DILACIÓN EN PROYECTO QUE FORTALECE TTA PREOCUPA A JUEZ

El retraso en la tramitación del proyecto de ley de fortalecimiento institucional ha llevado a que el stock de causas pendientes en los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) creciera un 55,4% en 2016 y se dispararan los días de tramitación promedio. El juez del primer tribunal de la Región Metropolitana, Luis Pérez, -quien precisa que habla a título personal y no como vocero de su gremio- planteó su preocupación por esta situación.

¿Por qué hay preocupación por el retraso en el proyecto de ley que fortalece los TTA?

-Este proyecto de mejora, que es muy relevante para nosotros, dice relación con la redistribución de las cargas de los tribunales metropolitanos, haciéndose cargo del problema de una sobrecarga de trabajo por ingreso de causas que hay en el Tercer y Cuarto tribunal metropolitano. La redistribución permitiría que todas las causas nuevas a partir de la vigencia de esta nueva ley, fueran distribuidas entre los cuatro tribunales metropolitanos. Eso permitiría una mejora de gestión, aminorar los tiempos de tramitación promedio y ser más eficientes en nuestras decisiones. Es relevante que este proyecto sea puesto en la agenda legislativa. Es muy importante que Hacienda le dé la prioridad legislativa necesaria para que esto sea ley.

¿Se ha conversado con el Gobierno y parlamentarios para apurar su tramitación?

-Entiendo que los colegas que están a cargo, los dirigentes de nuestra asociación de jueces y secretarios y la asociación de funcionarios, han sostenido reuniones formales e informales con Hacienda y con parlamentarios para poner en el tapete la relevancia que esto tiene y que en la medida de lo posible el proyecto sea puesto con prioridad legislativa para que sea ley de la república en este gobierno.

¿Se ha dado alguna señal respecto del porqué no ha avanzando con urgencia este proyecto?

-Más allá de razones coyunturales por todos conocidas, ignoro las razones por las cuales pese a la prioridad legislativa que en algún momento tuvo este proyecto, aún esté en la Comisión de Constitución del Senado. Pensé en algún minuto que este proyecto a esta altura ya iba a ser ley por la relevancia que tiene, pero no ha sido así.

¿Cómo impacta la decisión del SII de radicar la búsqueda de sanciones por el financiamiento irregular de la política en los TTA?

-Dentro de las competencias del director de turno del SII, se activó el ejercicio de la acción pecuniaria. Es decir, no se ejerció la acción penal en su fase de querellas. La sanción pecuniaria es la multa asociada a un delito tributario, materia que por competencia legal es exclusiva de los tribunales tributarios. En la medida que el servicio decida ejercer más esta sanción en desmedro de otras vías jurisdiccionales, va a aumentar nuestra carga de trabajo. Ha habido temas de este tipo que ya han sido resueltos y están en fase de ejecutoriarse. Puede que hayan ingresado casos nuevos.

¿Ya han visto grandes efectos por la aplicación de la Reforma Tributaria?

-Por la naturaleza, temporalidad de las reclamaciones tributarias y el procedimiento de fiscalización, asociado a la prescripción tributaria, el Servicio tiene tres o seis años para revisar. En general la reclamación tributaria es una fase posterior a la fiscalización y una vez fiscalizado cuando hay un acto de determinación de impuestos, ya sea una liquidación o una resolución, que importa una denegatoria de devolución de impuestos o algún acto que el contribuyente considera lesivo a sus intereses pecuniarios, le asiste el derecho al contribuyente en el plazo de 90 días hábiles judiciales para reclamar. Por esa temporalidad de la fiscalización y por esa forma y temporalidad de emitir los actos reclamables, los casos que llegan a los tribunales tributarios se ven con tres o más años de desfase, por lo tanto la reclamación dura de algunos temas importantes de la Reforma Tributaria van a ser judicializados con un desfase de temporalidad.

¿Si no avanza el proyecto de los TTA, se vislumbra un panorama aún más complejo?

-Si uno escucha a los operadores de la judicatura, las auditoras, los profesores de derecho tributario y cualquier observador, se dice que se vislumbra a futuro una mayor judicialización, por la complejidad, por temas no totalmente acabados de la Reforma Tributaria. De mantenerse la misma estructura competencial, sin las mejoras de este proyecto que consideramos vital, sin que sea aprobado a la brevedad, probablemente la situación de atochamiento va a ser más compleja, se mantendría una mayor concentración en algunos tribunales en desmedro de otros. No es recomendable para ningún sistema que la incertidumbre se mantenga en el tiempo, con consecuencias pecuniarias que supone tanto para el Fisco como para los contribuyentes.

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Fuente: Pulso. 19 de mayo de 2017.

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