Piñera cede a presión de Camioneros según Diario Financiero

Tras varias semanas de negociaciones, la industria del transporte terrestre -representada por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones y ChileTransporte- llegó a un acuerdo con las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda para mantener un sistema de beneficios que le permita al sector reintegrar parte del denominado Impuesto Específico al Diésel.
El subsidio fue presentado como un nuevo modelo, de carácter transitorio, que diferencia por ventas anuales del contribuyente y que tendría un costo algo superior a los US$ 33 millones anuales. Para concretar este acuerdo, el Ejecutivo deberá enviar las correspondientes indicaciones al proyecto de ley en trámite en el Congreso, lo que también requirió su discusión y aprobación por parte de los parlamentarios.
Por cierto, el porcentaje de reintegro negociado por el gobierno es inferior en todos sus tramos al existente hasta el 30 de junio, pero -quizás a modo de compensación- Hacienda comprometió el establecimiento de una mesa de trabajo con la amplia misión de “analizar los problemas y desafíos que más importan al sector”.
Se trata de una industria que en el pasado ha demostrado una capacidad de movilización capaz de complicar seriamente la logística necesaria para el normal desenvolvimiento de las actividades productivas a lo largo del país. Conscientes de ese poder, los camioneros enfrentaron el proceso de negociaciones declarando, ya desde mediados de junio, a su gremio “en alerta”.
¿Presión indebida para prolongar un privilegio? Por el contrario, en el sector acusan la existencia de un impuesto discriminatorio, aunque bien podría sostenerse que estamos ante una industria que goza de externalidades que no financia más que en una mínima proporción indirecta.
El asunto es que no queda clara la ventaja que representa para el resto de los ciudadanos la prolongación de este reintegro de impuestos a un sector en particular. Si el tributo existe por las necesidades de recaudación fiscal y las externalidades negativas de la industria, su reducción también debiera sostenerse sobre argumentos probados y conocidos.
Después de todo, probablemente por esa misma convocatoria demostrada en el pasado, se trata de un sector productivo que consigue negociar directamente su condición tributaria con las máximas autoridades de Hacienda, lo que de por sí constituye un privilegio. Más aún, logra extender esa conversación al resto de sus “problemas y desafíos”.
¿Serán esos asuntos una cuestión de Estado?

Editorial, 8 de julio de 2010.

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