Publicado en Ene 17, 2009
Los privados y empresas estatales que posean derechos de agua y no los estén utilizando, no sólo deberán seguir pagando patentes anuales por el no uso de ellos, sino que, además, en el mediano plazo se verán expuestos a la caducidad de éstos si el Estado considera que ha pasado tiempo suficiente sin ser explotados y que se mantienen con fines especulativos, es decir, dejar subir su precio en mercados donde existe escasez del recurso. Ello, porque el Ministerio de Obras Públicas (MOP) está planificando un proyecto de ley que modifica la actual política de aguas, que junto con lo anterior prevé dotar de mayores facultades fiscalizadoras a la Dirección General de Aguas (DGA). “Es necesario avanzar en la posibilidad de que, además del pago de patente de no uso, después de cierto tiempo se caduque el derecho. No olvidemos que los derechos son entregados por el Estado a título gratuito para un uso determinado”, comentó el titular del MOP, Sergio Bitar. El secretario de Estado añadió que “si una persona reitera el hecho de no usarlo para propósitos especulativos y que los adquirió más bien para revenderlos, la situación es compleja, pues se trata de bienes públicos”. Otro de los aspectos que pretende incluir Bitar en el proyecto de ley es “reforzar a la Dirección General de Aguas. La norma que existía antes de la dictadura fue modificada durante esa época, restándole facultades al Estado y pretendiendo que el mercado regulara. Pero sabemos que si el mercado no tiene regulaciones adecuadas es un desastre y tenemos una serie de distorsiones que es necesario revisar”. En este sentido, el ministro plantea que los funcionarios de la DGA “puedan actuar como ministros de fe, pues hoy el dueño de una propiedad a la que se quiere hacer un chequeo de extracción ilegal de agua, puede prohibirles el ingreso. Además, tenemos...
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