EL 68% DE LAS VIVIENDAS DEL GRAN SANTIAGO NO PAGA IMPUESTO TERRITORIAL

EL 68% DE LAS VIVIENDAS DEL GRAN SANTIAGO NO PAGA IMPUESTO TERRITORIAL

De un total de 1.705.080 viviendas que ocupan las más de 70 mil hectáreas de terrenos del Gran Santiago, solo 545.625 (32%) pagan contribuciones.

Se trata de casas o departamentos con un avalúo fiscal superior a los $21 millones, ubicadas preferentemente en el sector centro-oriente de la capital.

El resto, 1.159.454 están exentas de este impuesto, porque tienen un valor inferior a ese monto (como el caso de los conjuntos de viviendas de interés social) o porque aparecen ocupando predios rurales, pese a que formalmente están localizadas en suelos urbanos.

Esta situación genera un desequilibrio en los ingresos comunales: en municipios como Vitacura -donde casi el 100% de las propiedades paga contribuciones de $458.826 en promedio por vivienda- se dispone de más recursos para invertir en mejoras de la calidad de vida, con presupuesto para infraestructura en espacios públicos o áreas verdes, por ejemplo.

En cambio, en Puente Alto -que con 161.999 viviendas es la comuna con más residencias de la Región Metropolitana-, solo el 6% (9.719) paga sus impuestos territoriales. Así, con pocos recursos, el municipio debe atender las diversas necesidades de la comuna con mayor población de la capital.

Según detectó un catastro realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) con datos del Servicio de Impuestos Internos y el Conservador de Bienes Raíces -que tiene mayor precisión territorial que otro análisis publicado a fines del año pasado por “El Mercurio”- , esos fondos tienen un peso importante para las arcas municipales: en forma directa representan el 15% de su presupuesto, y en forma indirecta (junto con los aportes del Fondo Común Municipal), llegan al 38% de los ingresos comunales.

“En municipios en que los vecinos pagan sus contribuciones, estos se sienten con un mayor derecho a exigir a los alcaldes a rendir cuentas. Pero en otros en que eso no sucede, la situación es distinta”, explica Slaven Razmilic, especialista en Vivienda y Urbanismo del CEP.

Agrega que algunos de los dueños de viviendas no pagan contribuciones, pese a que sus propiedades tienen un avalúo que sí los obligaría a hacerlo. “Esto ocurre porque el Estado no cuenta con herramientas finas que le permitan actualizar esos avalúos periódicamente”.

Una modificación de la situación actual está planteada en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, promulgada el año pasado. El presidente del Consejo de Desarrollo Urbano (entidad encargada de ejecutarla), el urbanista Luis Eduardo Bresciani, dice que “no es justo el alto nivel de exenciones tributarias a propietarios que sí pueden aportar proporcionalmente a sus comunas y que se ven, además, beneficiados con las plusvalías de la acción pública. Para corregir estas distorsiones que afectan la calidad de vida urbana e incentivan la segregación social, propusimos avalúos más periódicos de los bienes raíces, rebajar exenciones de contribuciones solo al 60% más vulnerable, corregir impuestos en terrenos eriazos y compensar oportunamente a las comunas que concentran a las familias vulnerables”.

También el CEP tiene su propuesta. Razmilic planteó en el Congreso reducir de $21 millones a $10 millones la base actual de avalúo fiscal para definir qué viviendas deben pagar contribuciones. Pese a las propuestas, el Gobierno no incluyó el cambio en el proyecto de ley que corrige la especulación en transacciones de suelos y establece un sistema para reactualizar las tasaciones fiscales de terrenos.

“Esta situación no ha sido tema de un proyecto aún en el Gobierno, pero la vemos con preocupación. Se genera un desfinanciamiento crónico de las comunas que reciben viviendas sociales. Y por lo tanto, muchas se niegan, porque se les hace difícil atenderlas”, dice Pablo Contrucci, jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu.

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Fuente: El Mercurio. 8 de septiembre de 2015. Por Manuel Valencia.

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