U. Ibañez contra Royalty Hidroeléctrico de MEO

La campaña de Marco Enríquez Ominami (MEO) ha introducido dinamismo e ideas nuevas al debate. En temas económicos se han hecho propuestas originales. Algunas provocativas; misma tasa de impuesto a la renta para empresas y personas naturales. Otras más livianas como el tren bala. Y una cruzada contra la hidroelectricidad que desprestigia el verdadero relato épico que ha situado MEO en cuanto a la necesidad de la competencia.
El ala liberal de su comando, dirigida por Paul Fontaine, ha puesto sobre la mesa temas interesantes. Por ejemplo el pago de un impuesto del 3% para “blanquear” los dineros de chilenos en el exterior. Pero dentro de sus propuestas parece increíble e impresentable la cruzada contra la hidroelectricidad.
El propio candidato presidencial nos ha revelado que su coordinador económico tiene importantes intereses en proyectos eléctricos exclusivamente en base a petróleo y carbón. Esa fue una de las razones del porqué MEO lo desautorizó a inmiscuirse en temas energéticos. Sin embargo, el “carbonero” de Marco Enríquez Ominami
-como lo bautizó La Nación- no pudo evitar dejar de lado sus intereses personales.
En el plan económico de la candidatura de MEO se propone la imposición de un royalty a las hidroeléctricas. Es interesante la justificación que Fontaine esboza. Los proyectos hidroeléctricos históricos, para el vocero, no se deben beneficiar de los mayores precios de la energía que son consecuencia de las mayores restricciones ambientales vigente. También lo ha justificado explicándonos que después de 21 años los activos ya están depreciados. ¿No le parece a usted razonable que los mayores costos por restricciones ambientales recaigan en las fuentes que contaminan y no en las que no contaminan cómo la hidroelectricidad?
Un royalty se justifica cuando se usan recursos no renovables. Curiosamente el agua destinada al uso hidroeléctrico fluye por lo que no aplica tal concepto. Después de que el agua se usa para generación hidroeléctrica, ésta vuelve al cauce del río, permitiendo que sea reutilizada. ¿Por qué entonces se propone un royalty sólo a las hidroeléctricas en circunstancias que es la principal actividad que le da un uso renovable el agua?
Finalmente propone un monto para el royalty. Este alcanzaría aproximadamente un 40% del precio de la energía a centrales hidroeléctricas existentes y nuevas. Aunque se pague a partir del año 21 de operación, para proyectos energéticos que se amortizan en 30 a 40 años, implicará un desincentivo relevante para una de las fuentes energéticas más limpias y con más potencial en Chile (estudios indican un potencial de 20.000 MW). Además constituye un trato discriminatorio para una de las fuentes con tecnología conocida y competitiva que a la vez presenta bajos impactos en emisiones de gases efecto invernadero. Por último redundará en un aumento de los precios de la electricidad.
Esta propuesta sorprende aún más cuando el mundo está haciendo exactamente lo contrario: promover las fuentes renovables de energía y gravar las basadas en combustibles fósiles. Bien es sabido que a futuro las emisiones provenientes de centrales termoeléctricas generarán costos para el país.
Claramente desautorizar a Paul Fontaine de opinar sobre temas energéticos, por mucho que le cueste, fomenta la competencia. Pero seguir su opinión en estas materias sería competencia desleal.

Una propuesta
mal puesta
Fernando Larraín
Director Magíster en Gerencia y Políticas Públicas Universidad Adolfo Ibáñez
Sección Opinión Diario Financiero, 3.09.2009.

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