Agostini interviene en Debate Tributario

Chile, al igual que la gran mayoría de los países, tiene un impuesto progresivo al ingreso y mientras más ingresos gana una persona paga una proporción mayor de impuestos. Las tasas marginales del impuesto van desde 0%, para ingresos mensuales menores a $493.000, hasta 40% para ingresos mensuales que superan los $5.475.000. Con esta estructura, el 85% de las personas están exentas de impuesto, lo que refleja tanto el bajo nivel de ingresos promedio en Chile como la gran desigualdad en su distribución. En general, la evidencia es que los impuestos progresivos contribuyen en forma importante a reducir las desigualdades en la distribución del ingreso, y son en ese sentido un buen complemento del gasto social focalizado. La diferencia entre la tasa marginal más alta de 40% para las personas y la de las empresas de 17%, genera incentivos para que personas de altos ingresos reduzcan en forma significativa los impuestos que pagan, haciendo aparecer sus ingresos personales como ingresos de una empresa. Esto es particularmente fácil de hacer para trabajadores independientes y para quiénes tienen ingresos por dividendos y ganancias de capital. No corresponde hacer juicios éticos al respecto, la ley lo permite e incluso lo fomenta. Sin embargo, el resultado es que trabajadores dependientes, que no tienen esa posibilidad, pagan sistemáticamente más impuestos que personas con ingresos idénticos pero que provienen de varias fuentes distintas. Esto destruye el poder redistributivo del impuesto al ingreso y genera inequidad horizontal, ya que dos personas con los mismos ingresos pagan montos significativamente distintos en impuestos. Uno de los mecanismos más utilizados es el de tener una sociedad que tribute sólo por las utilidades retiradas. Esto permite, no sólo que una persona pueda mantener sus ahorros en la sociedad y postergar el pago de impuestos hasta que decida gastarse los ahorros, sino que además permite que algunos de sus gastos personales...

Cobros del SAG: Contraloría

Un reciente dictamen de la Contraloría exige que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) reduzca los cobros que realiza por la fiscalización de productos de exportación agrícola. Dicho organismo ha reducido sus tarifas, pero los exportadores ahora están demandando al fisco por lo que consideran cobros irregulares en el pasado, por un monto estimado en más de 100 millones de dólares. El referido dictamen señala que las tarifas que se cobran por el servicio de fiscalización deben considerar los “costos directos como los asociados que se generan por la prestación de las labores de inspección y certificación realizadas por el Servicio Agrícola y Ganadero”, pero no pueden considerar los “costos atingentes” a aquellas funciones que el SAG debe realizar por mandato expreso de la ley. Entre estos últimos servicios están los costos administrativos del ministerio, el control de plagas y otros similares. A juicio de los abogados de los exportadores, en muchos casos el 50 por ciento de las tarifas del SAG financiaría sueldos de personal y costos de campañas de erradicación de pestes, por lo que —según ellos— correspondería a tareas que la ley le encomienda al SAG con cargo al presupuesto general de la nación. Aunque el dictamen de la Contraloría es correcto, cabe preguntarse si su razonamiento es o no enteramente lógico desde el punto de vista de las funciones del Estado. Los beneficios de las medidas del SAG recaen casi exclusivamente sobre el sector agropecuario. Por tanto, se podría razonar que los impuestos generales que pagan las empresas agrícolas están destinados a financiar los servicios generales del Estado, tales como defensa, justicia y semejantes, así como redistributivos, tales como educación y salud. En tal caso, podría sostenerse que los servicios de una institución como el SAG, cuyo fin es servir a un sector específico, deberían ser pagados por éste. Este criterio se aplica en el...

IVA en los libros: Por qué debe mantenerse.

Este es un planteamiento “políticamente incorrecto”, como dicen los majaderos, pero con argumentos poderosos. La compra de libros y artículos similares está gravada con la tasa general del 19%, lo cual ha recibido críticas permanentes, ya que es considerado como un atentado a la cultura y un desaliento a la lectura, práctica tan abandonada por la población chilena, especialmente por niños y jóvenes, progresivamente adictos a la TV y a los juegos electrónicos. Cuando se estableció la tasa pareja, en 1975, en reemplazo del impuesto a la compraventa, se buscó reducir la evasión generalizada, la doble tributación y tener una carga neutra en la asignación de los recursos entre diferentes mercados. Esos fines han sido logrados con creces y en la actualidad es la principal fuente de ingresos tributarios; en efecto, el IVA es un gravamen básicamente recaudador. Las exenciones son mínimas, como ser a los servicios de educación y salud y no plenamente justificadas. Desde esa mirada, es óptimo y visto internacionalmente como un ejemplo a seguir. Una de las ventajas de la tasa única es que evita la evasión, que era usual con las tasas diferenciadas. Cuando el pan estaba exento del impuesto a la compraventa, las panaderías ampliaron generalizadamente sus rubros de venta para boletear una gran variedad de “panes”. En la actualidad, en las ventas de una librería tradicional existe una gran variedad de productos, no solamente libros. Entre los impresos es difícil diferenciar los de lectura de aquellos de lujo, que tienen fines preferentemente ornamentales y son adquiridos por compradores de altos ingresos. En la práctica, los sectores de bajos ingresos en general compran sus libros de vendedores “piratas” y los textos escolares los reciben gratuitamente en los establecimientos educacionales, gracias al notable crecimiento de este programa. Por lo tanto, eliminar el IVA a los libros es un fuerte incentivo a la evasión y...

Es injusto el sistema tributario chileno?

Señor Director: Dos lectores han hecho alcances críticos a mi columna del pasado viernes sobre justicia tributaria, motivo por el cual debo precisar lo siguiente: El hecho indesmentible es que la tasa de tributación de las empresas es en Chile sensiblemente menor que la que se paga en otros países. Además, la diferencia de tasa en el impuesto que pagan las personas (40% máximo) y aquella que tributan las empresas (17%) favorece la elusión, puesto que personas naturales de altos ingresos crean sociedades para tributar sólo el 17%. Esto explica que una ínfima cantidad de contribuyentes pague en Chile una tasa del 40%. Es cierto que la evasión es ilegal y que la elusión no, pero un sistema que favorece abiertamente la elusión por parte de quienes perciben mayores ingresos, mientras que los trabajadores dependientes, que reciben menos y que no tienen más alternativa que el impuesto a la renta se les descuente automáticamente, no puede ser un sistema justo. Uno de mis contradictores reconoce que el sistema es «perfectible», aunque dudo que ésa sea la palabra adecuada para corregir algo que no es bueno, sino claramente injusto. Y en cuanto a los cursos de planificación tributaria que se dictan para enseñar cómo eludir impuestos, son tan legales como la propia elusión. Lo que queda pendiente, sin embargo, es resolver si acaso son éticos. Y en un plano más general, y sea que se trate de cambiar un sistema que no es justo o de perfeccionar uno que podría ser más justo, lo insólito es que nunca se quiera discutir abiertamente sobre el sistema tributario, como acerca de tantos otros, valiéndose para ello de los más pueriles pretextos y sin admitir que el principal motivo para evitar tal discusión es que ésta amenaza los intereses de quienes más tienen. Si se promete profundizar y a la vez ampliar la...

Cobros de SAG serían inconstitucionales

Son 126 empresas, entre las que están Copefrut, Del Monte y Dole: Exportadores demandan al fisco y al SAG por más de US$ 108 millones Los asesoran tres de los más destacados abogados de la plaza: Enrique Barros, Francisco González y Miguel Schweitzer. B. Serrano y B. Aguirre Las 810 toneladas de frutas que se exportaron la temporada pasada a Estados Unidos debieron pasar por una fiscalización especial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) antes de llegar a su país de destino. El trámite no es gratis, pues los exportadores deben pagarle al SAG, único organismo autorizado, para certificar que su fruta no tiene plagas ni pesticidas. Sin embargo, esto podría terminar. Más de 100 exportadores se unieron para demandar al fisco y a este servicio por unos US$ 108 millones, porque consideran que estos cobros no corresponden. Por un lado, porque los consideran inconstitucionales y, por otro, porque son excesivos según un dictamen de la Contraloría. Para hacer valer sus demandas acudieron a tres de los más destacados abogados de la plaza: Enrique Barros, Francisco González y Miguel Schweitzer. Esta no es la primera vez que el SAG se enfrenta con los agricultores. Ya había tenido problemas con los viveristas por un cobro que había establecido por decreto si es que éstos no hacían una descripción de sus variedades. Finalmente, éste se quitó tras una investigación iniciada por la Contraloría. Historia de una disputa En 1990, un decreto fijó el monto que los exportadores deben pagar por la inspección y certificación de su fruta, pero desde hace más de diez años que ellos han discutido estos cobros al SAG. Hasta ahora, sólo han conseguido rebajas en los valores, pero consideran que lo pagado no corresponde al servicio prestado. La discusión llevó a Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores (Asoex), a la Contraloría a principios de 2007,...

Los Impuestos que volverán

Las alzas de impuestos programadas podrían significar entre un 0,7% y un 1% del PIB: La mochila tributaria que heredará el próximo gobierno La bencina subirá $55 por litro el próximo año, y pedir un crédito a un año será 1,2% más caro que hoy debido a los impuestos. Son sólo algunos de los tributos que subirán durante el primer semestre de 2010 y que impactarán el presupuesto familiar. M. José Gutiérrez No sólo el Estado deberá apretarse el cinturón el próximo año con un Presupuesto que disminuirá el crecimiento del gasto público de 18%, en 2009, a 4,3% para 2010. La carga tributaria que enfrentarán los chilenos tendrá un alza no menor, a meses de una de las peores crisis financieras y cuando la economía aún se encuentra convaleciente. En concreto, son cuatro los impuestos con los que deberá lidiar el presupuesto familiar: el impuesto a los combustibles subirá a su nivel normal en abril, las viviendas que se construyan en 2010 volverán a pagar un 19% de IVA, el gravamen de timbres y estampillas (impuesto al crédito) retornará a su tasa original en julio, y en enero se dará fin al descuento en los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) que las empresas realizan a cuenta del impuesto a la renta anual (ver detalle). El alza de todos estos impuestos podría significar un incremento en la carga tributaria que pagamos los chilenos entre 0,7% y 1% del PIB, es decir entre US$ 1.200 millones y US$ 1.700 millones, según Hernán Cheyre, presidente de Econsult. Será el próximo gobierno quien deberá lidiar con ambos ajustes y los presidenciables ya han dado algunas luces al respecto: Sebastián Piñera ha propuesto mantener en 0,6% el impuesto de timbres y estampillas y eliminar la rebaja de los PPM en 2011; Marco Enríquez-Ominami ha hablado de eliminar el gravamen al crédito y de disminuir...

Donaciones de Alimentos no tributarán

Carlos Ingham recibe luz verde del SII para crear un «banco de alimentos» El socio de Linzor Capital, el abogado Roberto Peralta, de la Fundación Pro Bono, y distintas organizaciones sociales lograron que se reinterpretara la norma que sancionaba la donación de alimentos no comercializables. Constanza Flores Leiva Hasta ayer, las empresas que donaban alimentos aptos para el consumo pero no comercializables -porque estaban mal rotulados, con envases defectuosos o próximos a su vencimiento- se exponían a recibir una multa de un 35% sobre lo entregado por infringir una norma tributaria que lo consideraba un retiro de utilidades. Éste era el principal obstáculo que encontró Carlos Ingham cuando decidió crear un «banco de alimentos» en el país. Esta organización se encargaría de canalizar estos productos hacia organizaciones sociales en vez de que fueran desechados por las empresas por el alto costo que significaba regalarlos. Nueva lectura Pero ayer, el SII hizo oficial una reinterpretación de la ley que permitirá al empresario llevar adelante esta iniciativa. El cambio en la aplicación de la normativa se logró con la participación del abogado Rodrigo Peralta, de Peralta Gutiérrez & Asociados y miembro de la Fundación Pro Bono, y de distintas organizaciones, como el Hogar de Cristo, Coorporación Esperanza, Coaniquem y Fundación Las Rosas, entre otras. El espíritu de esa ley buscaba evitar que los alimentos que las compañías destinaban a un uso particular fueran descontados de la base sobre la cual se calculaba el impuesto a la renta. Pero con un trabajo conjunto de ocho años y un intenso lobby, que incluyó reuniones con los ministerios de Hacienda del gobierno de Lagos y de la Presidenta Bachelet, lograron que el SII creara un mecanismo de control que distingue cuándo las donaciones tienen un fin benéfico. Para esto, las organizaciones interesadas en recibir esta ayuda de parte de los supermercados o los productores...

Cobros del SAG e impuestos

Solicitaba un pago por verificación de especies frutales: SAG desiste de impuesto a dueños de viveros tras investigación de Contraloría Expertos aseguran que de haber prosperado la resolución habría sido una medida inconstitucional. B. Serrano y F. Vial Una decisión adoptada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en 2007 mantiene enfrentados, hasta hoy, al organismo y a los dueños de viveros de árboles frutales de Chile. En junio de ese año, el anterior director de la entidad, Francisco Bahamonde, firmó una resolución en la que se establecía la obligación de entregar a la autoridad una descripción de las especies de carozos que cultivaban y pagar para que se realizara la comprobación varietal. «Antes podía vender y exportar estas plantas sin ningún costo adicional», explica Jorge Ovalle, presidente de la Asociación de Viveros de Chile. Ante la medida, el dirigente llevó el tema a la Contraloría, pero antes de que ésta se pronunciara, el SAG eliminó parte de la resolución y, en particular, la obligación de pagar. El actual director de la entidad pública, Víctor Venegas, señala que el cobro que se iba a introducir era «una tarifa mínima, que se pagaría sólo por el costo de inscripción de las variedades». El problema es que -subraya Ovalle- «el SAG se retractó con el documento, pero no en la retórica verbal, porque cuando un inspector se acerca a un empresario viverista en terreno, se sigue anunciando que el cobro se mantendrá». Además, en enero de este año, Ovalle solicitó al SAG poder acceder a la información oficial sobre la cantidad de plantas declaradas por la industria, apelando a la Ley de Transparecia. Sin embargo, la autoridad condicionó la entrega de antecedentes a que el dirigente gremial cediera primero la descripción solicitada en 2007, que por resolución será obligatoria a partir de 2011, aunque sin cobro, como asegura la entidad estatal....

La Elusión Tributaria de los candidatos

Bobbio no andaba perdido cuando explicó de la siguiente manera la diferencia entre izquierda y derecha: “el gobierno debe encontrar algunas decenas de miles de millones de liras para equilibrar las cuentas del Estado. Si estos millones serán sacados preferentemente de los bolsillos de los trabajadores, la operación será de derechas; si saldrán de la caja de los ricos, será de izquierda”. Una diferencia que desarrolló en “Derecha e izquierda”, libro en que rescató la díada que algunos querrían ver sepultada para presumir de hacer política manca, o ambidiestra, o, peor, amparada en la cómoda palabra “centro”. El tema tributario ha sido eludido por dos de los candidatos presidenciales, quienes sólo han sido capaces de declarar que están abiertos a considerarlo en un futuro gobierno, aunque sin adelantar propuestas sobre el particular. ¿Razones? Bueno, la derecha nunca quiere oír hablar de impuestos, porque sólo quiere oír hablar de propiedad, mientras la Concertación considera que, atendida la crisis, no es oportuno referirse al asunto. Algo parecido a lo que ocurre con las reformas laborales, porque nunca es el momento apropiado para discutirlas: cuando el país crece y el desempleo baja, porque podríamos perder el impulso que llevamos; y cuando el país no crece y el desempleo es alto, porque las cosas podrían empeorar si se otorga prioridad a los derechos de los trabajadores. ¿Tienen alguna explicación esos candidatos para que la carga tributaria represente en Chile un menor porcentaje del producto que el que exhiben países con similar grado de desarrollo? ¿Les parece coherente prometer que van a expandir las políticas sociales del actual gobierno y mantener una carga tributaria como esa? ¿Les resulta indiferente que profesionales exitosos tributen hasta el 40% de sus ingresos y que empresarios muchísimo más exitosos paguen sólo un 17%? ¿Les parece decoroso que a trabajadores dependientes se les descuente mes a mes su impuesto...

Herencia de Luksic también elige Fundación

Tras su fallecimiento, el 18 de agosto de 2005, la viuda y los hijos de Andrónico Luksic Abaroa (en la foto) recibieron en herencia las 118.180 acciones personales que tenía el patriarca de la familia en el brazo minero del grupo, Antofagasta Plc. Por casi cuatro años, los papeles del ex presidente de la compañía se mantuvieron inamovibles. Hasta el mes pasado. Por orden de los beneficiarios -la viuda del destacado empresario, Iris Fontbona, y sus hijos Jean Paul y Guillermo Luksic-, las acciones valoradas en cerca de US$ 1,5 millón «abandonaron» definitivamente Antofagasta Plc, el pasado 22 de septiembre. Según consta en un hecho esencial emanado y publicado en la matriz de la compañía minera en Londres, las más de 118 mil acciones del difunto empresario -que corresponden al 0,01% de la sociedad- fueron transferidas a Kupferberg Establishment, entidad controlada por la Fundación Eduardo Abaroa, en la que varios miembros de la familia -incluidos Jean Paul y Guillermo Luksic- tienen intereses. No obstante esto, dice el comunicado oficial, ningún miembro del grupo familiar por sí solo mantiene un porcentaje que permita el control de la mencionada fundación. El Mercurio, 6 de octubre de 2009. Véase el tema: Impuestos de Herencias y Herencia de Ricardo...