Libertad y Desarrollo y R. Ugalde opinan en contra de Proyecto Barahona-Brzovic

¿Por qué no se ha avanzado en la creación de los tribunales tributarios? “Porque a nadie le gusta desprenderse de un poder que tiene, ya lo dijo Napoleón”… Esa fue la respuesta inmediata del abogado y académico Rodrigo Ugalde, la que fue compartida ampliamente por el director del Programa Legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Axel Buchheister.

Ambos juristas calificaron como “malo” el actual proyecto que busca perfeccionar la justicia tributaria, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado con carácter de urgencia simple, es decir, 30 días por cada cámara legislativa.

El punto más crítico de la iniciativa, a juicio de los expertos, es la dependencia que mantienen los llamados tribunales tributarios respecto del Servicio de Impuestos Internos (SII).

“El proyecto que está tramitándose es un mal proyecto en dos sentidos: primero, son un conjunto de cambios para que nadie cambie”, aseguró Buchheister, quien precisó que la iniciativa a través de cuatro a cinco hitos logra que el ente fiscalizador mantenga el control de la judicatura tributaria.

Entre ellos mencionó la influencia para designar los jueces; para calificarlos; van a funcionar dentro del SII con los suministros diarios que necesitan, por lo que no hay independencia.

Hecho que a juicio de Ugalde -quien tramita causas diariamente- en un Estado Democrático, “es malo para el Servicio de Impuestos Internos, para el prestigio, tener todo radicado en su mano. Porque el SII administra los tributos, los fiscaliza. Un organismo muy relacionado, que es la Tesorería, los recauda y más encima dicta la jurisprudencia administrativa sobre cómo se interpretan las leyes”.

A lo anterior sumó la inequidad que existe en la defensa del contribuyente, quien según la iniciativa no requerirá de la representación de abogados, dejándolo en desventaja frente a los juristas del ente fiscalizador.

De ahí que para el representante del LyD, el proyecto no sólo no cambia nada, sino que además resulta “peor porque da la sensación de que estamos haciendo un avance y realmente no lo estamos haciendo”, cuestionó.

Más todavía, el jurista anticipó que si Chile tuviera una buena judicatura atraería más inversión. “El inversionista que sabe cómo se resuelven los conflictos, va seguro a un país. El inversionista que no sabe, por ejemplo de superposición de pertenencias mineras, no va a ese país”, sentenció.

Costo político

En las últimos gobiernos un tema que ha estado presente ha sido el alza en los impuestos y cuando se reducen debe haber alguna compensación para mantener la carga tributaria.

Pese a ello, el aumento en los tributos no ha tenido consecuencias políticas y la razón para los dos expertos es porque en Chile no existe suficiente conciencia ciudadana, si bien se pagan impuestos no hay una correlación respecto a lo que se recibe.

“La gente no está dispuesta a decir ‘yo exijo porque pago’, porque no existe esa conciencia y eso en parte es por como es la estructura de impuestos”, dijo Buchheister.

En este sentido, precisaron que en el inconsciente colectivo queda la sensación que quienes tienen mayores recursos pagan tributos –cerca del 75% de los contribuyentes no paga el Impuesto a la Renta- y no se dan cuenta del 19% que pagan por el IVA, porque no existe su desagregación en las boletas.

Planificación tributaria

Otro de los puntos que desmitificaron los expertos fue la elusión, aspecto sobre el cual Ugalde advirtió que no debe confundírsela con la planificación tributaria. “Si el legislador da varias alternativas, es un principio universal y no se tiene porqué elegir la alternativa que más favorece al fisco”, aseveró.

El mito de las franquicias

Bajo la administración de Ricardo Lagos se estimó que el gasto del fisco en las franquicias tributarias ascendía a unos US$ 3.000 millones y se planteó la posibilidad de revisarlas, para eliminar aquéllas que no cumplían con el objetivo con el cual fueron creadas.

Sin embargo, el diagnóstico compartido de Buchheister y de Ugalde es distinto al de las autoridades. A diferencia del Ejecutivo, los abogados comparten la idea de que Chile tiene un sistema tributario neutro y que incluso es escaso en exenciones, comparado con otros países.

“Acá se llama exenciones a cosas que no lo son. Por ejemplo, se evalúa el costo tributario del sistema en que sólo se tributa cuando se retira, eso no es una exención es una definición de cómo se ha estructurado la política tributaria”, afirmó Buchheister.

En la misma línea, Ugalde recordó la moción presentada por un grupo de parlamentarios en la que se establecía la eliminación del IVA en la construcción, franquicia que según cifras del año 2003 significó una renuncia fiscal por $ 127.047 millones, un 0,26% del Producto Interno Bruto (PIB).

Rodrigo Ugalde explicó que cuando se creó este beneficio se pensó en cómo se evitaba que las construcciones subieran de precio y así se llegó a aplicar el crédito de 65% del valor del IVA en las facturas de las viviendas.

Por ello, “si se elimina esa exención las casas van a subir de precio. No es tan cierto que esto sea (un beneficio) a la constructora, sino al consumidor final”, acotó Buchheister.

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Fuente: Diario Financiero

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