Consejo de Transparencia sepulta «Dicom Tributario»
Desechó petición a Tesorería General de la República:
Consejo para la Transparencia determina que registro de morosos de IVA es privado
La entidad concluyó que la divulgación de este tipo de datos podría afectar «la honra de las personas jurídicas» involucradas.
SEBASTIÁN RIVAS
En una decisión dividida, el Consejo para la Transparencia resolvió denegar una solicitud que pedía el registro de todos los morosos en el pago de IVA en la Región Metropolitana, afirmando que dichos datos son privados y que afectaría «la honra» de las firmas involucradas.
La presentación ante el Consejo fue hecha por Ximena Cáceres, quien el 7 de julio del año pasado solicitó la información a la Tesorería General de la República, incluyendo además el nombre y el RUT de las empresas en dicha situación.
La institución estatal respondió señalando que «la divulgación de dicha información afectaría los derechos de carácter comercial o económico de los contribuyentes cuyos datos se solicitaron», por lo que rechazó dar curso al pedido.
Tras conocer el tema, el Consejo solicitó a la Tesorería que le informara de la vigencia de convenios con empresas que se dedican a información comercial, como Dicom, en que eventualmente pudieran estar incorporadas las firmas morosas.
Ante ello, el organismo contestó que los convenios vigentes fueron finiquitados en octubre de 2007, debido a numerosas sentencias judiciales que marcaban que la publicación de dichas deudas infringía las disposiciones legales sobre protección de la vida privada.
Pero además, el Consejo determinó que la petición también alcanzaba a las personas naturales deudoras de IVA, ya que, según la ley, éstas también están incluidas dentro del concepto amplio de «empresa» que involucra a las personas jurídicas.
Considerando todos esos argumentos, el organismo autónomo resolvió que el pedido de Cáceres, en cuanto a las personas naturales, «afecta el derecho a la vida privada de las personas» y «supone una infracción a pleno ejercicio de los titulares de los datos». Y que en el caso de las personas jurídicas, el conocimiento de su calidad de morosos «impediría el cabal desenvolvimiento de éstas en la vida económica, en tanto diezmaría infundadamente el acceso al crédito de las mismas y la confianza y seguridad de su clientela».
El voto disidente fue el del consejero Alejandro Ferreiro, quien se mostró proclive a entregar los datos en el caso de las personas jurídicas, ya que, según estimó, la ley diferencia su situación de la de aquellas personas naturales, sin darles protección.
Además, planteó, que la información tiene interés público y argumentó que la reserva de dicha información impedirá distinguir entre aquellas firmas que cumplen sus obligaciones y las que no, lo que podría complicar las entregas de crédito.
VOTO DISIDENTE
El consejero Alejandro Ferreiro se mostró proclive a entregar los datos de las personas jurídicas.
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