 Recaudación Minera 2006
Las 17 compañías mineras reunidas en el Consejo Minero aportaron al gobierno. por concepto de impuesto a la renta US$1.800 millones en 2005, lo que implicó una alza de 62% con respecto a los US$1.108 millones que tributaron durante 2004, según lo informó ayer Francisco Costabal, presidente de la entidad gremial.
Con respecto a las platas generadas por el impuesto específico (royalty), el dirigente gremial aseguró que "los que dirigen el país tienen que decidir qué hacer con esos recursos. Creo que la Comisión de Ciencias y Tecnología tiene una responsabilidad tremenda de hacer un buen uso de un recurso que el sector minero está poniendo a disposición del Gobierno a través de este impuesto".
Según Costabal, quien participó ayer en la inauguración de Expomin 2006, los recursos se deben invertir en investigación en las áreas que más beneficien al país y a los chilenos.
En tanto, Costabal destacó el ingreso de la Federación de Trabajadores del Cobre a la delegación chilena que viajará para reunirse con miembros de la Unión Europea durante la segunda semana de junio para discutir sobre el Proyecto Reach, iniciativa que pretende gravar las exportaciones de minerales a ese continente.
Con respecto a la ley de subcontratación, sobre la que los sectores mineros mostraron su preocupación, aseguró que "tenemos las mismas aprensiones, pero ya es una ley, para qué seguir dándole vueltas. Tenemos que cumplir con esta nueva normativa y seguir siendo lo más eficientes posible", aseguró. Diario Estrategia (24-05-2006)
IMPUESTO A LA RENTA
Gran minería tributó US$1.800 millones en 2005
Este monto implicó una alza de 62% respecto a lo que pagaron las principales compañías en 2004
Recaudación 2005 y trimestre 2006
El auge en el precio internacional del cobre permitió que la minería privada duplicara el aporte tributario que realizó al fisco durante los primeros tres meses de este año respecto de igual período del ejercicio 2005.
Según la Dirección de Presupuestos (Dipres), a marzo de este año el sector pagó US$ 456 millones, de los cuales sólo US$ 8,8 millones corresponden a pagos por concepto de royalty.
¿La razón? Durante este trimestre el precio promedio de la libra del metal rojo llegó a US$ 2,25, mientras que en igual período del año pasado este precio fue de US$ 1,48.
Pese a que sólo han ingresado US$ 8,8 millones por royalty, cálculos del sector minero advierten que el monto tributado en 2006 podría superar los US$ 380 millones. Sin embargo, el fisco sólo destinará US$ 80 millones al fondo de innovación por el que se creó el impuesto.
El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, explicó que, como en el caso de todos los tributos, lo que se gasta está precisamente contemplado en el Presupuesto. "En ese sentido, el royalty no es distinto a otro tributo que se aplique en Chile. El restante es parte del superávit", dijo.
El director de Presupuestos, Alberto Arenas, advirtió que cualquier ingreso adicional cíclico será ahorrado.
Primer trimestre:
La minería privada duplicó aporte al fisco por impuestos
Hacienda dijo que no se aumentará gasto en fondo de innovación producto del royalty. El Mercurio, miércoles 4.05.2006.
Recaudación 2005 y trimestre 2006: el error de Cochilco
Durante el primer trimestre se recaudaron sólo US$ 2 millones por concepto de impuesto de la minería o royalty. Con este dato, el ministerio de Hacienda le "quitó el piso" a Cochilco. Esto, ya que en los días previos asesores de esta cartera habían deslizado la posibilidad de que la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco) se hubiera equivocado al estimar que la recaudación anual por concepto del impuesto específico a la minería llegaría a US$ 380 millones. Pero ayer el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, fue enfático en señalar que Cochilco erró. La afirmación de Cochilco, dijo el ministro, "es profundamente errónea". Velasco aclaró que no es la misión de Cochilco hacer estimaciones respecto de los ingresos tributarios y tampoco corresponde que tenga la capacidad técnica para efectuar ese tipo de cálculo.
Según Hacienda, durante el primer trimestre, los pagos provisionales mensuales por concepto de royalty llegaron a US$ 8,8 millones. Más de las mitad de esta cifra, corresponde a pagos de Codelco, los que "no constituyen ingresos adicionales, ya que si este dinero no hubiera entrado por royalty, hubiera ingresado por la vía de las utilidades de la empresa", dijo el ministro. Pero eso no es todo. Dado que las empresas privadas pueden utilizar los pagos de este tributo como un crédito contra el impuesto de primera categoría, la cifra sigue disminuyendo.
"Tomo los US$ 8,8 millones, le resto lo que corresponde a Codelco, que no es un ingreso adicional para el Gobierno, le resto los créditos que las empresas van a hacer porque así se lo permite la ley, la recaudación adicional que el fisco ha recibido es de aproximadamente US$ 2 millones", dijo.
Velasco descartó que el impuesto no esté operando como fue concebido: Lo que sucede es que corresponde que las empresas hagan sus pagos provisionales y el grueso de la recaudación se verificará en mayo de 2007 cuando se realice la operación renta, que es cuando el fisco recibe la mayor parte de los ingresos tributarios. "Por eso me parece prematuro especular sobre los montos de recaudación, aunque puedo dar fe que me parece muy difícil llegar a una cifra de más de US$ 300 millones", aclaró.
El ministro asistió ayer a una sesión especial de la Cámara de Diputados, donde se abordó el destino de los recursos obtenidos por el royalty. En la oportunidad, se aprobó un proyecto de acuerdo presentado por parlamentarios de la Concertación en que piden que los recursos recaudados por royalty sean sólo utilizados en innovación y desarrollo; que se le dé urgencia al proyecto que crea el fondo de innovación y que la totalidad de los fondos recaudados sean gastados durante el año.
Tributo específico
Royalty: Hacienda corrige a Cochilco por cálculo.Durante el primer trimestre se recaudaron sólo US$ 2 millones por concepto de impuesto de la minería.KARIN NIKLANDER
El Mercurio, Miércoles 10 de mayo de 2006.
Las heridas del Royalty.
Aunque el Consejo Minero dice haber superado las polémicas en que se vio envuelto por el impuesto que se aplicará al sector, al interior del gremio continúa el malestar con Escondida.
La teleserie del royalty está lejos de terminar. El primer quiebre vino con la decisión de Codelco de promover públicamente la aplicación del impuesto específico al sector, lo que terminó con el retiro temporal de la minera estatal del Consejo Minero.
Y ahora los coletazos de la resolución de Escondida de no pagar el tributo al aprobarse el royalty 2 continúan generando tensión. Hay ejecutivos que aún "tienen muy presente" los problemas que les causó -y sigue causando- esta opción.
El conflicto surgió a mediados del año pasado, cuando Escondida optó por acogerse a una normativa -que estaba dentro de la propia legislación- y no pagar el royalty, que consiste en el cobro de un impuesto progresivo de hasta 5% sobre las utilidades operacionales.
De ahí que surgiera una serie de resquemores y suspicacias en el sector. Basta escudriñar un poco para darse cuenta de que los pelambres no cesan.
"Muchos no olvidan que la mayor empresa del sector privado defendió su decisión de no pagar royalty, recordando públicamente que ella siempre fue la buena de la película al pagar religiosamente sus tributos, a diferencia de sus socias", indica un alto ejecutivo del rubro.
Con ello, Escondida insinuaba que gran parte de las compañías del sector simplemente "dilataban sus compromisos". Precisamente este argumento fue el utilizado con fuerza por parlamentarios para establecer la necesidad de aplicar este impuesto. Y contra él las mineras no pudieron luchar.
Sobran los ejemplos de los intentos que ha hecho Escondida para diferenciarse de las otras empresas. "Gran parte de la discusión que originó el Royalty se basó en que diferentes empresas utilizaban mecanismos contables, como es la depreciación acelerada, situación que minera Escondida nunca utilizó", señaló el gerente de asuntos corporativos de la firma, Mauro Valdés a "El Mercurio" el 24 de enero de este año.
El tema generó tal molestia al interior del Consejo Minero -también en la Sonami, aunque en menor medida-, que fuentes ligadas a la entidad aseguraron que el descontento se le manifestó a Escondida en más de una reunión de directorio.
Más aún, en varias ocasiones se discutió el impacto que tendría mediáticamente la decisión de la minera de no pagar el tributo. Si el tema, luego de dos años de debate, se había cerrado, Escondida lo reabriría en plena etapa de campaña electoral.
Este malestar, sumado a los rumores que circulan entre los propios ejecutivos de las empresas en torno a un eventual intento de "acercamiento" entre la controladora de la empresa, la gigante australiana BHP Billiton, y el Gobierno, ha terminado por aumentar la desconfianza en el sector.
"No existe ningún antecedente que avale dichos comentarios. Pero sí es cierto que hay algunos ejecutivos que no pueden creer que al gobierno simplemente se le pasó amarrar con el Royalty 2 a justamente la mayor empresa del sector. Esto ha generado más de alguna especulación sobre cuál fue el verdadero tono de las conversaciones entre BHP y las autoridades", explica una fuente ligada al rubro.
Pero también el hecho de que el Gobierno haya sacado adelante la ley aclaratoria del royalty desestima, a juicio de muchos, este posible "acercamiento".
"Recordemos que el Gobierno ha sacado un doctorado en improvisación de estas leyes. Además, no hay que olvidar que prefirió manchar la imagen de la empresa con tal de no reconocer su error", dijo el diputado de RN Nicolás Monckeberg.
Escondida también desmiente tajantemente estas afirmaciones y descarta la existencia de fricciones al interior del Consejo Minero. "Nosotros jamás hicimos distinción alguna con las otras empresas, porque jamás las mencionamos. Aunque sí es verdad que somos el mayor contribuyente privado del país", señala Valdés.
De hecho, asegura que varios miembros del Consejo se muestran felices con el proyecto que finalmente se aprobó, porque cierra cualquier discusión sobre el tema y flexibiliza la aplicación de los incentivos estipulados.
Pero pese a las bondades que podría acarrear la ley, el sector salió perjudicado con tanta polémica en torno al tema.
¿Cuánto? Es difícil decirlo, pero al menos más del 70% de los chilenos aprobó la aplicación de este impuesto a las mineras, según arrojaron algunas encuestas realizadas sobre el tema.
Y las duras campañas emprendidas a favor del royalty por políticos de la Concertación habrían ayudado a ello. Frases como "la población ya colmó su paciencia con estas empresas, que producen cerca del 67% de todo el cobre que se exporta y que, según los datos de 2002, ese año pagaron sólo US$ 36 millones por impuesto a la renta", repercutieron en el país.
Un analista del rubro explica que quedó la sensación de que estas compañías ganaban grandes utilidades y evadían impuestos, cuando el DL 600 les permitía prolongar el pago de tributos hasta cuando recuperaran su inversión. Las mineras sólo estaban actuando conforme a la ley vigente.
"Creo que toda la discusión del royalty ha sido un verdadero montaje electoral que la Concertación ha sabido utilizar muy bien comunicacionalmente. Y evidentemente eso ha perjudicado mucho al sector minero", enfatiza Monckeberg.
Hoy estas firmas pagarán 35% de Impuesto a la Renta, más un impuesto progresivo que alcanza hasta 5% sobre las utilidades operacionales, cuando antes el régimen tributario contemplaba el pago de 42% de impuesto a la renta, pero con invariabilidad tributaria de 20 años.
A la vez, la nueva ley contempla un incentivo para que las mineras que no hayan usado la depreciación acelerada, renuncien a su derecho de utilizarla.
Ello se hizo para prevenir que compañías como Escondida -que nunca utilizó este mecanismo- lo hagan y, en definitiva, el fisco termine recibiendo menos impuestos en el corto y mediano plazo.
Operación limpieza
Como el royalty ya está aprobado, tanto el Consejo Minero como la Sonami desean enfocarse ahora en mejorar su imagen ante la opinión pública.
"No queremos volver a conversar sobre estos temas, es un hecho, es un dato de la causa, y está cerrado. El tema del royalty no fue bueno para nadie, porque se deterioraron las imágenes de las empresas, demos vuelta la hoja y no sigamos viendo en cuánto nos deterioramos, veamos cómo somos mejores a futuro", enfatiza el presidente del gremio, Francisco Costabal.
Para ello, contarán con el apoyo de la ministra de Minería, Karen Poniachik. La titular del sector prometió que promoverán a través de campañas de difusión entre la población, especialmente a nivel de los estudiantes, los beneficios de la minería.
Por su parte, las empresas están invirtiendo en responsabilidad social, lo que ayuda a mejorar la imagen. "Esperamos que el tema se cierre bien y no haya un ruido que moleste a futuros inversionistas que piensen aprovechar las ventajas comparativas de Chile en el sector", dice Alfredo Ovalle, presidente de la Sonami.
Objetivo:
Origen y rol del Consejo Minero
Las disputas al interior del sector minero vienen desde siempre. Pero se agudizaron en 1998, cuando siete de las grandes mineras de Chile, más Codelco, decidieron marginarse de la Sonami para "velar por los temas comunes a las grandes mineras". Y para ello crearon el Consejo Minero. En esa época, los rumores del sector apuntaban a que las grandes compañías no se sentían representadas por la Sonami y a que Codelco promovió la creación de esta agrupación para restarle influencia al tradicional gremio y, por otra parte, acercar las grandes mineras al gobierno.
Con el paso del tiempo se fueron incorporando las demás grandes empresas del rubro y hoy suman 18.
Pero las cosas estuvieron lejos de calmarse. En junio de 2004, Codelco decidió suspender su participación debido a la dura declaración pública que el Consejo Minero lanzó contra la propuesta de royalty que impulsaba el Gobierno.
La empresa estatal aseguró que no compartía ni el fondo ni la forma del pronunciamiento del Consejo. Y no sólo eso: alegó que la decisión se tomó sin el conocimiento de sus representantes en el organismo.
Pero tras una serie de acercamientos, finalmente se reincorporó a la agrupación.
Sin embargo, los problemas resurgieron el año pasado cuando la compañía estatal fue cuestionada por sus altos costos y muchos de sus contratos. Ahí simplemente Codelco debió defenderse sola, porque el Consejo no se pronunció al respecto.
Y actualmente el caso Escondida volvió a remecer a la entidad, aunque en este caso tampoco hubo intervención pública sobre el tema "Nosotros como Consejo Minero no opinamos sobre los asuntos particulares de nuestros socios. Representamos al sector de la gran minería, pero la representación de la empresa la tienen los representantes legales de la misma", dijo Francisco Costabal, presidente de la asociación, para explicar el rol que cumple la organización.
Y al parecer tampoco ésta tiene la misión de entregar resultados continuos de sus socios, pues sólo los presenta una vez al año.
Para ellos, su misión radica en trabajar para el desarrollo del sector y difundir las actividades mineras. Pero estos objetivos, al parecer, no incluyen la defensa públicade sus asociados.
El Mercurio, lunes 20 de marzo de 2006
MINERÍA / Las heridas tras la aprobación del royalty:
Molestia a puertas cerradas
JOCELYN BAY-SCHMITH C. y PAOLA JARUR C.
Congreso aprobo Royalty 3
Por amplia mayoría se aprobó ayer en el Congreso el proyecto aclaratorio del royalty que tiene como finalidad obligar a Escondida a pagar el impuesto.
Desde temprano se supo que la iniciativa tendría amplio apoyo parlamentario. Los diputados aprobaron el proyecto con una transversal mayoría de 73 votos a favor, cero en contra y sólo 2 abstenciones.
En la tarde, el Senado siguió la misma línea: 17 votos a favor, 3 en contra y una abstención.
"(El proyecto) tuvimos que hacerlo a última hora para no dejárselo al próximo gobierno", dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien agregó que con esto se llena un "vacío" que había en la ley del sector.
Pero, precisamente, esta "última hora" es la que molestó a parlamentarios opositores.
"Este tema se manejó con una cuota importante de confusión y algún grado de desmedro de nuestra imagen internacional", sostuvo el diputado de la UDI, y uno de los que se abstuvieron de aprobar la iniciativa, Rodrigo Álvarez.
"Estos errores en la forma de legislar no son gratis para Chile", dijo el diputado RN Nicolás Monckeberg.
Y si bien tanto la UDI como RN plantearon su desacuerdo con la forma en como el Gobierno llevó a cabo esta iniciativa, ambas bancadas recalcaron la importancia de que Escondida pague y aporte los alrededor de US$ 50 millones contemplados en el Fondo de Innovación.
Sí tuvo amplio respaldo la propuesta hecha por el Ejecutivo de descontar de la base imponible del royalty parte de los intereses pagados y por pagar de las deudas de las empresas que opten por renunciar al uso de la depreciación acelerada.
Origen
El conflicto que motivó el envío de esta ley se remonta a mediados del año pasado, cuando Escondida optó por acogerse a una normativa -que estaba dentro de la propia legislación- y no pagar el royalty, que consiste en el cobro de un impuesto de 5% sobre las utilidades operacionales.
La compañía pudo optar por esta alternativa dado que una parte de sus accionistas minoritarios -los japoneses de JECO y la Corporación Financiera Internacional, IFC, que poseen en conjunto el 12,5% de la empresa- decidieron no renunciar a la invariabilidad tributaria que les otorgó el Decreto Ley 600.
Por no haber renunciado y haber optado por seguir pagando una tasa de 42% de impuesto a la renta, es que a la japonesa JECO no se le cobraría el nuevo impuesto. La interpretación hecha por Escondida apuntó a que si uno de sus accionistas no pagaba, la empresa tampoco debía hacerlo.
Con este proyecto se evita que sea Impuestos Internos el que tenga que cobrar el gravamen por vía administrativa.
EMPRESA
ESCONDIDA ya manifestó que deberá pagar el tributo; ello, además de que por ley estará obligada a hacerlo.
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Diario El Mercurio (09-03-2006)
Cobro de impuesto específico:
En tiempo récord, Congreso aprueba proyecto para Escondida
Sector minero espera cerrar con este episodio una polémica que ha marcado los últimos tres años con el Gobierno.
Royalty 3: el día después.
La decisión de Escondida de aceptar pagar el royalty -ayer el Congreso aprobó el proyecto aclaratorio a la ley que obliga a la firma a concretar este pago-, dejó sobre la mesa una serie de conclusiones relevantes. La más importante de todas, coincidieron diversas fuentes de la industria, es que se zanja definitivamente la discusión sobre la tributación de las empresas del sector, luego de más de dos años de polémica.
Explicaron que la definición sobre este tema posibilitará a las compañías continuar desarrollando sus respectivos proyectos de inversión con relativa tranquilidad. Es más, aseguran, “nadie se va a atrever a abrir el tema de nuevo de aquí en adelante”, principalmente porque las empresas extranjeras reiteraron en muchas oportunidades que con este nuevo tributo Chile disminuyó su atractivo de inversión frente a otros países.
Por otro lado, hay quienes ven que la solución abre a una nueva alternativa para las empresas. En otras compañías señalan que no está claro si este beneficio sería aplicable a otras mineras aparte de Escondida. “Por un principio de no discriminación debiera ser que sí, pero el texto no es claro”, indican.
El documento de aclaración a la ley establece entre otros elementos un crédito para aquellos casos en que en una misma empresa receptora de inversión extranjera se presentan socios con garantía de invariabilidad tributaria (DL 600) -y que pagan el 42% de tributos- y socios sin ese derecho -que pagan 35% de impuestos, más el royalty-,
como ocurre en Escondida con Jeco en la primera situación y con BHP Billiton y Río Tinto, en la segunda. En otras palabras, se establece un mecanismo que permite devolver el royalty que paga la empresa a los inversionistas sujetos a la invariabilidad tributaria. Esto, a través de un crédito que es proporcional a la participación del inversionista en las utilidades de la minera.
Otras conclusiones emanadas ayer del sector privado sostenían que con las modificaciones al proyecto tanto el gobierno como Escondida ganaron. Por un lado, el gobierno recaudará los US$ 250 millones que esperaba por este concepto -Escondida tiene plazo hasta junio para tomar la opción-, mientras que la minera también deja de paso establecido que bajo el nuevo criterio sí puede pagar el nuevo tributo, ya que su discurso del no pago siempre estuvo basado en que no estaba desconociendo ningún elemento regulatorio, y que por lo tanto sí había un vacío legal en el proyecto original.
Diario Financiero (09-03-2006)
Industria saca conclusiones tras acuerdo Gobierno-Escondida
Adaptación del royalty despeja futuro de mineras
Royalty 3: otro error?
"Hasta cuándo vamos a seguir corrigiendo errores", es la única expresión que el diputado de RN Nicolás Monckeberg tiene para calificar el nuevo proyecto aclaratorio de la ley de royalty aprobado ayer en el Congreso.
Si bien el parlamentario aprobó la iniciativa ayer en sala -"porque era una buena fórmula para corregir la omisión que hubo en la redacción de la ley de impuesto específico", dijo-, manifestó reparos no sólo en la forma en cómo Hacienda llevó a cabo el proyecto para aprobarlo en tiempo récord, sino también en la redacción misma.
Asegura que los inversionistas extranjeros que estén sujetos a la devolución del royalty, como Jeco, minoritario de Escondida, serán beneficiados con el pago de menos impuestos que los que cancelan hoy.
"Existe un nuevo e inexplicable error que implicaría que aquel inversionista extranjero con garantía de invariabilidad tributaria que no desea renunciar a ésta, pagaría menos impuestos como carga consolidada del que pagaba con anterioridad", explica el diputado.
Ello, ya que, asegura, el proyecto calcula la devolución del royalty a los socios de la empresa de manera proporcional a su participación en ésta y donde, dice, el problema surge porque "tiene una deducción que se calcula sobre la base del impuesto de Primera Categoría (17%), debiendo calcularse sobre la base del 42% correspondiente al artículo 7 del DL 600".
Con esto el diputado recalca que la aprobación de este tipo de proyectos con la urgencia que se tramitó en el Congreso es un error que Hacienda no debe cometer. Por ello es que en la sala de la Cámara, Monckeberg manifestó sus reparos y, según dice, Eyzaguirre accedió a corregirlos en la redacción del proyecto.
A él se sumaron las críticas de sus pares de la UDI por la rapidez con que se tramitó la iniciativa, dejando escaso tiempo para analizar sus alcances.
El Mercurio. Jueves 9 de marzo de 2006
Proyecto aclaratorio:
Denuncian importante error en ley de royalty
Diputado Monckeberg critica apuro de Eyzaguirre para sacar proyecto.Diputado de RN denuncia error que haría a empresas pagar menos tributos.
Royalty 3 aprobado costó US$ 37 millones al Fisco
Por una amplia mayoría el Senado aprobó ayer en tiempo récord el proyecto de ley que rectifica algunos aspectos contenidos en la versión original del royalty minero, y que fue ingresado el lunes al Congreso, luego que dos de los cuatro socio de minera Escondida declinaran cancelar este tributo.
La iniciativa legal, que contó con 17 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, cumplió así con su último trámite legislativo (dado que durante el transcurso de la mañana fue aprobado por la Cámara de Diputados) y quedó en condiciones de ser promulgado como ley de la República.
La rápida tramitación del proyecto fue posible luego que el gobierno alcanzara un acuerdo con los senadores de todas las bancadas políticas, quienes autorizaron a través de la presidencia de la Corporación crear inmediatamente una comisión mixta integrada por las comisiones de Minería y Hacienda para revisar el cuerpo legal y luego votarlo sobre tabla en el Senado.
De esta forma, el proyecto aclaratorio del royalty minero se convirtió en la última ley que lograron aprobar las actuales autoridades del Ministerio de Hacienda, encabezadas por Nicolás Eyzaguirre, quién manifestó su satisfacción por el respaldo que obtuvo de parte de los parlamentarios.
“Creo que nobleza obliga y el parlamento ha dado una muestra de confianza muy grande, cosa que agradezco”, recalcó.
Fórmulas
Eyzaguirre explicó que la iniciativa legal en lo medular corrigió dos aspectos específicos: la forma de devolver el impuesto a quienes se mantengan en la invariabilidad tributaria y para quienes no estén en ella se da como plazo hasta el 30 de junio para abandonar el sistema de depreciación acelerada para acogerse al nuevo régimen, pagar el 4% de royalty, pero imputando intereses.
De esta forma la iniciativa establece que se otorga un crédito tributario a aquel socio protegido por el artículo 7º del DL 600, dándole certeza respecto de la forma mediante la cual se materializará dicha invariabilidad.
En segundo término se crea una alternativa para inversionistas acogidos al DL 600 de depreciación acelerada incorporando un nuevo artículo 8º transitorio a la Ley del Royalty.
“Dado que muchas empresas tienen todavía el derecho de la depreciación acelerada, en particular una de ellas (Escondida) (...) ofrecimos un incentivo en la segunda parte de la ley, que consiste en que si se desisten de hacer la depreciación acelerada con las normas previas al 2001, van a tener derecho a descontar de la base del impuesto a la minería, un porcentaje de los costos financieros”.
Respecto a los contactos que sostuvo con Escondida para abordar el tema, el ministro explicó que “obviamente que uno tiene que consultar cuál es la disposición de las empresas para saber si lo que usted está ofreciendo a cambio de un derecho que ya tenían les conviene o no le conviene. Obviamente, en pedir no hay engaño y las primeras comunicaciones que tuvimos -yo no hablé directamente, nunca lo hago, sino que a través de terceros- pedían muchísimo más. Nosotros dimos lo que considerábamos consistente con lo que habíamos dado en la otra Ley de Royalty y en cualquier caso general para todos. O sea, hay un nuevo beneficio que es opcional respecto del beneficio que estaba en la Ley de Royalty dos”.
En consecuencia, Eyzaguirre aseguró que esta corrección ofrece “un beneficio que, aunque nos significa en valor presente menor recaudación por US$ 37 millones, conjuga riesgos de menores recaudaciones hasta por casi US$ 300 millones”.
Recaudación
Añadió que tal como quedó la ley el Fisco alcanzará una recaudación en régimen a partir de 2008 de US$ 150 millones anuales. Sin embargo, precisó que mientras tanto, y dados los créditos que dieron a las empresas para que renunciaran al otro régimen tributario, el royalty o impuesto específico a la minería tendrá un rendimiento estimado de US$ 75 millones aproximadamente.
En la oportunidad, Eyzaguirre manifestó que “nosotros creemos que definitivamente con esto, todas las empresas deberían estar pagando royalty. No veo ninguna razón que pudieran invocar para no hacerlo y espero que así sea. Mire la creatividad de los abogados a veces es bastante ilimitada, pero realmente creo que esta vez sí que hemos finalizado”, concluyó.
Reacciones
Alfredo Ovalle, presidente de Sonami: “Me parece extraño que haya un proyecto que se aboque al estudio de un caso particular de una sola empresa, pero bueno, es posible hacerlo y creo que no corresponde opinar porque ha habido aquí una situación que se ha tratado directamente entre la empresa y el poder Ejecutivo”.
Hagime Owaga, embajador de Japón en Chile: “En principio pedimos al gobierno de Chile mantener su compromiso y no cambiar las reglas que ha decidido, pero es una decisión doméstica de Chile. Entonces, como lo decide Chile, nosotros aceptamos”.
Añadió que “Escondida siguió la ley que el gobierno de Chile decidió, entonces, no era su culpa. Cambiar la ley para nosotros no es muy interesante, pero la decisión la tiene el gobierno de Chile y no podemos decir nada”. Iniciativa fue despachada con 17 votos a favor en el Senado.En tiempo récord, proyecto aclaratorio del royalty quedó a un paso de ser ley
El Diario Financiero, 9 de marzo de 2006.
Gobierno define Royalty 3
En las últimas semanas trataron de consensuar una fórmula para el pago de ese impuesto. Tras el fracaso de las conversaciones, el gobierno afina proyecto aclaratorio.
En el mas absoluto hermetismo el gobierno y Escondida intentaron consensuar una salida para que la minera pague finalmente el royalty. Según trascendió, en las últimas semanas asesores del Ministerio de Hacienda y ejecutivos de Escondida activaron los contactos y materializaron varias conversaciones con el propósito de dar con una fórmula que fuera respaldada por ambas partes.
Si bien el gobierno ya en esa fecha tenía previsto enviar al Congreso un proyecto para perfeccionar los vacíos legales que dejó la ley del royalty, al Ejecutivo le interesaba elaborar una normativa que fuera apoyada por la minera.
Esto permitiría una tramitación más rápida en el Parlamento y evitar que el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, traspasara el problema a la administración de Michelle Bachelet, que asume el 11 de marzo. Sin embargo, las tratativas fracasaron en los últimos días. Fuentes ligadas al proceso explicaron que la idea del gobierno era lograr que Jeco y el IFC -brazo financiero del Banco Mundial-, que poseen el 12,5% de Minera Escondida, renunciaran a la invariabilidad tributaria.
Esto era clave, porque la decisión de esos socios de mantener un régimen tributario del 42%, según la ley del royalty, eximía a Escondida de pagar el impuesto.
Por el contrario, si Jeco y el IFC renunciaban a la invariabilidad tributaria, se generaban las condiciones para que Escondida pagara el royalty.
El Ejecutivo estaba dispuesto a dar -a través de la nueva ley que se enviará al Congreso- un nuevo plazo a Jeco y al IFC para que renunciaran la invariabilidad (el primero venció el 30 de noviembre de 2005), lo que dejaría en condiciones a Escondida de pagar un impuesto de 4% sobre el resultado operacional y no de 5%, si el Ejecutivo logra obligar a la minera a cancelar ese gravamen.
Si embargo, la propuesta del Ejecutivo no tuvo acogida en Escondida. Según las fuentes, la minera habría visto que no había ninguna retribución a Jeco y al IFC por su renuncia a la invariabilidad.
En las conversaciones la minera habría efectuado algunas propuestas al gobierno, tendientes a recibir algún tipo de compensación en materia de impuestos.
Estas apuntaban a usar los incentivos tributarios que da el actual sistema impositivo. Además, su propuesta apuntaba a que el nuevo proyecto del royalty permitiera a las mineras mitigar el impacto tributario global que pagan estas compañías dentro y fuera del país.
Según trascendió, la proposición fue inicialmente bien recibida en el gobierno, pero al final se optó por rechazarla, lo que generó el rompimiento de los contactos que se habían mantenido con Escondida.
Nuevas opciones
Las fuentes indicaron que ahora el gobierno está barajando varias alternativas para el nuevo proyecto de royalty que enviará al Parlamento en los próximos días.
La solución más pública que se ha dado es una normativa que permitiera a Jeco y al IFC renunciar a su invariabilidad tributaria, y que permitiera posteriormente devolverles a esos actores parte del royalty que pagará Escondida.
Para el gobierno dar una solución a este conflicto es vital, porque si Escondida no paga, el fondo del royalty recaudará 40% menos de lo que estaba previsto.
Diario La Tercera (03-03-2006)
Nuevo revés sufre relación entre el gobierno y mayor minera privada que opera en Chile
Ministerio de Hacienda rechaza propuesta de Minera Escondida para pagar el royalty Royalty 3: Eyzaguirre se sincera.
Eyzaguirre negó que la iniciativa esté hecha con "nombre y apellido".
Si en el sector minero reclamaban que el cobro de un impuesto específico era "discriminatorio", el envío de una iniciativa "aclaratoria" que va directamente dirigida a Escondida vendría siendo peor aún.
Pero según el Gobierno esta medida era necesaria. Ello ya que, como reconoció el propio ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, hubo un "vacío" en la ley que estableció el cobro del impuesto específico al sector.
"Yo no diría un error. Yo hablaría de un vacío", dijo Eyzaguirre quien agregó que "dado que ellos (Escondida) entendieron las cosas de esa forma y que Jeco no ha renunciado a la invariabilidad y por tanto que no debe pagar impuestos, nosotros creímos apropiado aclarar exactamente como se le exime de este impuesto mediante una ley".
A la vez, Eyzaguirre recalcó que el proyecto no va dirigido "con nombre y apellido a Escondida" -aunque es la única gran empresa que se encuentra en esta condición- sino que al sector en general, más aún en la parte donde se hace alusión al nuevo régimen al que pueden acceder las empresas que decidan renunciar a la deprecaición acelerada.
El ministro destacó que la falta de los fondos que debiera aportar Escondida al Fondo de Innovación Tecnológica, sólo se notará a partir de 2007 y que, dado que sólo Jeco no pagará el tributo, cubrir esta diferencia no implica mayores recursos.
El Mercurio, Miércoles 8 de marzo de 2006. Minería:
Gbo. reconoce "vacío" en Ley de royalty. Eyzaguirre negó que la iniciativa esté hecha con "nombre y apellido".
Royalty 3: el proyecto 1.
Tal como lo había anunciado en los días previos, el Ejecutivo ingresó ayer a tramitación a la Cámara de Diputados el proyecto de ley aclaratorio del royalty que busca obligar a Escondida a pagar el tributo.
La Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa por 6 votos a favor -cinco de la Concertación y del UDI Gastón von Mühlenbrock- y 4 en contra, de diputados gremialistas y de RN. Hoy la iniciativa será discutida en Sala de Cámara de Diputados.
En la base, el proyecto de ley consiste en buscar la mejor fórmula de devolverle el royalty a Jeco, accionista japonés minoritario de Escondida que no renunció a la invariabilidad tributaria que le otorga el DL 600, por ende, está eximido de pagar el impuesto.
El problema surgió porque la compañía interpretó que dado que uno de sus accionistas no pagaba el impuesto, toda la empresa podía eximirse de él. Ello gatilló la molestia del Gobierno y el envío del proyecto aclaratorio de ley.
Pero además el Ejecutivo propuso un nuevo régimen al que pueden optar las empresas que mantienen vigente el sistema de depreciación acelerada que contempla el DL 600.
De esta forma, quienes se hayan acogido al sistema de pago de royalty tendrán la posibilidad también de descontar de la base imponible de este tributo los intereses pagados o por pagar correspondientes a la depreciación acelerada, siempre y cuando, claro está, renuncien a ella. El plazo vence el 30 de junio.
Iniciativa fue aprobada en Comisión de Hacienda y hoy la vota la sala de la Cámara
Proyecto aclaratorio da plazo hasta junio para abandonar depreciación y pagar el royalty.
El Mercurio, Miércoles 8 de marzo de 2006. C. de Hacienda:
Pasa primera prueba el royalty para Escondida. Karin Niklander. Diputados discutirán en sala la iniciativa que busca obligar a la minera a pagar.
Royalty 3: el proyecto 2.
La sala de la Cámara de Diputados votará hoy la iniciativa que introduce modificaciones al artículo 2º transitorio de la Ley 20.026, más conocido como proyecto aclaratorio del royalty.
Ello, tras la aprobación que recibió ayer por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, donde obtuvo seis votos a favor y 4 abstenciones. A partir de hoy la normativa propuesta tendrá calidad de discusión inmediata, esto es tres días por cada cámara legislativa.
En síntesis, la iniciativa establece la forma en que se devuelve el royalty a quien se mantuvo en el sistema de invariabilidad tributaria y se fija como plazo máximo el 30 de junio para que quienes no hayan abandonado la depreciación acelerada lo hagan, y paguen el royalty de 4% imputando intereses.
Primer cambio
El proyecto propuesto por el Ejecutivo agrega dos incisos al artículo 2º transitorio de la ley, mediante los cuales se establece un crédito para aquellos casos en que, en una misma empresa receptora de inversión extranjera se presentan socios con garantía de invariabilidad tributaria y socios sin dicho derecho, como ocurre en Escondida con Jeco en la primera situación y con BHP Billiton y Río Tinto, en la segunda.
Así, se otorga un crédito tributario a aquel socio protegido por el artículo 7º del DL 600, dándole certeza respecto de la forma mediante la cual se materializará dicha invariabilidad, lo que en este caso correspondería a Jeco.
Segundo cambio
Asimismo, se crea una alternativa para inversionistas acogidos al DL 600 de depreciación acelerada incorporando un nuevo artículo 8º transitorio a la Ley del royalty.
La norma plantea un nuevo régimen al que pueden optar los inversionistas extranjeros que mantengan vigentes los derechos otorgados en virtud del artículo 11 bis del DL 600 en lo relativo al tratamiento de la depreciación acelerada, ya sea en virtud del numeral 2 del artículo 3º transitorio del royalty, o de sus contratos DL 600 vigentes.
El nuevo régimen establece la posibilidad, mientras que mantenga el derecho a invariabilidad nuevo, de descontar de la base imponible del impuesto específico los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, debiendo para ello renunciar al tratamiento de depreciación acelerada de que gozan o gozarían en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 3º transitorio de la mencionada ley.
El plazo para optar a dicho régimen vence el día 30 de junio. En este punto cabría BHP Billiton y Río Tinto.
De esta forma, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre explicó que “si ahora Escondida se desistiere de este privilegio que tienen reservado de depreciación acelerada, estamos en condiciones de ofrecerle el que habiendo expirado la ventana de tiempo para que el royalty quede fijado en 4%, sí puedan fijarlo en eso. Y, adicionalmente, puedan al igual que cualquier otra empresa minera imputar parcialmente contra el pago del royalty, el pago de intereses contra créditos externos”.
El ministro agregó que “creemos que claramente esto va en beneficio de Chile, establece claridad en las reglas del juego, no hay discriminación de ninguna especie y creo que con un poco de suerte tenemos un consenso”.
Constitucional
A juicio del director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Axel Buchheister –quien ha sido una de las voces críticas a la actuación del gobierno en materia minera- la iniciativa sería constitucional y está “dentro de lo que debe hacer un país serio en sus políticas”.
En este sentido señaló que “si descubre que algo no está bien hecho se puede cambiar, pero hay que hacerlo siempre respetando los derechos de los inversionistas con quienes el Estado tiene un contrato. En ese sentido, como política pública fue una decisión correcta. Intentar cobrar por la vía administrativa, eso era lo que habría terminado dañando la imagen y hubiera podido dar origen a litigios internacionales”.
Así, para Buchheister “el método que trae el proyecto, en términos generales, es el correcto y el único que a mí me parece que es factible, que es otorgarle un crédito al accionista, o sea rebajarle del impuesto que tiene que pagar, de ese 42% lo que ya ha sido pagado a título de royalty que excede el 42%”.
Las dudas
Pese a que primera vista la iniciativa estaría en la línea correcta, Buchheister precisó que le merecen algunas dudas “la forma en que se concreta el crédito, porque la forma que trae de aplicación puede determinar que se termine pagando algo más que un 42%, y ese es un aspecto técnico que requiere una mayor revisión. Lo que pasa es que se producen varios efectos, al aplicarle el royalty a la empresa de un 5% sobre la renta operacional, rebaja las utilidades en una cantidad similar al 5% y por ende rebaja las utilidades del accionista, de este socio que tiene una invariabilidad. Entonces, con el crédito no pagaría más del 42%, pero sobre una renta menor, entonces al final el 5% igual le está afectando”, explicó.
Diario Financiero, 8 de marzo de 2006.
Royalty: ingresa a Congreso Royalty 3. Con suma urgencia ingresará hoy al Congreso Nacional el proyecto de ley aclaratorio que busca precisar los alcances del royalty minero, que aprobó el parlamento el año pasado, y que establece el pago de un impuesto específico a la gran minería.
Así lo informó ayer el ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, quien explicó además que el gobierno, a petición del presidente de la Cámara de Diputados, Gabriel Ascencio, decidió aplicar “suma urgencia” a la iniciativa legal, para evitar así una sobrecarga de trabajo a los parlamentarios.
En consecuencia, cada una de las cámaras (Senado y Diputados) contará con 30 días para aprobar o rechazar dicho cuerpo legal, lo que en la práctica implica traspasar al nuevo gobierno y al próximo parlamento, el conflicto interpretativo originado con minera Escondida, luego que ésta declinara cancelar dicho tributo.
“Ya estamos en los últimos ajustes (del proyecto) y casi con seguridad lo estaríamos viendo mañana (hoy) en el Congreso (...) Probablemente, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, tendría que estar concurriendo a la Comisión (de Hacienda) el miércoles en la mañana para explicar los detalles del proyecto”, precisó.
Postergación
Al ser consultado sobre las razones del gobierno para dar al proyecto suma urgencia y no discusión inmediata (3 días por cada cámara) como inicialmente se había pensado, Dockendorff precisó que “la idea es ingresarlo con suma urgencia atendiendo una petición del presidente de la Cámara (Gabriel Ascencio) quién solicitó evitar una excesiva presión sobre la actividad legislativa de esta semana donde hay una proliferación de proyectos diversos”.
Sin embargo, el secretario de Estado reconoció que “además que eso nos permitiría, eventualmente, que su despacho definitivo lo hagan con los votos de los nuevos parlamentarios que nos parece también perfectamente razonable”.
Y aunque Dockendoff declinó entregar mayores antecedentes sobre el contenido de la iniciativa, reconoció que todavía estaban trabajando en la redacción final. “Lo estamos ajustando en este minuto, espero que en media hora más ya estemos listo. Estamos haciendo una revisión jurídica al detalle y no quiero entrar en precisiones sobre la modalidad que va a revestir el proyecto final”, dijo.
El titular de la Segpres también declinó entregar detalles sobre la reunión que canceló la semana pasada con los máximos representantes del Consejo Minero y sólo se limitó a informar que ese tema lo estaba llevando el ministro de Minería, Alfonso Dulanto.
“Eso tendría que preguntárselo al ministro de Minería porque yo no tengo idea, yo veo el tema de Valparaíso”, recalcó y luego precisó que el contenido de la iniciativa “sería bueno que lo ilustren ustedes con el Ministerio de Hacienda y Minería”.
Esta iniciativa legal es la respuesta del gobierno a la empresa minera Escondida, que acogiéndose a un artículo transitorio de la Ley del royalty interpretó que no correspondía el pago del tributo, pese a que dos de sus cuatro socios habían abandonado el sistema de invariabilidad tributaria.
Diario Financiero, 7 de marzo 2006.
La iniciativa legal irá con suma urgencia, es decir, 30 días por cada cámara. Hoy ingresa al Congreso proyecto aclaratorio sobre el royalty minero
Royalty 3: las opciones
Nuevo revés sufre relación entre el gobierno y mayor minera privada que opera en Chile.
Ministerio de Hacienda rechaza propuesta de Minera Escondida para pagar el royalty
En las últimas semanas trataron de consensuar una fórmula para el pago de ese impuesto. Tras el fracaso de las conversaciones, el gobierno afina proyecto aclaratorio.
En el mas absoluto hermetismo el gobierno y Escondida intentaron consensuar una salida para que la minera pague finalmente el royalty. Según trascendió, en las últimas semanas asesores del Ministerio de Hacienda y ejecutivos de Escondida activaron los contactos y materializaron varias conversaciones con el propósito de dar con una fórmula que fuera respaldada por ambas partes.
Si bien el gobierno ya en esa fecha tenía previsto enviar al Congreso un proyecto para perfeccionar los vacíos legales que dejó la ley del royalty, al Ejecutivo le interesaba elaborar una normativa que fuera apoyada por la minera.
Esto permitiría una tramitación más rápida en el Parlamento y evitar que el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, traspasara el problema a la administración de Michelle Bachelet, que asume el 11 de marzo. Sin embargo, las tratativas fracasaron en los últimos días. Fuentes ligadas al proceso explicaron que la idea del gobierno era lograr que Jeco y el IFC -brazo financiero del Banco Mundial-, que poseen el 12,5% de Minera Escondida, renunciaran a la invariabilidad tributaria.
Esto era clave, porque la decisión de esos socios de mantener un régimen tributario del 42%, según la ley del royalty, eximía a Escondida de pagar el impuesto.
Por el contrario, si Jeco y el IFC renunciaban a la invariabilidad tributaria, se generaban las condiciones para que Escondida pagara el royalty.
El Ejecutivo estaba dispuesto a dar -a través de la nueva ley que se enviará al Congreso- un nuevo plazo a Jeco y al IFC para que renunciaran la invariabilidad (el primero venció el 30 de noviembre de 2005), lo que dejaría en condiciones a Escondida de pagar un impuesto de 4% sobre el resultado operacional y no de 5%, si el Ejecutivo logra obligar a la minera a cancelar ese gravamen.
Si embargo, la propuesta del Ejecutivo no tuvo acogida en Escondida. Según las fuentes, la minera habría visto que no había ninguna retribución a Jeco y al IFC por su renuncia a la invariabilidad.
En las conversaciones la minera habría efectuado algunas propuestas al gobierno, tendientes a recibir algún tipo de compensación en materia de impuestos.
Estas apuntaban a usar los incentivos tributarios que da el actual sistema impositivo. Además, su propuesta apuntaba a que el nuevo proyecto del royalty permitiera a las mineras mitigar el impacto tributario global que pagan estas compañías dentro y fuera del país.
Según trascendió, la proposición fue inicialmente bien recibida en el gobierno, pero al final se optó por rechazarla, lo que generó el rompimiento de los contactos que se habían mantenido con Escondida.
Nuevas opciones
Las fuentes indicaron que ahora el gobierno está barajando varias alternativas para el nuevo proyecto de royalty que enviará al Parlamento en los próximos días.
La solución más pública que se ha dado es una normativa que permitiera a Jeco y al IFC renunciar a su invariabilidad tributaria, y que permitiera posteriormente devolverles a esos actores parte del royalty que pagará Escondida.
Para el gobierno dar una solución a este conflicto es vital, porque si Escondida no paga, el fondo del royalty recaudará 40% menos de lo que estaba previsto.
La Tercera, 3 de marzo de 2006.
Escondida se defiende del Royalty 3
Con la firme creencia de que “Escondida malinterpretó las cosas”, el ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, ratificó ayer en entrevista con Diario Financiero la decisión del gobierno de enviar a trámite legislativo una ley aclaratoria que permita “devolver el royalty que no debe pagar” al socio de la minera que no se acogió al cambio de régimen. Consultado sobre estas declaraciones, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Billiton Metales Base, Mauro Valdés, reiteró la confianza de la empresa respecto a haber actuado “de buena fe” y que “nos acogimos a lo que la propia ley previó”. -Eyzaguirre piensa que en esta discusión, al final, perderá Escondida -Nosotros como empresa no somos actores políticos y por tanto no nos corresponde participar en un debate político y comunicacional. Sin duda nos duele escuchar cuestionamientos éticos, más aún considerando nuestro comportamiento histórico reconocidamente responsable en materia ambiental, comunitaria, financiera, laboral y tributaria. A las organizaciones hay que juzgarlas por su trayectoria y sus aportes. En materia tributaria somos especialmente rigurosos con el cumplimiento de nuestras obligaciones. Son US$ 3 mil millones los que hemos pagado desde el año ‘91 y por ello somos el principal contribuyente privado de Chile, y no sólo de la minería. -El ministro incluso insinúa que enfrentarán multas -Escondida está y seguirá estando profundamente comprometida con Chile y la II Región. Sin embargo, una cosa es nuestra responsabilidad social y otra son nuestros impuestos. Estos últimos son... impuestos, y por eso se llaman así. Nadie puede pretender que una empresa pague impuestos que no debe por una “responsabilidad social” malinterpretada, porque así como somos socialmente muy responsables, somos también extremadamente responsables con nuestros accionistas y su propiedad. -¿Piensan tomar alguna iniciativa frente a la tramitación de este proyecto de ley? -Estamos muy tranquilos, hemos actuado de absoluta buena fe. Nosotros nos limitamos a leer la ley, no la interpretamos ni menos la malinterpretamos. Tanto es así que, bajo la ley del royalty, se otorgó la opción a las compañías mineras de cambiarse voluntariamente al régimen de royalty, para la cual existían varios incentivos. Para ejercer dicha opción tanto los accionistas como la misma Escondida debían presentar una carta renunciando a ciertos derechos o invariabilidades bajo el DL 600. Nosotros no ejercimos la opción para cambiarnos de régimen, no hicimos nada y permanecimos en el régimen anterior, por lo tanto difícilmente usamos triquiñuelas, malinterpretaciones o como quieran llamarle. En definitiva, nos acogimos a lo que la propia ley previó.
Minera respondió a declaraciones del ministro Eyzaguirre.Escondida: “Nos acogimos a lo que la propia ley previó”.
Diario Financiero. 28 de febrero de 2005.
Dudas sobre el royalty 3
A medida que se acerca el 11 de marzo y con ello el cambio de mando, aumentan las dudas respecto a qué administración tramitará, finalmente, el proyecto de ley aclaratorio del royalty a la minería, que el Ejecutivo se comprometió a enviar en los primeros días del tercer mes del año, con carácter de discusión inmediata.
Y es que si bien el 30 de enero pasado el Ejecutivo, a través de los ministros de Hacienda y Minería, Nicolás Eyzaguirre y Alfonso Dulanto, respectivamente, hizo el anuncio en ese sentido, difícilmente la iniciativa podrá ser tramitada con tanta rapidez, estiman parlamentarios.
Por otro lado, el nuevo equipo económico de Michelle Bachelet quiere que Eyzaguirre deje resuelto el tema antes de terminar su período, pues se trata de una herencia que puede implicar más costos que beneficios, sobre todo para una administración que estaría recién partiendo.
Diputados
Entre los legisladores que han manifestado que lo más conveniente es que sea el próximo gobierno quien asuma la discusión sobre el royalty, está el diputado de la Democracia Cristiana (DC), Pablo Lorenzini. El parlamentario sostuvo que “el tema con este anuncio del proyecto aclaratorio tampoco está terminado, porque si lo hubieran hecho en diciembre, cuando se detectó el problema, hubiéramos tenido espacio para despachar rápidamente un proyecto simple, pero hoy día lo está haciendo un gobierno y un Parlamento que en su mayoría se va”.
Explicó que tanto en la Comisión de Minería como en la de Hacienda de la Cámara de Diputados “casi” no tendrán tiempo para analizar la iniciativa, porque el día martes 7 de marzo ambas instancias se reunirán con una agenda que ya está establecida y que no incluye el royalty.
Además, recordó que ambas comisiones cambiarán a sus integrantes ya sea porque no fueron electos o porque ahora pasaron al Senado.
“El diputado Carlos Vilches, que es una de las personas que siempre trabajó este tema con nosotros, ya no estará así como tampoco Camilo Escalona que se fue al Senado, por ejemplo”, explicó.
Entonces, recomendó que este proyecto es mejor tratarlo con los nuevos ministros de Hacienda, Andrés Velasco y de Minería, Karen Poniachik y con el nuevo Parlamento. “Enviar un proyecto ahora que no lo van a discutir los actuales asesores ni ministros, qué sentido tiene”, se preguntó.
A su juicio, la incertidumbre generada en el sector con esta iniciativa legal obedece principalmente a que “el gobierno de Ricardo Lagos mandó un proyecto de ley tardío. Es más, no tiene ningún sentido que ingrese a comienzo de marzo, porque no habrá tiempo ni nadie que se preocupe de defenderlo ni de discutirlo. Si bien creo que la Concertación y parte de la oposición creen que este tema tiene que resolverse legislativamente, hay que esperar que esté instalado el nuevo Parlamento y el nuevo gobierno”. Su mayor reparo a discutir rápidamente esta iniciativa es que no se puede dejar abierto un segundo problema: la retroactividad. “Aquí también vamos a tener un problema serio de interpretación, si esto opera como impuesto para el próximo año u opera para este año desde enero. Ahí también habrá una discusión técnica e incluso pudiera plantearse un tema de inconstitucionalidad”, precisó.
Sin pago
Con todo, la administración Lagos está empeñada en que todas las empresas mineras, principalmente Escondida, paguen este impuesto. Más todavía ahora que se venció el plazo para que la firma enterara el pago del tributo a través del Pago Previsional Mensual (PPM) y no lo hizo.
Así, lo que viene ahora es seguir el curso de la vía administrativa enunciada por el ministro Eyzaguirre, esto es, que el Servicio de Impuestos Internos (SII), cumpla con lo establecido en el Código Tributario, proceso en el que si no se alcanza acuerdo puede llegar a los tribunales de justicia.
De los cuatro socios que integran la propiedad de Escondida dos renunciaron a la invariabilidad tributaria: BHP Billiton y Río Tinto que tienen el 57,5% y 30% de participación, respectivamente. Mientras que la japonesa Jeco Corporation y la International Finance Corporation (IFC) con el 10% y el 2,5% de la propiedad se mantuvieron en el sistema, por lo que no pagarían royalty.
Mientras cobro a Escondida sigue vía administrativa, alertan que no hay plazo para legislar.
Surgen dudas respecto a qué gobierno tramitará proyecto aclaratorio del royalty.
Diario Financiero:15.02.2006. Gobierno inicia campaña comunicacional para cobrar a Escondida
Ministro de Minería, Alfonso Dulanto, explica que ese impuesto sólo representa el 2% de las utilidades de la minera
Considera que es "poco sensato" que una compañía que ganó US$ 2.500 millones en 2005 no quiera pagar un gravamen que la obliga a desembolsar US$ 40 millones al año.
una dura critica lanzo el gobierno a Minera Escondida tras conocer los resultados que obtuvo en 2005. El ministro de Minería, Alfonso Dulanto, aseguró que es "poco sensato" que una compañía que ganó US$ 2.500 millones el año pasado no quiera pagar el royalty, impuesto que la obliga a desembolsar US$ 40 millones al año.
"El royalty le significa a Minera Escondida sólo el 2% de sus utilidades. Es poco sensato que una empresa que gana ese nivel de dinero usando recursos no renovables que están en Chile no esté dispuesta a pagar un impuesto que, además, tiene un fin tan específico, como es la investigación y el desarrollo", afirmó.
Dulanto se pregunta dónde quedó todo el argumento dado por las mineras cuando se discutió el royalty, respecto a que su pago las podía dejar en un "borde crítico".
Aunque Escondida canceló en 2005 unos US$ 550 millones en impuestos, el gobierno considera que ese nivel no es excesivo tomando en cuenta los régimenes tributarios que hay en el mundo.
El ministro enfatizó que la minera tomó una mala decisión al haber optado por desligarse del pago de ese impuesto. "Fue una opción de ellos y seguramente sabrán cómo enfrentarán el futuro en esta materia".
Aunque Dulanto reconoce que la ley del royalty -que obliga a las grandes mineras a cancelar en impuestos entre el 4% y 5% de su renta operacional- pudo haber tenido algunos vacíos, el espíritu de la normativa fue que si una minera optaba por una tributación menor, es decir, de 35%, era "obvio" que debía pagar el royalty. "Si uno de sus socios, como es Jeco Corporation, optó por mantener una invariabilidad tributaria y pagar el 42%, también es obvio que no debe pagar el royalty. Eso no le cabe duda a nadie. Ahora, si la ley como se redactó se presta para dudas, y es lo que sustenta la argumentación de Escondida, es otra cosa. Lo que es claro es que socios como BHP Billiton y Rio Tinto, que están tributando el 35% en el país, deben pagar ese impuesto. Aquí hay que ser súper claro y determinante".
El ministro aseguró que esto es tan cierto que el Servicio de Impuestos de Internos (SII) ya inició los procedimientos para exigir el pago de ese tributo a la minera.
Dulanto agregó que la ley debe ser perfeccionada y por eso, junto con el Ministerio de Hacienda, elaboraron un proyecto aclaratorio que estaría en la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Su envío al Congreso está sujeto a lo que determine el Presidente de la República, Ricardo Lagos.
Datos clave
El royalty
Es un impuesto que se cobra a las mineras por el derecho a explotar los recursos naturales en el país.
La magnitud
El royalty exige el pago del 4% a 5% de la renta operacional de una minera.
Merma
Si Escondida no paga el royalty se produce una merma del 40% en la recaudación anual de ese tributo.
Gobierno lanza dura crítica a Escondida por no pago de royalty tras millonarias ganancias.Christian Viancos
La Tercera, 17 de febrero de 2006.
UDI califica como desastroso episodio Royalty
Inadecuada y confusa. Así califica el diputado Rodrigo Alvarez (UDI) la actitud del gobierno frente a la tributación minera y para graficarlo enumera los hechos.
Primero, no habría impuesto, luego envían un primer proyecto de ley que fracasa. Envían una segunda iniciativa, pero como a la hora de cobrar no logran recaudar lo esperado anuncian un proyecto aclaratorio. Después optan por la vía administrativa y ahora nuevamente insisten en una iniciativa legal.
- ¿Qué le parece la decisión del gobierno de enviar un proyecto de ley aclaratorio por el royalty?
- El gobierno ha tenido en materia de royalty, en la tributación a la minería, una conducta absolutamente inadecuada y confusa (...). Lo que le diría en este caso a las autoridades de Hacienda es que tengan conciencia de que el 11 de marzo se acaba su gestión, y dejen para el próximo ministerio, tanto de Minería como de Hacienda, la definición de qué quieren seguir haciendo en materia de tributación a la minería. En los últimos dos años y medio, en este aspecto el gobierno ha sido confuso, inadecuado y finalmente desastroso, incluso para la imagen internacional de nuestro país.
-¿Qué piensan hacer ustedes como oposición al respecto?
- Aún cuando el proyecto lo envíe este gobierno va a ser resuelto y discutido en el próximo. Por tanto, vamos a tener que esperar la opinión de Andrés Velasco y Karen Poniachik, personas sobre las cuales tengo muy buena impresión. Serán ellos los llamados a definir si continúan o no con el proyecto de ley. Si el gobierno pretende sacarlo con discusión inmediata sería sinceramente inaceptable desde el punto de vista de nuestra imagen económica internacional.
Primero vamos a esperar a que llegue el proyecto para ver qué es lo que dice y cuáles son los elementos que tiene.
Habitualmente se han equivocado en sus proyectos tributarios, y terminan haciéndolos tan mal, que antes de un año van a necesitar una ley aclaratoria.
- ¿Qué pasos seguirán entonces, piensan rechazarlo?
- Primero el proyecto antes de pronunciarnos. Y, segundo creemos que esto es una materia que es más propia de Andrés Velasco y Karen Poniachik, que de Nicolás Eyzaguirre y Alfonso Dulanto.
- ¿Este proyecto de ley aclaratorio implica un cambio en las reglas del juego?
- Habrá que ver el fondo del proyecto, pero todo lo que uno escucha, los comentarios que ha hecho de manera bastante destemplada el ministro Eyzaguirre son temas -yo diría- que afectan nuestra imagen y que alteran las reglas del juego. A mi modo de ver en un Estado democrático, cuando un gobierno tiene una interpretación de cómo se aplica una ley tributaria, y una empresa o un contribuyente tiene otra, eso lo deben resolver los tribunales. Primero una etapa administrativa y luego una etapa judicial, y que sean los tribunales los que decidan quién tiene la razón.
-¿La vía administrativa planteada por Eyzaguirre debiera ser la medida a seguir por Andrés Velasco?
-Creo que si el gobierno, si finalmente Andrés Velasco cree que hay alguien que ésta incumpliendo la ley, no se hace una ley a la medida para esa persona. Sino que si uno cree que se está incumpliendo la ley, se le aplica la normativa administrativa y después se va a juicio.
Quiero dejar en claro que no estoy haciendo un pronunciamiento sobre la situación especifica del royalty de Escondida. Estoy hablando de un tema mucho más amplio. Desde el punto de vista conceptual tributario, cuando una autoridad política cree que alguien no está cumpliendo la ley, no le hace una ley a la medida.
Afirma que manejo del gobierno ha sido confuso, inadecuado y desastroso.Rodrigo Alvarez dispara contra proyecto aclaratorio de royalty y dichos de Eyzaguirre.
Diario financiero: 17/2/2006.Pamela Guzmán
Tributación Minera en el 2005 en cifras
Peso de los gravámenes alcanzó el 17,6% del PIB en 2005
Carga tributaria llega a mayor nivel en 18 años por impuestos de mineras
Altos precios de los minerales y fin de la franquicia de depreciación acelerada permitieron a las grandes mineras más que duplicar sus tributaciones, lo que explica el incremento de la carga de gravámenes de los chilenos.
El peso de los impuestos sobre los contribuyentes chilenos llegó en 2005 a su mayor nivel en 18 años debido, en buena medida, a los mayores pagos de la minería privada. De acuerdo con datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el año pasado la carga tributaria equivalió al 17,6% del Producto Interno Bruto (PIB), 1,8 punto más que el 15,8% anotado en 2004 y sólo menor al 17,9% de 1987.
La carga tributaria representa cuánto, de todo lo que produce el país en un año (PIB), se gasta en gravámenes. Estos son pagados por personas y empresas.
El peso minero
La Dipres entregó la semana pasada su informe de ejecución presupuestaria y allí comentó que los ingresos tributarios del Fisco aumentaron en 19,1%.
Fueron los aportes impositivos de la gran minería privada los que marcaron una decisiva diferencia gracias a los valores récord de los minerales y al fin de franquicias del sector. "Reflejando la muy dinámica situación del mercado del cobre y molibdeno, así como el fin del régimen de depreciación acelerada en gran parte de los principales proyectos mineros privados, los impuestos pagados por las 10 mayores empresas mineras privadas se incrementaron en 154,2%", describe el informe.
El resto de los contribuyentes, beneficiados por un ciclo económico expansivo y de mayor consumo, tributaron 13,5% más que en 2004.
¿Alto nivel transitorio?
"En general los impuestos se mueven al mismo ritmo que el aumento de la economía. En 2005, sin embargo, los tributos de la gran minería y algunos impuestos específicos, como el de combustibles, estuvieron por encima y explican el alza de la carga tributaria", cuenta el director de Economía de la Universidad Gabriela Mistral, Erik Haindl.
"Quizás en 2005 y este año esa carga tributaria continuará muy alta, pero cuando baje el precio del cobre también la carga disminuirá", expresa Cristián Gardeweg, economista de Celfin Capital. "Esto será transitorio y durará hasta lo que duren los altos precios del cobre", insiste Haindl.
Si se descuentan los impuestos pagados por las mineras privadas en 2005, las contribuciones totales hubiesen significado sólo el 16,1% del PIB, similar nivel al que el país se acostumbró por varios años en su carga impositiva total. La minería privada entregó 1,5 punto adicional a aquel número.
Según Michèle Labbé, analista de Econsult, el plan antievasión tributaria del Servicio de Impuestos Internos permitió mayores ingresos tras recuperar unos US$ 2.900 millones en los últimos cinco años.
Discusión de largo plazo
Gardeweg cree que el debate debe centrarse en el largo plazo. "Será una discusión del país si decide tener un Estado más fuerte", agrega.
Para el empresariado la respuesta es una: la carga tributaria es elevada. "Su nivel es suficiente", ha dicho el titular de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Hernán Somerville.
En Enade 2005, la entonces candidata Michelle Bachelet definió su posición: "La carga tributaria en Chile no es excesiva (...) Debemos ser honestos con el país y afirmar que la solidaridad tiene un costo y que no habrá condiciones para bajar impuestos", planteó allí.
En la medida en que un país crece, las necesidades de su población se vuelven más complejas y requieren de más recursos, motivo por el cual en sociedades más desarrolladas la carga tributaria es más alta. El grupo de economías más ricas, reunidas en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde), presenta una carga tributaria promedio de 35%. Suecia está al tope, con el 50% del PIB. "Mientras las economías se desarrollan tienden a que su carga tributaria aumente", comentó a este diario Jeffrey Owens, del Comité de Asuntos Fiscales de esa entidad.
No obstante, los críticos al aumento de impuestos argumentan que, si éstos suben -y con ellos la carga tributaria-, caen la inversión, el crecimiento económico y, por añadidura, los propios ingresos tributarios.
La Tercera, 8.02.2006.
Juicio al Impuesto a la Minería
Se ha conocido la noticia que la principal minera privada del país no pagara royalty conforme a la ley. Personeros de gobierno acusan “triquiñuelas” y “resquicios” que violan el espíritu de esta.
Antes de consultar espíritus, hay que ver qué es lo que dice la ley. Además, ella obedeció a un conjunto de circunstancias que debían ser conjugadas: no solo había ganas de cobrar royalty, sino que también la necesidad de respetar contratos celebrados y derechos constituidos. Dicho de otra manera, si de espiritismo se trata, los espíritus son variados y hay que consultarlos todos.
La historia larga, pero en síntesis, para que los inversionistas mineros internacionales volvieran, después que les quitamos sus yacimientos sin pagarle nasa, tuvimos que darles ciertas garantías y mediante un contrato formal. Hay varias, pero la mas conocida y la que a estado en el debate es la invariabilidad tributaria a la renta con tasa de 42 %, que consiste en el país le asegura al inversionista que en ningún caso tributara a la renta con una tasa consolidada – sumada también la empresa receptora – que exceda el porcentaje mencionado. Tiene un costo: se la tasa tributaria general es menor – hoy en Chile es 35 % - , el inversionista debe pagar la diferencia hasta llegar a 42 %.
Cuando el gobierno planteo establecer un tributo especifico a la minería, que en definitiva no fue mas que un impuesto especial a la renta de las compañías mineras, tenia que hacerse cargo que su aplicación estuviera en consonancia con las garantías otorgadas. Esto que parece evidente fue particularmente necesario cuando el primer proyecto que se mando fue votado en contra por muchos parlamentarios, al grado que no obtuvo los votos suficientes para ser aprobado, entre otras razones, porque no respetaba los derechos de los inversionistas extranjeros.
Así, la ley que al final de aprobó señala que a los inversionistas extranjeros y a las empresas receptoras de sus aportes que mantengan vigente un contrato de inversión extranjera no se les aplicara el impuesto especifico, mientras gocen de cualquiera de los siguientes beneficios a) invariabilidad tributaria de tasa 42 %; o b) de las garantías consistentes en el plazo especial de duración del contrato por 20 años, o bien la invariabilidad de las normas legales sobre depreciación acelerada, arrastre de perdidas y amortización de gastos de puesta en marcha.
A continuación, ofreció una alternativa: que los inversionistas se sometan al régimen general de (35 % ) y paguen el impuesto especifico con una tasa privilegiada de 4 %, siempre que, además, renuncie a los demás beneficios que se les han asegurado, pudiendo utilizar sin embargo la depreciación acelerada por los años comerciales 2006 y 2007.
En suma, plena consideración a los contratos celebrados y una oferta para que los inversionistas se salieran de ellos, que debía ser evaluada por cada uno.
La evaluación consiste en decidir fundamentalmente si conviene mantenerse en la tributación asegurada de 42%, con el mayor costo que implica, o asumir e riesgo de tributar en régimen general, cuya tasa puede cambiar, y simultáneamente con el impuesto especifico, pero asegurándose en este un monto menor y su invariabilidad. Otra hipótesis para decidir es si conviene mantenerse en el sistema del DL 600, sin invariabilidad tributaria a la renta cuando el inversionista la ha renunciado antes – y no pagar e impuesto especifico, con el fin de mantenerse, por ejemplo, las normas de depreciación acelerada o bien cualquiera de las otras antes especificadas.
Aquí hay que aclarar que la opinión publica ha concido la decisión de un accionista japonés de mantener su invariabilidad de tasa de 42 %, lo que determina que la empresa minera no pague royalty, pero que pudo ser cualquier otro que decidiera mantener cualquiera de los otros derechos garantizados. En ambos casos la ley contempla que esa decisión se “transmite” sin mas a la empresa, por la indivisibilidad del proyecto, debiendo precisarse que ella no prevé ninguna forma de aplicación proporcional.
Todo eso lo dice la ley. ¿ Dónde esta la triquiñuela? Se dice que el espíritu era que se pagara e royalty. ¿Qué clase de país otorga una clara opción, pero solo cabe escoger aquella que querrá la autoridad? La otra entonces existiría únicamente para la “imagen”. Bonita imagen, cuando después se desconoce la oferta.
Si el resultado no es lo que el gobierno pretendía, no cabe mas que reconozca su propio error y que proponga una modificación legal, la que en todo caso deberá respetar los contratos celebrados.
Lejos de eso, ahora dicen que se cobrara igual el impuesto por la vía administrativa a la empresa y se devolverá el mayor costo tributario para el inversionista, por la misma vía. O sea, que en Chile se acabo el principio consagrado por la constitución que los impuestos se rigen por la ley.
Lo concreto es que todo esto lo terminara decidiendo el gobierno que asume en 45 días. Es de esperar que cambien los estilos y rija un análisis ponderado para evitar mas daño a la imagen de Chile.
Royalty y espiritismo. Axel Buchheister
La Tercera, 29 de enero de 2006
En busca del Royalty perdido
Golpeando todas las reparticiones ha andado esta semana el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, para destrabar el resquicio que dejó la ley del impuesto específico a la minería que le permitió a Escondida negarse a pagarlo. Esta negativa habría podido ser presentada por la autoridad como, “una más” de esta industria, si no fuera porque su aporte representa el 40% del nuevo fondo de innovación.
Aunque primero la autoridad anunció un proyecto de ley para tapar la ventana que dejaron abierta, optó por solucionarlo vía administrativa; obligar a la minera a pagar royalty devolviendo después al socio minoritario, Jeco, su parte de este pago, ya que éste es el único que firmó a través del DL 600 la invariabilidad tributaria. Por tanto, dicen en Hacienda, los Japoneses son lo únicos que podían eximirse y no los accionistas mayoritarios: Rio Tinto y BHP Billiton. Sin embargo, expertos tributarios sostienen que el decreto ley DL 600 da para varias interpretaciones porque se puede deslizar que la invariabilidad del inversionista se extiende también a la empresa en que coloca su dinero, y ahí Escondida tendría toda la razón. Para despejar todas las dudas Hacienda envió un oficio de consulta al Servicio de Impuestos Internos (SII) esta semana para conocer su opinión. Aunque el SII declinó responder esta consulta, fuentes de La moneda admitieron que esperan una respuesta, que puede ser privada o una circular normativa pública, para el lunes.
No es la primera vez que el SII reinterpreta normas. Lo hizo con una circular normativa por las dudas de las empresas de lo que podría ser considerado gasto electoral, se pronunció respecto de la tributación de los sobresueldos, el retiro de excedentes de libre disposición, y cuando el Chino Ríos preguntó si podía declarar sus impuestos en otro país, por ejemplo.
También fue al comité de inversiones. Paralelamente a su consulta al SII, Hacienda solicitó al Comité de Inversiones Extranjeras que reinterpretara el alcance del DL 600 y la invariabilidad, recibiendo una negativa basada, según el organismo, en que los temas tributarios son resorte del SII, y que al Comité no le corresponde interpretar ni administrar ese tipo de materias, sino que aplicar las leyes y ver los contratos con los interesados en venir a Chile.
Eduardo Moyano, ex vicepresidente de esta entidad durante la época de Frei, manifestó, sin entrar al caso específico de Escondida, que el “beneficio de la invariabilidad es independiente de las empresas, es sólo para el inversionista”. El seguro DL 600 implica que un extranjero paga una tasa de 42% en vez de 35% por 10 años al momento de remesar sus ganancias, sin exponerse a los cambios en la estructura tributaria del país. Por su parte Rafael Aldunate que ocupó este cargo durante la época de Augusto Pinochet, y que se ha especializado en inversión extranjera, comentó que el espíritu del DL 600, dictado hace 30 años, fue dar seguridad. Encuentro peligroso el seguir generando ruidos, el ministro se ensimismó con el tema, empieza a adjetivar y a tironear. Acá hay un impacto en credibilidad que a la larga perjudica” acotó.
Hacienda envió un oficio al SII para que interprete la normativa, cuya respuesta se espera para principios de la próxima semana. Hacienda busca “reinterpretaciones” legales para que Escondida pague el royalty. La Segunda del 27.01.2006.
Royalty 3: la opinión de El Mercurio
La discusión que se ha producido en relación a si corresponde o no que la compañía minera Escondida pague a contar de este año el impuesto específico a la minería que se aprobó el año pasado (royalty), ha provocado de parte de autoridades de Gobierno una reacción que puede a llegar a tener consecuencias altamente negativas. Considerando que el Estatuto a la Inversión Extranjera (DL 600) contempla que los inversionistas foráneos puedan optar a la invariabilidad tributaria, pagando a modo de compensación una tasa de impuesto a las utilidades superior a la tasa general aplicada a los inversionistas extranjeros (42% en lugar de 35%), aquellos que en su oportunidad optaron por esta vía quedaron obviamente exentos de este nuevo tributo.
En el caso particular de la compañía minera Escondida, sus dos principales accionistas renunciaron a la invariabilidad tributaria en el año 2001 y, a cambio de ello, bajaron su tasa de impuesto a las utilidades a 35%. Desde esta perspectiva, dichas sociedades extranjeras sí quedarían afectas al pago de este nuevo gravamen. Sin embargo, lo que la ley señala textualmente en uno de sus artículos transitorios es que este tributo no será aplicado “ a los inversionistas extranjeros y empresas receptoras” que mantengan contratos al amparo del DL 600 y que no hayan renunciado al beneficio de la invariabilidad tributaria. Ante esta situación. Escondida ha señalado que no corresponde que la empresa pague el royalty, por cuanto a uno de sus accionistas le es aplicable lo que establece el artículo transitorio mencionado. Por su parte, el ministro de Hacienda ha señalado que la forma de resolver este incordio sería cobrándole el impuesto a Escondida, y devolviéndole por la vía administrativa la proporción del royalty que le corresponde al accionista que optó por la invariabilidad tributaria.
Sin perjuicio de que lo que persiguió el legislador al redactar la ley haya sido establecer a nivel de los accionistas y no de la empresa el trato diferenciado que se pretende aplicar, lo concreto es que no es eso lo que señala el texto del cuerpo legal. Ante esta situación, obviamente lo que corresponde es modificar la ley, dándole explícitamente el alcance buscado. Lo que no parece procedente es cobrarle a una empresa un impuesto que contradice lo que señala la propia ley, y recurrir a artificios administrativos de dudosa legalidad para compensar a uno de los socios.
Una actuación en esta línea sentaría un negativo precedente, ya que podría quedar en entredicho la seguridad jurídica de los contratos suscritos con el estado. Mas aún, se abriría la opción de una demanda ante organismos internacionales por parte de los inversionistas afectados, lo cual afectaría la imagen del país como receptor de capitales foráneos. Este activo de seriedad es lo que hay que fortalecer para ganar competitividad en el mundo actual.
Cobro del Royalty. Editorial de El Mercurio, domingo 29 de Enero de 2006.
Bambalinas del royalty 3 |
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El Servicio de Impuestos Internos (SII) jugó un papel clave en la decisión del gobierno de recurrir a una ley aclaratoria y no a una vía administrativa para lograr que Minera Escondida cancele el royalty. Altas fuentes del gobierno indicaron que el SII recomendó al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, enviar una ley para obligar de manera más contundente a la minera a pagar esa regalía.
Este camino habría sido considerado como el más óptimo por el gobierno, en vista de que la anterior estrategia de Eyzaguirre tenía altas posibilidades de fracasar. Usar la vía administrativa podía generar un conflicto en tribunales con Escondida, que no estaba tan claro que Hacienda hubiera podido ganar. De hecho, al interior de algunas reparticiones del gobierno el análisis que se hizo en las últimas semanas es que producto de la forma como Hacienda redactó el proyecto de ley del royalty, los abogados de Escondida no iban a tener grandes dificultades para justificar que la empresa no debe pagar ese impuesto, que se cobra sobre el 4% a 5% de las rentas operacionales.
Pero ayer Eyzaguirre justificó el envío del proyecto con otro argumento. "No estamos poniendo un proyecto de ley, que en cualquier caso se va a referir exactamente a cómo se le devuelve a Jeco, con la misma interpretación que está haciendo SII (...), porque temamos perder un juicio, lo estamos haciendo porque no queremos politizar este problema", dijo ayer el ministro, quien informó que el 16 de febrero es la fecha en que Escondida tiene que iniciar el pago por royalty.
Eyzaguirre dijo que la interpretación que ha hecho Escondida de eximir a todos los socios del tema no es la correcta. "Las exenciones, de acuerdo a la tradición de la jurisprudencia en Chile, se interpretan en el sentido restrictivo, o sea, si hay alguna ambigüedad, se resuelve en la interpretación más restrictiva posible, no la más amplia posible. Por eso (...) que si ellos trabaran un problema judicial, porque SII les hace el giro, ellos no pagan y se van a juicio, lo que va a ocurrir es que tras uno o dos años de litigio, los tribunales van a fallar sin duda a favor de la interpretación restrictiva, esto es, que ellos deben pagar", concluye.
SII recomendó a Hacienda enviar nueva ley por royalty.
Diario La Tercera:01.02.2006. |
Error en Ley de Royalty: a través de nueva ley y del SII se obligará a pagar a Escondida. 1 El presidente de la República, Ricardo Lagos, decidió finalmente zanjar la disputa que mantiene el gobierno con Minera Escondida por el pago del royalty.
El jefe de Estado instruyó a los ministros de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre y de Minería, Alfonso Dulanto para que anunciaran el envío de un proyecto de ley aclaratorio en los próximos días, el que ingresará con calidad de discusión inmediata.
Ello, con el fin de evitar que la invariabilidad tributaria en que quedó la japonesa Jeco Corporation y la International Finance Corporation (IFC) -que tienen el 10% y 2,5% de la propiedad de Escondida y que los exime del pago del royalty se extienda al resto de los accionistas: BHP Billiton y Rio Tinto, que poseen el 57,5% y 30% respectivamente, quienes sí renunciaron a la invariabilidad tributaria.
“En principio la decisión que el presidente nos ha dado es que se estaría mandando un proyecto de ley que está preparado, por lo demás, hace varios días”, afirmó Dulanto luego de reunirse con el mandatario y con Eyzaguirre, al término del almuerzo con el director de la OMC, Pascal Lamy.
El proyecto especifica que el royalty será devuelto a los accionistas minoritarios sujetos a la invariabilidad tributaria “como un crédito, como hay muchos impuestos que constituyen un crédito contra el pago de otros impuestos”, precisó Eyzaguirre.
En este sentido, explicó que “ellos tienen que pagar su PPM (Pagos Provisionales Mensuales) ahora en febrero, los socios mayoritarios, sólo que la instrucción que recibimos del presidente es que para que las cosas no queden en una cierta ‘elitis’ (sic) legal es mucho mejor aclarar por ley la forma en que se le devuelve a Jeco y no por la vía administrativa, que era lo que estábamos planteando”, dijo el ministro de Hacienda.
Hasta la semana pasada la opción del gobierno era que el Servicio de Impuestos Internos (SII) interpretara la ley para hacer este cobro y luego devolver el impuesto a quienes no les corresponda pagarlo, para lo que incluso el Ministerio de Hacienda envió un oficio a esa repartición estatal cuya respuesta se esperaba para esta semana.
Al término de la reunión, la empresa aún no se enteraba de esta nueva decisión, que vuelve a la idea original que planteó el Ejecutivo, cuando se hizo pública esta situación.
Identidad
Para Eyzaguirre, “la empresa está planteando una identidad que para nosotros no existe, está diciendo que basta que un socio tenga invariabilidad para que la empresa tenga invariabilidad, nosotros decimos, si un socio tiene invariabilidad se le respeta la invariabilidad al socio, pero no a los otros socios que no tiene invariabilidad, o sea no me extienda a partir de un socio, la regalía para todos los otros socios, eso no ha sido nunca el sentido de la ley y por tanto lo único que nos resta es dilucidar”.
El aporte de minera Escondida explica el 40% de los fondos recaudados para al Fondo de Innovación, y sin él, se reduciría en US$ 200 millones al 2010, de acuerdo a las estimaciones de Cochilco.
A juicio de Eyzaguirre no son las empresas las que pagan el impuesto a la renta, si no las personas, por lo que corresponde un pago diferenciado de los accionistas. “Siempre el impuesto a la renta ha sido con arreglo de las personas a los socios, nunca con arreglo a las empresas. En Chile las empresas no pagan impuestos, pagan las personas, en este caso, los socios”, detalló.
Historia
Desde que se hizo público que Escondida no pagaría el royalty, el gobierno tardó algunas semanas en comenzar con una ofensiva comunicacional para que la empresa minera pagara el impuesto.
Primero el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, argumentó que la decisión de la firma que hasta ahora había sido un ejemplo en la actividad minera, contravenía el espíritu de la ley, pues durante toda la tramitación de la iniciativa estaba claro que sólo quienes no renunciaran a la invariabilidad tributaria no pagarían el impuesto específico.
Luego comenzaron las conversaciones, las que nunca llegaron a ser negociaciones, ya que ninguna de las partes cedió en sus requerimientos.
Así se llegó a la decisión de enviar un proyecto aclaratorio para que se precisara que quienes pagan el royalty son los socios y no la empresa como tal. Frente a este punto expertos tributarios advirtieron que Escondida podía llevar al Estado de Chile ante organismos internacionales por provocar un cambio en las reglas del juego. De hecho argumentaban que el proyecto quedó redactado como está porque no cabía otra alternativa, de lo contrario se afectaban derechos adquiridos por los inversionistas.
A estas alturas el gobierno, a través del ministro Eyzaguirre, había reconocido que la empresa encontró un resquicio legal bajo el cual ampararse y no pagar impuestos. No obstante insistía en el proyecto aclaratorio junto a su par de Minería, Alfonso Dulanto.
Días más tarde el presidente de la República, Ricardo Lagos, mencionó que existían conversaciones con la minera y que en su entendido era probable que no existiera un proyecto de ley.
Tras ello Eyzaguirre arremetió, pero esta vez señaló que la vía a utilizar sería la administrativa y no la legal. Así sería el Servicio de Impuestos Internos (SII) el encargado de fiscalizar el pago del tributo, el que debería ser completado por la empresa en febrero a través de los PPM.
Luego, por vía administrativa, se devolvería lo que correspondiera a Jeco, el socio que como se mantuvo en la invariabili-
dad tributaria no debía pagar el royalty.
Y así estaban las cosas hasta ayer, cuando el gobierno optó por mandar definitivamente un proyecto aclaratorio que será tramitado en las primeras semanas de marzo. La idea del Ejecutivo es terminar su tramitación cuanto antes para no endosarlo al gobierno de Michhele Bachelet.
“Queremos dejarlo solucionado, no queremos dejarle problemas pendientes al próximo gobierno”, sentenció Dulanto.
A Escondida: “Aquí hay confusiones fuertes”
De acuerdo al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, no hay incompatibilidades entre la interpretación del gobierno y los contratos suscritos por la minera en 2001.
“Aquí hay confusiones fuertes. En el DL 600, hay distintos tipos de concesiones o franquicias. Uno se refiere al régimen tributario y otro se refiere al régimen de la depreciación acelerada. Lo que tiene firmado escondida desde 2001 es efectivamente un régimen de depreciación acelerada, que es previo a la ley para el control de la evasión y la elusión que permitió en la depreciación acelerada la postergación del pago de impuestos para efectos de reinvertir las utilidades, pero no para efectos de remitir las utilidades. Sin embargo, de manera previa Escondida tenía contratada una invariabilidad respecto de que el régimen anterior a la ley de 2001 de depreciación acelerada le era aplicable a Escondida ¿me explico? O sea ellos se rigen, producto de su contrato, por las disposiciones sobre depreciación acelerada, previas a la ley contra la evasión y elusión.
Ese es un tema”.
Otro tema completamente distinto, de acuerdo al secretario de Estado, “es el régimen de Impuesto a la Renta. En el régimen de Impuesto a la Renta lo que establece el 11 bis es que si una empresa paga el 42% como impuesto adicional, no puede estar afecto a otros impuestos en base a renta y como el impuesto a la minería es un impuesto en base a renta, no puede al mismo tiempo pagar 42% y el royalty. Ahora, a quien tiene este segundo beneficio no se le puede aplicar otro impuesto en base a renta puesto que paga 42%, y es sólo el socio minoritario de Escondida, no los socios mayoritarios”.
Iniciativa establece devolución del tributo a quienes estén exentos.Gobierno enviará proyecto aclaratorio del royalty con discusión inmediata.
Diario Financiero: 31/1/2006.
Error en Ley de Royalty: a través de nueva ley y del SII se obligará a pagar a Escondida. 2
A través de esa vía aclarará interpretaciones errradas que habría realizado la minera.
Gobierno cede y enviará ley para obligar a Escondida a pagar royalt.
Aunque inicialmente se pensaba solucionar el conflicto por la vía administrativa, tras reunirse con Lagos, los ministros de Hacienda y Minería indicaron que es necesario modificar la actual normativa.
El gobierno dio un vuelco en su estrategia para lograr que la principal minera privada que opera en el país, Escondida, pague el royalty. La apuesta inicial del Ministerio de Hacienda era aclarar esta situación a través de una "vía administrativa" y ahora se promoverá un proyecto de ley.
Ayer los ministros de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y de Minería, Alfonso Dulanto, se reunieron con el Presidente de la República, Ricardo Lagos, en un almuerzo en el que participó el director de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Pascal Lamy.
A la salida del encuentro Alfonso Dulanto aseguró que la decisión del Presidente Lagos es que en los próximos días se mande "el proyecto de ley, que ya está preparado, de forma tal de poder aclarar básicamente la forma en la cual se le devolvería el impuesto específico a la minería (royalty) a aquellos socios de empresas que están bajo la invariabilidad tributaria y en consecuencia están tributando el 42%".
El beneficiado de esa devolución es la japonesa Jeco, que posee el 10% de Minera Escondida y que al mantener un régimen de invariabilidad tributaria, Hacienda entiende que no debe pagar el royalty.
El ministro Nicolás Eyzaguirre indicó que lo que se devolverá es una parte proporcional del royalty que pagará la empresa, "bajo la forma de un crédito como hay muchos impuestos que constituyen un crédito contra el pago de otros impuestos como el Pago Provisional Mensual".
Distinto es el caso de los otros accionistas de Escondida, BHP Billiton y Río Tinto, que poseen el 57,5% y 30%, respectivamente. Ambos, han renunciado a la invariabilidad tributaria y están bajo un régimen impositivo del 35%.
Según Hacienda esos accionistas deberían pagar el royalty -que equivale al 4% de las ganancias operacionales de la minera- en forma proporcional a su participación en la propiedad de la compañía.
No obstante, hasta ahora Escondida y sus socios entienden que el gravamen no los afecta dado que interpretan del artículo 2 transitorio de la ley del royalty, que este gravamen no se cobra a mineras que cuentan con socios que no han renunciado a la invariabilidad tributaria que opera en el país.
Al menos, hasta hace unos días Hacienda confiaba que esa interpretación era errada y que el Servicio de Impuestos Internos (SII) podía cobrar el royalty a Escondida, tesis que el director de ese servicio, Juan Toro, insinuó la semana pasada al mencionar que "las diferencias se resuelven en tribunales".
Sin embargo, en otros círculos del gobierno, altos funcionarios han estado escépticos de la viabilidad de esa solución. Aseguran que en la confección de la ley efectivamente se cometió un error, al dejar una ventana abierta a Minera Escondida para no pagar el royalty. Esto puede afectar en US$ 200 millones la recaudación de ese impuesto en los próximos cinco años, sino se llega a una solución.
Ayer el ministro Nicolás Eyzaguirre aseguró que con el proyecto del ley que mandarán al Congreso aclarará la interpretación legal que ha realizado Escondida y que toma como base que basta que un socio tenga invariabilidad tributaria para que la minera goce de esa invariabilidad, al igual que el resto de los socios.
"No me extienda a partir de un socio la regalía para todos los otros socios. No ha sido nunca el sentido de la ley", aseguró.
Eyzaguirre concluyó que los impuestos en Chile siempre han sido a las personas y no a las empresas. "En Chile las empresas no pagan impuestos, pagan las personas y en este caso los socios", añadió.
Christian Viancos
La tercera 31-01-2006
un articulo separa a Escondida, la mayor minera privada del país, y al Ministerio de Hacienda. El artículo 2 transitorio de ley que impuso en 2005 un royalty de 4% a las grandes mineras, establece que ese impuesto no será cobrado a los inversionistas y las empresas receptoras que cumplan determinadas condiciones. Escondida -cuyos socios son la australiana BHP Billiton, la angloaustraliana Rio Tinto y la nipona Jeco- dice que cumple las exigencias para acogerse a esa exención. Hacienda cree lo contrario. La diferencia será dirimida probablemente en tribunales y ambas partes confían en hacer valer su posición.
La cartera que dirige Nicolás Eyzaguirre dio un ultimátum esta semana y anunció que no enviará ninguna ley aclaratoria, porque, a su juicio, la interpretación es una sola: Escondida debe pagar el royalty y el accionista japonés, Jeco, dueño del 10%, que no renunció a la invariabilidad tributaria que fija una tasa tope de 42%, será respetado en sus derechos por vía administrativa.
Escondida cree que aquí se está intentando torcer la letra de la ley, que dejó abierta la opción para que un inversionista no renuncie a la invariabilidad y ello extienda por sí solo la exención del royalty a Escondida.
La divergencia es relevante: Cochilco estimó que si Escondida se exime, el fondo para innovación y desarrollo que se creó para utilizar los dineros del royalty se verá mermado en más de US$ 200 millones hasta el 2010.
Hacienda admite que la ley presenta algunas ambigüedades en la redacción, pero aduce que Escondida intenta romper el espíritu de la norma mediante interpretaciones artificiosas.
La cartera dirigida por Nicolás Eyzaguirre quiere resolver el "caso Escondida" antes del 11 de marzo y evitar traspasar esta herencia a Michelle Bachelet.
Días intensos
Hasta el jueves 19 de enero Escondida y Hacienda mantenían un canal de contacto por este tema. Ese nexo se cortó abruptamente cuando la cartera que comanda Eyzaguirre le informó que no iba a haber un cambio en la ley, sino que el royalty se cobraría por vía administrativa, a través del SII. Un cercano a la cartera admite que la redacción de la ley no es del todo precisa, pero agrega que es inaceptable que esa ambigüedad se resuelva a favor de Escondida. "El sentido de la ley es que los que no están con invariabilidad paguen el royalty . Y aquí sólo un pequeño accionista tiene ese derecho", dice.
Escondida, informó Hacienda, deberá efectuar un Pago Provisional Mensual (PPM) antes del 13 de febrero.
Aunque desde hace nueve días no hay nexos con los custodios del erario fiscal, la comunicación se mantuvo con el ministro de Minería, Alfonso Dulanto, que ha hablado varias veces con el presidente de Escondida y máximo ejecutivo en Chile de BHP Billiton, Diego Hernández. A él recurrió la multinacional cuando se destapó el problema e incluso Hernández se juntó con Dulanto el pasado 5 de enero. Desde Hacienda los interlocutores han sido el asesor Marcelo Tokman y el abogado externo Andrés Jana.
La opción de Escondida frente a un cobro del SII es reclamarlo en tribunales. Y mientras el caso se discute, puede abstenerse de pagar o consignar el monto reclamado y evitar que un fallo adverso los obligue a pagar un interés de 1,5% mensual.
En Hacienda creen que Escondida está entrampada. Si pierde en tribunales -y como no se acogió al royalty antes del plazo del 30 de noviembre-, la firma deberá pagar un 5% y no un 4% como las otras empresas y no tendrá la invariabilidad de 15 años que garantiza la nueva ley.
Según fuentes mineras, el grupo está preparado y tiene estudios en derecho que avalan su interpretación. BHP Billiton y Escondida cuentan con un equipo interno de abogados -encabezado por el propio Mauro Valdés, vicepresidente de asuntos corporativos- que pueden reforzar con distintos bufetes. Abogados de la plaza dicen que Alberto Orrego, de Urenda, Rencoret, Orrego y Dörr, está a cargo de los temas tributarios y del caso royalty por parte de Escondida. Orrego admitió que es asesor de la minera, pero declinó decir más. El grupo minero ha sido asesorado antes por Philippi, Yrarrázabal, Pulido & Brunner por temas vinculados a sus contratos de inversión extranjera.
Hacienda consultó esta semana al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre el caso y en privado se dice que la entidad avala su interpretación. El SII respondería en estos días, aunque su director Juan Toro comentó a La Tercera que "aquí no se trata de calificar de correcto o no correcto (...) La labor de una administración tributaria es fiscalizar que el cumplimiento tributario ocurra". Hacienda también pidió respaldo al Comité de Inversiones Extranjeras, a cargo de Karen Poniachik. La entidad se lo negó, aduciendo que no tiene competencia para interpretar leyes.
La divergencia es relevante y si escala, el caso podría llegar a los tribunales internacionales.
El peligro del Ciadi
En el Ejecutivo temen que Escondida y sus socios opten por un arbitraje en tribunales internacionales. "Sería un problema mayor para el gobierno que una empresa como BHP Billiton nos demandara ante un tribunal internacional", dice una autoridad del gobierno laguista.
BHP, dueña del 57,5% de la minera, puede acudir al Ciadi (Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversión) del Banco Mundial. Pero debe negociar con el gobierno al menos seis meses antes de hacerlo.
Cercanos a Hacienda dicen no temer esta opción: Jeco es la única que mantiene los derechos del DL 600 que regula la inversión extranjera y esos derechos no serán conculcados, dicen. En todo caso, este camino será seguido ya durante la administración de Bachelet y Escondida confía en que este gobierno respete lo que dice la ley y tenga un criterio menos confrontacional.
Los vínculos con gremios y embajadas
Las últimas semanas han sido intensas para Escondida y BHP Billiton. El lunes 16 de enero ambos enfrentaron al Consejo Minero. En esa sesión de directorio se habló de su opción de no pagar el royalty y los representantes del grupo minero -Diego Hernández por BHP Billiton y Bert Nacken por Escondida- respondieron las consultas de los integrantes de la mesa.
La evaluación de la sesión es contradictoria. En una minera dijeron que allí se le pidió explicaciones a Escondida por su postura, haciéndole ver el daño colateral para el resto de las firmas del sector. Otros acotan que se respetó la decisión de la firma considerando que se apega a la ley, una versión que comparten otros ejecutivos mineros consultados.
Pero a nivel oficial Escondida no ha pedido apoyo ni al Consejo Minero ni a la Sonami. "Es un tema entre la empresa y el gobierno y tanto los gremios como la propia compañía han actuado en consecuencia, separando los planos", señaló un dirigente del rubro. "A estas alturas, el caso Escondida estaba conversado e internalizado. En su momento molestó, porque salió en una coyuntura complicada (previo a las elecciones) y revivió el royalty , que la industria ya lo daba por superado", dijo un minero.
El asunto también se ha visto a nivel diplomático. Por ejemplo, este jueves unos 30 ejecutivos de BHP Billiton concurrieron por la tarde a la casa del embajador de Australia en Chile, Crispin Conroy, quien daba una recepción en su casa de Vitacura auspiciada por el grupo minero.
Diego Hernández departió junto a su mano derecha, Mauro Valdés, con gran parte de la comunidad australiana y con el presidente de la Sonami, Alfredo Ovalle, hablaron de los candidatos para la cartera de Minería. El embajador Crispin Conroy tuvo elogiosas palabras para BHP y la Fundación Escondida, en especial sobre su contribución a Chile en términos de responsabilidad social, comentaron varios asistentes al evento. El gesto cayó muy bien a Escondida, cuyos máximos ejecutivos habían sido llamados en las primeras semanas de enero por el diplomático, que quería conocer qué pasaba con el royalty. "Se nota que al gobierno australiano le preocupa el tema", comentó un ejecutivo que asistió a la cena en casa de Conroy.
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Cuál es la realidad de las otras mineras
Las empresas más grandes, aquellas que son parte del Consejo Minero, optaron por pagar la regalía. En este caso está Candelaria, donde Phelps Dodge tiene un 80% y Suminotomo un 20% de la propiedad y antes del 1 de diciembre de 2005 tanto la firma como sus socios cancelaban 42% de impuesto a la renta y optaron por pagar un 35% de tributo más el royalty.
Otras firmas con socios extranjeros, como Los Pelambres y Collahuasi, también pagaban un impuesto de 42% y optaron por cambiarse a 35% más el impuesto específico a la minería, confirmaron las propias empresas.
De los 21 proyectos mineros que tienen contratos de inversión extranjera y están amparados al 11 bis del DL 600, un total de 13 renunciaron a la invariabilidad tributaria, pagan un impuesto de 35% de su renta y están afectas al royalty , dijeron fuentes del sector.
Según un ejecutivo minero, las ocho empresas que no renunciaron a la invariabilidad "probablemente son empresas que por su tamaño están exentas del royalty" .
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Nicolás Eyzaguirre libra su última batalla antes de dejar el cargo
Los ultimátum entre Hacienda y Minera Escondida por el royalty
La cartera suspendió los contactos con la firma hace una semana y anunció que cobrará el impuesto. La empresa insiste, basada en sus propios estudios legales, que la ley la exime del polémico pago y reclamará ese derecho en tribunales locales y hasta internacionales.
Valeria Ibarra y Victor Cofré
La tercera: 29-01-2006
Error en Ley de Royalty permite a Escondida evitar pago.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, ratificó ayer que si Escondida no accede a pagar el royalty, el gobierno podría enviar otra ley para hacer cumplir el tributo minero.
De acuerdo al secretario de Estado, “todo el resto de los socios que paga 35% deben pagar royalty. Así se lo hemos expresado a Escondida, ellos quedaron en contestar”.
Por ello, señaló que “si la respuesta que yo espero es afirmativa, se entiende que ellos deben pagar royalty, el problema llega hasta ahí. Si es negativa, nosotros entendemos que la ley es clara respecto de que deben pagar royalty, pero para mayor ahondamiento deberíamos enviar otra ley que lo hiciera aún más claro”.
Eyzaguirre explicó que existe una equivocación en los argumentos que dan los socios de la minera para no pagar el royalty. Y es que uno de sus accionistas, Jeco Corporation, que tiene el 12,5% de la propiedad, no ha querido dejar el sistema de DL 600 y, por tanto, es el único que paga un impuesto de 42%.
Mientras, BHP Billiton y Río Tinto, que poseen el 57,5% y 30% de la propiedad respectivamente, renunciaron a la invariabilidad tributaria, con lo cual deben pagar el royalty.
“Escondida está argumentando algo que nosotros creemos que es incorrecto. Que es que basta que uno de los socios tenga invariabilidad tributaria porque paga 42% para que esta invariabilidad tributaria que lo protege de pagar el royalty se extienda al conjunto de los socios de Escondida”. Comentó que dado que esto no está en el espíritu de la ley, “todo el resto de los socios que paga 35% deben pagar royalty”.
Nuevamente, el ministro explicó que cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de royalty fue rechazado por a oposición. Ante esto, “el gobierno junto con la Concertación conversó y decidimos de común acuerdo enviar una ley sustitutiva”, la cual compatibilizaba el pago del royalty con el Decreto Ley 600 que establece que aquellas empresa que pagan un 42% de impuesto a la renta no pueden ser afectadas con nuevos impuestos en base a renta.
“Por tanto, efectivamente lo podríamos haber hecho compulsivo, obligatorio para todas las empresas, pero nos arriesgábamos evidentemente a que nos llevaran a muchos paneles internacionales por incumplimiento del contrato ley llamado DL 600”, enfatizó.
Eyzaguirre agregó que “estructuramos un complejo proyecto en que lo que hacíamos era poner incentivos para que las empresas mineras renunciaran al 11 bis que es lo que le da la invariabilidad tributaria del 42%” a cambio de pagar el royalty.
“Si usted no ponía, por así decir, un premio, no había ninguna forma de que voluntariamente renunciaran a la protección de la invariabilidad tributaria del 11 bis”.
Consultado respecto de si el fisco está perdiendo ingresos, ya que el royalty comenzó a ser operativo desde enero, el titular de Hacienda enfatizó en que “el año está recién corriendo, llevamos dos días y por tanto aquí no se ha perdido nada”.
Gobierno ratificó que modificará la ley si Escondida insiste en no pagar royalty.
Diario Financiero, 5 de enero de 2005.
Recaudación estimada del Royalty
El recientemente aprobado impuesto específico a la minería -o royalty- generará un ingreso aproximado de US$ 740 millones a las arcas fiscales en el quinquenio 2006-2010, según divulgó ayer la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
Esta cifra forma parte del total de la tributación esperada para las 10 principales co mp añías privadas del sector -que concentran el 90% de la producción privada- en el período co mp rendido entre 2005 y 2010, cuando se espera que dichas firmas paguen en total unos US$ 6.370 millones en diversos gravámenes. Sólo para este año la expectativa del organismo gubernamental apunta a una recaudación de US$ 1.440 millones, que se mantendrá más o menos constante hasta el ténnino de la década, lo que significa un incremento sustantivo respecto a lo sucedido entre 1991 y 2004, cuando el promedio anual de impuestos alcanzó a US$ 225 millones.
En términos de rentabilidad, Cochilco espera un promedio de 24% y 13% sobre patrimonio y activos respectivamente. Claro que en particular para 2005 se proyecta una rentabilidad de 51,6% y 29,4% para dichos indicadores.
Esto se debe al mejor precio del cobre, pero también "al período de madurez tributaria que han alcanzado las co mp añías mineras privadas, lo que significará tener menores cargos por depreciación acelerada, y a la vez, ver concluido sus fondos de pérdidas tributarias", reza el estudio de Cochilco.
Sobre los precios del metal rojo, prevé que este año promediará US$ 1,35 la libra, bajando a US$ 1,20 en 2006, US$ 1,05 en 1997 y US$ 95 centavos constante de 1998 en adelante.
Diario Financiero (08/07/2005)
2006-2010
Royalty generará US$ 740 millones
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