Beneficios Navarino nuevamente en debate

Desde el año pasado, la Contraloría estudia irregularidades en el uso de la “Ley Navarino”:
Los principales frigoríficos de Punta Arenas enfrentados por uso de la Ley Navarino
Hace cuatro años, Nicolás Simunovic llegó hasta la Corte Suprema, acusando al Estado de entregar un beneficio tributario a la empresa Patagonia que no correspondía. Aunque esa vez los tribunales no detectaron problemas legales, ahora el acusador vuelve a la carga en la Contraloría. Aquí, enfrentadas las dos versiones de un caso que tiene en vilo a Punta Arenas.

CLAUDIA RAMÍREZ Y DANILO BUSTAMANTE

Juan Gysling dio un golpe de gracia hace cuatro años cuando junto a 33 ganaderas irrumpió en el negocio de los frigoríficos en Magallanes, comprando las instalaciones de la Sociedad Agrícola Sacor (asentada en Tierra del Fuego), con las que creó Frigorífico Patagonia.

Pero el aterrizaje de Gysling no fue suave. Casi de inmediato vino el enfrentamiento con Nicolás Simunovic, miembro de una tradicional familia ganadera en la zona cuyo frigorífico (Simunovic) tiene más de 20 años y ocupa la mayor parte del mercado de la región (40%).

Ambos se encontraron en tribunales en 2004. Simunovic presentó un recurso de protección porque consideró que el Estado estaba entregando un beneficio -a partir de la Ley Navarino (ver recuadro)- que era para empresas nuevas, a una compañía “ya instalada” en Magallanes y que sólo había cambiado de dueño.

Efectivamente, Gysling había comprado la planta a Sacor, compañía dependiente, en ese entonces, del Sistema de Empresas Públicas (SEP), y luego con la razón social de Frigorífico Patagonia había pedido el beneficio de la Ley Navarino. El problema, según Simunovic, era que el plazo para acogerse a la ley “estaba vencido”.

A pesar de que la Corte Suprema falló a favor del Estado, indicando que no había irregularidades en la entrega del beneficio, y que desde enero de este año Patagonia pertenece al grupo brasileño Margrif, para el acusador las puertas no quedaron completamente cerradas. “Si nosotros queremos insistir, podemos iniciar un juicio civil”, aseguró Nicolás Simunovic.

Esta situación llevó a que Simunovic junto a otros dos frigoríficos de la zona pidieran a fines de 2007 a la Contraloría General de la República una investigación sobre Patagonia (que posee cerca del 30% del mercado) por sus operaciones entre 2004 y el año pasado, la que según el organismo fiscalizador “se encuentra en estudio”.

Los dos principales argumentos contra Patagonia son que no cumple los requisitos para acogerse a la Ley Navarino y que realiza triangulaciones con la empresa “Wool and Meat” (que funciona en Santiago), de la cual Gysling es el presidente.

¿”Made in Patagonia”?

Las empresas que se acogen a la “Ley Navarino” obtienen además de la exención total del IVA, una bonificación de 20% a las ventas efectuadas en el resto del país. Pero para acceder a este beneficio deben cumplir con una serie de exigencias.

Una de las más importantes es que sus productos incorporen al menos 25% en mano de obra y (o) insumos de la zona especial. Por ejemplo, si desde Tierra del Fuego se vende carne de cordero, para recibir el beneficio, al menos un cuarto de la producción de éstos debe hacerse en la zona austral, entre la compra, la crianza y el faenado del animal.

Para Simunovic, Frigorífico Patagonia incumplió este punto. “Lo que hacen es comprar el ganado en el continente y llevarlo a Tierra del Fuego, sin incorporarle el 25% correspondiente”, asegura. Esta versión es apoyada por otros importantes empresarios de Magallanes, que manifiestan que la situación se arrastra desde “hace años”.

Pero Gysling, quien tras la venta se mantuvo como director de la compañía, se defiende diciendo que “siempre han estado reclamando y buscándole la quinta pata al gato para poder impugnar el beneficio que tenemos”. Además, habla de intereses comerciales. “Hay una competencia que él (Simunovic) ve como desleal, porque no sabe lo que significa trabajar en Tierra del Fuego”, lanza.

Según cifras de ProChile, el año pasado Patagonia exportó más de US$ 430 mil, los que sumado a los US$ 8 millones de su par, Wool & Meet, llegarían a unos US$ 10 millones. Por su parte, en 2007, Simunovic superó los US$ 13 millones.

¿Subsidio a la exportación?

Pero la pelea no termina ahí. Las acusaciones sobre Patagonia también se centran en un supuesto “uso indebido” de Wool & Meet.

El problema, según los acusadores, es que el frigorífico del sur cumple “parcialmente” con enviar productos fuera de la Región de Magallanes. “Los barcos que salen de Punta Arenas no alcanzan a llegar a Santiago, porque en Valparaíso cambian de papeles para irse fuera del país”, asegura Simunovic.

Además, parte del beneficio sería absorbido “indirectamente” por las exportaciones que hace esa compañía. “Se trata de una triangulación para cobrar un subsidio a la exportación”, resume Simunovic. Pero Gysling niega rotundamente la supuesta triangulación. “La ‘Ley Navarino’ funciona así, uno está obligado a vender el producto a una empresa de Chile que esté fuera de la Región de Magallanes, y ésa es libre de vender dentro del mercado nacional o de exportar”, asegura.

Con todo, las autoridades estarían comenzando a fiscalizar. Gysling asegura que desde noviembre de 2007 la subsecretaría de Hacienda de la Región de Magallanes y Antártica Chilena hizo nuevas exigencias a su empresa. “Ha habido algunas solicitudes de complementar con mayor detalle la información para recibir el beneficio, en lo que hemos estado trabajando”, asegura.

Los alcances de la Ley Navarino, su impacto en la zona y el “espíritu” del texto

Utilidades exentas del impuesto de primera categoría; exenciones de IVA; deducción de la base imponible del impuesto de segunda categoría de los empleados dependientes; y la bonificación del 20% del valor de los bienes producidos por ellos o del valor de los servicios prestados, según se trate, que se efectúen o presten desde el territorio favorecido al resto del país, son los beneficios que posee la Ley Navarino.

Para el gerente senior y director de impuestos de KPMG, Mario Silva, con la ley “el principal beneficio que se persigue, es levantar la actividad económica de las zonas, al establecer regímenes especiales de tributación”. El ejecutivo afirma que “no es ilegal vender productos desde una zona acogida a otro lugar del país”, ya que el objetivo precisamente es generar mayor actividad económica. Sin embargo, advierte que “si las operaciones sólo se enmarcan en decisiones que tienen como único objetivo lograr los referidos beneficios, es factible que la autoridad fiscal requiera a los contribuyentes para fiscalizar las operaciones”.

Silva da como ejemplo, que “si las ventas son efectuadas fuera de la zona, pero el comprador está constituido única y exclusivamente para adquirir los bienes, pero no los comercializa posteriormente”, se estaría ante una irregularidad.

Uno de los que participaron en los cambios de este Ley, el senador (PS) por Magallanes Pedro Muñoz, criticó al frigorífico. “Ése no es el espíritu de la Ley. La idea era que se instalaran industrias con el beneficio del 20% a las ventas, pero nunca se pensó que se podían hacer triangulaciones para obtener el IVA exportador”, señala.

“Los productos deben salir de la región para recibir las bonificaciones, pero no se pueden aprovechar de ciertos vacíos. En el fondo se obtienen dos beneficios”, agregó. Muñoz dice que Hacienda posee antecedentes e incluso afirma que él había presentado denuncias por otros casos. “No se han pronunciado, pero ahora van a tener que hacerlo”, comenta.
Domingo 11 de mayo de 2008 El Mercurio.

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