Vecinos de Zapallar evaden Impuesto Territorial

El municipio podría estar dejando de percibir $4 mil millones al año por impuestos
La investigación que inquieta a Zapallar

Entre el primer semestre de 2006 y el segundo semestre de 2009, más de 1.000 propiedades ubicadas en Zapallar -en su mayoría de alto costo- lograron rebajar significativamente su avalúo fiscal y, por consiguiente, el monto de sus contribuciones. Desde hace un año y medio, la Fiscalía Regional de Valparaíso indaga un eventual fraude al fisco y delito tributario. Ya han declarado como imputados una funcionaria del SII, otro de la municipalidad, incluso a un concejal.

Equipo Reportajes

Si bien la Constitución consagra en su artículo 19 que en Chile debe existir igualdad ante la ley, así como una “igual repartición de los tributos”, es posible que en no pocas zonas del territorio, como en la comuna de Zapallar, este principio no se esté cumpliendo.

En el tradicional balneario de la Quinta Región se ha producido una situación anómala, al menos, desde el año 2006. Más de mil propiedades, en su mayoría de muy alto costo, han conseguido rebajar de manera significativa su avalúo fiscal y, por consiguiente, su impuesto territorial o contribuciones.

Entre el primer semestre de 2006 y el segundo semestre de 2009, un total de 880 propiedades rebajaron su avalúo fiscal por un monto de $29.769.232.584, es decir casi 30 mil millones de pesos. El dato fue proporcionado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el marco de una investigación por eventual fraude al fisco y delito tributario que se inició hace un año y medio en la Fiscalía Regional de Valparaíso. A ese listado se agregaron otras 184 propiedades que no fueron informadas en primera instancia por el SII, pero que más tarde deberá adjuntar tras una sentencia del Consejo para la Transparencia. En esta última nómina figura que un número considerable de propiedades fueron beneficiadas con rebajas de entre un 60% y un 90% de su avalúo original.

Según consta en la causa caratulada con el rol 0801069142-8, de la fiscalía de Valaparaíso, las rebajas masivas de avalúos se iniciaron a principios del año 2006. Es decir, cuando comenzó a regir la llamada “Ley de Rentas II”, aprobada en 2005 para racionalizar y aumentar la recaudación de los tributos comunales para el Fondo Común Municipal. Esta norma incluyó la retasación de los bienes raíces por parte del SII, así como la modificación de ciertas exenciones a que diversas instituciones, como colegios, clubes deportivos y reparticiones gubernamentales, podían acogerse en el pago de sus contribuciones. Como resultado de ese reavalúo, se produjo un alza en las contribuciones que debían pagar los propietarios de dichos inmuebles. Pero también se abrió la legítima opción de que algunos propietarios pidieran rebajas en sus avalúos.

El comienzo de los “ajustes”

La circular N° 10, del 10 de febrero de 2006, del SII normó la aplicación de “ajustes” (conducentes a rebajas) de los avalúos “a casos particulares”, básicamente para evitar que la ley “castigara” a propiedades que pudiesen tener gran tamaño pero que, por alguna razón calificada, hubiesen perdido valor.

Pero en el caso de Zapallar, las situaciones no fueron “particulares” o individuales: más de mil propiedades accedieron al beneficio sin que la municipalidad tuviese la posibilidad de apelar contra la resolución que decretó la rebaja, porque nunca el SII la notificó de ella.

Tanto esta situación como el hecho de que el SII no haya hecho una evaluación de la realidad de la comuna de Zapallar conducen a que un gran número (aún indeterminado) de propiedades de veraneo de la zona tenga un avalúo fiscal hasta 10 veces menor que su valor comercial.

Un ejemplo es el caso del Fundo Zapallar, uno de los loteos premium que hoy se comercializan en la comuna. Según el avalúo fiscal, los predios que lo integran tienen valores de entre 24 millones y 35 millones de pesos, según su tamaño y orientación. Sin embargo, en la página web del proyecto es posible advertir que el valor comercial de uno de los más baratos asciende a 150 millones de pesos.

Ante un requerimiento presentado vía Ley de Transparencia al SII, en el que se le preguntó al servicio si ha verificado la información que recibe de la dirección de Obras de la Municipalidad de Zapallar con respecto a la calidad de los inmuebles, éste respondió que no posee atribuciones para verificar la veracidad de lo certificado y establecido por la Dirección de Obras, por lo que no dispone de la información requerida. Al mismo tiempo, cuando se le requirió al mismo SII si había puesto al día los avalúos por las escrituras públicas, señaló que con las escrituras públicas sólo se cambiaba el nombre del propietario.

No obstante, los medios de comunicación han informado de fiscalizaciones realizadas por el SII en Santiago, en las que funcionarios del servicio han concurrido a domicilios particulares para certificar la calidad de las construcciones y de sus modificaciones que han conducido a reavalúos.

Así, las masivas rebajas en los avalúos fiscales que comenzaron en 2006, por una parte, y la falta de congruencia entre el valor fiscal y el valor comercial de bienes raíces nuevos o construidos recientemente conducen, según quienes conocen de cerca la situación, a que un alto porcentaje de las propiedades de veraneo de localidades como Zapallar, Cachagua, Costa Cachagua, Beranda y Cantagua pagan contribuciones inferiores a lo que debieran.

A la cifra anteriormente señalada se debe agregar otro 20% de inmuebles a los que la “Ley de Rentas II” les aumentó el avalúo y debieron comenzar a pagar contribuciones que antes nunca cancelaron. Un caso sorprendente (ver facsímil) es el de una propiedad a la que, a partir de 2006, le corresponde pagar $475.915 por cuota, pero a la que se le concedió un “beneficio de aumento gradual” por cuatro años, prorrogado por ley este año nuevamente hasta el 2013. En 2006 comenzó pagando $5.365 y el monto le fue ascendiendo hasta llegar hoy a poco más de 11 mil pesos. Recién en el primer semestre de 2013 comenzará a pagar el total del impuesto territorial. Sólo por este caso, el sistema municipal ha dejado de percibir casi 10 millones de pesos, sólo hasta el 2010.

El concejal que dio origen a la indagación

En la investigación que ordenó el fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abott, a principios de 2009, han declarado más de 20 personas. Tres de ellas como imputados: la funcionaria del SII Erna Miranda, ingeniero agrónomo, encargada de todas las avaluaciones de la zona, con oficina en La Ligua, desde cuyo computador se habrían realizado la mayoría de las operaciones que hoy se indagan; Luis Aguilera, funcionario de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Zapallar, quien tuvo acceso a las claves del sistema informático del SII y al mismo tiempo trabajaba remuneradamente para una de las parcelaciones investigadas por la fiscalía, y el concejal Pablo Valdés, quien habría prestado testimonio por sus vínculos con Aguilera.

Aunque aún se está a la espera del resultado del trabajo del Ministerio Público, los funcionarios Miranda y Aguilera fueron removidos de sus cargos en el SII y en la municipalidad.

El origen de las indagaciones se remontan al 13 de abril de 2009, cuando el concejal Sergio Urrejola (ex presidente del Colegio de Abogados y recién ratificado por unanimidad en el Senado como miembro del directorio de TVN, a propuesta del Presidente de la República) planteó al concejo su preocupación por el eventual perjuicio municipal producto de anomalías en el pago de contribuciones en la comuna.

A continuación pidió al municipio antecedentes sobre permisos de edificación y recepciones finales y fiscalizaciones realizadas por la Dirección de Obras desde el año 2005 a la fecha. Fue recibiendo informes e inició una verdadera cruzada personal para aclarar las irregularidades que asomaban. Así, se entrevistó con el fiscal Abott, hizo presentaciones a la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo para la Transparencia. Si bien en esas entidades hay registros de sus diversas gestiones y actuaciones en este caso, Urrejola, consultado por “El Mercurio”, declinó emitir opiniones sobre el caso por haber una investigación vigente en la fiscalía de Valparaíso.
EL Mercurio, 12 de septiembre de 2010.

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