Villarzú pide reforma tributaria integral

A fines de 1990, alrededor del 40% de las familias chilenas eran pobres, y la mitad de ellas vivían en la extrema pobreza. En el curso de estos años, la pobreza ha disminuido a la mitad y, a la fecha, la indigencia no supera el 5%. El aumento y la focalización del gasto social explican parte importante de estos logros.

La Presidenta Bachelet ha hecho un esfuerzo significativo por estructurar una completa red de protección social a partir de los programas existentes y de nuevas iniciativas como la reforma previsional, el énfasis en la atención preescolar, el apoyo a la mujer jefa de hogar y el subsidio a la contratación de jóvenes desempleados, entre otras. Es importante tener presente que a mayor y mejor protección social, menos incertidumbre, más compromiso, más cooperación, más crecimiento, más recaudación.

En consecuencia, parte del financiamiento del mayor gasto fiscal que en el futuro demandará la red de protección social provendría del mayor crecimiento que ella misma provocaría. El Fondo de Reserva de Pensiones y los ingresos ordinarios del fisco deberían proveer el resto.

Los ingresos fiscales totales han fluctuado en los últimos años entre el 23% y el 25% del PIB. Los impuestos se han mantenido relativamente constantes en torno al 17% del PIB y los ingresos del cobre han aumentado fuertemente, elevándose de un promedio de 1,7% del PIB en los años noventa a cifras superiores al 5% durante el período de precios altos.

Por su parte, los gastos corrientes del Gobierno General han fluctuado entre el 17% y el 20% del PIB, lo que se ha traducido en que, desde 1990 hasta la fecha, el Gobierno haya generado, permanente y sistemáticamente, ahorro suficiente como para financiar su inversión y cancelar prácticamente toda su deuda. Dadas las perspectivas favorables del mercado del cobre, es razonable suponer que, como mínimo, la minería generará en los próximos años ingresos para el Gobierno equivalentes al 4% del PIB (algo más del doble de lo que aportó en los noventa), lo que, sumado al crecimiento económico y a los resultados de una eventual reforma del sistema tributario, permitiría acomodar mayores egresos por el equivalente a 4% o 5% del PIB.

Dadas estas cifras, la reforma en cuestión no tendría por objeto financiar este eventual mayor gasto fiscal, sino que someter a examen al sistema tributario en su conjunto con miras a simplificarlo, mejorar su equidad vertical y horizontal, premiar el ahorro y castigar la contaminación y otras externalidades negativas.

En lo principal, esta reforma debería apuntar a minimizar el número de impuestos, reducir drásticamente los subsidios y franquicias, fomentar el ahorro y asegurar una recaudación tributaria mínima del orden del 22% del PIB.

En lo grueso, se debería mantener el IVA sin excepciones; evaluar la justificación e impacto de los impuestos específicos (licores, tabaco, combustibles); modificar el impuesto a la renta de las empresas, aumentando la tasa de primera categoría al 20% y estableciendo un adicional progresivo que grave las utilidades extraordinarias, en caso de existir; sustituir el global complementario por un impuesto al gasto simplificado; derogar todos los impuestos que recauden menos del 1% del PIB (timbres y estampillas, herencia, donaciones, etcétera); eliminar el grueso de las franquicias y subsidios vigentes, y reemplazarlos por incentivos y desincentivos coherentes con las prioridades del país.
Reforma tributaria: ¿una necesidad?
Juan Villarzú R.
El Mercurio, 4 de agosto de 2009.

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