y espera que se despache antes del 31 de marzo. De lo contrario, I mp uestos Internos aplicará las normas vigentes y subirán las contribuciones.

Tras el anuncio oficial, realizado en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, donde por primera vez, citados por el Gobierno, se reunieron casi la totalidad de los 345 alcaldes del país, intendentes y gobernadores, el primero en reaccionar fue, precisamente, el ministro Secretario General de Gobierno.

"Creemos que la derecha no se va a oponer, porque pensamos que sigue a su líder... En enero vamos a tener la posibilidad de ver si lo que se hace se practica: hablar de justicia social y corazón grande, en Vitacura (discurso de Lavín en la Enade), tiene que tener un contacto con las bancadas parlamentarias en Valparaíso. Aquí e mp ezamos a probar, en el royalty y en Rentas II, si el corazón grande va a aco mp añado de bolsillo grande, o va a aco mp añado de bolsillo de perro", dijo el ministro Vidal.

Aparte de los $50 mil millones adicionales que ingresarán a los municipios, la iniciativa elimina el grado 7 de la planta de alcaldes y sube las remuneraciones a grado 6. Igualmente, se postula un 50% de aumento en las dietas de todos los concejales (de $224 mil a $336 mil). Un alcalde que hoy tiene grado 1 pasará de $2.114.750 a $3.134.770 cuando se promulgue la ley.

Se incluye el reavalúo de bienes raíces agrícolas y no agrícolas de manera automática cada cinco años, sin necesidad de dictarse una nueva ley o decreto supremo para cada ocasión. Asimismo, se establece un monto de avalúo exento de i mp uesto territorial de $10 millones para todos los inmuebles habitacionales.

El Mercurio, Viernes 17 de diciembre de 2004.Llamado a parlamentarios de la Alianza: Ministro Vidal espera apoyo de la derecha para ley de Rentas II. EUGENIO DROGUETT

 

Rechazo a las pérdidas tributarias por enajenación de inversión de Luchetti en Perú.

La malograda incursión del grupo Luksic en el mercado de las pastas en Perú todavía le provoca dolores de cabeza en Chile. Primero fueron las dificultades para poner en marcha la planta, después las sucesivas paralizaciones de su operación y, finalmente, el 16 de enero de 2003, el cierre definitivo de la industria, instalada en los ahora famosos Pantanos de Villa, en el barrio de Miraflores. Ahora, cuando la firma ya pretendía dar vuelta la hoja y centró todos sus esfuerzos en recuperar su inversión en Lima, reclamando a Perú un monto aún no determinado en un tribunal arbitral internacional, es el Servicio de I mp uestos Internos (SII) chileno el que le objeta una operación vinculada a su polémica incursión internacional. Con fecha 1 de septiembre de 2004 la entidad fiscalizadora resolvió rechazar una pérdida económica de $ 27.991 millones -a valor actual- originada en la venta de las acciones de Lucchetti en ese país a la sociedad Lucchetti Chile en el 2000.

Indalsa -la sucesora de E mp resas Lucchetti- informó en su estado de resultados al tercer trimestre que el SII descartó esa pérdida aludiendo que "carece del carácter de necesaria para producir la renta". En su resolución, el servicio consideró que aquella era "inevitable u obligatoria en relación con el giro del negocio".

Representantes de la co mp añía explicaron que debido a la inevitable caída de valor que sufrieron los activos y la planta productiva de Lucchetti Perú, como consecuencia de los cuestionamientos a su instalación a partir de 1998 y hasta 2003, se procedió al traspaso de las acciones de la subsidiaria en Lima a la filial chilena a un precio menor y sólo con el fin de reconocer la pérdida a nivel corporativo.

Lo que viene

Al interior de Indalsa se insistió en que se trata de un si mp le procedimiento contable y que no reviste mayor gravedad. Pero de que le va a significar trabajo extra es un hecho, porque la e mp resa manifestó su intención de interponer un reclamo ante el tribunal tributario, por considerar que los elementos de juicio establecidos por el SII no invalidan la existencia de una pérdida efectiva sobre la mencionada inversión. Por lo anterior, en la co mp añía confían en que aquella instancia revalidará sus planteamientos.

En el intertanto, el grupo Luksic espera que se resuelva un juicio de jurisdicción para presentar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una demanda de indemnizaciones en contra del Estado vecino por una cifra superior a US$ 47 millones, el valor que se asignó a los activos netos de Lucchetti Perú.

La decisión de las autoridades limeñas ha sido sie mp re considerada por el grupo e mp resarial chileno como una "expropiación indirecta" de la inversión efectuada en Perú.

Paralelamente, desde hace cuatro años los ejecutivos de la entonces E mp resas Lucchetti, Andrónico Luksic Craig, Fernando Pacheco y Gonzalo Menéndez, están siendo investigados por la justicia peruana, la que aduce que los permisos ambientales fueron otorgados gracias a la ayuda ilícita de Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori. Ambos ex personeros peruanos están hoy acusados de múltiples actos de corrupción.

Lucchetti Perú le sigue causando dolor de cabeza al grupo Luksic. SII rechazó pérdida tributaria por traspaso de acciones de Lucchetti Perú a una sociedad en Chile El traspaso accionario, avaluado en $ 27.991 millones, se realizó el año 2000, pero acaba de ser rechazado en septiembre de este año. La gerencia ha dicho que apelará al tribunal tributario. La Diario La Tercera > Negocios: Fecha edición: 28-11-2004

 

La Cámara de Diputados intenta lograr verdadera independencia en Ley de Tribunal Tributario.

Un tribunal colegiado con dedicación exclusiva a las causas tributarias es la propuesta del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), que comenzaron a analizar los diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para aumentar la independencia de los tribunales tributarios, que se implementarán a lo largo del país.
Pensando en ello, la instancia legislativa citó para la próxima semana al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Toro, a fin de analizar las últimas indicaciones enviadas por el Ejecutivo al proyecto de ley sobre la materia.
Según el diputado UDI, Gonzalo Uriarte, -miembro de la comisión- “queremos que él (Juan Toro) nos explique cómo ve el SII las críticas que se han formulado a la falta de independencia de los tribunales de la administración central”.

Independencia

A juicio de los legisladores, las indicaciones del gobierno no protegen la independencia de los futuros tribunales, “pues no tienen recursos propios y su calificación aún será vista por Hacienda”.
De hecho, una de las mayores discrepancias con el Ejecutivo sigue siendo la ubicación de los tribunales. “No nos gusta que esto opere dentro de los servicios del SII, porque sicológicamente hay un impacto para los contribuyentes”, dijo el presidente de la Cámara Baja, Pablo Lorenzini.
Para el diputado PPD, Guillermo Ceroni, es necesario “ver la posibilidad de implementar un sistema con mayor independencia, con máxima autonomía del personal, sin que el SII tenga injerencia en la conformación de las ternas y del personal mismo”.
Ambos diputados coincidieron en la idea de crear un tribunal colegiado y especializado. “Tiene que haber una sala que dé garantía total de especialización desde el punto de vista de las cortes y eso lo estudiaremos en la discusión en particular para que haya tribunales tributarios realmente”, dijo Ceroni.
Esto fue compartido por el diputado DC, Pedro Araya, pues “debemos avanzar hacia una jurisdicción tributaria con un sistema contencioso administrativo de mayor independencia, donde prime el criterio de la Constitución y el Código Orgánico para nombrar jueces”.
Otro cuestionamiento de los legisladores es la restricción presupuestaria que plantea la cartera de Hacienda para implementar los tribunales tributarios.
El diputado DC, Jorge Burgos, planteó que un tribunal especializado “no es una mala idea, pero se debe tener conciencia de las limitaciones para crear órganos que importan gastos fiscales”.

Descompresión

La existencia de un tribunal colegiado y con dedicación exclusiva a las causas tributarias vendría a ser la solución a la gran cantidad de causas que deben revisarse en las Cortes de Apelaciones.
Tanto así que el presidente de este tribunal, Juan González, estimó que una mayor independencia de los tribunales de este tipo descomprimirían las causas tributarias, “que están quedando a un lado porque hay varios ministros que se inhabilitan”.

Diputados buscan establecer tribunales tributarios colegiados y especializados. Diario Financiero Fecha: 24/6/2004.Roberto Valencia M.

Vease también sección Tribunales Tributarios y en Biblioteca, Derecho Procesal Tributario.

 

Tributación de intangibles: seminario

Con éxito se organizó el Seminario sobre la Tributación de los intangibles que se dictó el Jueves 4 de Noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Después de una exposición sobre el panorama internacional y nacional de la propiedad intelectual realizada por los abogados Mario Matus y Rodrigo Cooper, se analizó la tributación en el impuesto a la renta, en el impuesto al valor agregado, tanto en el Derecho Chileno como en el comparado. Los abogados a cargo de estos tópicos fueron Cristian Aste socio de Deloite, Jorge Esponisa socio de Espinosa, Porte y Canales, Edmundo Soto socio de KPMG y Rodrigo Rojas abogado de CTC.

El análisis de la tributación en el impuesto a la renta de los programas informáticos (PI) produjo gran debate en el Seminario. Al respecto, se sostuvo por ejemplo que la tributación del pago de estos programas al exterior estaba afecto a una tasa de 15 % por aplicación del artículo 59, inciso tercero de la Ley de la Renta. Para otros, el PI es simplemente un producto cuya importación no esta afecto al Impuesto Adicional regulado en el impuesto a la renta. Finalmente, para una tercera posición, el inciso primero del artículo 59 de la Ley de la Renta, no se refiere a los PI. Al efecto se indica que la legislación chilena distingue entre propiedad intelectual (dentro la cual se regula el PI) y la propiedad industrial, al cual se referiría el artículo 59 que citamos. Se agregó que la incorporación del PI a la Ley de Propiedad Industrial es de los años 90 y que la ley de la renta no se ha modificado en su redacción original, que es anterior a estos años. No obstante, la interpretación administrativa del Servicio de Impuestos Internos ha entendido que la frase utilizada por la ley que se refiere a "uso de marcas, patentes, fórmulas, asesoría y otras prestaciones similares" comprende el PI y por lo tanto el pago al exterior se encuentra afecto a la tasa de 30 %.

Sergio Endress, abogado y moderador del evento a nombre del Instituto Chileno de Derecho Tributario, manifestó las dificultades que presenta para el contribuyente solicitar la devolución de los impuestos pagados en exceso por los contribuyentes.

Sobre el tema puede consultarse el artículo anterior Tema tributario: imposición del programa informático y también en la biblioteca de este sitio, la tributación de programas informáticos.

www.derechotributario.cl

Permitida la cita del texto, citando la fuente.

Tema tributario: la prescripción de la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos

El Servicio de Impuestos Internos posee amplias posibilidades para fiscalizar al contribuyente. Esta fiscalización debe ejercerse dentro del marco que la Constitución y la ley determinan. La ley establece en el artículo 200 del Código Tributario, DL 830 de 1974, que tal actividad inspectiva debe realizarse dentro del término de tres (o seis) años contados desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago de los impuestos. El objetivo de este artículo es examinar las dudas que ha planteado el sentido de esta limitación.

Podemos comenzar con un ejemplo concreto: la empresa desea compensar sus utilidades tributarias obtenidas en el año 2003 con las pérdidas tributarias obtenidas en 1990, ascendentes a $ 500 millones de pesos. Dichas pérdidas provienen de complejas operaciones financieras acaecidas durante los años 1985-1990. El SII le indica al contribuyente que debe acreditar la pérdida y el contribuyente alega que las operaciones están fuera del período que la ley establece como máximo para dicha fiscalización (seis años).

¿Quién tiene la razón?

1. Una posibilidad consiste en plantear el tema en términos de la omnipotente administración y el pobre contribuyente: El SII abusa una vez más de su posición incontrarrestable. Otra opción es analizar la posición fiscal en su mérito técnico.

Si es así, ¿que criterio podría ayudarnos a decidir este problema?

Cabe preguntarse simplemente desde cuando debe contarse el plazo para fiscalizar. La ley indica que este lapso comienza expirado el plazo legal para el pago del impuesto. ¿Cuando expiró este plazo en el caso planteado? Obviamente, el plazo para el pago de los impuestos expiró en abril del año 1991, respecto de la renta determinada para el año 1990. La revisión de dicho impuesto ha quedado cerrada o "prescrita". ¿Que sucede con la renta determinada en 2003? Nuevamente, la respuesta es obvia, el plazo de fiscalización se encuentra abierto.

De este modo, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué impuesto estamos fiscalizando?, si es el que debió pagarse en abril de 1990 o en abril de 2004. Establecido esto, la pregunta posee una sola respuesta.

2. Otro enfoque para defender la posición del contribuyente, es el de considerar que la pérdida tributaria se ha consolidado como un derecho en el patrimonio del contribuyente y no puede ser cuestionado a destiempo (fuera de los plazos de prescripción) por la Administración.

Esta posición resulta dificil de justificar legalmente. En primer lugar, no se divisan argumentos claros para fundar este derecho de propiedad a un componente de la renta declarada por la empresa, tal como lo son los ingresos tributarios, los costos u otros gastos establecidos en la ley tributaria. Además, la jurisprudencia de los Tribunales ha negado este carácter al crédito fiscal en el IVA,un caso bastante más discutible.

Por otro lado, si el contribuyente no posee justificación para su pérdida tributaria podría sostenerse que nunca la tuvo. Si tal fuera el caso, no podría consolidar en su patrimonio un derecho que nunca nació legalmente, pues los gastos tributarios, según la ley, deben acreditarse fehacientemente. Además, precisamente la ley ha establecido el uso en el futuro de la pérdida por la empresa, por lo cual no resulta desproporcionado que a éste beneficio se le acuerde la exigencia de prueba de los desembolsos respectivos. En tal sentido, el artículo 21 del Código Tributario impone la carga de la prueba al contribuyente y, en este caso, la exigencia no aparece exhorbitante considerando el beneficio involucrado y el control exclusivo y excluyente que posee el contribuyente sobre su contabilidad y sus antecedentes.

3. A estos argumentos, cabe agregar el argumento de reducción al absurdo. El contribuyente podría incluir enormes pérdidas infundadas en su declaración y esperar que transcurran los plazos de prescripción, sucedido lo cual habría "adquirido" un activo tributario sin esfuerzo alguno. Resulta indudable que esto lesiona la buena fe y burla a los contribuyentes que cumplen adecuadamente con sus obligaciones.

En conclusión, existen sólidos argumentos para sostener que, en éste caso, la obligación de prueba de la pérdida tributaria no excede el marco constitucional y legal establecido para la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos.

Colaboración Sergio Endress G.

Nota: En el Derecho Español: "El sujeto pasivo deberá acreditar mediante la exhibición de la liquidación o autoliquidación, la contabilidad y los oportunos soportes documentales, la procedencia y cuantía de las bases imponibles negativas cuya compensación pretenda, cualquiera que sea el ejercicio en que se originaron.", Guía de negocios en España, Instituto Español de Comercio Exterior en www.icex.es

Permitida la cita del texto, citando la fuente.

 

La reforma del Impuesto a la Renta: Eduardo Engel

Todo comenzó hace exactamente un mes, cuando Juan Andrés Fontaine, jefe programático de la Alianza, propuso reducir los impuestos a las utilidades de las empresas con el objetivo de estimular el crecimiento.

Aun cuando Fontaine se apresuró en aclarar que su propuesta era a título personal, en una columna posterior la defendió con pasión y entusiasmo, por lo cual vale la pena tomarla en serio.

Al analizar el impacto que tendrán políticas determinadas, no basta con encontrar evidencia de que los efectos serán beneficiosos, también es clave cuantificar la magnitud de dichos beneficios.

Porque una política puede apuntar en la dirección correcta, pero con beneficios minúsculos, por lo cual conviene que el gobierno se dedique a alternativas más rentables.

Este es uno de los problemas con la evidencia que Fontaine exhibe para justificar su propuesta. En efecto, del principal que cita, aquel de Rodrigo Vergara, se infiere que el impacto sobre el crecimiento de su propuesta es de tan sólo un 0,12% anual, es decir, bastante menor.

Un segundo problema con la propuesta de Fontaine es que las cuentas no calzan. En efecto, como además propone reducir las tasas de las personas, es de Perogrullo que la recaudación tributaria caerá, por lo cual debe aclarar si piensa compensar dicha caída incrementando otros tributos o reduciendo el gasto público.

En lugar de hacer esto, argumenta que el mayor crecimiento que inducirá su propuesta compensará la merma de ingresos fiscales.

Esta explicación no es satisfactoria, por varios motivos.

Primero, lo que importa es la recaudación fiscal como fracción del producto, no su monto absoluto. Una economía que crece más rápido requiere de ingresos tributarios que también crezcan más rápido para mantener el gasto público, como porcentaje del producto, constante. A lo anterior se agrega que la evidencia internacional indica que a medida que los países se desarrollan, el gasto público, como fracción del producto, aumenta.

El domingo pasado, en esta misma página, César Barros reflotó una propuesta distinta, aquella de igualar las tasas que pagan las empresas con aquellas que pagan las personas.

En la actualidad, los contribuyentes de altos ingresos enfrentan una tasa marginal del 40%, muy superior a la tasa del 17% que pagan las empresas.

En teoría, al momento de retirar utilidades, los accionistas deben tributar tan sólo por la diferencia entre la tasa que les corresponde como individuos (un 40% si sus ingresos son altos) y los impuestos que ya canceló la empresa. En la práctica, sin embargo, la gran mayoría de los contribuyentes se las arregla, a veces legalmente, otras veces ilegalmente, Barros da ejemplos muy sabrosos al respecto, para no pagar más del 17%.

En consecuencia, con una tasa levemente superior al 17% actual, pagada en forma pareja por personas y empresas, es posible recaudar los mismos montos que se recaudan hoy sin inducir una serie de actividades que existen en la actualidad exclusivamente para reducir los pagos de impuestos.

Al mismo tiempo, se facilita la labor fiscalizadora del SII, con lo cual se incrementa la recaudación tributaria o, alternativamente, se pueden reducir otros impuestos (dejemos esta discusión para otra oportunidad).

No existen estudios estimando los beneficios de igualar las tasas que pagan empresas e individuos. Sería interesante realizar dicho estudio para determinar si, a diferencia de la propuesta de Fontaine, la idea de impuestos parejos sí lleva a beneficios sustanciales.

Eduardo Engel .........................................La tercera, 24.10.2004

Vease también en Biblioteca, Sección Dogmática y Sistema Tributario las opiniones de Alejandro Dumay y Pablo Serra sobre el tema.

 

Otorga mérito ejecutivo a la factura

Por unanimidad (38 votos a favor) se aprobó el informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura. (Boletín Nº 3.245-03) Con urgencia calificada de "discusión inmediata".

El proyecto, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto establecer un sistema general de cesión de créditos contenidos en facturas y facilitar el cobro de los mismos mediante el otorgamiento de mérito ejecutivo a una copia de la factura, con la finalidad de buscar fórmulas alternativas de financiamiento para la pequeña empresa.

Principales materias aprobadas por la Sala:
* Se establece como requisito para el mérito ejecutivo de la copia de una factura que en la misma conste el recibo de las mercaderías entregadas o del servicio prestado, el cual, este último, deberá ser otorgado por el comprador o beneficiario y, cuyo cumplimiento será fiscalizado por el Servicio de Impuesto Internos, el que deberá denunciar las infracciones al Juzgado de Policía Local competente.
* Se dispone que las normas de la presente ley serán igualmente aplicables en caso que la factura sea un documento electrónico emitido en conformidad a la ley por un contribuyente autorizado por el Servicio de Impuestos Internos.
* Se establece un registro público electrónico de transferencia de créditos contenidos en facturas electrónicas a cargo del Servicio de Impuestos Internos.
* Se regulan las normas aplicables a la sesión de créditos que consten en facturas.

Intervinieron los HH. Senadores señores Jaime Orpis, Rafael Moreno, José García y Marcos Aburto.

En consecuencia, el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados, para que ésta lo remita al Ejecutivo.

www.senado.cl

Nota de derechotributario.cl: el Proyecto fue aprobado y se espera su publicación en el Diario Oficial. Vease también en Biblioteca, sección documentos tributarios, copia del debate legislativo.

 

De nuevo la reforma del Impuesto a la Renta

Las últimas semanas ha despertado nuevamente el monstruo: La reforma del impuesto a la renta. Cada tres o cuatro año se escucha la letanía de la oposición sobre el alto nivel de los impuestos a las empresas y el contrataque del gobierno sobre la necesidad de mayores fondos para satisfacer las necesidades sociales.

El economista del equipo Lavinista, Fontaine ha planteado una nueva-vieja reforma tributaria del impuesto a las empresas: además de su rebaja, la aplicación del Impuesto de Primera Categoría sobre utilidades retiradas y no sobre las utilidades devengadas como hoy día sucede. Este sistema se aplicó durante el año 1990 y se modificó en el primer año de la Concertación. El Ministro de Hacienda respondió que "existe una evasión y elusión brutal" (en el impuesto a la renta) ( El Mercurio, 9.10.2004), recomendando una nueva ley de contra la evasión. Recordemos que el gobierno de R. Lagos impulsó una legislación con dicho título y fundamento, lográndo su aprobación en el año 2001 (ley Nº 19.738 de 19.06.2001). Al parecer a los astutos de Hacienda y del SII se les quedaron algunas ideas fuera de ella.

La preocupación por la elusión en el Impuesto a la Renta posee fundamentos reales. Las vías para disminuir el impuesto de los trabajadores dependientes han disminuído ostensiblemente en los últimos diez años. Las vías para disminuir la elusión de las rentas empresariales se han atenuado, pero aún existen y muy importantes. Esta elusión es consubstancial al regimen de tributación sobre base retirada en el impuesto global complementario y adicional. El incentivo de las altas tasas de estos impuestos finales, hace rentable casi cualquier opción elusoria. La más conocida y popular fue hasta hace apenas tres años la adquisición de acciones de pago de sociedades abiertas con utilidades tributarias, que luego se enajenaban al costo, permitiendo el disfrute de ganancias sin tributación que regularmente hubieran quedado afectas al impuesto global complementario. Hay que anotar además que esta operación podría haberse puesto riesgosa antes de la modificación legal que la extinguió, si el SII hubiera interpretado que las utilidades tributarias no debían considerarse "costo" tributario de las acciones, interpretación sistemáticamente sostenible y no tan audaz como otras más recientes emanadas del mismo organismo.

En Chile existe mas de un millón de contribuyentes de impuesto global complementario, de los cuales en las tasas más altas tributan probablemente sólo el Conservador de Bienes Raíces y ejecutivos cautivos en un contrato de trabajo. Para los propietarios de empresa, en cambio, la existencia del FUT, significó solamente como diferimiento de impuestos según el SII, que el Fisco dejará de percibir $ 459.059 mm$ en el año 2003, que fue el 90 % de los "gastos" aprovechados en el impuesto global complementario por los contribuyentes y casi el mismo porcentaje de las rebajas a disposición de las empresas en Primera Categoría.

Entre las modalidades mas usadas para evitar la tributación del impuesto global complementario o el impuesto adicional están la venta de FUT, el término de giro de sociedades con retiros en exceso y el término de giro en contribuyentes con baja tasa de global complementario promedio, por citar algunas.

Por otro lado, dondequiera que exista una tasa diferenciada para empresa y propietario, será tributariamente rentable formar una empresa para postergar y/o evitar el impuesto final más alto. De manera que si Ud., posee la flexibilidad para recibir las utilidades de su negocio en una empresa, pagará solamente un 17 % en vez del hasta 40 % que le afectaría en los tramos más altos de global complementario. Que esto no es un delito, lo sabe hasta la Presidenta del Consejo de Defensa Fiscal que posee una sociedad para acoger en ella los honorarios por los arbitrajes en que se solicita su participación.

El diseño de un sistema tributario coherente no resulta nada sencillo. Menos aún, si su discusión no se realiza técnicamente sino que mirándose solamente los bolsillos, tanto los del Ministerio de Hacienda como los privados. No cabe duda que, en todo caso, es un excelente tema de controversia para entusiasmar electores indecisos, y tal es el lugar que tendrá probablemente en las próximas elecciones presidenciales. Para una discusión técnica y de fondo, habrá que esperar el 2020.

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Vease en Biblioteca, Secciones Dogmática y Sistema Tributario por los artículos de Alejandro Dumay y Pablo Serra.

Temas tributario: Impuesto al Programa Informático

        Existe una creciente polémica por la tributación que afecta a los programas de computación (PDC) importados. Actualmente el SII sostiene que los PDC estandarizados (windows por ejemplo) deben pagar un 30 % de impuesto adicional y que los PDC hechos a la medida están afectos a un 20 % del mismo tributo. Actualmente el SII desarrolla una intensa fiscalización de los PDC importados denominados "programas base", esto es, aquellos que permiten que el computador realice sus funciones básicas. La ACTI, organismo que agrupa a las compañías más relevantes en Chile dedicadas a la importación de PDC (Oracle, Microsoft, etc...), ha solicitado informes en derecho para sustentar la improcedencia del cobro del impuesto adicional a los PDC. El Servicio de Impuestos Internos mantiene su posición original pero el diario El Mercurio ha divulgado que el gobierno ha creado una comisión, cuyos integrantes no se conocen con certeza, para estudiar la derogación del tributo a estos PDC, también denominado "impuesto al Software".

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Temas tributarios de la semana: justificación de inversiones, impuesto adicional y elusión tributaria

        En el caso Pinochet, el SII se encuentra analizando la aplicación del artículo 70 de la Ley de la Renta que obliga a los contribuyentes a justificar el origen de los recursos que posee el contribuyente en el Banco de EEUU de NA, Riggs.   En caso de no poder acreditar su origen y disponibilidad de acuerdo al organismo fiscal, estos montos debieran agregarse al impuesto global complementario del contribuyente y el Servicio, si no se han pagado los impuestos sobre ellos y los plazos de prescripción no se han cumplido, puede determinar las sumas adeudadas y girar los impuestos respectivos.

         En el ámbito de la Fiscalización, el SII ha avanzado en la idea de perseguir fuertemente el impuesto adicional que grava a los pagos realizados al extranjero. En tal sentido, puede señalarse la fiscalización de la tributación de los programas computacionales y de las comisiones pagadas al exterior por los contribuyentes.  Anteriores manifestaciones de este enfasis han sido el agravamiento de los retiros para reinvertir de los socios no residentes causado por la interpretación del SII que exigía una retención del 20 % para estas operaciones,  zanjado por disposición legal expresa que revirtió tal situación. Además, esta la controversia planteada por el "abono en cuenta" para devengar el impuesto adicional, que también el SII interpreta adelantando el pago del tributo.

         Finalmente, la acción penal interpuesta por el SII en contra de la empresa del Grupo Andina, Vital, ha puesto en la controversia los límites de la planificación fiscal. la empresa adquirió una sociedad con el objeto de utilizar sus pérdidas tributarias, en una transacción muy difundida en la asesoría tributaria de empresas. No se conocen los antecedentes de la Querella del SII, por lo cual no es posible establecer aún si la acción persigue intimidar a los contribuyentes que en general realicen este tipo de operaciones o existen antecedentes en el caso que permiten fundamentar la persecusión en situaciones diversas de la planificacion tributaria respectiva. Se señala en el mercado que la empresa que asesoró al contribuyente en la operación de aprovechamiento de la pérdida fue PricewaterhouseCooper.

Fuente:   www. derecho tributario.cl Permitida la cita, consignándo la fuente.

 

 

 

 
 

Calificación aduanera y tributación de productos importados

Existen dudas sobre la tributación de las bebidas energizantes.

El problema es que no hay claridad en clasificarlas como bebidas analcohólicas o alimentos.
 
Sergio Valenzuela importa la bebida energizante conocida como XTC, pero desde que inició este negocio, hace más de un año, todavía no sabe cuál es el procedimiento adecuado para internar el producto sin caer en la ilegalidad.

El problema es que en la aduana chilena debe pagar el impuesto que se les aplica a las bebidas analcohólicas, que asciende al 13 por ciento, debido a que el brebaje fue clasificado en esa categoría, situación que también afecta a la marca Red Bull.

Pero la confusión surge ante el hecho de que a otras dos empresas en el mercado, Battery y Dark Dog, no se les aplica este gravamen, debido a que son ingresadas como alimentos, por lo cual sólo deben cancelar sobre IVA un recargo del 5 por ciento.

Debido a esa diferencia, Valenzuela alega que debe pagar en torno a 200 pesos más que competencia por unidad internada, lo que genera a su juicio una desventaja comercial evidente.

Para Valenzuela es más claro que estamos hablando de bebidas, porque son líquidas y tienen gas. “Decir que son alimentos es autoengañarnos”, afirmó.

“Un agente de aduanas me dijo que ingresara el segundo container como alimento, debido a que otras empresas lo estaban haciendo así, pero yo me autodenuncié para evitar multas posteriores y pedí un dictamen a aduanas que concluyó que se trataba de bebidas”, advirtió.

-¿Entonces, dónde surge el conflicto?

-El tema es que hasta el minuto nadie dice nada o, más bien, unos dicen una cosa y otros dicen otra. En definitiva si es que Impuestos Internos, el Sesma y la Aduana se ponen de acuerdo en decir que es alimento entonces empecemos a tratarlo de esa forma. Y, si así fuera, prosiguió Valenzuela, a ambas empresas se nos debiera devolver en torno a 200 mil dólares en total por el pago de impuestos que hemos hecho de más.

Tatiana Munro, abogada de Battery, explicó que la situación de su empresa es distinta porque al principio su producto fue clasificado como farmacéutico complementario y, por lo tanto, exento del 13 por ciento.

“Recientemente, el Instituto de Salud Pública reclasificó el producto como alimento para deportistas y actualmente está pendiente una consulta ante Impuestos Internos para ver si como alimento para deportistas debiera pagar el 13 por ciento. Mientras el servicio no resuelva el tema, no emitiré más comentarios”, dijo.

Marcas XTC y Red Bull alegan que pagan más que Battery y Dark Dog
Pago de impuestos causa choque entre las bebidas energizantes

Las Últimas Noticias. Miércoles 8 de septiembre de 2004. Marco Valeria

 

 
 

Tributación de intereses de sociedad en renta presunta sobre base devengada en global complementario

El Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió una interpretación donde se determina que los intereses bancarios ganados por las sociedades agrícolas acogidas con renta presunta, encabezadas por el propietario de ésta, deben tributar con el impuesto global complementario.

Según el abogado tributarista, Sergio Endress, el oficio N° 1.159 del 8 de marzo de 2004, establece que el "socio de la sociedad agrícola deberá tributar por los intereses ganados por la empresa, en su impuesto global complementario en la oportunidad en que la misma empresa perciba, devengue o distribuya los intereses".

"Con esto se encarece el financiamiento de la actividad agrícola, al someter los intereses a una tributación más alta (en global complementario) a pesar de que el propietario no perciba ni disfrute directamente de los montos ganados por su sociedad", explicó.

Fiscalización

Antes de esta interpretación se sostenía que los intereses ganados por una sociedad con renta presunta, estaban sometidos en todo a la renta presunta, "por lo cual el propietario de la empresa únicamente tributaba conforme a la participación societaria en la renta presumida, sin quedar obligado a incluir los intereses ganados por su empresa agrícola en su impuesto global complementario", afirmó Endress.
Y agregó: "Aún quienes sostenían la tributación de los intereses en global complementario, la consideraban sobre base percibida y no simplemente devengada".

Explicó que esta es una de las medidas asumidas por el Fisco para intensificar la fiscalización de los intereses financieros, utilizando para ello la información periódica y exhaustiva que le proporcionan los bancos. Con esta interpretación, persigue hacer tributar a los intereses ganados por las empresas del sector agrícola.

De este modo, si la renta presunta de la sociedad agrícola eran $ 10.000.000 y el socio tenía el 70 % de participación en ella, bastaba que reconociera en su global complementario $ 7.000.000. Con la nueva interpretación del SII, el socio persona natural deberá agregar también el 70% de los intereses financieros ganados por la sociedad durante el año 2003, aún cuando no los haya recibido materialmente en su bolsillo.
El experto señaló que esta posición fiscal "significa una mayor carga tributaria para el sector agrícola y será la que el SII aplicará en la Declaración de Renta 2004 y en su posterior fiscalización".

Y continuó: "la decisión del SII resulta controvertible por dos razones: en primer lugar, al imponer la tributación por los intereses no percibidos a la persona natural pugna con los principios de la tributación en global complementario y por otra parte, la posición fiscal carece de fundamento legal explícito".
La Renta Presunta permite tributar a los agricultores con un porcentaje del avalúo fiscal del predio agrícola explotado y así lo libera de las obligacio nes de acreditar gastos o llevar contabilidad.

Diario Financiero (24/03/2004)
El SII eleva tributación financiera a la agricultura

 

 
 

La tributación del franchising

El desarrollo del comercio internacional ha dado origen al surgimiento de nuevas figuras contractuales, principalmente de origen anglosajón, como son el leasing, factoring, franchising, entre otros.
Por la finalidad que persiguen, se les denomina como "contratos de colaboración empresarial" y se caracterizan por constituir figuras atípicas, ya que subsumen dos o más contratos nominados de aplicación general, que al ser incorporados a una relación jurídica, pierden su identidad, adquiriendo una estructura y características distinta. Por esta misma razón, de ellos se generan distintos impuestos, cuyo conocimiento es fundamental para las partes al momento de tomar una decisión contractual.
En este sentido, el franchising se puede definir como un sistema de distribución comercial, llevado a cabo por empresas independientes y con una organización piramidal que engloba la transmisión de un know how, la licencia y uso de una marca, asistencia técnica y contable bajo control del otorgante y de conformidad con un método preestablecido por él, en contraprestación de lo cual el franquiciado paga un canon y otras prestaciones adicionales.
Uno de los tributos importantes de analizar en este tipo de contratos es el Impuesto a la Renta, en especial al que afecta al franquiciante sin domicilio o residencia en Chile y franquiciado domiciliante o residente en nuestro país, por constituir la forma más común en la que se presenta esta figura negocial en nuestro país.
De partida, según la Ley de la Renta, si el franquiciante es una persona sin domicilio o residencia en el país, estará sujeto a un impuesto sobre sus rentas de fuente chilena. Del mismo modo, cuando extranjeros constituyan domicilio o residencia en el país, durante los primeros tres años (contados desde su ingreso a Chile), quedarán afectos únicamente a los impuestos que gravan las rentas de fuente nacional y el plazo puede ser prorrogado por el Director Regional del SII en casos calificados.
Si el contrato establece una cuota de incorporación, y el franquiciante no tiene ni residencia ni domicilio en Chile, la cuota se gravará con el impuesto adicional del artículo 59 inciso 1° de la ley de la renta, con tasa general del 35%. Las sumas remesadas al exterior en pago por el derecho a utilizar de la franquicia, que adoptan el nombre de comisiones, regalías, royalties u otras expresiones similares, también quedan afectas al pago del impuesto adicional con tasa especial del 30%, en carácter de impuesto único. Sin embargo, si dichas regalías y asesorías son calificadas de improductivas o prescindibles para el desarrollo económico del país, la tasa de este impuesto se podrá elevar hasta el 80%.
Por otra parte, el pago de los royalties o regalías son considerados gastos necesarios y obligatorios para producir la renta por parte del franquiciado nacional, pudiendo ser rebajados de la Renta Bruta de Primera Categoría.
Finalmente, en lo que respecta al impuesto al Valor Agregado, cabe señalar que de acuerdo al artículo 12°, letra E, N°7 de este cuerpo legal, se encuentran exentos del IVA los pagos afectos al Impuesto Adicional, establecido en el artículo 59, de la ley sobre Impuesto a la Renta. En efecto, las sumas remesadas al exterior en cumplimiento de la obligación asumida por el franquiciado nacional de cancelar en el tiempo convenido la remuneración acordada con el franquiciante extranjero, a través del pago de las denominadas regalías o royalties, no quedará sometida al pago del Impuesto al Valor Agregado.

 

La tributación del franchising, por Ricardo Celaya

Ricardo Celaya, Abogado Deloitte

Diario Financiero, 29.03.2004

 

 
  Rebaja de intereses por adquisición de vivienda y corrección monetaria negativa  
 

El subdirector de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), Benjamín Schütz, informó que cerca de 50 mil contribuyentes acogidos a beneficio tributario por los intereses de créditos hipotecarios se verán afectados en su declaración de renta debido a que los bancos no informaron adecuadamente el rol de la propiedad.
Como normalmente estas declaraciones se asocian a devolución de impuestos, este problema implica que dichos contribuyentes verán más lejana la fecha de reembolso, comentó Adolfo Sepúlveda, consejero de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y socio de Deloitte.
Ambos expusieron en un seminario de la CCS sobre la Operación Renta.
Para que los contribuyentes que usan el beneficio tributario puedan imputar su crédito, el SII tiene que verificar el destino del inmueble y toda esa información está en el rol de la propiedad, explicó Schütz.
"Lamentamos que el sistema bancario, después de tres años de vigencia de un beneficio tributario que va en directa ayuda de esa industria, no haya tomado las medidas para resolver esto. Hemos tenido reuniones desde junio con cada una de las instituciones", agregó.
El SII no ofrece una propuesta de declaración a quienes tengan este problema. Schütz dice que ellos deben solicitar que el banco corrija la información y la envíe al servicio.
Lo otro es concurrir personalmente a las oficinas del servicio, demostrar que son propietarios y que ese rol de propiedad tiene el destino que corresponde.

Corrección monetaria
Adolfo Sepúlveda criticó la decisión del SII de no aplicar el IPC negativo para los efectos de la corrección monetaria, lo que redunda en más tributación para los contribuyentes.
Eugenio Maza, jefe del Departamento de Impuestos Directos del SII, explicó que el artículo 41 de la Ley de Renta fija como objetivo corregir los estados financieros por los efectos de la inflación, no por deflación.
La norma habla de "reajustar" un pasivo que está expresado en moneda nacional. Cuando son pasivos en moneda extranjera habla de "ajustar" y que puede ser hacia arriba o hacia abajo.

 

Error en los bancos afecta declaraciones dice el SII

El Mercurio 8.04.2004

 
 

 

Devolución de Impuestos: causas y estadísticas de retención 2004

Silenciosamente el Servicio de Impuestos Internos (SII) se encuentra aplicando su lupa fiscalizadora a más de 200 mil contribuyentes que tienen detenidas sus devoluciones de impuestos por una cifra global que supera los $ 500 mil millones (unos US$ 800 millones).
Entre ellos se encuentran grandes empresas que, en algunos casos, esperan devoluciones que alcanzan hasta $ 1.000 millones.
Al 27 de mayo, la entidad fiscalizadora mantenía retenida la devolución de tributos solicitada por 262.518 contribuyentes por un monto total de $ 616.415 millones. Esta última cifra representó un aumento de 49% comparado con los $ 411.964 millones retenidos en la Operación Renta 2003.
Actualmente en el SII indican que esta cifra se va reduciendo, “porque semanalmente se producen liberaciones de devoluciones a medida que se aclaran las inconsistencias, por lo que esa cifra es menor”.
Según el director del servicio, Juan Toro, entre un 10% a 15% del total de declaraciones son objetadas durante el proceso de la Operación Renta. “Si esas declaraciones piden su devolución se les fiscaliza en profundidad en una etapa informática y otra en terreno. Posteriormente, se envían cartas para que los contribuyentes aclaren las inconsistencias en el servicio”, afirma.

Los expertos tributarios esperan que en el próximo mes comiencen a llegar las cartas citando a los contribuyentes que tengan declaraciones con demasiadas inconsistencias, por lo que estiman que a partir de agosto debería iniciarse el desfile de los imputados en las dependencias del SII.
En esta entidad afirman que las nuevas declaraciones juradas, los cambios en el Formulario 22 y los cruces de información “aumentan la eficacia del control fiscalizador”, especialmente para investigar el uso de las franquicias y créditos existentes.
Es así como la lupa del servicio apunta a “constatar la situación tributaria de empresas con pérdidas o en quiebra, la postergación del pago del impuesto personal sustentada en la reinversión de utilidades, la correcta determinación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), el uso de créditos especiales y rebajas por diversos conceptos”, explican en el SII.
De hecho, los mayores montos retenidos a los grandes contribuyentes se refieren a los contribuyentes que imputan pérdidas por utilidades absorbidas en exceso; las inconsistencias en el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), y la presencia de incoherencia entre el Formulario 22 y las declaraciones juradas presentadas respecto a los retiros declarados (ver tabla).
El socio de Servicios Tributarios de Ernst & Young, Juan Morales, explica que las inconsistencias se generan cuando distintos actores entregan información descalzada. Por ejemplo, “se usan gastos de capacitación o créditos por donaciones y, después, el Sence y las instituciones donatarias informan al SII, pero esos montos no cuadran con lo que piden de devolución las empresas, por lo que se procede a una revisión más exhaustiva”.

 

Para el asesor del Colegio de Contadores, Christian Aste, el SII debería retener las devoluciones “sólo si dispone de antecedentes que le permitan calificar las declaraciones presentadas por los contribuyentes como no fidedignas”.
Y explica: “El legislador no se colocó en la situación de que el Fisco no devolviera. Prueba de ello es que si retiene la devolución y el contribuyente prueba su procedencia, ésta se materializa sin intereses, lo que vulnera la garantía constitucional de la igualdad”.
A juicio de Morales, las empresas deben tomar los resguardos para esta fiscalización, ya que el SII “se ha preparado a través de un programa muy bien estructurado de control personalizado de gestión tributaria e incentivos a la fiscalización”.
Tanto así que en las empresas se comentan los llamados regulares de los fiscalizadores del SII por las desviaciones en los datos monitoreados, por lo que “el desafío para el sector privado es prepararse para dar un buen examen”, afirma Morales.

 

Tribunales tributarios

La comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados acordó la necesidad de aumentar la independencia de los tribunales tributarios en la iniciativa legal que estudian en la instancia, tras conocer las exposiciones de los especialistas Pedro Pierry, del Consejo de Defensa del Estado, y Axel Buccheister de Libertad y Desarrollo.
Por ello, los diputados llamarán a los representantes del SII para que den su opinión respecto a las indicaciones del proyecto que no entregan suficiente autonomía de los tribunales respecto a la entidad fiscalizadora.
El consenso en la instancia legislativa es que, si bien el proyecto es un avance, aún no tiene una suficiente independencia para su funcionamiento, porque los tribunales funcionarían en las dependencias del SII.

 

SII retiene impuestos a grandes contribuyentes por US$ 800 millones

El diario financiero : 23/6/2004

Roberto Valencia M.