Cobros del SAG e impuestos

Solicitaba un pago por verificación de especies frutales:
SAG desiste de impuesto a dueños de viveros tras investigación de Contraloría

Expertos aseguran que de haber prosperado la resolución habría sido una medida inconstitucional.

B. Serrano y F. Vial

Una decisión adoptada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en 2007 mantiene enfrentados, hasta hoy, al organismo y a los dueños de viveros de árboles frutales de Chile.

En junio de ese año, el anterior director de la entidad, Francisco Bahamonde, firmó una resolución en la que se establecía la obligación de entregar a la autoridad una descripción de las especies de carozos que cultivaban y pagar para que se realizara la comprobación varietal.

“Antes podía vender y exportar estas plantas sin ningún costo adicional”, explica Jorge Ovalle, presidente de la Asociación de Viveros de Chile. Ante la medida, el dirigente llevó el tema a la Contraloría, pero antes de que ésta se pronunciara, el SAG eliminó parte de la resolución y, en particular, la obligación de pagar.

El actual director de la entidad pública, Víctor Venegas, señala que el cobro que se iba a introducir era “una tarifa mínima, que se pagaría sólo por el costo de inscripción de las variedades”.

El problema es que -subraya Ovalle- “el SAG se retractó con el documento, pero no en la retórica verbal, porque cuando un inspector se acerca a un empresario viverista en terreno, se sigue anunciando que el cobro se mantendrá”.

Además, en enero de este año, Ovalle solicitó al SAG poder acceder a la información oficial sobre la cantidad de plantas declaradas por la industria, apelando a la Ley de Transparecia. Sin embargo, la autoridad condicionó la entrega de antecedentes a que el dirigente gremial cediera primero la descripción solicitada en 2007, que por resolución será obligatoria a partir de 2011, aunque sin cobro, como asegura la entidad estatal. Hoy, la medida está en marcha blanca.

Con todo, los cerca de 500 viveristas que hay en Chile están preocupados por el costo que les significará hacer, por primera vez, el trabajo de descripción de sus variedades, ya que, indican, que para muchas de las empresas será muy difícil de costear.

Inconstitucional

Aunque la autoridad echó pie atrás en el cobro, un pago como el descrito no se ajustaría a derecho, según el abogado constitucionalista Arturo Fermandois, socio de Fermandois, Evans y Cía. y profesor de la UC. “No está conforme a la Constitución el que organismos del Estado que prestan servicios monopólicos e irremplazables impongan pagos a los particulares por estos servicios”.

Es más, según el profesional, todas estas certificaciones del SAG, “las mal llamadas tarifas”, son asistencias que presta el Estado en forma irremplazable, porque así lo dispone la normativa. “Todos éstos, constitucionalmente, son tributos y deben imponerse por ley”, enfatiza Fermandois.
El Mercurio, 10 de octubre de 2009.

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